Carmen Yadira Reyes Muñoz

Expediente 187/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
187/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
04/12/2019

Partes del expediente

  • Carmen Yadira Reyes Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    I) Toluca, Estado de México; cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el proveído de seis de noviembre de dos mil diecinueve, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, se tiene por consentida, para los efectos legales conducentes. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la siguiente indicación: El presente asunto es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la justicia federal (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintiocho de octubre del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Carmen Yadira Reyes Muñoz; contra actos del Gobernador del Estado de México y otras autoridades, respecto del acto reclamado consistente en: La aprobación, promulgación y primer acto de aplicación del decreto por el cual se creó el artículo 95, fracción I, inciso C y H, rango 6 y II, rango 6 vigentes para dos mil diecinueve (pago de derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción de operación de compraventa de inmueble). Ahora, mediante sentencia de treinta de abril de dos mil diecinueve, se determinó lo siguiente: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Carmen Yadira Reyes Muñoz, por las razones y para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo". En auto de veinte de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el escrito signado por la Directora Técnico Jurídica y representante Legal de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, a través del cual, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de abril de dos mil diecinueve, que por razón de turno le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito; mediante sesión de tres de octubre del año en curso, dicho órgano colegiado determinó lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Carmen Yadira Reyes Muñoz en contra del numeral 95, fracciones I, inciso C, rango 6 de la tarifa, y II, rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil diecinueve; así como en contra del cobro por concepto de derechos por el asiento registral de la transmisión de propiedad y constitución de hipoteca de un bien inmueble, para los efectos precisados en el postrer considerando de esta ejecutoria (sic)". En razón de lo anterior, mediante proveído de dieciocho de octubre del año en curso, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria, para efecto de que el Instituto de la Función Registral del Estado de México, realizara lo siguiente: En lo sucesivo, no se aplique al quejoso el numeral 95, fracciones I, rango 6 de la tarifa, y II, rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil diecinueve. El Instituto de la Función Registral del Estado de México deberá restituir al quejoso, debidamente actualizada, la cantidad de $35,502.00 (treinta y cinco mil quinientos dos pesos), que constituye la diferencia entre la cantidad total que pagó por el cobro de los servicios registrales y la suma de las cuotas mínimas establecidas en el precepto declarado inconstitucional. En cumplimiento a lo precisado con anterioridad, mediante proveído de veintiocho de octubre pasado, se tuvo a la Directora Técnico-Jurídica y de Igualdad de Género, así como representante legal de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, comunicando la forma en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, que mediante cheque 0005665, expedido a favor de Carmen Yadira Reyes Muñoz, por la cantidad de $36,714.97 (treinta y seis mil setecientos catorce pesos 97/100 M.N.) de la Institución Bancaria "Scotiabank" se restituyó dicha cantidad a la quejosa. Aunado a lo anterior, refiere que no se aplicará a la parte quejosa ". el numeral 95, fracciones I, inciso C, rango 6 de la tarifa, y II, rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil diecinueve". Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el oficio de cuenta signado por la Directora Tecnico-Jurídica y de Igualdad de Género, así como representante legal de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, a través del cual en atención al requerimiento formulado el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio suscrito por la autoridad oficiante y con el anexo que adjunta, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibidas que en caso de omisión se resolverá lo conducente con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias de autos. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación de Marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación de la presente determinación debe ser en forma personal, porque dicha notificación permite que el peticionario de amparo haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 187/2019-I, así como el testimonio de la resolución pronunciada en sesión de tres de octubre pasado en el amparo en revisión 208/2019, formado con motivo del recurso interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia de treinta de abril del año en curso, en la cual resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Carmen Yadira Reyes Múñoz en contra del numeral 95, fracciones I, inciso C, rango 6 de la tarifa, y II, rango 6 de la tarifa, del Codigo Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil diecinueve; asi como en contra del cobro por concepto de derechos por el asiento registral de la transmisión de propiedad y construcción de hipoteca de un bien inmueble, para los efectos precisados en el postrer considerando de esta ejecutoria (sic)." Acúsese recibo de estilo; hágase la anotación en el libro de gobierno de este juzgado y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Instituto de la Función Registral del Estado de México; para que dé cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba la notificación del presente proveído, lo cual deberá informar dentro del mismo plazo y deberá acompañar las constancias que así lo acrediten. Bajo el entendido que la concesión del amparo fue para los efectos de que el Instituto de la Función Registral del Estado de México, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, realice lo siguiente: En lo sucesivo, no se aplique al quejoso el numeral 95, fracciones I, rango 6 de la tarifa, y II, rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil diecinueve. El instituto de la Función Registral del Estado de México deberá restituir al quejoso, debidamente actualizada, la cantidad de $35,502.00 (treinta y cinco mil quinientos dos pesos), que constituye la diferencia entre la cantidad total que pagó por el cobro de los servicios registrales y la suma de las cuotas mínimas establecidas en el precepto declarado inconstitucional. Apercibida que de no hacerlo así sin justa causa, de conformidad con los artículos antes citados, en relación con el diverso 258 de la propia legislación, se le impondrá multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), con número de registro 2007911, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Se precisa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime a la autoridad de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), con número de registro 2007918, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.

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