Cecilia Pérez López

Expediente 999/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
999/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • Cecilia Pérez López

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Jueza Quinto Civil de Partido de esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 19839/2022, por el que se le notificó el proveído de catorce de los actuales y se le devolvieron las constancias que adjuntó a su informe justificado.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinticinco de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se determinó desechar el presente juicio de amparo. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias que anexó la Jueza Quinto Civil de Partido de esta ciudad (original del expediente 472/2017, en un tomo y un sobre cerrado), devuélvanse las mismas y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de siete de octubre del año en curso, en el que el magistrado presidente del órgano de su adscripción declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ************ contra actos de la Jueza Quinto Civil de Partido de esta ciudad y otra autoridad, remite: original y siete copias de la demanda, informe justificado de la juez responsable, así como el original del expediente 472/2017 (en un tomo) y un sobre cerrado; al respecto, se acuerda: a) Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 999/2022-V. b) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Amparo, el suscrito se avoca al conocimiento del asunto, lo cual hágase del conocimiento de la superioridad vía interconexión. c) A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Esto es, conforme al artículo 18 de la ley de la materia el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Asimismo, se advierte que las referidas hipótesis se encuentran relacionadas mediante la conjunción 'o', que 'indica exclusión, alternativa o contraposición' (Diccionario de la Lengua Española Larousse, ediciones Larousse, primera edición, página 465), de lo que válidamente se concluye, que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia entre ellos, pues de haberlo querido así, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Por tanto, la esencia del referido artículo 17 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es menester precisar que en el presente asunto la parte quejosa esencialmente reclama: El auto de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio especial civil ********* de la estadística del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, en el que se declaró ejecutoriada la sentencia dictada el diecinueve de febrero dedos mil diecinueve, así como el embargo y el remate del bien inmueble que arguye es de su propiedad. Sin embargo, de las constancias que integran el juicio especial civil C472/2017 índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, se advierte que el seis de abril de dos mil veintidós, la a quo tuvo a la aquí quejosa apersonándose a dicho procedimiento como tercera interesada, al ser legítima propietaria del inmueble rematado, ello mediante escrito que presentado el cuatro del mismo mes y año. Esto es, la quejosa se apersonó al juicio de origen y tuvo conocimiento de los actos que refiere ahora le afectan por lo menos desde el cuatro de abril de dos mil veintidós, fecha en que presentó el escrito por el que se apersonó como tercera interesada al juicio de origen. Pues incluso, promovió el diverso juicio de amparo 622/2022-III de la estadística de este órgano jurisdiccional, en el que -ostentándose como tercera extraña- reclamó la desposesión del bien raíz que arguye le pertenece, y en auto de seis de julio del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional al estimar que se actualizó la causa de improcedencia que se analiza en este resolución. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió en exceso, ello si se toma en consideración que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente de que tuvo conocimiento del acto de autoridad. II. Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien sostiene ser titular de los derechos controvertidos, el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto del punto de vista legal como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; por lo que, a partir de que tiene conocimiento, entre otros supuestos, del procedimiento que afecta su interés, como en la especie acontece, debe computarse el término para promover el juicio de amparo. De ahí que, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto comenzó, para la quejosa, a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del procedimiento instado en su contra, esto es, a partir del cuatro de abril de dos mil veintidós, y feneció el veintiocho del mismo mes y año. Por lo que, si la quejosa presentó la demanda que se analiza ante la autoridad responsable el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, los actos reclamados por la quejosa fueron consentidos tácitamente por la recurrente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Tomando en consideración que de las constancias que integran el procedimiento de origen la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Manuel J. Cloutier edificio 552, planta baja, colonia Los Pinos de esta ciudad; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, notifíquesele la presente determinación en dicho lugar, y requiérasele para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga de este auto, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes se le practicarán por lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la ley de la materia. Por otra parte, téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************, al contar con cédula profesional número ***************, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y a la diversa persona que menciona por no encontrarse en ese supuesto. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Dado lo voluminoso de las constancias que como justificación a su informe anexó la juez responsable (original del expediente 472/2017 y un sobre cerrado), se ordena formar un tomo de pruebas por separado para el mejor manejo del expediente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

