Carlos Ruben Sosa Aguirre
Expediente 1026/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1026/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Ruben Sosa Aguirre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1026/2019, promovido por ********************, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que en proveído de cinco de julio de dos mil diecinueve la admitió a trámite y la registró bajo el número de expediente 1026/2019, se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Seguido el trámite respectivo, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado se atribuye a autoridades con residencia dentro del lugar donde este juzgado ejerce su jurisdicción. Segunda. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, los actos reclamados por la parte quejosa, consisten en lo siguiente: El secuestro y embargo de un carro de Golf, usado, marca ********************, sin modelo ni número de serie, color amarillo de dos plazas, que aduce es de su propiedad, ordenado a través del oficio ********************, derivado del procedimiento administrativo en materia aduanera originado mediante orden de visita domiciliaria ********************, notificada a la contribuyente ******************** y contenida en el oficio ********************. Dicha visita domiciliaria fue con el objeto de efectuar la verificación de la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación en el país, de mercancías de procedencia extranjera. El oficio ******************** de fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve, dirigido al quejoso y notificado el diez siguiente, a través del cual, el Director de Auditoría y Revisión Fiscal, le informa el embargo precautorio practicado en el vehículo de procedencia extranjera de su propiedad, así como el inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Tercera. Inexistencia del acto reclamado. La Jefa de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso, en representación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado [fojas 34 a 41], negó la existencia del acto reclamado, con lo cual se dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido. No obstante lo anterior, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable en cita, aun cuando se le dio vista con el informe justificado, a pesar de que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." De modo que, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad señalada en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a la autoridad de que se trata. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarta. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Director de Auditoría y Revisión Fiscal adscrito a la Dirección General de Política Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, así como los Visitadores adscritos a la misma, al rendir su informe justificado en forma conjunta, aceptaron la existencia del acto reclamado [fojas 34 a 100]. Certeza que se corrobora con las constancias que en copia certificada remitieron como complemento a su informe, consistentes en copia certificada del expediente abierto a nombre de ********************, y las constancias del procedimiento administrativo en materia aduanera originado mediante orden de visita ********************M, en el que se ordena la práctica de visita domiciliaria de treinta de mayo de dos mil diecinueve mediante oficio ********************, así como el oficio ******************** de fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve, notificado al quejoso respecto del embargo precautorio del vehículo de procedencia extranjera de su propiedad y el inicio del respectivo procedimiento en Materia Aduanera. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, se tiene demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Quinta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, las autoridades responsables Director de Auditoría y Revisión Fiscal adscrito a la Dirección General de Política Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, así como los Visitadores adscritos a la misma, en su informe justificado rendido en forma conjunta -foja 39- hacen valer las siguientes causales de improcedencia: a) No son actos de imposible reparación. Refieren que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque los actos consistentes en el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera no son definitivos y por ende, no pueden afectar la esfera jurídica del quejoso, por lo que tales actos no son impugnables sino hasta que se produzca la resolución final del procedimiento. El anterior planteamiento es infundado, porque contrario a lo que sostienen las autoridades responsables, el quejoso se ostenta tercero extraño al procedimiento administrativo de referencia, y solicita la tutela constitucional al considerar violado su derecho a la propiedad, de ahí que proceda realizar el análisis relativo a dicha inconstitucionalidad en el apartado correspondiente, ya que en todo caso, ese aspecto será materia del fondo en este asunto. b) Definitividad. Las responsables invocan la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, porque el quejoso reclama la emisión de una orden de visita domiciliaria emitida por la Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, en cuanto autoridad fiscal, por lo que previo a promover el juicio de amparo debió agotar el juicio contencioso administrativo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No se actualiza la causal invocada. En efecto, el numeral y fracción citados disponen: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.]". Con antelación al desarrollo del estudio de la improcedencia citada, cabe destacar que el principio de definitividad en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general, que se encuentra delimitada por una serie de excepciones