Carlos Sergio Cabrera Rojas
Expediente 649/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 649/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 25/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Sergio Cabrera Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veinticinco de febrero de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, remitido vía interconexión por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo de uno diverso por el que le fueron remitidos los autos originales del juicio ejecutivo mercantil 9/2019, de su índice; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza. Doy fe.-
- Principal
Morelia, Michoacán, once de febrero de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA NIEGA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se NEGÓ el amparo promovido por Carlos Sergio Cabrera Rojas; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE DEVUELVEN CONSTANCIAS. Devuélvanse al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, las documentales consistentes en autos del juicio ejecutivo mercantil 9/2019, que acompañó a su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. SE INFORMA CAMBIO TITULAR Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 649/2020-VII, promovido por Carlos Sergio Cabrera Rojas, contra actos que reclama del Juez Séptimo de Distrito en el Estado, en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el uno de septiembre de dos mil veinte, la ahora quejosa presentó demanda de amparo directo, la cual fue remitida al Tribunal Colegiado en turno, de la cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, quien en auto de trece de octubre de dos mil veinte, se declaró incompetente para conocer del juicio y ordenó su remisión al Juez de Distrito en turno por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad. El catorce de octubre de dos mil veinte, se remitió a este juzgado por razón de turno la demanda de amparo planteada por el quejoso Carlos Sergio Cabrera Rojas, quien acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Juez Séptimo de Distrito del Décimo Primer Circuito, en esta ciudad, en los términos siguientes: "ACTO RECLAMADO: .Se constituye por sentencia interlocutoria de fecha 12 doce de mayo de 2020 dos mil veinte, pronunciada en el incidente de liquidación de sentencia, gastos y costas dentro del expediente número 9/2019, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, antes Financiera Rural, a través de sus apoderados jurídicos, en contra del quejoso Carlos Sergio Cabrera Rojas (como deudor principal) y (Ana María Cabrera Rojas). En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 1°,14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y lo registró bajo el número 649/2020; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. Ahora bien, en virtud de que en términos de lo dispuesto por los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Es aplicable al respecto la jurisprudencia que dice: Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia "SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Contradicción de tesis 371/2019. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2020. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidentes: Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Uruchurtu Soberón. Tesis y/o criterios contendientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 615/96, el cual dio origen a la tesis aislada 1a. II/97, de rubro: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCIÓN DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 189, con número de registro digital: 199517; y, La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2011, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 67/2011, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 853, con número de registro digital: 161460. El Tribunal Pleno, el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 17/2020 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019". C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución emitida el doce de mayo de dos mil veinte, por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, dentro del juicio ejecutivo mercantil 9/2019, en el que se declaró procedente la planilla de liquidación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Séptimo de Distrito en el Estado, en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistentes en original del juicio ejecutivo mercantil 9/2019. Documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la parte quejosa refirió que tuvo conocimiento del acto reclamado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte; por tanto, la notificación surtió efectos en esa fecha, en términos de lo dispuesto por el artículo 1075 del Código de Comercio; de ahí que el término para la interposición del juicio de amparo inició el veinticinco de ese mes y año y concluyó el catorce de septiembre de dos mil veinte, término al que se le descuentan los días correspondientes a sábados y domingos. