Carlos Vargas Rodriguez

Expediente 1258/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1258/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Vargas Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 31 de octubre de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 411/2023, promovido por ********************, por su propio derecho; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de abril de dos mil veintitrés (fojas 3-28), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 4°, 11, 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; órgano de control constitucional que la registró con el número de expediente 411/2023; en auto de doce de abril de dos mil veintitrés, la admitió (foja 30); solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; reconoció el carácter de tercero interesado a ******************** Aguilar Melchor así como a ********************agentes del ministerio público adscritos a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y se ordenó su emplazamiento. Cuarto. Ampliación de demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, la quejosa solicitó la ampliación de su demanda de amparo (foja 57). Quinto. Prevención respecto de escrito de ampliación de demanda y reconocimiento de carácter de tercera interesada. En auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés (foja 90), se reconoció el carácter de terceros interesados a ******************** ********************, Marcela ********************, ******************** y Ubaldo Cortés Francisco [víctimas directas y su asesor jurídico] y se ordenó su emplazamiento. Asimismo, se ordenó el emplazamiento de Tammi Anguiano Zamudio, agente del Ministerio Público de Litigación adscrita a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Por otra parte, en relación a la ampliación de demanda, se previno a la quejosa para que bajo protesta de decir verdad, manifestara de manera clara y precisa cuál era la pretensión de su escrito, puesto que éste órgano de control constitucional advertía que los actos que ahora señalaba ya formaban parte de la litis. Mediante escrito presentado el dieciséis de mayo del año en curso, ******************** cumplió con lo requerido por este juzgador (foja 116), por lo que en proveído de seis de junio de dos mil veintitrés (foja 130), este juzgado de distrito admitió la ampliación de demanda formulada respecto de los conceptos de violación. De igual manera, se solicitó al juez responsable remitiera copias autentificadas de las documentales que acreditaran la capacidad técnica de quien fungió como defensora pública federal del quejoso, así como las que permitieran identificar a la persona a favor de la cual fue expedida la cédula profesional. Asimismo, requirió a ******************** para que presentara en este órgano de control constitucional su cédula profesional original así como su credencial de elector u otra identificación oficial vigente. Sexto. Autoridad informa. En auto de trece de junio de dos mil veintitrés (foja 156), se tuvo al Magistrado responsable informando que los defensores privados de la quejosa fueron los licenciados ******************** En diverso proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés (foja 168), se tuvo al juez responsable dando cumplimiento a lo requerido en diverso de trece, ya que al efecto remitió copia autentificada de la cédula profesional de ******************** Séptimo. Emplazamiento de fiscal. El veintinueve de junio de dos mil veintitrés (foja 171), se ordenó emplazar al fiscal adscrito a la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Seguido el juicio por sus demás trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis P.VI/2004, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, la cual es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, con los criterios transcritos así como de la lectura integral de la demanda de amparo y su ampliación, los actos reclamados por el quejoso al Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, son: La resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el toca penal XI-23/2022, relativa al recurso de apelación interpuesto por la defensa privada en contra del auto de vinculación a proceso decretado en audiencia de siete de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 498/2022 seguida en contra de ******************** y de otros; por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de robo calificado grave, previsto y sancionado por los artículos 199, 200 fracción III, 202, 204, fracciones I, II, V y VII , todos del Código Penal del Estado, en detrimento de ********************así como del hecho que la ley señala como delito de robo de vehículo de motor terrestre, previsto y sancionado por el artículo 205 bis, párrafo segundo, fracciones I y V, todos del Código Penal del Estado en agravio de ********************; así como su ejecución. En dicha resolución, el