Carolina Aguilera Barraza

Expediente 1331/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1331/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
25/10/2019

Partes del expediente

  • Carolina Aguilera Barraza
  • Adriana Barraza Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México a veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de nueve del presente mes y año (f. 19-23), a través del cual se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México a nueve de octubre de dos mil diecinueve. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el numeral 117 de la ley de la materia, póngase su contenido a la vista de las partes, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en relación al informe justificado remitido vía telegráfica, por el Coordinador General Jurídico en ausencia del Fiscal General del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; sin perjuicio de relacionarlo en la celebración de la audiencia constitucional. DELEGADOS Y DOMICILIO. Asimismo, atendiendo a lo establecido en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley de la materia, téngase por autorizados en su carácter de delegados a las personas que designan y como domicilio el que señalan para tal efecto. Notifíquese.

  3. Principal

    SE LISTA CITATORIO DE LAS QUEJOSAS Toluca, Estado de México a nueve de octubre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Adriana Barraza Martínez y Carolina Aguilera Barraza, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia en el Municipio de Lerma de Villada, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1331/2019-V. DESECHAMIENTO. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En términos del criterio relativo a que la demanda de garantías es un todo, debe analizarse en forma integral la misma con la finalidad de precisar los actos reclamados por el impetrante del amparo a modo de establecer de una forma más clara y concreta su intención. El acto reclamado se hace consistir en: El acuerdo de diecinueve de septiembre del año en curso, emitido en el expediente 947/2012, del índice del Juez Segundo Civil de Primera Instancia en el Municipio de Lerma de Villada, Estado de México, relativo al juicio de violencia familiar, mediante el cual la responsable no acuerda favorable la petición de la parte quejosa en el sentido de que requiera al demandado a fin de que dé cumplimiento a la sentencia interlocutoria de nueve de abril de dos mil diecinueve; es decir, haga pago directo a la empresa Blue Ivy de la cantidad de $151,264.00 (ciento cincuenta y un mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100M.N.) por concepto de clases extracurriculares de su hija Carolina Aguilera Barraza. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] [Lo resaltado es propio] De conformidad con el artículo transcrito se aprecia que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro de procedimiento por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el entendido que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. O bien, cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. De igual forma, tampoco será obligatorio agotar dicho recurso o medio de defensa en los casos que el quejoso sea persona extraña al procedimiento, o bien cuando se reclame el auto de vinculación a proceso, y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, ya que en esta última hipótesis el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, en el caso particular las promoventes reclaman el acuerdo de diecinueve de septiembre del año en curso, emitido en el expediente 947/2012, del índice del Juez Segundo Civil de Primera Instancia en el Municipio de Lerma de Villada, Estado de México, relativo al juicio de violencia familiar, mediante el cual la responsable no acuerda favorable la petición de la parte quejosa en el sentido de que requiera al demandado a fin de que dé cumplimiento a la sentencia interlocutoria de nueve de abril de dos mil diecinueve; es decir, haga pago directo a la empresa Blue Ivy de la cantidad de $151,264.00 (ciento cincuenta y un mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100M.N.) por concepto de clases extracurriculares de su hija Carolina Aguilera Barraza. Determinación respecto de la cual, previo a acudir al juicio de amparo, debía impugnar ante la autoridad responsable a través del recurso de revocación que prevé el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que establece: "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." [El énfasis es nuestro] Cabe destacar que de conformidad con los artículos 2.345 y 2.353 de la citada legislación los Procedimientos de Violencia Familiar, se tramitan de acuerdo con las reglas que señalan el Capítulo VII, Sección Segunda de ese ordenamiento y en la vía de apremio. Asimismo, no se ubican en alguno de los casos de excepción al principio de definitividad que prevé la fracción XVIII del citado artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas; tampoco están en alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, no versa sobre la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Aunado a que el acto reclamado no es una orden de aprehensión o reaprehensión, algún auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, ni la resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; y, tampoco se trata de la resolución que decide sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. De igual forma, tampoco están en los casos de excepción que prevé el citado precepto para persona extraña al procedimiento, o bien cuando se reclama el auto de vinculación a proceso, así como en el supuesto que la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. En este sentido, las impetrantes están obligadas a agotar el citado mecanismo legal ordinario que la legislación prevé en el procedimiento natural. Al respecto se invoca la jurisprudencia 447 del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". Así como el precedente judicial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCI, Quinta Época, a página 2784, que establece: "REVOCACIÓN, RECURSO DE, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El hecho de que el recurso de revocación establecido en la ley procesal, tenga que ser resuelto por la misma autoridad que dicta el acuerdo que se pretenda revocar, no puede significar, en modo alguno, que tal recurso no esté comprendido en los señalados por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, de los recursos o medios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones que se reclaman, ya que, en tratándose de autoridades judiciales, no puede quedar nunca al arbitrio de ellas confirmar o revocar un acuerdo, al resolver el recurso de referencia, puesto que la resolución que se dicte, debe estar fundada en derecho y en atención a las argumentaciones que el promovente del recurso haga valer al interponerlo; consecuentemente, el hecho sólo de que en el caso el auto que se reclama haya dejado de ser recurrido mediante revocación, en los términos del artículo procedente, es bastante para que se considere que el juicio de amparo resulta improcedente De igual forma, apoya a la presente determinación la Jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), visible en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 350, Registro electrónico: 2005039, que señala: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo.".[Lo resaltado no es de origen] Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, en relación de la Ley de Amparo; con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda promovida por Adriana Barraza Martínez y Carolina Aguilera Barraza, por derecho propio contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia en el Municipio de Lerma de Villada, Estado de México, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. En términos del artículo 26 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen como autorizados en términos restringidos del citado precepto, a las personas que citan las quejosas, por no contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En ese orden, como lo solicitan las promoventes, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos, así como la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas; en el entendido que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

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