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el uno de septiembre de dos mil veinte; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, pues tal presentación aconteció dentro del término con que se contaba para la interposición de la demanda. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". En el caso concreto las partes no hicieron valer causales de improcedencia y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, por lo que procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan en una parte inoperantes y por otra infundados. En el entendido de que para considerarlo de esa forma, se atiende a que la parte quejosa no se ubica en ninguna de las hipótesis a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo, para suplir en su favor la deficiencia de los conceptos de violación, puesto que se acude a esta instancia, en la calidad de parte demandada dentro de un juicio ejecutivo mercantil, juicio que por su naturaleza resulta aplicable el principio de estricto derecho; aunado a que no se ubica en la hipótesis de la fracción VI, del precepto legal anotado. Ahora, para un mejor entendimiento del asunto, se estima necesario realizar una breve reseña de los antecedentes que obran el juicio de origen. 1. Mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil diecinueve los apoderados de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, antes Financiera Rural, demandaron en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción de pago de pesos a Carlos Sergio Cabrera Rojas, en su carácter de acreditado y a Ana María Cabrera Rojas, en su carácter de garante hipotecaria y obligada solidaria, por la suerte principal de $443,500.00 (cuatrocientos treinta y tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), la cual fue turnada al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, quien la admitió el treinta de enero de dos mil diecinueve, registrándola bajo el número 9/2019. 2. El veinticinco y veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de los demandados. 3. Seguido el juicio por su cauces legales, el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, el juez de origen dictó sentencia condenatoria, la cual fue recurrida en amparo directo por la allá demandada, amparo que se resolvió en el sentido de no amparar ni proteger a la ahora quejosa. 4. Mediante sentencia interlocutoria de doce de mayo de dos mil veinte, se declaró procedente la planilla de liquidación de intereses ordinarios, moratorios y honorarios planteada por la parte actora. Resolución la anterior que resulta el acto reclamado. Ahora, la parte quejosa sostiene en una primera parte de sus conceptos de violación que la responsable no cumplió con el debido proceso, porque omitió notificarle el incidente de liquidación de sentencia, con lo que vulneró las garantías de audiencia, seguridad jurídica y legalidad, y con ello se le privó de toda posibilidad de manifestar lo que a sus intereses conviniera. Dicha porción del concepto de violación resulta fundado pero inoperante. Lo anterior es así, porque de las constancias remitidas no se advierte que se haya practicado notificación de la resolución de doce de mayo de dos mil veinte, a la parte demandada; por lo tanto, el anterior concepto de violación resulta fundado, pero inoperante, porque a ningún fin práctico conduciría conceder el amparo al impetrante, para el efecto de que se le notifique dicha interlocutoria, si ya se manifestó conocedor de la resolución aludida, tan es así que promovió el juicio de amparo en análisis, con lo cual queda colmado dicho requisito, puesto que los fines de las notificaciones tienen como objeto que las partes se encuentren en aptitud de conocer las determinaciones para que en caso de inconformidad, interpongan los recursos o medios de defensa respectivos, lo que así sucedió. En efecto, la falta de notificación no ha privado al quejoso de dicho derecho, porque lo cierto es, que la interlocutoria de que se trata no admite recurso ordinario alguno; por lo tanto, al tratarse de una resolución autónoma a la ejecución de la sentencia que sí admite el juicio de amparo indirecto; de ahí que si el quejoso instó la demanda de amparo que dio origen a este juicio, con ello se colma su derecho de acceso a la justicia, en el cual cuenta con la oportunidad de hacer valer sus derechos que estime le hayan sido violados con la emisión del acto reclamado. En diversa porción de sus conceptos de violación, el quejoso señala que la cantidad de $433,500.00 (cuatrocientos treinta y tres mil quinientos pesos), no corresponde a la suerte principal, porque lo cierto es, que el allá demandado celebró contrato de apertura de crédito de habilitación o avío, por la cantidad de $396,000.00 (trescientos noventa y seis mil pesos, 00/100 moneda nacional) y no por la cantidad primeramente señalada. El anterior concepto de violación resulta inoperante, porque con dicho argumento, el quejoso trata de combatir que la suerte principal a la que fue condenado en sentencia es diversa a la suma por la que realmente celebró el contrato, pero es el caso que ello no puede ser motivo de análisis en esta resolución, porque