Magistrado responsable, confirmó el auto de vinculación a proceso. Tercero. Certeza del acto reclamado. El Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos atribuidos por el quejoso (fojas 45 y 52). Certeza que se corrobora con el original del toca penal XI-23/2023 así como de los discos versátiles digitales que contienen los registros digitales de la causa de origen; las que dado su carácter de documentales públicas tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, por lo que así deberán tenerse para todos los efectos legales procedentes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 278, del Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 455/2012, registro digital 2004362, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Cuarto. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, lo conducente es examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. El Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado aduce, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues refiere que el quejoso no acreditó encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y que por tanto, no probó una afectación en su interés jurídico o legítimo. Lo argumentado en torno a dicha causa de improcedencia es infundado, ya que de autos se advierte que el quejoso no reclama una norma, sino la resolución que confirmó el auto de vinculación a proceso emitido en su contra, lo que evidentemente afecta su interés jurídico. Ahora bien, toda vez que las demás partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna de ellas, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Sentado lo anterior, el peticionario de amparo expresó los conceptos de violación que a su juicio le ocasiona el acto reclamado, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Como se explicará en párrafos posteriores, los motivos de inconformidad que son infundados, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso lo perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, además que el acto reclamado [la resolución que confirmó el auto de vinculación], no transgrede los derechos fundamentales del quejoso previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se explicará en párrafos posteriores. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2014703, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna". Antes de iniciar el estudio de los conceptos de violación es necesario precisar que en la audiencia celebrada el siete de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 00498/2022, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, vinculó a proceso a ********************, por el hecho que la ley señala como delito de robo calificado grave, previsto y sancionado por los artículos 199, 200 fracción III, 202, 204, fracciones I, II, V y VII , todos del Código Penal del Estado, en detrimento de ********************así como del hecho que la ley señala como delito de robo de vehículo de motor terrestre, previsto y sancionado por el artículo 205 bis, párrafo segundo, fracciones I y V, todos del Código Penal del Estado en agravio de ********************. Inconforme con dicha determinación, ********************, por conducto de sus defensores particulares Gerardo López y Servando Eduardo Barrera Tafolla, interpusieron recurso de apelación, del cual conoció la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; órgano jurisdiccional que lo registró como toca penal XI-23/2022 y lo resolvió el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en el sentido de confirmar el auto de vinculación a proceso. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Asimismo, es necesario traer a contexto los hechos con apariencia de delito materia de la controversia: "Que el día 04 de abril del año 2022, siendo aproximadamente entre las 15:30 y 16:00 horas, se encontraba las víctimas del hecho ********************y dos menores de edad de iniciales N.O.A. y J. M. O. A., en su domicilio ubicado en calle ********************número ******************** de la Colonia Vasco de Quiroga, de la ciudad de Morelia, Michoacán, lugar hasta donde llegaron los investigados ******************** y ******************** Almedia Zamora, en compañía de dos sujetos más, uno del sexo masculino y otro del sexo femenino, hasta el momento desconocidos, llegando primero ******************** en compañía de la otra femenina, tocando la puerta del domicilio de las víctimas, a quien conocían tiempo antes precisamente porque ********************, en ocasiones anteriores la C. ******************** le había dado unos vales de Hermanos y Deportenis, por lo que ya habían pactado la cita para ese día y a esa hora, esto por mensajes de whatsapp, con la finalidad de que ésta le entregara un dinero de dichos vales, pero en esta ocasión tenían un pago pendiente, motivo por el cual habían quedado de verse en su domicilio, una vez estando en el interior del