extraídas de la ley y de su interpretación efectuada por el Supremo Tribunal Constitucional de nuestro país. Así, del precepto citado en los párrafos precedentes, se desprenden diversas excepciones al principio citado atendiendo particularmente a la naturaleza del acto reclamado, destacando como tales: Que la ley que prevea el medio de defensa respectivo, no permita la suspensión de los efectos del acto; Que los alcances de la suspensión que establezca la ley aplicable al acto, no sean los mismos que la ley reglamentaria del juicio de amparo; Que la ley que prevea el recurso, exija mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva, que aquellos requeridos por la Ley de Amparo; Que la ley ordinaria establezca un plazo mayor que el que señala la ley de la materia, para el otorgamiento de la suspensión provisional (independientemente que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido); Que el acto reclamado carezca de fundamentación; Que la parte quejosa sólo alegue violaciones directas a la Constitución; y, Que la parte quejosa sólo realice argumentos que no puedan ser analizados por la autoridad que en sede administrativa le corresponda conocer del juicio de nulidad respectivo. Por lo que, la actualización de alguna de las premisas detalladas, haría entonces innecesario agotar los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes de conformidad con la ley del acto, antes de acudir al juicio de amparo. En ese mismo orden de ideas, vía interpretativa la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 238/2011, suscitada entre el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, destacó un diverso caso de excepción al principio general de definitividad que nos ocupa [8], tomando en consideración la calidad de la persona agraviada; pues determinó esencialmente, que el tercero extraño al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, no estará obligado a agotar el recurso, juicio o medio ordinario de defensa derivado de la ley, previamente a ejercitar la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 18/2011 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 170, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN NO DEBE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS TRIBUNALES DE AMPARO SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. Al ser una formalidad esencial en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias cuando el quejoso no es emplazado al mismo o es citado en forma distinta de la prevenida por la ley, -lo que le ocasiona el desconocimiento total del procedimiento-, debe equiparársele a un tercero extraño, debido a que esa situación constituye una violación manifiesta a la ley que le produce indefensión, siendo obligatorio para los tribunales de amparo suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, con fundamento en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. En esta circunstancia es factible que promueva el amparo indirecto sin necesidad de esperar el dictado de la resolución definitiva y sin agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima inconstitucional, en razón de que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado al haber sido emplazados correctamente y, en ningún caso, a los terceros extraños por equiparación, pues en relación con ellos, no se establece en sede constitucional o legal restricción alguna para la promoción del juicio de amparo". Una vez precisado lo anterior, este juzgador considera que se actualiza la excepción que se identifica con el número "6". Es así, porque el quejoso en sus conceptos de violación argumenta violaciones directas a los preceptos 1º, 14, 16 y 17 Constitucionales, específicamente la garantía de audiencia; de ahí que no haya tenido la obligación de promover el juicio contencioso administrativo antes de acudir al juicio de amparo. c) No es la última resolución. Sostienen las propias autoridades que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, incisos a) y b) de la Ley de Amparo, toda vez que no se está en presencia de una resolución definitiva emitida por la autoridad fiscal, en la que se determine la situación jurídica del auditado; y el embargo practicado en la mercancía de origen y procedencia extranjera se practicó como consecuencia del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera originado mediante la orden de visita domiciliaria en el expediente ********************, de modo que no afecta la esfera jurídica del gobernado. Es infundada la causal invocada. Se considera lo anterior, porque el precepto 107, fracción III, de la Ley de Amparo, en sus fracciones a) y b), establece que el juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y contra actos que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De tal suerte, el embargo del vehículo propiedad del quejoso decretado en el procedimiento administrativo de ejecución constituye un acto de imposible reparación, porque imposibilita al particular afectado para disponer materialmente de sus bienes, de ahí que se trate de un acto fuera de juicio que afecta de manera inmediata los derechos sustantivos del impetrante del amparo y por ende, hace procedente la presente instancia constitucional. Finalmente, y toda vez que las partes no invocaron diversa causal de improcedencia de la acción constitucional ni de manera oficiosa se advierte la existencia de alguna; se procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Sexta. Estudio respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, en sus conceptos de violación el quejoso esencialmente aduce que se violan sus derechos consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 17 Constitucionales, porque las autoridades responsables ordenaron el embargo dentro de un procedimiento en el que no es parte, sin existir un procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales y pueda defenderse, ofrecer pruebas y desvirtuar los hechos, por lo que no ha sido oído y vencido en el juicio. Asimismo, refiere que de la notificación que le hiciere la autoridad responsable -y que anexa a su demanda-, se advierte que sin existir procedimiento legal alguno en su contra, embarga un carro de golf de su propiedad, sin darle la oportunidad de defenderse, dado que dicho embargo fue ordenado en un procedimiento del que las obligaciones que derivan a cargo del ******************** no son su responsabilidad, ya que su patrimonio no forma parte de los bienes que pudieran ser afectados en ese procedimiento. Al efecto, cita el criterio de rubro "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO DEPENDEN DEL SUPUESTO EN QUE SE UBIQUE EL QUEJOSO CON ESE CARÁCTER". Los conceptos de violación deben calificarse de infundados. En efecto, el quejoso reclama el secuestro y embargo de un carro de Golf, usado, marca ********************, sin modelo ni número de serie, color amarillo de dos plazas, que aduce es de su propiedad, así como el oficio ********************, que le fue notificado personalmente el diez de septiembre de dos mil diecinueve. Lo anterior, derivado del procedimiento administrativo en materia aduanera originado mediante orden de visita domiciliaria ********************, contenida en el oficio ******************** de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, por el que se ordenó la visita domiciliaria al contribuyente ******************** Morelia Propiedad en Condominio. Luego, de entre las constancias exhibidas tanto por el propio quejoso como por las autoridades responsables, y específicamente el oficio ******************** [fojas 23 a 25 y 94 a 96], se advierte que en la referida visita domiciliaria se decretó el embargo precautorio de la mercancía relacionada en el acta respectiva, entre otros, el "Caso No. 12", consistente en el carro de Golf marca ********************, en virtud de que el contador auxiliar del contribuyente visitado, quien tenía la posesión del vehículo al momento de la visita, no presentó documentación con la que acreditase la legal importación, tenencia y/o estancia del vehículo de procedencia extranjera, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley Aduanera, la autoridad fiscalizadora consideró actualizada la causal de embargo precautorio señalada en el numeral 151, primer párrafo, fracción III, de la citada Ley. Sin embargo, si bien la visita de inspección contenida en el oficio ******************** de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, se ordenó practicar al contribuyente ********************, lo cierto es que derivado de esa actuación, y en atención a lo manifestado por el representante legal de la contribuyente visitada, el Director de Auditoría y Revisión Fiscal, mediante notificación personal practicada el diez de septiembre de dos mil diecinueve, hizo del conocimiento del quejoso ********************, el embargo decretado en un vehículo de su propiedad, así como el inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que se le instruye, indicándole que cuenta con el término de diez días para aportar pruebas o hacer manifestaciones a que se refiere el artículo 155 de la Ley Aduanera [fojas 97 a 100]. En esa virtud, no es posible afirmar que el quejoso tenga la calidad de tercero extraño al procedimiento aduanero de origen, pues la autoridad responsable lo incorporó al mismo mediante la notificación personal que le practicó del referido oficio ********************, que el propio quejoso adjuntó a su demanda de amparo, de modo que a partir de su notificación tiene conocimiento de su incorporación al referido procedimiento y del plazo con que cuenta para ofrecer por escrito las pruebas y alegatos que a su derecho convenga en relación con el bien mueble que aduce es de su propiedad. Luego, tenemos que el numeral 151 de la Ley Aduanera establece una medida provisional consistente en el embargo precautorio de bienes materia de una infracción a las disposiciones aduaneras, con su consecuente indisponibilidad, para evitar que se siga cometiendo tal infracción mientras se resuelve en definitiva el procedimiento administrativo respectivo. Al respecto, en la jurisprudencia número P./J. 40/96, publicada en la página cinco del Tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN"; el Pleno de nuestro más Alto Tribunal ha sostenido que son actos privativos aquellos cuya finalidad connatural perseguida es la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado y la Constitución los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en su artículo 14, y que si el acto de autoridad por su propia naturaleza y finalidad no tiende a la privación definitiva y sólo es un medio para lograr otros propósitos, no será acto privativo sino de molestia. En esta tesitura, la medida cautelar de referencia no produce privación de derechos del aquí quejoso, por lo que la constitucionalidad de su regulación no depende de que aisladamente cumpla con la exigencia de la garantía de audiencia previa al afectado sino que, en todo caso, debe ajustarse a la garantía de seguridad jurídica a que se contrae el precepto 16 de nuestra Carta Magna. Las anteriores consideraciones se advierten de la tesis XIV.2o.59 A, visible a fojas 1214 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, materia Constitucional, Administrativa, registro 186952, del epígrafe y texto siguientes: "EMBARGO PRECAUTORIO. EL NUMERAL 151 DE LA LEY ADUANERA NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. El numeral 151 de la Ley Aduanera establece una medida provisional consistente en el embargo precautorio de bienes materia de una infracción a las disposiciones aduaneras, con su consecuente indisponibilidad, para evitar que se siga cometiendo tal infracción