versa sobre cuestiones que debió controvertir al combatir la sentencia que lo condenó a la suerte principal allá reclamada; de ahí que dicho motivo de disenso no puede ser analizado en esta instancia. En una tercera porción de sus motivos de disenso, el quejoso señala que la allá actora, propone que los interés ordinarios deben correr desde el dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete, y en su escrito inicial de demanda precisó que el dinero por concepto de crédito fue depositado supuestamente en una cuenta a nombre del quejoso de la institución bancaria denominada BBVA Bancomer, con número de cuenta 0194729552; sin embargo no exhibió comprobante de depósito; que además personal de la referida institución bancaria informó que dicha cuenta se encuentra cancelada desde el mes de diciembre de dos mil dieciséis, lo cual hace imposible que le hayan depositado dicho crédito, por lo tanto, no pueden correr intereses ordinarios y moratorios desde la fecha que se precisó en la planilla de liquidación, lo cual pasó por alto el juez de origen. Los anteriores argumentos resultan inoperantes, porque los mismos ya fueron planteados como agravios al combatir la sentencia, y por ende, motivo de análisis en amparo directo (fojas 81, 82, 88 y 89 del juicio de origen); por lo tanto, este órgano de control constitucional no está en aptitud de analizar cuestiones que ya forman parte de la cosa juzgada. En esos términos, también resulta inoperante su motivo de disenso en el sentido de que los intereses que se aprobaron resultan incorrectos, porque el juez responsable debió de haber atendido a la suma estipulada en el contrato de apertura de crédito, porque con ello pretende atacar cuestiones que quedaron dilucidas en la sentencia. En diversa porción del concepto de violación señala que dentro de la planilla de liquidación se precisa el 11.9 % por concepto de intereses ordinarios sobre la suerte principal y el 17.85 por concepto de intereses moratorios sobre la suerte principal; que con ello se habla de un interés de casi el 30% sobre la suerte principal, lo cual afecta su patrimonio, pues se trata de un exceso ilegal de la libertad contractual de las partes, con lo que se vulnera el derecho establecido en el artículo 21 apartado 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos que prohíbe la usura como forma de explotación del hombre por el hombre. Añade que con la sentencia interlocutoria que aprueba el incidente de liquidación, se consiente la usura, al condenarlo al pago de intereses excesivos; que con ello no sólo se vulneran sus derechos patrimoniales, sino que en atención a los principios de interdependencia y universalidad, también pueden verse involucrados otros derechos como la vida, el mínimo vital, la libertad de trabajo y el proyecto de vida, los cuales son irrenunciables e innegociables. Los anteriores motivos de inconformidad resultan inoperantes, y ello es así, porque en sentencia emitida el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas, entre ellas, los intereses ordinarios y moratorios. Inconforme con la resolución anterior, la quejosa promovió demanda de amparo directo, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, quien en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, determinó negar el amparo y protección de la justicia federal. Por tanto, la cuestión de la usura, debió de haberse estudiado al dictarse la sentencia definitiva en el juicio de origen o bien en el amparo directo, y en razón de que a la fecha esa resolución es cosa juzgada, no es dable analizar dicha cuestión. Lo anterior es así, porque en la liquidación de sentencia, no se analiza la procedencia de prestación alguna, puesto que la litis consiste en determinar el quantum de las que ya fueron aprobadas en la sentencia definitiva correspondiente; de ahí que, es incorrecto que en ese momento procesal, el juez responsable estuviera obligado a analizar la tasa de interés que fue reclamada por su contraparte, dado que tal cuestión ya se encontraba dilucidada. Ello es así, porque el acto reclamado en esta instancia constitucional, es la resolución interlocutoria de doce de mayo de dos mil veinte, que liquida la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil 9/2019, en la que se condenó al quejoso a pagar la suma de $304,091.58 trescientos cuatro mil noventa y un pesos con cincuenta y ocho centavos, por concepto de interesen ordinarios, intereses moratorios y honorarios profesionales, desde que incurrió en mora la demandada, hasta la total solución del conflicto; sin embargo, la materia de esa interlocutoria se limita a poner en cantidad líquida las prestaciones que ya habían sido autorizadas por el juez responsable en la sentencia que puso fin al juicio de donde emana el acto reclamado; por lo que, no resulta procedente un nuevo análisis de esa prestación, dado que su condena ya adquirió la calidad de cosa juzgada. Por lo tanto, no cambia en nada el sentido de este fallo, que el quejoso alegue violación a sus derechos humanos protegidos por el artículo 1º constitucional