Carmen Mejia Colin

Expediente 1822/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1822/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
25/01/2019

Partes del expediente

  • Carmen Mejia Colin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    vii)Toluca, Estado de México; veinticinco de enero de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo el quejoso, no recurrió la sentencia de siete de enero de dos mil diecinueve, que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha quedado firme. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues por auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión de plano (punto vigésimo primero, fracción lIl, párrafo segundo y Cuarto). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    VII. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de 1822/2018-VII, promovido por **********, contra actos del Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México y otras autoridades. ... R E S U E L V E ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra el acto y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los diversos tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; dos de enero de dos mil diecinueve. El estado procesal del presente juicio de amparo evidencia del análisis de las actuaciones remitidas por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Secuestros del Valle de Toluca, se aprecia que en el caso pudiere actualizarse una causa de improcedencia, la cual sería de estudio preferente lo aleguen o no las partes. Esto es así, toda vez que el quejoso en su escrito de demanda refirió como acto reclamado la privación de la libertad. Por ende, con fundamento en el artículo 75 de la ley de Amparo, requiérase al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, para que dentro del plazo de veinticuatro horas legalmente computado, informe a este juzgado la situación jurídica de Manuel Mejía Martínez dentro de la carpeta administrativa 1584/2018; y remita las constancias respectivas en copia certificada, legible y completa que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo así, en vía de apremio se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 363, publicada en la página 309 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Así como la jurisprudencia 1a./J. 163/2005 visible en la página trescientos diecinueve del Tomo XXIII, enero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". Notifíquese.

  4. Principal

    VII)Toluca, Estado de México; veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, por recibida la guía signada por la Empresa de Mensajería Acelerada "Estafeta", por medio de la cual devuelve el oficio 34180, dirigido a la autoridad: "Titular de la Policía Federal Ministerial", de la cual se desprende la leyenda "Mal dirigido." En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de seis de diciembre del año en curso, y con fundamento el artículo 108 fracción lll, de la Ley de Amparo, se deja de tener como autoridad responsable en el presente incidente de suspensión al "Titular de la Policía Federal Ministerial", sin perjuicio de que la parte quejosa precise la denominación hasta el día de la audiencia constitucional. Notifíquese.

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