mientras se resuelve en definitiva el procedimiento administrativo respectivo. Ahora bien, en la jurisprudencia número P./J. 40/96, publicada en la página cinco del Tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN."; el Pleno de nuestro más Alto Tribunal ha sostenido que son actos privativos aquellos cuya finalidad connatural perseguida es la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado y la Constitución los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en su artículo 14, y que si el acto de autoridad por su propia naturaleza y finalidad no tiende a la privación definitiva y sólo es un medio para lograr otros propósitos, no será acto privativo sino de molestia. En esta tesitura, la medida cautelar de referencia no produce privación de derechos, por lo que la constitucionalidad de su regulación no depende de que aisladamente cumpla con la exigencia de la garantía de audiencia previa al afectado sino que, en todo caso, debe ajustarse a la garantía de seguridad jurídica a que se contrae el precepto 16 de nuestra Carta Magna." Máxime que, con dicha medida cautelar no se persigue garantizar el interés del fisco respecto del pago de contribuciones al comercio exterior sin que el crédito correspondiente esté determinado y sea exigible, por el contrario, su finalidad es impedir que se posean, transporten o manejen mercancías prohibidas o aquellas en relación con las cuales no se acredite su legal estancia en el país, es decir, el objeto de la medida cautelar es embargar las mercancías que se introduzcan a la República mexicana por lugares no autorizados; que estén prohibidas o no estén amparadas con la documentación que acredite el cumplimiento de las regulaciones y restricciones que para su tenencia, transporte o manejo exijan las normas legales; excedan de la cantidad declarada en el pedimento, o bien, que carezcan del pedimento respectivo; ello, atento que el interés social exige el debido respeto al orden público y jurídico establecidos. Ilustra lo antes expuesto, la jurisprudencia 26/2001 en materia Constitucional-Administrativa sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, Novena Época, registro 189473 del epígrafe y texto: "EMBARGO PRECAUTORIO. EL ARTÍCULO 151, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY ADUANERA QUE LO PREVÉ, NO ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. El artículo 151, fracciones II y III, de la Ley Aduanera, que establece la facultad de las autoridades aduaneras para proceder al embargo precautorio de mercancías de procedencia extranjera respecto de las cuales no se haya acreditado su legal estancia en el país o de mercancías de importación o exportación prohibidas o sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias si no se comprueba su cumplimiento o el pago de las cuotas correspondientes, no infringe las garantías protegidas por el artículo 16 constitucional. Ello es así, porque con dicha medida cautelar no se persigue garantizar el interés del fisco respecto del pago de contribuciones al comercio exterior sin que el crédito correspondiente esté determinado y sea exigible, por el contrario, su finalidad es impedir que se posean, transporten o manejen mercancías prohibidas o aquellas en relación con las cuales no se acredite su legal estancia en el país, es decir, el objeto de la medida cautelar es embargar las mercancías que se introduzcan a la República mexicana por lugares no autorizados; que estén prohibidas o no estén amparadas con la documentación que acredite el cumplimiento de las regulaciones y restricciones que para su tenencia, transporte o manejo exigen las normas legales; que excedan de la cantidad declarada en el pedimento, o bien, que carezcan del pedimento respectivo; ello, atento que el interés social exige el debido respeto al orden público y jurídico establecidos." Por tanto, si bien todo gobernado goza del derecho fundamental de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad, debe decirse que el embargo precautorio decretado en el vehículo propiedad del quejoso como todo acto de molestia, sólo necesita cumplir con los requisitos formales y materiales a que se contrae el artículo 16 constitucional, pues no se trata de un acto privativo, sino de un acto de molestia provisional. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 18, tomo VII, de marzo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 196727, de rubro y texto: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación aducidos por el quejoso y no advertirse deficiencia que suplir, procede negar la protección constitucional solicitada. Séptima. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, fracción IV, 35, 37, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho, en términos de lo expuesto en la consideración tercera de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por su propio derecho, por el acto, autoridades y razones contenidas en la consideración sexta del presente fallo. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de diciembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que al día de hoy se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que en proveído de veintiuno de octubre del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Notificador de la Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración, con residencia en esta ciudad. En tal virtud, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las diez horas con treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por la Jefa de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de quince de octubre del año en curso, manifiesta que el informe que se tuvo por recibido en este juzgado el catorce del mes y año que transcurre también se rindió en representación del Notificador de la Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe rendido por la