Carmen Adriana Meraz García
Expediente 1020/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carmen Adriana Meraz García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO Agréguese a los autos el oficio de cuenta que suscribe el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. SE DA VISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INERESADA Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, y transcurrido dicho término, con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.ROVECon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la interposición del recurso de revisión contra la sentencia de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, en que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO. Ahora, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, requiérase a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que en términos del ordinal 192 párrafo segundo de la Ley de Amparo en vigor, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite lo anterior. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, conforme al artículo 258 de la Ley de Amparo; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. EFECTOS PARA LOS QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es para los efectos siguientes: ".1. Deje insubsistente la resolución interlocutoria de veintiocho de junio de dos mil veintitrés; y, 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva en la que, al no haber sido materia del análisis del presente juicio, reitere las consideraciones relativas a los incrementos anuales salariales; y, además, 2.1 Valore de forma completa y en lo conducente el material probatorio para determinar si, en el caso, la quejosa tiene o no el carácter de trabajadora de confianza; 2.2 De concluir que sí se trata de una trabajadora con tales características, y estime procedente el incidente, analice, enumere y valore todos los medios de prueba ofrecidos en el incidente de origen; y, luego se pronuncie en torno al fondo del incidente tomando en consideración tanto el laudo, como la planilla presentada por la trabajadora. Lo anterior en el entendido que de no resultar correctas las cantidades y las prestaciones señaladas por la actora, deberá expresar los motivos, razones o circunstancias bajo las cuales no es procedente lo solicitado por aquella, incluyendo la petición formulada por la quejosa en el sentido de que se requiera a la demanda de las aportaciones de seguridad social y de vivienda a que refiere tiene derecho por todo el tiempo que tardó la tramitación del juicio laboral." NO TIENE SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la nueva Ley de Amparo, puesto que el Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. NO PROCEDE ACORDAR DE CONFORMIDAD Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el apoderado de la parte quejosa, a través del cual solicita que este juzgado requiera a la autoridad responsable de manera inmediata, para que cumpla con la sentencia dictada en autos. Atento a ello, dígasele al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que a la fecha el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, aún no transcurre para la totalidad de las partes, por lo que una vez que ello acontezca se proveerá lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VII-1020/2023, promovido por Armando Efraín Ángeles González, en su carácter de apoderado de Carmen Adriana Meráz García, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O : Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado al día siguiente hábil a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Armando Efraín Ángeles González, en su carácter de apoderado de Carmen Adriana Meráz García, promovió demanda de garantías contra actos de la Junta Especial Número Treinta dela Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. El promovente del amparo estimó violados en perjuicio de su representada los derechos humanos protegidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Substanciación del juicio. Por auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada con el número VII-1020/2023; se requirió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, celebrándose en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : Primero. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Segundo. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en términos del acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Ello por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral promovida contra una autoridad residente en donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tercero. Precisión del acto reclamado. En principio, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y la información que obra en el expediente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000 de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". Así, en atención a la disposición legal, del análisis integral de la demanda de garantías se desprende que el acto reclamado lo constituye: La resolución interlocutoria de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual se declaró procedente el incidente de no acatamiento al laudo promovido por la demandada, aquí quejosa, con lo que se dio por terminada la relación de trabajo y se le condenó al pago de diversas prestaciones reclamadas en el juicio laboral 959/2019. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se advierte que niega la existencia del acto reclamado. No obstante, contra lo referido por el Ministerio Público Federal de la adscripción, en su pedimento, lo procedente es desvirtuar tal negativa y tener como cierto el acto que se le atribuye, toda vez que de contenido del informe respectivo se advierte que la autoridad realiza manifestaciones que evidencian su certeza. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe: Registro digital: 211004 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 1994, página 391 Tipo: Aislada ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Lo que además se acredita con las copias certificadas que dicha autoridad remitió como sustento del acto reclamado. Prueba documental pública a la que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, la cual, con arreglo a la ley, goza de fe pública. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.". Quinto. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en función a que quien suscribe no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". Sexto. Estudio de fondo. Resulta fundado uno de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, suplido en su deficiencia acorde al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, el que resulta suficiente para conceder la protección constitucional. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, a las que previamente se concedió valor probatorio pleno, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: Ante la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se tramitó y resolvió el juicio laboral 959/2019, promovido por la aquí quejosa, en el que se dictó laudo condenatorio en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. No obstante, dicho instituto promovió incidente de no acatamiento de laudo, a fin de evitar la reinstalación de la trabajadora, por desempeñar, dijo, un puesto de confianza, y que en su lugar se decretara la indemnización correspondiente (foja 20 a 22 de autos). Por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la junta responsable admitió el incidente respectivo; dicha circunstancia se hizo del conocimiento de la aquí quejosa mediante notificaciones practicadas el siete de diciembre de dos mil veintidós y el siete de febrero de dos mil veintitrés (foja 23 a 25 de autos). De tal modo que la actora, aquí quejosa, presentó su respectiva planilla cuantificando las prestaciones e indemnizaciones para el caso de que resultara procedente el incidente respectivo (foja 26 a 28 de autos). Por auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia incidental de no acatamiento de laudo y se pusieron los autos a la vista para dictar la resolución respectiva (foja 29 a 30 de autos). Virtud a la dilación en el dictado de la resolución incidental, la aquí quejosa promovió el juicio de amparo VIII-461/2023 del índice de este juzgado, en el que por sentencia de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se concedió la protección constitucional para que de inmediato la junta responsable dictara la correspondiente resolución (foja 42 a 49 de autos), determinación que se declaró ejecutoria mediante auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés (foja 50 de autos). En mérito de ello, el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se dictó la interlocutoria correspondiente, en la que la junta responsable determinó la procedencia del incidente de no acatamiento de laudo, con esa fecha dio por terminada la relación de trabajo y condenó a la demandada al pago de las prestaciones correspondientes (foja 51 a 57 de autos). Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Ahora bien, es infundado el concepto de violación hecho valer por la quejosa en el que aduce que la autoridad responsable fue omisa en precisar cuáles fueron las operaciones aritméticas que tomó en consideración para determinar los porcentajes de los incrementos salariales. Ello es así, ya que contrario a lo destacado por la quejosa, la junta responsable sí precisó las operaciones que realizó para determinar los porcentajes de los incrementos salariales, pues al efecto en la resolución reclamada destaca el apartado relativo en el que la autoridad responsable señaló: ". Por tanto, la condena del pago de diferencias únicamente correrá a partir del dieciocho de septiembre de dos mil veinte, tomando como base que para esa anualidad conforme a lo establecido en la tabla ante inserta, le correspondía como monto del salario de la actora, la cantidad diaria de $1,121.94 (MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 94/100 M.N.), que incluye los incrementos antes determinados para el año dos mil veinte.- Así para el año dos mil veintiuno, cuyo incremento conforme a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fue de 3.5% aplicado al salario diario de $1,121.94 pesos, nos arroja un incremento de $39.26 que sumado a $1,089.27 pesos, nos arrojan una cantidad de $1,128.51 (MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 51/100 M.N.), como importe del salario diario de la actora correspondiente a dicho periodo.- Para el año dos mil veintidós, cuyo incremento conforme a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fue de 3.5%, aplicado al salario diario de $1,128.51 pesos, nos arroja un incremento de $39.49, que sumado a $1,089.27 pesos, nos arroja una cantidad de $1,128.76 (MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 76/100 M.N.) como importe del salario diario de la actora correspondiente a dicho periodo.