Cecilia Pérez López

Expediente 622/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
622/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • Cecilia Pérez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, en contra del proveído de seis de julio del año en curso, por el cual este Tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara FIRME. Notifíquese lo anterior a la responsable, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del indicado instrumento normativo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a partir de esta fecha. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito signado por *******************, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele el documento a que alude, previa certificación que en su lugar se deje en autos; en el entendido de que antes de acudir a este Tribunal deberá agendar una cita para ello, en el sitio https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como de las constancias que integran del informe justificado rendido por la Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad, se advierte que: El seis de abril de dos mil veintidós, se tuvo a ********************, compareciendo como tercera interesada dentro del juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, mediante escrito que presentó el cuatro del mismo mes y año, en el que señaló que se apersonaba al ser legítima propietaria del inmueble rematado en dicho juicio. En ese sentido, de dichas documentales, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Lo anterior es así, dado que del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Asimismo, respecto al tema los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De lo anterior se sigue que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para presentar la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso b) es necesario que esté acreditado fehacientemente que el quejoso tuvo conocimiento del acto del que se duele, pues sólo de esta manera el término de quince días para presentar la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que se hizo sabedor. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es menester precisar que en el presente asunto la parte quejosa acude a esta instancia constitucional ostentándose como tercera extraña al juicio civil hipotecario ********************, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, y reclama la falta de emplazamiento en dicho juicio, así como todo lo actuado y, como consecuencia de ello, el desposeimiento del inmueble del que aduce es propietaria, ubicado en ********************. Asimismo, de las constancias que integran el juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, el seis de abril de dos mil veintidós, se tuvo a ********************, compareciendo como tercera interesada, mediante escrito que presentó el cuatro del mismo mes y año, en el que señaló que se apersonaba al ser legítima propietaria del inmueble rematado en dicho juicio. Ello además, de que se ordenó en diferentes ocasiones notificarle que se llevaría a cabo el remate del inmueble materia del acto reclamado. En ese sentido, como se puede advertir la quejosa ********************, se apersonó al juicio de origen y tuvo conocimiento de los actos que refiere ahora le afectan, mínimo desde el cuatro de abril de dos mil veintidós, fecha en la que presentó el escrito en el que se apersonó como tercera interesada a dicho juicio. Consecuentemente, el término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso, ello si se toma en consideración que: I. El aludido plazo se computa a partir del día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado. II. Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien sostiene ser titular de los derechos controvertidos, el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto del punto de vista legal como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; por lo que, a partir de que tiene conocimiento, entre otros supuestos, del procedimiento que afecta su interés, como en la especie acontece, debe computarse el término para promover el juicio de amparo. De lo anterior se advierte que en el caso concreto, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, comenzó para la quejosa a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del procedimiento instado en su contra, esto es, a partir del cuatro de abril de dos mil veintidós, y le feneció el veintiocho del mismo mes y año. De ahí que si el quejoso presentó la demanda que se analiza el trece de junio de dos mil veintidós en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, los actos reclamados por el quejoso fueron consentido tácitamente por el recurrente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la fecha y hora señaladas para la celebración de la citada audiencia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado que guardan los autos, así como de las constancias que integran del informe justificado rendido por la Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad, se advierte que: El seis de abril de dos mil veintidós, se tuvo a ********************, compareciendo como tercera interesada dentro del juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, mediante escrito que presentó el cuatro del mismo mes y año, en el que señaló que se apersonaba al ser legítima propietaria del inmueble rematado en dicho juicio. En ese sentido, de dichas documentales, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Lo anterior es así, dado que del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Asimismo, respecto al tema los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De lo anterior se sigue que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para presentar la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso b) es necesario que esté acreditado fehacientemente que el quejoso tuvo conocimiento del acto del que se duele, pues sólo de esta manera el término de quince días para presentar la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que se hizo sabedor. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es menester precisar que en el presente asunto la parte quejosa acude a esta instancia constitucional ostentándose como tercera extraña al juicio civil hipotecario ********************, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, y reclama la falta de emplazamiento en dicho juicio, así como todo lo actuado y, como consecuencia de ello, el desposeimiento del inmueble del que aduce es propietaria, ubicado en ********************. Asimismo, de las constancias que integran el juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, el seis de abril de dos mil veintidós, se tuvo a ********************, compareciendo como tercera interesada, mediante escrito que presentó el cuatro del mismo mes y año, en el que señaló que se apersonaba al ser legítima propietaria del inmueble rematado en dicho juicio. Ello además, de que se ordenó en diferentes ocasiones notificarle que se llevaría a cabo el remate del inmueble materia del acto reclamado. En ese sentido, como se puede advertir la quejosa ********************, se apersonó al juicio de origen y tuvo conocimiento de los actos que refiere ahora le afectan, mínimo desde el cuatro de abril de dos mil veintidós, fecha en la que presentó el escrito en el que se apersonó como tercera interesada a dicho juicio. Consecuentemente, el término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso, ello si se toma en consideración que: I. El aludido plazo se computa a partir del día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado. II. Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien sostiene ser titular de los derechos controvertidos, el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto del punto de vista legal como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; por lo que, a partir de que tiene conocimiento, entre otros supuestos, del procedimiento que afecta su interés, como en la especie acontece, debe computarse el término para promover el juicio de amparo. De lo anterior se advierte que en el caso concreto, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, comenzó para la quejosa a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del procedimiento instado en su contra, esto es, a partir del cuatro de abril de dos mil veintidós, y le feneció el veintiocho del mismo mes y año. De ahí que si el quejoso presentó la demanda que se analiza el trece de junio de dos mil veintidós en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, los actos reclamados por el quejoso fueron consentido tácitamente por el recurrente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la fecha y hora señaladas para la celebración de la citada audiencia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

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