Jefa de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, en representación del Notificador de la Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración, con residencia en esta ciudad. Hágase nueva relación de dicho informe en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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En Morelia, Michoacán, a las trece horas con diez del veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia correspondiente al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1026/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. Dentro del periodo probatorio el secretario da nueva cuenta con las documentales ofertadas por la parte quejosa y hace constar que las demás partes nos las formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las probanzas referidas y se declara precluido el derecho de las demás partes para ofertar pruebas. Asimismo, dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tiene por precluído el derecho de las partes para hacerlo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: Autoridades responsables: Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán; Director de Auditoría de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán; y, Notificador de la Dirección de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán. Todos con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: El embargo del bien mueble consistente en el carro de golf marca EZGO MARATHON, modelo 1978, con número de serie 136872, propiedad del aquí quejoso, ordenado dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera seguido contra Club Campestre de Morelia, propiedad en condominio. Segunda. Al momento de rendir su informe previo, el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, manifestó que no es cierto el acto que se le reclama. En ese contexto, lo procedente es negar la suspensión solicitada, únicamente respecto del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia publicada en la página 133, Tomo ll, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados, Julio 1995, de rubro: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO." Tercera. Al momento de rendir su informe previo, las siguientes autoridades: 1. Director de Auditoría de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán; y, Notificador de la Dirección de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán. Ambas con residencia en esta ciudad, manifestaron que es cierto el acto que se les atribuye. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado, respecto de las consecuencias jurídicas, por tanto, se niega la medida cautelar solicitada, en virtud de que no acredita ni siquiera presuntivamente su interés jurídico para tal efecto. Apoya a lo anterior, la tesis VI.1o.A.8 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 920, del Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, materia civil, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO EN UN PROCEDIMIENTO DE BIENES MUEBLES EMBARGADOS. PARA ACREDITAR SU POSESIÓN, NO BASTA LA PRESUNCIÓN A LA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 802 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. La sola presunción a que se refiere el artículo 802 del Código Civil Federal (el cual establece que la posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes muebles que se hallen en él), no basta para justificar la posesión de los bienes embargados en un procedimiento respecto del cual el quejoso tiene el carácter de tercero extraño, ya que para tal efecto es necesario que se ofrezcan otras pruebas idóneas que acrediten de manera fehaciente que el impetrante tiene la posesión de los muebles embargados, y de esa forma se justifique el interés jurídico, si se toma en consideración que éste no puede ser presuntivo, sino que debe probarse plenamente." Asimismo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis publicada en la página doscientos sesenta y dos, Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERÉS JURÍDICO. El promovente del amparo, al solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, está obligado a demostrar aun en forma presuntiva su interés jurídico, cuando dada la naturaleza del acto en contra de la cual se pide, no pueda desprenderse del texto de la propia demanda tal presunción y así dejar satisfechos todos los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de amparo, por lo que no es el caso, de que a pesar de la falta de prueba, que demuestre siquiera en forma presuntiva el interés jurídico, debe concederse la suspensión provisional y dejar al quejoso expedito su derecho para que lo demuestre hasta la audiencia incidental, donde debe resolverse sobre la procedencia de la definitiva, pues esto solamente podría darse, cuando se hubiere concedido la provisional y dentro del trámite del incidente, se impugnará el derecho del peticionario de garantías, alegando que no tiene interés jurídico para pedir la medida cautelar." Sin que pase desapercibido para el juzgador que mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre del año en curso, el quejoso exhibió un documento con el que pretende acreditar la propiedad del bien mueble consistente en un carro de golf marca EZGO MARATHON, modelo 1978, con número de serie 136872; sin embargo, dicho documento no ampara la compra del citado vehículo, además de que el mismo fue expedido por la persona moral "GlobalDent, S.A. de C.V.", cuyo giro es la distribución de productos y equipo médico dental, como se advierte de la leyenda impresa en dicha documental. Por lo anteriormente expuesto se resuelve: Único. Se niega a Carlos Rubén Sosa Aguirre, la suspensión definitiva en términos de la consideración segunda y tercera de esta interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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