  4. Principal

    Visto el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de siete de octubre del año en curso, en el que el magistrado presidente del órgano de su adscripción declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ************ contra actos de la Jueza Quinto Civil de Partido de esta ciudad y otra autoridad, remite: original y siete copias de la demanda, informe justificado de la juez responsable, así como el original del expediente 472/2017 (en un tomo) y un sobre cerrado; al respecto, se acuerda: a) Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 999/2022-V. b) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Amparo, el suscrito se avoca al conocimiento del asunto, lo cual hágase del conocimiento de la superioridad vía interconexión. c) A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Esto es, conforme al artículo 18 de la ley de la materia el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Asimismo, se advierte que las referidas hipótesis se encuentran relacionadas mediante la conjunción 'o', que 'indica exclusión, alternativa o contraposición' (Diccionario de la Lengua Española Larousse, ediciones Larousse, primera edición, página 465), de lo que válidamente se concluye, que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia entre ellos, pues de haberlo querido así, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Por tanto, la esencia del referido artículo 17 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es menester precisar que en el presente asunto la parte quejosa esencialmente reclama: El auto de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio especial civil ********* de la estadística del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, en el que se declaró ejecutoriada la sentencia dictada el diecinueve de febrero dedos mil diecinueve, así como el embargo y el remate del bien inmueble que arguye es de su propiedad. Sin embargo, de las constancias que integran el juicio especial civil C472/2017 índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, se advierte que el seis de abril de dos mil veintidós, la a quo tuvo a la aquí quejosa apersonándose a dicho procedimiento como tercera interesada, al ser legítima propietaria del inmueble rematado, ello mediante escrito que presentado el cuatro del mismo mes y año. Esto es, la quejosa se apersonó al juicio de origen y tuvo conocimiento de los actos que refiere ahora le afectan por lo menos desde el cuatro de abril de dos mil veintidós, fecha en que presentó el escrito por el que se apersonó como tercera interesada al juicio de origen. Pues incluso, promovió el diverso juicio de amparo 622/2022-III de la estadística de este órgano jurisdiccional, en el que -ostentándose como tercera extraña- reclamó la desposesión del bien raíz que arguye le pertenece, y en auto de seis de julio del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional al estimar que se actualizó la causa de improcedencia que se analiza en este resolución. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió en exceso, ello si se toma en consideración que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente de que tuvo conocimiento del acto de autoridad. II. Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien sostiene ser titular de los derechos controvertidos, el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto del punto de vista legal como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; por lo que, a partir de que tiene conocimiento, entre otros supuestos, del procedimiento que afecta su interés, como en la especie acontece, debe computarse el término para promover el juicio de amparo. De ahí que, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto comenzó, para la quejosa, a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del procedimiento instado en su contra, esto es, a partir del cuatro de abril de dos mil veintidós, y feneció el veintiocho del mismo mes y año. Por lo que, si la quejosa presentó la demanda que se analiza ante la autoridad responsable el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, los actos reclamados por la quejosa fueron consentidos tácitamente por la recurrente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Tomando en consideración que de las constancias que integran el procedimiento de origen la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Manuel J. Cloutier edificio 552, planta baja, colonia Los Pinos de esta ciudad; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, notifíquesele la presente determinación en dicho lugar, y requiérasele para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga de este auto, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes se le practicarán por lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la ley de la materia. Por otra parte, téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************, al contar con cédula profesional número ***************, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y a la diversa persona que menciona por no encontrarse en ese supuesto. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Dado lo voluminoso de las constancias que como justificación a su informe anexó la juez responsable (original del expediente 472/2017 y un sobre cerrado), se ordena formar un tomo de pruebas por separado para el mejor manejo del expediente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

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