e instrumentos internacionales que señala, puesto que como ya se dijo, esa cuestión debió analizarse en sentencia o amparo directo, pues fue ahí donde se analizó la procedencia de las prestaciones que ahora impugna; de modo que, al haber adquirido la calidad de cosa juzgada y verdad legal, no resulta procedente su estudio en la interlocutoria impugnada, dado que, la misma no tiene como finalidad la determinación de algún derecho u obligación, sino únicamente autorizar en cantidad concreta las que ya habían sido aprobadas. En las anotadas condiciones, si la parte quejosa no se inconformó contra la condena, que a su decir, favorece la usura, pues no expresó agravio en su momento procesal oportuno, es que lo decidido al respecto en primera instancia constituye cosa juzgada; y no puede ser analizado con posterioridad, como lo pretende la quejosa se realice en la interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de sentencia y que constituye el acto reclamado. Al respecto resulta conveniente traer a colación lo que sobre el tema resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que dice: Registro digital: 2014920 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Civil Tesis: 1a./J. 28/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 657 Tipo: Jurisprudencia "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal. Contradicción de tesis 284/2015. Suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Civil del Cuarto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, Tercer, Décimo Segundo y Décimo Tercer Tribunales Colegiados, todos en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México. 22 de febrero de 2017. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández, en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. Criterios contendientes: El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 33/2015, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 72/2015, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 310/2014 y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 85/2015, esencialmente determinaron que la finalidad de la figura jurídica de cosa juzgada, la que prevalece en todo fallo, consiste en que exista certeza respecto de las cuestiones resueltas en los litigios, mediante la invariabilidad de lo fallado en una sentencia ejecutoriada y que se garantice el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión judicial, lo cual constituye un derecho humano consistente en la seguridad jurídica, cuenta habida que los órganos jurisdiccionales nacionales se encuentran obligados a observar los diversos principios constitucionales y legales, ante ello, no es legalmente procedente que en un incidente de liquidación de intereses moratorios, se analice lo relativo a la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de dichos intereses (usura), ya que en el fallo definitivo emitido en el juicio de origen quedaron precisadas las bases para la cuantificación del pago de los intereses respectivos, decisión que resulta inalterable, dado que la sentencia de fondo causó estado y, por ende, constituye cosa juzgada; similar criterio sostuvieron: el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisión 366/2014 y 84/2015, así como el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión 389/2014 y el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 173/2015. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 57/2015 y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, al resolver el amparo en revisión 42/2015, resolvieron amparar y proteger al quejoso recurrente para el efecto de que la autoridad responsable dejara sin efectos la resolución emitida en una sentencia interlocutoria relativa a un incidente de liquidación de intereses, al considerar que los intereses moratorios que fueron convenidos por las partes tuvieron la voluntad de pactar una ganancia en favor del acreedor; por ello y no obstante que el monto resultara usurario, lo justo y equitativo era reducir la tasa de intereses, de donde se advierte el criterio implícito consistente en que en el amparo en revisión es posible analizar lo relativo a la usura respecto de los intereses pactados por las partes en el juicio de origen, aun cuando dichos intereses moratorios se fijaron en una sentencia definitiva que ya causó estado. Tesis de jurisprudencia 28/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete. Nota: De la sentencia que recayó al amparo en revisión 57/2015, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, derivaron las tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/13 (10a.), I.3o.C. J/18 (10a.) y I.3o.C. J/17 (10a.), de títulos y subtítulos: "TASAS DE INTERÉS. ES VÁLIDO ACUDIR A LAS FIJADAS POR EL BANCO DE MÉXICO, PARA ESTABLECER SI LAS PACTADAS POR LAS PARTES SON DESPROPORCIONADAS O NO.", "USURA. EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA IMPOSIBILITA ELIMINAR LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA RESPECTO DE LOS HECHOS ANTERIORES A LA COSA JUZGADA, PERO SÍ PERMITE ANULAR LOS INTERESES USURARIOS GENERADOS DESPUÉS DE ÉSTA, PARA REDUCIRLOS A UNA TASA EQUITATIVA Y ASÍ LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE EL CITADO PRINCIPIO, LOS DE COSA JUZGADA Y DE PROHIBICIÓN DE AQUÉLLA, DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA." y "USURA. EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, CABE ESTABLECER UNA SOLUCIÓN EQUITATIVA QUE ARMONICE EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y EL DERECHO DE PROHIBICIÓN DE AQUÉLLA.