- Para el año dos mil veintitrés, cuyo incremento conforme a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fue de 3.0%, aplicado al salario diario de $1,128.76 pesos, nos arroja un incremento de $33.86, que sumado a $1,089.27 pesos, nos arrojan una cantidad de $1,123.13 (MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS 13/100 M.N.), como importe del salario diario de la actora correspondiente a dicho periodo." De tal modo que basta la lectura de la parte conducente de la resolución reclamada para advertir que contrario a lo señalado, la junta responsable sí precisó las operaciones aritméticas realizadas para obtener los incrementos salariales que le correspondían. Por otro lado, en uno de sus conceptos de violación la quejosa alega que la resolución reclamada carece de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad, al referir que la resolución reclamada no se ciñe a lo determinado en el laudo. Dicho concepto de violación, suplido en su deficiencia a favor de la actora, aquí quejosa, es fundado. Cierto, el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente establece: "Artículo 17. .Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo su resolución de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia prohibidas las costas judiciales..." En el precepto constitucional transcrito con antelación, se advierte que toda persona tiene derecho a una administración de justicia pronta, imparcial y "completa", término que jurisprudencialmente se ha entendido como fundamento de dos principios: el de congruencia y el de exhaustividad, que deben contener las resoluciones dictadas por una autoridad materialmente jurisdiccional. El primero está referido a que las resoluciones (incluidas en ellas los acuerdos de trámite) deben ser congruentes no sólo consigo mismas, sino también con la litis, la congruencia es aquélla característica consistente en que las determinaciones de los órganos jurisdiccionales no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí. Ilustra lo anterior la tesis ubicada en la página 193, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa, y el segundo la interna. Ahora bien, una incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna si se señalan concretamente las partes de la sentencia de primera instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmando que mientras en un considerando el Juez hizo suyas las apreciaciones y conclusiones a que llegó un perito para condenar al demandado a hacer determinadas reparaciones, en el punto resolutivo únicamente condenó a efectuar tales reparaciones, o en su defecto, a pagar una suma de dinero; pero no existe tal incongruencia si del peritaje se desprende que debe condenarse a hacer las reparaciones, pero que en el caso que no se cumpla deberá condenarse a pagar la cantidad a que se condenó." El principio de exhaustividad, por su parte, está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto a todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir uno o algunos de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador para decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos por las partes, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Bajo ese contexto, se considera que dicho concepto de violación, suplido en su deficiencia, resulta fundado dado que la autoridad responsable omitió analizar de manera completa y detallada, tanto el laudo, como el escrito presentado por la quejosa y en el que formuló su planilla cuantificando las prestaciones e indemnizaciones que a su decir eran procedentes; así como el cúmulo de pruebas que obran en el juicio natural para corroborar si la quejosa, efectivamente realizaba labores que correspondían a un cargo de confianza. Ello en atención a que: Si bien fijó la Litis correctamente, lo cierto es que para determinar que la actora, hoy quejosa, realizaba labores de confianza, se limitó a valorar exclusivamente la confesional a cargo de la trabajadora, aquí quejosa. Empero no justipreció el resto del material probatorio desahogado en autos y que fuera conducente para corroborar si, efectivamente, la actora, hoy quejosa, realizaba actividades de un trabajador de confianza conforme lo previene la Ley Federal del Trabajo. Además, posterior a determinar la procedencia del incidente y precisar que a partir de esa fecha se daba por terminada la relación de trabajo, señaló que se condenaba al pago de $574,044.08 (quinientos setenta y cuatro mil cuarenta y cuatro pesos 8/100 M.N.) que comprendían la suma de salarios caídos de la fecha del despido (dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve) al dieciocho de septiembre de dos mil veinte; y el importe del interés mensual cuantificable a partir del dieciocho de septiembre de dos mil veinte a la fecha de emisión de la condena diecinueve de marzo de dos mil veintidós, condena que señaló debía pagarse en términos de lo establecido en el segundo resolutivo del laudo de veinticinco de abril de dos mil veintidós. De ahí que, si para emitir la resolución reclamada la autoridad responsable tuvo en consideración el contenido del laudo, tenía la responsable la carga procesal de allegar con su informe justificado copia certificada de todas y cada una de las constancias que tuvo en consideración para la emisión del acto reclamado, ya que al tenor de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, correspondía a la autoridad probar la constitucionalidad de sus actos. De tal modo que, al no haberlo hecho así, y al alegar la quejosa en sus conceptos de violación que la autoridad no se ciñó a lo ordenado en el laudo, no es factible determinar si al momento