Carlos Pimentel Reyes

Expediente 345/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
345/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
15/05/2018

Partes del expediente

  • Carlos Pimentel Reyes
  • Luis Pimentel Herrera
  • Laura Pimentel Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

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  2. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, concedido a la parte quejosa para que cumpliera con la prevención contenida en proveído de veinte de abril del año en curso, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Luis Pimentel Herrera, Carlos Pimentel Reyes y Laura Pimentel Herrera, quienes se ostentan como mandatarios jurídicos de Evangelina Herrera Acevedo. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.JMG/jjsg*

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de tres de mayo de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción III, de la Ley de Amparo

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Pimentel Herrera, Carlos Pimentel Reyes y Laura Pimentel Herrera, quienes se ostentan como mandatarios jurídicos de Evangelina Herrera Acevedo, contra actos del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 345/2018. Atento lo anterior, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, bajo protesta de decir verdad y apercibida de que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario en caso de afirmar hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, previstas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, realice lo siguiente: Aclaren qué acto reclamado en específico le atribuyen al Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, en relación con el ámbito de su respectiva competencia; Precisen bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Exhiban copias suficientes del documento con el que acreditan la personería con que comparecen a la presente instancia constitucional, para cada una de las partes En su caso, indiquen la fecha exacta y la manera en que tuvieron conocimiento de los actos; y, Exhiban copias de su escrito aclaratorio, suficientes para correr traslado a la totalidad de las partes. Lo anterior, atendiendo a la obligatoriedad de la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común de once de noviembre de dos mil dieciséis, con número de registro 2012992, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." Con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido se tendrá por no presentada la demanda, en términos del segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter; o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.JMG/Jjsg*

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