Carlos Ulises Salgado Pérez

Expediente 303/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
303/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
20/05/2021

Partes del expediente

  • Carlos Ulises Salgado Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de mayo de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, de lo que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el Artículo 18, fracción I del aludido acuerdo, en razón de haberse CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO; lo anterior, sin soslayar que mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veinte, se SOBRESEYÓ fuera de audiencia el juicio de amparo; sin embargo, el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE al haberse concedido la medida cautelar solicitada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy Fe./*arga*/*

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de trece de noviembre del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 303/2020, promovido por Carlos Ulises Salgado Pérez, contra actos del Delegado Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado en línea el diecinueve de mayo de dos mil veinte, y recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, Carlos Ulises Salgado Pérez, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Delegado Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en esta ciudad, y otras autoridades, en contra del acto que precisó de la manera siguiente: "a). La omisión de ser atendido por un médico capaz que me practique el método anticonceptivo quirúrgico denominado vasectomía" En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como vulnerados en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 2° de la Ley del Seguro Social. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de diecinueve de mayo del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose con el número de expediente 303/2020; se concedió la suspensión de plano al aquí quejoso, solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. TERCERO. RECURSO DE QUEJA. Inconforme con lo anterior las autoridades responsables por conducto de su apoderada jurídica, interpusieron recurso de queja, en contra de la suspensión de plano decretada en proveído de diecinueve de mayo, del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, registrando el expediente con el número 133/2020, medio de impugnación referido que fue resuelto por el anotado órgano pluripersonal en sesión de veintiséis de mayo de dos mil veinte, en el sentido de desechar el recurso impugnado. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables en la presente instancia constitucional, consisten en: "a). La omisión de ser atendido por un médico capaz que me practique el método anticonceptivo quirúrgico denominado vasectomía" TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por la apoderada jurídica de las autoridades responsables, se advierte la existencia de los actos reclamados. Lo anterior se corrobora con las documentales que las responsable anexaron a sus informes justificados, las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, las jurisprudencias del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario analizar las causales de improcedencia, en virtud de ser una cuestión de orden público y de previo análisis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo En el caso, el suscrito juzgador considera que el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que han cesados los efectos del acto reclamado, actualizándose la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De la norma transcrita, se desprende que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Al respecto, debe destacarse que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado", hace referencia a la desaparición del acto de autoridad que originó el juicio de garantías, y en consecuencia, los efectos del mismo, como si el acto reclamado nunca hubiese acontecido, y a la parte quejosa no se le hubiere vulnerado garantía constitucional alguna. Esto, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese sentido, no se entrará al estudio de fondo de las violaciones aducidas en la de la demanda de garantías, derivada del acto ahí reclamado, toda vez que durante la tramitación del presente juicio, sobrevino la causa de improcedencia antes referida. En efecto, el quejoso en su libelo constitucional fue preciso en señalar que su reclamo consistía, específicamente, en la omisión de ser atendido por un médico capaz para que se le practicara el método anticonceptivo quirúrgico denominado vasectomía. Ahora bien, de las constancias que obran agregadas en autos, consistente en el oficio 172403/072/2020, suscrito por el doctor Sergio Martínez Jiménez, Director Médico de la Unidad de Medicina Familiar número 75, se advierte que en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada por este órgano jurisdiccional se citó al ahora quejoso el veintidós de mayo del año en curso para una valoración médica y en caso de requerir estudios le fueran practicados; asimismo, se le programó su cirugía -denominada vasectomía-, para las nueve horas del veintinueve de mayo, misma que se llevó a cabo en la fecha antes señalada, lo cual acreditan con la hoja de registro de Atención Integral de la Salud, de veintinueve de mayo de dos mil veinte, en la cual también consta que se le atendió al referido Salgado Pérez, a las nueve horas con veinte minutos de la fecha ya mencionada. Lo anterior, se corrobora además con lo informado por la apoderada jurídica de las responsables, donde expresamente manifestó la fecha en que se le practicó al aquí quejoso la cirugía cuya omisión en realizarse reclama en esta instancia constitucional, manifestaciones contenidas en su informe justificado y con motivo de la suspensión de plano otorgada al peticionario del amparo. La circunstancia antes narrada hace patente que el acto reclamado por la parte quejosa, ha cesado en cuanto a sus efectos; ello es así, porque la demanda de amparo se presentó en línea a las veintiuna horas con veinticuatro minutos del diecinueve de mayo de dos mil veinte, y de las constancias que obran en autos se advierte que desde el veintinueve de mayo pasado, a las nueve horas con veinte, se atendió de manera íntegra al quejoso, para la práctica de la cirugía denominada vasectomía, evidenciándose de este modo, que los efectos de la omisión reclamada, han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que señala lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Ulises Salgado Pérez, respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veinte. SE SEÑALA FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación de cuenta, de los que se advierte que se encontraban señaladas las diez horas con veinte minutos del dieciséis de julio de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo I-303/2020; misma que no fue llevada a cabo debido al fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Por otro lado, como del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acordó reanudar los términos procesales, aunado a ello el artículo 2, fracciones I y II del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece que todas las partes deben quedar notificadas de la nueva fecha en que tendrá verificativo la audiencia señalada dentro del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia a efecto de dar margen a lo anterior, se señalan para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. Notifíquese personalmente a las partes, y mediante oficio a la autoridad señalada como responsable. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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