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas y del viernes 27 de enero de 2017 a las 10:28 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 20, Tomo II, julio de 2015, página 1619; y 38, Tomo IV, enero de 2017, páginas 2413 y 2415, respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 18 de agosto de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de agosto de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013". De la anterior jurisprudencia, se observa que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que el análisis oficioso sobre la posible existencia de usura que deben realizar las autoridades jurisdiccionales corresponde a un tema de índole sustantiva que, al encontrarse íntimamente relacionado con las pretensiones de la demanda, encuentra un límite en la cosa juzgada; es decir, una vez dictada sentencia ejecutoria que defina la condena de intereses, ya no se puede efectuar el control de usura en una etapa posterior al juicio, por ejemplo, en el incidente de liquidación de sentencia. Pensar de distinta manera equivaldría a que las partes permanecieran en un estado de incertidumbre permanente durante el periodo de ejecución lo cual no es acorde a los principios emanados en la Constitución. Asimismo, tiene aplicación al caso concreto la tesis del contenido siguiente: Época: Décima Época Registro: 2013219 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I Materia(s): Civil Tesis: 1a. CCLXXXIII/2016 (10a.) Página: 382 "USURA. EL ANÁLISIS OFICIOSO DE SU POSIBLE EXISTENCIA APLICA ÚNICAMENTE MIENTRAS EL ASUNTO SE ENCUENTRA SUB JÚDICE. Las jurisprudencias registradas con los números 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) emitidas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obligan al juzgador a analizar de oficio la posible existencia de usura, deben aplicarse por la autoridad de amparo en aquellos asuntos en los que el derecho en disputa aún se encuentra sub júdice, o sujeto a revisión, sea por la interposición de algún recurso o medio de defensa ordinario e, incluso, por encontrarse pendiente de resolver un medio de defensa extraordinario que pueda dar lugar a alguna modificación en lo sentenciado, como es el juicio de amparo. Así, la aplicación oficiosa de los criterios apuntados encuentra un límite en la cosa juzgada, pues la afirmación de que la tesis sobre usura se aplica mientras el asunto se encuentre sub júdice, lleva inserta la consecuencia de que una vez dictada la sentencia ejecutoria que defina la condena de intereses a una tasa específica en monto porcentual, ya no se puede efectuar el control de usura en una etapa posterior al juicio que ha concluido en forma definitiva. Contradicción de tesis 91/2015. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 24 de agosto de 2016. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos en cuanto al fondo, de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Cecilia Armengol Alonso, Mario Gerardo Avante Juárez, Mónica Cacho Maldonado, Mireya Meléndez Almaraz, Luis Mauricio Rangel Argüelles y Mercedes Verónica Sánchez Miguez. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no contiene el tema de fondo que se resolvió en la contradicción de tesis de la cual deriva. 1. Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, páginas 400 y 402, registros digitales: 2006794 y 2006795, con los títulos y subtítulos: ´PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA CCLXIV/2012 (10a.)].´ y ´PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.´, respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 2 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación". En otro aspecto, señala que, por lo que corresponde a los honorarios profesionales, el juez responsable viola lo dispuesto por el artículo 1084 del Código de Comercio, que a la letra señala: "La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley o cuando a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe"; pero es el caso que el allá demandado no se ha conducido con temeridad alguna dentro de la prosecución del juicio, o bien haya realizado actividad alguna para entorpecer la aplicación de la justicia. Dicho concepto de violación también resulta inoperante, porque el impetrante de amparo se queja de la condena en costas, pero es el caso que ello en todo caso debió ser motivo de disenso al combatir la sentencia, y al no haber expuesto agravio en su momento procesal oportuno, es que lo decidido al respecto en primera instancia constituye cosa juzgada, por ello, las determinaciones que condenaron al pago de costas, deben