Carlota Mendoza Rodríguez
Expediente 1031/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1031/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlota Mendoza Rodríguez
- Registro Agrario Nacional Delegación Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a ********************, contra actos del Registro Agrario Nacional Delegación del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. En auto de siete de noviembre de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Así por oficio presentado el quince de noviembre de dos mil veintitrés, el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta ciudad, allegó las constancias para acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "a) Notifique a la peticionaria de amparo la respuesta de trece de marzo de dos mil diecinueve, que recayó el formato de solicitud ******************** presentado el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, ante el Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad. En el entendido de que la autoridad deberá de notificarle a la quejosa en el domicilio que proporciono para recibir notificaciones en el escrito de petición que reclama en esta instancia constitucional, siendo el ubicado en calle ******************** número ******************** del Fraccionamiento ******************** de ********************; o, en su defecto, en el domicilio que obra asentado en la copia simple de la credencial de elector de la quejosa, siendo el ubicado en "********************, ********************"; lo cual deberá acreditar con las constancias idóneas. - El Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta ciudad, con fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés, remitió la constancia de entrega sobre la inscripción de derechos parcelarios, expedida en favor de la aquí quejosa. Actuación con la cual se atendió la solicitud ********************, formulada el veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de conservación. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17 fracción III, inciso a). Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 17 del citado acuerdo, deberá transferirse al depósito documental del Área Coordinadora de Archivos correspondiente. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO Agréguese a los autos el oficio de cuenta que suscribe el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, a través del cual remite la constancia de entrega a la parte quejosa sobre la inscripción de derechos parcelarios; con lo cual da cumplimiento a la sentencia de amparo. SE DA VISTA A LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.ROVECon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Carlota Mendoza Rodríguez. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Consecuentemente, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se requiere a la autoridad responsable Registro Agrario Nacional Delegación del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, conforme al artículo 258 de la Ley de Amparo; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Se reitera a la autoridad responsable la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo consistente en: Notifique a la peticionaria de amparo la respuesta de trece de marzo de dos mil diecinueve, que recayó al formato de solicitud 16190002801 presentado el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, ante el Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad. En el entendido de que la autoridad deberá notificarle a la quejosa en el domicilio que proporcionó para recibir notificaciones en el escrito de petición que reclama en esta instancia constitucional, siendo el ubicado en calle Gladiolas, número 87 del Fraccionamiento Las Flores de Jungapeo, Michoacán; o, en su defecto, en el domicilio que obra asentado en la copia simple de la credencial de elector de la quejosa, siendo el ubicado en "LOC. EL POLVILLO S/N LOC. EL POLVILLO 61500, ZITÁCUARO, MICHOACÁN"; lo cual deberá acreditar con las constancias idóneas. REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, puesto que la autoridad señalada como responsable no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Avpb*
- Principal
OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VIII-1031/2023, promovido por ********************, contra actos del Registro Agrario Nacional Delegación del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 11******************** de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó documentales al libelo constitucional; asimismo, ofreció instrumental pública de actuaciones respecto de todas y cada una de las actuaciones y documentos que obran en el juicio de amparo; y, la presuncional legal y humana; por otra parte, la autoridad señalada como responsable remitió documentales mediante el oficio que fue presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado el treinta de agosto del año en curso, pruebas que se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional formuló manifestaciones mediante escrito de alegato 662/2023. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo VIII-1031/2023, promovido por ********************, contra actos del Registro Agrario Nacional Delegación del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito depositado el tres de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido el cuatro de ese mes y año por razón de turno, a este Juzgado Federal, ********************, promovió demanda de amparo indirecto contra el Registro Agrario Nacional Delegación del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. La quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8°, 14, 16 y 1******************** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente VIII-1031/2023; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación, previos diferimientos; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 10********************, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 3******************** y 10********************, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto formal y materialmente administrativo cuya ejecución acontece dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal con competencia mixta ejerce su jurisdicción. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo ********************4, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo ****************************************, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La omisión de dar respuesta a la solicitud 16190002801 presentada el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, ante el Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad, en la que solicitó la inscripción de la enajenación de derechos parcelarios, respecto del Ejido denominado "Zirahuato hoy Los Bernal" de Zitácuaro, Michoacán. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con residencia en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, dicha negativa debe desvirtuarse en razón de que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda -tres de agosto de dos mil veintitrés-, existía el acto reclamado, toda vez que aún y cuando existía una calificación positiva como respuesta a la solicitud que se reclama en esta instancia constitucional, lo cierto es que dicha respuesta no fue notificada a la quejosa; de ahí que no se haya emitido una cabal respuesta a la solicitud reclamada en esta constitucional. En esos términos lo procedente es considerar ciertos los datos asentados por la parte quejosa en su escrito de demanda, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que el acto reclamado existió. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Registro digital: 24904******************** Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, página 15 Tipo: Aislada "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido". Además, dicha existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la autoridad responsable remitió junto a su informe justificado. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 19******************** y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia de la omisión reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. Sin embargo, de autos no se obtiene que se actualice alguna causa de improcedencia prevista por la ley de la materia, ni las partes alegaron lo anterior; por lo que se impone, es abordar el estudio del fondo del asunto. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como concepto de violación el que se encuentra contenido en su escrito inicial de demanda, mismo que se tiene por reproducido sin necesidad de transcribirlo pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente tenor: "Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 164618 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Página 830 Jurisprudencia (Común) "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. " SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa aduce toralmente que la autoridad responsable, vulnera en su perjuicio el derecho fundamental reconocido por el artículo 8º constitucional, al omitir dar respuesta a la solicitud 16190002801 presentada el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, ante el Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad, en la que solicitó la inscripción de la enajenación de derechos parcelarios, respecto del Ejido denominado "Zirahuato hoy Los Bernal" de Zitácuaro, Michoacán (Visible a foja 14 del presente expediente en que se actúa). Tal disenso es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, por los motivos que se exponen a continuación. En principio es indispensable tener en cuenta que el artículo 8º constitucional es del tenor siguiente: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del numeral transcrito se obtiene que los funcionarios públicos están obligados a respetar el derecho de petición de los gobernados, siempre y cuando la solicitud respectiva se formule de manera respetuosa, pacífica y por escrito; además, parte esencial de la garantía contenida en la máxima constitucional aludida es que a cada una de las peticiones formuladas debe recaerle una respuesta la cual necesariamente debe ser congruente con la solicitud formulada y debe hacerse del conocimiento de la peticionaria. Así, cuando un gobernado estime que alguna autoridad ha vulnerado en su perjuicio el contenido del artículo 8º constitucional, porque no ha dado respuesta a una solicitud formulada en los términos antes apuntados o haciéndolo ésta resulte incongruente, deficiente o contraria a derecho, puede acudir al juicio de amparo para solicitar que se obligue a la autoridad a responder de manera correcta; ello sin necesidad de agotar recurso alguno. Cabe precisar que la concesión del amparo no puede obligar a la autoridad a dar respuesta en determinado sentido, sino únicamente a que responda de manera clara, congruente y completa. En ese sentido, para la procedencia de la instancia aludida la quejosa tiene la carga de demostrar que la petición correspondiente fue presentada ante la autoridad encargada de solventar los aspectos contenidos en la solicitud; de tal suerte que para desvirtuar la omisión que se le atribuya, será necesario que la responsable demuestre que ha emitido la respuesta correspondiente y que se la dio a conocer a la peticionaria del amparo, pero además, que dicha respuesta solventa cada una de las expresiones contenidas en el escrito de solicitud. Sobre el particular, resulta aplicable la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 189914 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 42/2001 Página: 126 PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular.." Ahora, en el caso particular, la quejosa exhibió conjuntamente con su demanda de amparo, cotejo notarial de la solicitud 16190002801 presentada el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, ante el Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad, en