Carolina Isabel Rodríguez Mitre

Expediente 682/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
682/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
03/07/2019

Partes del expediente

  • Carolina Isabel Rodríguez Mitre

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Oficial Mayor de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, mediante el cual acusa recibo del oficio 16884/2019, por el cual se devolvieron las constancias descritas en auto de veintiséis de junio pasado, lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de junio de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Ahora, devuélvase a la autoridad responsable Presidenta de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, México, las constancias que remitió con su informe en el amparo directo 392/2019, solicitando el acuse de recibo respectivo en el presente juicio de amparo indirecto 682/2019-VI, derivado de la incompetencia planteada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, respecto de la demanda promovida por Carolina Isabel Rodríguez Mitre. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente es susceptible en su oportunidad de ser destruible (vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por la parte quejosa a través del cual solicita le sean devueltos los documentos exhibidos en el procedimiento judicial no contencioso y que fueron remitidos a este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, dígase que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; catorce de junio de dos mil diecinueve. DESAHOGO DE PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por Carolina Isabel Rodríguez Mitre, por propio derecho y en su carácter de representante común de las actoras en el juicio de origen, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de tres de junio actual (fojas 15 a 17) y manifiesta bajo protestad de decir verdad los hechos y abstenciones constituyen los antecedentes del acto reclamado y exhibe una copia más de su demanda inicial. Atento a lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento formulado en auto de mérito y por insubsistente el apercibimiento con el que se le conminó. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: La sentencia de catorce de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el toca 357/2019 por la Primera Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante la cual la citada autoridad determinó que resulta inexistente el conflicto competencial planteado. Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." La disposición imperativa de la fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio artículo, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación en sentido contrario de lo previsto en el numeral 107, fracción VIII, de la ley de la materia. Por otra parte, la interpretación en sentido contrario de este último artículo y fracción permite concluir que cuando el acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto no es el definitivo, el juicio de amparo será improcedente. A fin de dilucidar lo anterior, en principio, es dable señalar que la "competencia" se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido. Esto es, es un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio. Se trata de una condición necesaria para que se pueda desarrollar un procedimiento o un proceso judicial. En este último caso, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de intereses y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. Adicionalmente, las partes tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad administrativa o jurisdiccional a través de la declinatoria y la inhibitoria. Aunque esas dos formas de cuestionar la competencia en un proceso administrativo o jurisdiccional tienen la misma finalidad, esto es, precisar qué órgano es el facultado para conocer de un determinado asunto, siguen procedimientos distintos. La declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto (vía excepción), solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento, y remita los autos correspondientes. En ambos supuestos se pueden dar diversos resultados, dependiendo de los cuales, se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Los supuestos pueden ser los siguientes: 1. Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo. 2. Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considera que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces continuará conociendo del asunto. De lo anterior se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, como las referidas, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), o bien cuando se resuelva en definitiva el conflicto competencial donde se determine a quién le corresponde conocer del asunto. Así, debe considerarse que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, pues como se vio, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra, o, en su caso cuando se decida a quién le corresponde el conflicto competencia, y el hecho de que el numeral en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos. Así, cuando una de las partes en un procedimiento tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto, y no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien cuando se resuelva en definitiva el conflicto competencial donde se determine a quién le corresponde conocer del asunto. Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. Y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquél que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En conclusión, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien cuando se resuelva en definitiva el conflicto competencial donde se determine a quién le corresponde conocer del asunto. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline, inhiba la competencia o se resuelva el conflicto competencial que determine a quien le corresponde conocer del asunto, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 17/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo I, libro 21, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de dos mil quince, décima época, con número de registro 2009721, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En el caso, la parte quejosa reclama la sentencia de catorce de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el toca 357/2019 por la Primera Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante la cual la citada autoridad determinó que resulta inexistente el conflicto competencial planteado. De lo expuesto se obtiene que tal resolución no constituye el acto definitivo para la procedencia del juicio de amparo biinstancial a que se refiere el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, pues no existe conflicto de competencia ya que como lo resolvió el Tribunal responsable, para que exista ese conflicto competencial es necesario que el Juzgado Familiar en turno de Toluca se niegue también a conocer del procedimiento de origen ya que tal negativa se puede o no dar y existe la posibilidad que dicha autoridad acepte la competencia para conocer del presente asunto; por tanto para que se pueda considerar que dicho acto lesiona la esfera jurídica de la parte quejosa, debe materializarse una afectación real lo cual ocurrirá cuando la autoridad correspondiente acepte la competencia declinada. En tales condiciones, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Carolina Isabel Rodríguez Mitre, por propio derecho y en su carácter de representante común de las actoras en el juicio de origen (la hoy quejosa y Thelma Estefanía Rodríguez Mitre); contra actos de la Primera Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por notoriamente improcedente. Notifíquese