considerarse firmes. Agrega el quejoso que el juzgador omitió razonar en cuanto a la condena del pago de honorarios profesionales y otorgó de manera tajante la aprobación del incidente a la actora, sin exponer razonamiento alguno en relación a si opera o no la debida aprobación y conforme a derecho dichos honorarios. La anterior porción del concepto de violación resulta infundado, porque contrario a lo que señala, en dicho aspecto el juez expuso que el artículo 1083 del Código de Comercio, señala que en los juicios mercantiles no se necesita que los litigantes se asistan de abogado, pero en caso de que lo hagan, y de haber condenación en costas sólo se pagarán al abogado con título. Expuso que dicho requisito se colmaba, porque en sentencia se condenó a la parte demandada al pago de gastos, costas y honorarios profesionales; además a la planilla de liquidación se había acompañado copia cotejada de la cédula profesional en favor de José Luis Sánchez Pardo, quien fue la persona que instó el juicio, en su calidad de apoderado de la parte actora; documento al cual le otorgó valor probatorio pleno, en términos del artículo 1237 del Código de Comercio. Asimismo, para determinar el cálculo en cantidad líquida de los honorarios, atendió a lo dispuesto en la Ley de Arancel de Abogados en el Estado de Michoacán, al no existir en materia federal ordenamiento que determine la forma de cuantificar los honorarios. En esos términos, tomó como base la cantidad de $433,500 (cuatrocientos treinta y tres mil quinientos pesos), por concepto de suerte principal, por ser la cantidad contabilizada en la sentencia definitiva. Así como la cantidad de $122,947.82 (ciento veintidós mil novecientos cuarenta y siete pesos con ochenta y dos centavos) por concepto de intereses ordinarios generados desde el dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete al veintiuno de enero de dos mil veinte. Y la suma de $143,797.36 (ciento cuarenta y tres mil setecientos noventa y siete pesos con treinta y seis centavos) por concepto de intereses moratorios generados desde el veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho al veintiuno de enero de dos mil veinte. Cantidades estas últimas que fueron aprobadas en la interlocutoria. Las anteriores sumas arrojaron un total de $700,245.18 setecientos mil doscientos cuarenta y cinco pesos con dieciocho centavos, y sobre las cuales calculó los honorarios profesionales. Determinó que en términos del artículo 6 de la Ley de Arancel de Abogados en el Estado de Michoacán, correspondía al abogado litigante el pago del 8%, de dicho monto, por lo que de la operación aritmética respectiva obtuvo un total de $56,019.61 cincuenta y seis mil diecinueve pesos 61/100 moneda nacional. De igual forma, en términos del artículo 7 de la Ley de Arancel en cita, de dicha cantidad obtuvo las dos terceras partes, puesto que el juicio fue seguido en rebeldía del demandado. Por lo tanto, de la operación aritmética correspondiente, obtuvo un total de $37,346.40 treinta y siete mil trescientos cuarenta y seis pesos 40/100 moneda nacional, suma que fijó como concepto de honorarios profesionales calculados hasta el veintidós de enero de dos mil veinte. Lo anterior, denota que contrario a lo referido por el quejoso, el juez de origen sí emitió las razones legales que le permitieron cuantificar el concepto de honorarios profesionales, así como las operaciones aritméticas que llevó a cabo para tal efecto, y al ser ello así, su motivo de disenso resulta infundado. En esos términos, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación propuestos, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Sergio Cabrera Rojas, en contra del acto reclamado y autoridad señalada como responsable en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, hasta hoy veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.
- Principal
Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 649/2020 promovido por Carlos Sergio Cabrera Rojas contra actos del Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo le resultó el carácter de tercero interesado a la persona moral Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, antes Financiera Rural y Ana María Cabrera Rojas, quienes fueron debidamente emplazados como se corrobora de las constancias que obran agregadas al presente juicio. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en juicio ejecutivo mercantil 9/2019, probanza que fue admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.EL SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON SEDE EN MORELIA, EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 43, PÁRRAFO SEGUNDO Y 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE MAYO DE 1995, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO; AUTORIZACIÓN QUE FUE NOTIFICADA MEDIANTE OFICIO CCJ/ST/2634/2021, SIGNADO POR EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LICENCIADO LEONEL LÓPEZ PÉREZ SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MARBELLA JUÁREZ GARCÍA
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