la que solicitó la inscripción de la enajenación de derechos parcelarios, respecto del Ejido denominado "Zirahuato hoy Los Bernal" de Zitácuaro, Michoacán. De manera que la autoridad responsable al rendir el informe de ley, refirió que ya había una respuesta de calificación positiva a la anterior solicitud de data trece de marzo de dos mil diecinueve, pero que no le había notificado a la requirente constitucional por no contar con personal para realizar notificaciones personales. Sin embargo, con independencia de lo anterior la autoridad responsable cuenta con el domicilio que la peticionaria de amparo proporcionó domicilio para recibir notificaciones en el escrito de petición que reclama en esta instancia constitucional, siendo el ubicado en calle Gladiolas, número 8******************** del Fraccionamiento ******************** de Jungapeo, Michoacán; así como también el domicilio que obra asentado en la copia simple de la credencial de elector de la quejosa, siendo el ubicado en ********************. De ahí, que válidamente pueda afirmarse que la autoridad responsable ha conculcado los derechos fundamentales de la quejosa; porque no obra constancia de que se le haya notificado la respuesta a la peticionaria de amparo respecto de la solicitud que reclama en esta instancia constitucional. Al respecto, el Máximo Tribunal del país, ha determinado que para considerar vulnerado el derecho de petición de los gobernados, entendido como la obligación de las autoridades de otorgar respuestas a las solicitudes formuladas por aquellos, en breve término; deberá atenderse a la complejidad de la requisitoria que se efectúe. Cimienta lo anterior, los criterios que se insertan a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2019190 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 6/2019 (10a.) Página: ******************** PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO ******************** DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO. El artículo ******************** citado, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición estatal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal), no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de "breve término" de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por el juzgador federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición, destacándose que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el concepto indicado es "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación". Por tanto, en atención a la garantía de audiencia a que se refiere el numeral 8° constitucional, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la promovente del amparo, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ********************, para los efectos de que: La autoridad responsable Registro Agrario Nacional Delegación del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: Notifique a la peticionaria de amparo la respuesta de trece de marzo de dos mil diecinueve, que recayó al formato de solicitud 16190002801 presentado el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, ante el Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad. En el entendido de que la autoridad deberá notificarle a la quejosa en el domicilio que proporcionó para recibir notificaciones en el escrito de petición que reclama en esta instancia constitucional, siendo el ubicado en calle Gladiolas, número 8******************** del Fraccionamiento ******************** de Jungapeo, Michoacán; o, en su defecto, en el domicilio que obra asentado en la copia simple de la credencial de elector de la quejosa, siendo el ubicado en "********************"; lo cual deberá acreditar con las constancias idóneas. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 126, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: Semanario Judicial de la Federación Sexta Época Número de identificación 802********************44 Segunda Sala Volumen CXXXII, Tercera Parte Página 138 Jurisprudencia (Administrativa) "PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTO LA RESOLUCION A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, le corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva, y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación.". De igual forma orienta el anterior criterio la tesis pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: Semanario Judicial de la Federación Sexta Época Número de identificación 802384 Segunda Sala Volumen XXIV, Tercera Parte Página 2******************** Tesis Aislada (Constitucional) "PETICION. PRUEBA DE LA NOTIFICACION. El artículo 8o. constitucional establece que las autoridades están obligadas a dictar acuerdo escrito a toda petición que se les hubiera dirigido en términos pacíficos y respetuosos y que, además, están obligadas a hacer conocer en breve término al peticionario, el acuerdo citado, así que, es necesario que las autoridades demuestren en autos que el acuerdo que hubieren dictado se hizo del conocimiento del solicitante. Si en el juicio de garantías las responsables afirman que ya se hizo una notificación, deben probarlo, atento el principio general de derecho en el sentido de que quien afirma está obligado a probar la certeza de su aseveración.". Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda acudir personalmente a la oficina de la autoridad responsable, a fin de que se le notifique la respuesta a la solicitud reclamada en esta instancia constitucional. Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo ********************8 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos ********************4 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra el acto precisado en el considerando tercero de la presente ejecutoria, por los motivos y para los efectos señalados en el último de los mismos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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