  4. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; tres de junio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Por recibido el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual comunica el auto de veintinueve de mayo pasado, dictado en el juicio de amparo directo 392/2019, de su índice estadístico, en el que determinó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida ...por propio derecho y en su carácter de representante común de las actoras en el juicio de origen (la hoy quejosa y Thelma Estefanía Rodríguez Mitre); contra actos de la Segunda Sala Civil Regional de México, y remite: 1) Amparo directo 392/2019. 2) Procedimiento judicial no contencioso 290/2019. 3) Toca 357/2019. 4) Un sobre cerrado, que contiene un legajo de copias certificadas de la carpeta de investigación TOL/FSM/FSM/057/210838/17/09. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 682/2019-VI; acúsese el recibo correspondiente. Dada la voluminosidad de las constancias remitidas, previa caratula de identificación manéjense por separado los documentos descritos. PREVENCIÓN. Ahora, el artículo 114 de la Ley de Amparo, no limita las facultades del juzgado federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte que lo hace, como lo confirma la fracción I del primer artículo aquí citado. En otras palabras, la facultad de requerir aclaración de demanda no se constriñe a la carencia en tal libelo, de los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo, ni a los que de manera ejemplificativa pero, desde luego, no limitativa, se exponen en las fracciones II a V del precepto 114 de la Ley de Amparo. En torno a tal requerimiento aclaratorio, el penúltimo párrafo del artículo 114 referido dispone, que si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, ésta se tendrá por no presentada. Además, la parte final de dicho precepto (114) menciona que en caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley; la omisión de exhibirlas para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. Por ende, una vez analizada la demanda de amparo, con apoyo en lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se estima pertinente requerir a la promovente, por el plazo de cinco días legalmente computado, para que por escrito, con copias necesarias de éste, y entendido de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en los artículos 237, 238 y 261 de la Ley de Amparo, realice lo siguiente: PRIMERO. En términos del artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo deberá manifestar, "bajo protesta de decir verdad" cuáles son los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado de manera cronológica, desde su inicio hasta el estado actual. Lo anterior, en razón de que al promover su demanda de amparo en la vía directa, omitió cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo y exigible para la demanda de amparo en la vía indirecta. Es aplicable la jurisprudencia 1ª./J.64/2015 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 713, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2015, Tomo l, Decima Época que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." Y la jurisprudencia P./J. 127/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de 1999, Novena Época, con número de registro 192843, que establece: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." SEGUNDO. Finalmente, la quejosa deberá exhibir una copia más de su demanda de amparo, ya que del oficio de cuenta se advierte que no adjuntó ninguna y, en el caso, es necesaria una más para dar la intervención que compete al Ministerio Público adscrito a este juzgado, pues tal formalidad procesal tiene como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de amparo, como son, el pedir el informe a la autoridad responsable y dar la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público, para así proporcionar a las partes todos los elementos necesarios a fin de preparar su defensa. Sobre el particular se invoca la tesis VII/2001, publicada en la página 325, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con éstas copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa." Y la jurisprudencia VI.2o. J/309, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1994, Octava Época, cuyo rubro establece: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRECISAR EL NUMERO DE LAS QUE SE REQUIERAN. De la recta interpretación del artículo 146 de la Ley de Amparo, se concluye que los jueces federales deben precisar con toda exactitud el número de copias, tanto del escrito de demanda como del aclaratorio cuando requieran éstas para el trámite del juicio de garantías, dado que es jurídicamente inaceptable que al efectuarse una prevención a ese respecto sólo se diga "con las copias de ley", "con las copias necesarias", o se emplee otra frase similar, en virtud de que esa clase de expresiones son confusas y por ende obligan al promovente a decidir por sí mismos cuántas son a su juicio las copias que han de exhibir, lo que genera que incurran en omisiones, por tanto si no se hace un requerimiento específico, sino se emplea uno por demás general, el mismo no puede servir de base para hacer efectivo el apercibimiento que prevé el párrafo segundo del artículo en comento." APERCIBIMIENTO. En consecuencia, se apercibe a la promovente que de no dar cumplimiento al requerimiento inserto en el presente proveído, en el lapso concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones incluso las de carácter personal, las listas que se fijan en este Juzgado de Distrito, por así señalarlo expresamente. AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen como autorizados en términos amplios a Jorge Arturo Martínez Sibaja y Ernesto Mata Diosdado, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a Roberto Wong Madrazo únicamente para oír y recibir notificaciones en términos de la parte final del último párrafo de dicho ordenamiento legal, por no contar con dicho registro. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; y, por lista a la parte quejosa en términos del presente auto.

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