de dictar la correspondiente resolución incidental, la autoridad haya o no tomado en consideración lo laudado. De ahí que ante el incumplimiento de tal carga procesal debe asignarse a la responsable las consecuencias de la omisión en que incurrió. Por otro lado, de la simple lectura de la resolución incidental reclamada se advierte que dicha determinación carece de exhaustividad, virtud a que la junta omitió el análisis cabal de la planilla presentada por la trabajadora, en la que cuantificó las prestaciones e indemnizaciones que estimó procedentes. Ello es así, pues si bien en auto de dieciséis de febrero pasado, la junta responsable la tuvo exhibiendo la planilla de liquidación correspondiente, ofreciendo pruebas y objetando la planilla de liquidación presentada por su contraria, al momento de resolver el incidente respectivo nada se dijo al respecto. Esto es, no precisó los motivos, razones o circunstancias bajo las cuales no era procedente condenar al pago de los montos señalados por la trabajadora en su planilla de liquidación. 4) Asimismo, omitió pronunciarse respecto de la petición contenida en la parte final de dicha planilla, esto es, que se requiriera a la demandada de las aportaciones de seguridad social y de vivienda a las que tenía derecho por el tiempo que tardó la tramitación del juicio. Y, pese a lo señalado por la quejosa en su planilla, la junta procedió a realizar las cuantificaciones que estimó procedentes, ello sin tomar en consideración el escrito presentado por la quejosa y menos aún las pruebas por ella ofrecidas. Circunstancias las destacadas que evidencian la incongruencia, falta de exhaustividad, fundamentación y motivación en la resolución reclamada, así como la omisión de ponderar la planilla presentada por la trabajadora, valorar los medios de prueba ofrecidos por aquella y además pronunciarse en torno a la solicitud de liquidación de las aportaciones de seguridad social y vivienda, ello a efecto de determinar si eran procedente la condena por las cantidades señaladas en la planilla presentada por la actora y por las prestaciones destacadas. Así las cosas, quien suscribe considera que la determinación de la junta resulta contraria a los derechos fundamentales de seguridad jurídica, legalidad y acceso completo a la jurisdicción, previstos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales; pues además de remitirse a un laudo que no se tiene a la vista, también su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento respecto de la planilla presentada por la trabajadora, de las prestaciones reclamadas y del análisis de los medios de prueba ofrecidos por las partes. Apoya lo expuesto, por identidad jurídica esencia la tesis con registro digital 176546, que dice: Registro digital: 176546 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 139/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162 Tipo: Jurisprudencia FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. De ahí que lo procedente sea conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la quejosa Carmen Adriana Meráz García, para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución interlocutoria de veintiocho de junio de dos mil veintitrés; y, En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva en la que, al no haber sido materia de análisis del presente juicio, reitere las consideraciones relativas a los incrementos anuales salariales; y, además: Valore de forma completa y en lo conducente el material probatorio para determinar si, en el caso, la quejosa tiene o no el carácter de trabajadora de confianza; De concluir que sí se trata de una trabajadora con tales características, y estime procedente el incidente, analice, enumere y valore todos los medios de prueba ofrecidos en el incidente de origen; y, luego, se pronuncie en torno al fondo del incidente tomando en consideración tanto el laudo dictado en el juicio de origen, como la planilla presentada por la trabajadora. Lo anterior en el entendido que de no resultar correctas las cantidades y las prestaciones señaladas por la actora, deberá expresar los motivos, razones o circunstancias bajo las cuales no es procedente lo solicitado por aquella, incluyendo la petición formulada por la quejosa en el sentido de que se requiera a la demandada de las aportaciones de seguridad social y de vivienda a que refiere tiene derecho por todo el tiempo que tardó la tramitación del juicio laboral. Dado el sentido del presente fallo, resulta innecesario abordar el estudio de los restantes conceptos de violación expresados por la quejosa, en atención a que al otorgarse plenitud de jurisdicción a la junta para resolver lo que en derecho proceda, el sentido de la nueva determinación puede variar. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Carmen Adriana Meráz García, en contra del acto que reclamó de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en términos del considerando que antecede. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, hasta hoy ocho de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Carlos Ulises Salgado Pérez303/2020
- Carlos Yépez Ayala617/2023
- Carlos Zúñiga Prado35/2022
- Carlota Mendoza Rodríguez1031/2023
- Carlota Salud Carrillo Mier965/2021
- Carlota Salud Carrillo Mier y Otros.1293/2023
- Carmen Adriana Meraz García461/2023
- Carmen Alejandra León Méndez1412/2023
- Carmen Alicia Galvan Arreola369/2021
- Carmen Anai Castañeda Vargas790/2020
- Carmen Castillo Moreno569/2020
- Carmen Hernández Ascención467/2020