Cecilia Barrios Sánchez

Expediente 557/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
557/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Cecilia Barrios Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de nueve de junio del año en curso, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para que desahogara el requerimiento que se le formuló mediante proveído de veintisiete de mayo del año en curso, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Agente de la Agencia I, Primera Investigadora Tradicional con sede en Salvatierra, Guanajuato y otras autoridades; con apoyo en lo establecido en el Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 557/2022- VII. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones I, II y IV, del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones II, III y IV de la ley de la materia, como se verá a continuación: A) La primera irregularidad emana de lo dispuesto en la fracción II, del artículo 108, de la ley de la materia que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: "(.)" "II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;." Como se advierte de la trascripción anterior, el quejoso tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional, el nombre y domicilio del tercero interesado, y en caso de que desconozca ello, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Bajo las consideraciones anteriores, en el capítulo atinente al nombre y domicilio del tercero interesado, el promovente señaló: "NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO.- No existe"; sin embargo, no lo manifestó bajo protesta de decir verdad, tal y como lo prevé la fracción II, del artículo 108 de la Ley de Amparo. B) La segunda irregularidad, emerge de la fracción III del numeral 108 de la legislación en comento estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" (.) "III. La autoridad o autoridades responsables." Del precepto transcrito se desprende la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales y evitar, si es que tienen facultades para ejecutarlos, los lleven adelante argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; razón por la que es imprescindible que ante un acto concreto y específico se determine con claridad la autoridad que lo emite. En el caso concreto, el promovente señaló en su demanda de amparo como autoridades responsables ejecutoras entre otras, a las siguientes: "B) EJECUTORAS. (.) 4. Agentes del Investigación Criminal Adscritos a las unidades especializadas en la investigación de delitos de alto impacto de Celaya y Guanajuato, y a las de la región c, de las ciudades de Guanajuato, Celaya, Acámbaro, Salvatierra de Gto." Sin embargo, el señalamiento de "Agentes de Investigación Criminal Adscritos a las unidades especializadas en la investigación de delitos de alto impacto .", es ambiguo, toda vez que omitió precisar cuántos y cuáles agentes de investigación criminal enuncia como responsables, lo cual imposibilita a este órgano jurisdiccional llamarlos a juicio ante la vaguedad de su designación y, como consecuencia, dejarlos en estado de indefensión. Por ello, es imprescindible que la promovente, ante el acto que reclama, determine con claridad a las autoridades que estima lo emitieron y/o pretenden ejecutarlo, sin que pueda ser factible hacer el señalamiento o designación genérica que hizo, porque, como se dijo, las responsables no estarían en aptitud de hacer defensa del acto que se les endilga y, si tienen facultades para ejecutar el mandato que se les reclama, lo podrían llevar adelante argumentando no haber sido señalada como responsable. Además, admitir la demanda de amparo de la manera en que se propone, implicaría permitir que se trastoque el principio de economía procesal y el de administración de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional, ya que habría que esperar hasta que se devuelva la correspondencia por no estar bien denominada la autoridad, se dé vista al promovente por el término de tres días para que manifieste lo que a su representación convenga, y que en caso de no cumplir, se tenga por no señalada a la autoridad. Se invoca por aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 1556 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de dos mil cuatro, Novena Época, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVENCIÓN AL QUEJOSO CUANDO SU DENOMINACIÓN ES INCORRECTA. El artículo 116 de la Ley de Amparo señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto, entre otros, el que se prevé en la fracción III, esto es, la designación de la autoridad o autoridades responsables, por lo que es claro que desde el escrito inicial se deben precisar los nombres de éstas, a fin de que se esté en condiciones de emplazarlas y solicitarles su informe respectivo, y si no se hace, al advertir el Juez que alguna de ellas fue mal señalada, debe prevenir al promovente de amparo en términos del artículo 146 del propio ordenamiento jurídico, a efecto de que la señale correctamente, pues de estimar que hasta que se devuelva la correspondencia por no estar bien denominada la autoridad, se dé vista al promovente de garantías por el término de tres días para que manifieste lo que a su representación convenga, y que en caso de no cumplir se tenga por no señalada a la autoridad, es claro que se estaría contraviniendo el principio de economía procesal y el de administración de justicia pronta y expedita." C) La tercera irregularidad surge de lo estipulado en la fracción IV del artículo 108 de la legislación en consulta que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión puede dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." En ese sentido, en el caso concreto el quejoso en el apartado relativo al acto reclamado señaló como tal: "ACTOS RECLAMADOS: LA DESPOSESIÓN Y PRIVACIÓN DE MI DERECHO DE POSESIÓN SOBRE EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE VILLANUEVA #17 DE ESTE MUNICIPIO DE SANTIAGO, MARAVATIO, GTO." Y en el apartado de suspensión del acto reclamado solicitó lo siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y EN SU MOMENTO DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO.- Solicito se decrete la suspensión solicitada y se ordene a las autoridades responsables que una vez que me sea tomada la declaración que estimen se me ponga en inmediata libertad y se me permita incorporarme a mis actividades cotidianas." De dicha narrativa no se puede establecer con exactitud, cuál es realmente la intención de la promovente del amparo, dado que si bien, por una parte señala como actos reclamados la desposesión y privación de su derecho de posesión sobre el bien inmueble ubicado en la calle de Villanueva número 17, del municipio de Santiago, Maravatío, Guanajuato; en el capítulo de suspensión del acto reclamado, solicita se decrete a efecto de se ordene a las autoridades responsables que una vez que le sea tomada su declaración preparatoria se le ponga en inmediata libertad y se le permita incorporarse a sus actividades cotidianas. Lo que hace que su demanda se torne obscura e irregular, dado que no se puede establecer con exactitud cuál es el acto o actos que en esta instancia constitucional reclama; lo cual resulta necesario para no dejar en estado de indefensión a las responsables, ya que solamente sabiendo los actos que se les imputa estarían en condiciones de rendir su informe con justificación; así como para que el suscrito tenga la certeza de la data en la cual tuvo pleno y cabal conocimiento de los actos reclamados, pues tal dato es determinante para poder substanciar el sumario, ya que sin conocerse ese punto no será posible establecer la oportunidad de la solicitud de la tutela constitucional. Por ello, ante la falta de precisión de los actos que reclama, es necesario que señale: Qué acto u actos en concreto reclama a cada una de las autoridades que señala como responsables, así como la fecha en que tuvo conocimiento de cada uno de ellos. En ese sentido, al ser requisitos que deben satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión, es necesario prevenirla para que las subsane. Ante las irregularidades advertidas es que, con fundamento en los artículos 108, fracciones II, III y IV, en relación con el 114, fracción I, II y IV, ambos de la ley de la materia, se determina prevenirla para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste bajo protesta de decir verdad, el desconocimiento de los terceros interesados, tal y como lo prevé la fracción II, del artículo 108 de la Ley de Amparo. Precise cuántos y cuáles agentes de investigación criminal adscritos a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Alto Impacto de Celaya y Guanajuato, así como a los adscritos a la Región "C" de las ciudades de Guanajuato, Celaya, Acámbaro, y Salvatierra, Guanajuato, enuncia como responsables. Precise qué acto o actos en concreto reclama en esta instancia constitucional, y la fecha en la que tuvo conocimiento de cada uno de ellos. En la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Como lo solicita la gestionante, con fundamento en los numerales 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29 de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, se le tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Miguel Guía García, al contar con cédula profesional 5427753, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

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