inmueble ya señalado, ******************** y la otra fémina, tocaron la puerta del domicilio, fueron y abrieron la misma, momento en el que dos sujetos del sexo masculino; siendo precisamente ********************y el otro sujeto masculino, ingresaron al mismo de forma violenta, momento en el que uno de ellos saco un arma de fuego tipo pistola entre sus ropas y agredió a la víctima ******************** ********************, mientras que el investigado ********************, ingresó al domicilio, donde la víctima ******************** Aguilar Melchor, se encontraba amagada por la investigada ******************** la y otra fémina, momento en que la víctima ******************** Aguilar le pregunta a la investigada ******************** que si ella estaba haciendo eso, respondiendo la investigada que sí, que se callara, cuando de repente la víctima ******************** Aguilar, logró zafarse de ellas, y subir a la planta alta de su casa, para llamar a la policía, siendo precisamente en el cuarto de sus hijos menores, en donde llegó el investigado ********************, quien comenzó a golpearla, así mismo la otra mujer, comenzó a amarrarla de pies y manos, para después llegar el cómplice de los investigados quien llevaba amagada a la víctima ******************** Aguilar, mientras que el investigado ********************, bajara hasta la habitación continua a la cocina, en donde se encontraba la víctima marcela ********************, a quien saco del cuarto y la llevo hasta la habitación donde se encontraban las demás personas, en donde también la mujer del sexo femenino la amarro, lugar en donde el cómplice del sexo masculino comenzó a hablar por teléfono con otro sujeto a quien se refería "Julián", diciéndole que hacía con las víctimas si se las llevaban o las mataban", así mismo en dicho lugar fue que le quitaron sus teléfonos celulares siendo esto un teléfono celular de la marca Apple iPhone 13 pro max, color dorado, capacidad 128 gb, con un valor de $32,000.00, el cual tiene como número 443-182-3716, con número de IMEI 358900784898980. Y el otro de la marca iPhone XS ma color dorado con capacidad de 64 gb, con un valor aproximado de $24,000.00, el cual tiene con número 443-730-5981, el cual cuenta con un número de IMEl 353035117529601; así como una Tablet marca Hauwei color negro con un valor de $5,000.00 un disco duro marca Toshiba con capacidad de 2 terabyte con un valor de $1,000.00 un reproductor de música de la marca Apple color blanco con un valor de $6,000.00; unos audífonos marca Apple color blanco con un valor de $4,000.00 una laptop marca Microsoft Surface pro 7 color gris, con un valor de $24, 000.00 una pluma marca Surface de color gris, con un valor de $3,999.00; lo cual asciende a la cantidad de $103,197.00; así como $20, 000.00 veinte mil pesos en efectivo los cuales traía la víctima ******************** ********************, que le habían sido entregados por parte de sus compañeros de la escuela para trámite de su titulación, para posteriormente el otro sujeto de sexo masculino quien en todo momento se SUPREMO TR SUSTICIA C encontraba hablado por teléfono con otro sujeto dijo "que hacemos con NOVENA SA ella, me las chingo o me las llevo", refriéndose precisamente a las MORELIA, víctimas del hecho, momento en el que trataron de bajar a la señora ******************** Aguilar Melchor por las escaleras para llevársela, lo cual no lograron por la oposición que ella presentó ante tales circunstancias y posteriormente las dos personas femeninas, es decir que ********************, y la otra fémina, salieron corriendo de la casa mientras que los masculinos siendo precisamente ******************** Almeida Zamora, y el otro sujeto hasta el momento desconocido, se subieron al vehículo propiedad del esposo de la víctima siendo un vehículo de la marca NISSAN, línea SENTRA, modelo 2000 de color azul, con número de serie 3NIDB41SOYK101565, abrieron el portón de la cochera, encendieron el vehículo y se dieron a la fuga llevándose el mismo, el cual fuera encontrado ese mismo día 04 de abril del 2022, abandonado en la misma ciudad de Morelia, Michoacán." Ahora bien, la quejosa en su "único" concepto de violación -en esencia- señala lo siguiente: El acto reclamado le causa agravio y perjuicio a sus derechos humanos, al haber sido aplicado inexactamente el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el magistrado confirmó el auto de vinculación a proceso basándose únicamente en sus agravios cuando estaba facultado para suplir la deficiencia de la queja. Existe indicio de presunción de inocencia en los hechos que se le atribuyeron; ya que no hay una probable intervención de ella en los hechos que la ley señala como delitos de robo calificado grave y robo de vehículo de motor terrestre; tiene derecho a ser considerada como inocente hasta en tanto no se establezca legalmente su plena responsabilidad en la comisión de un ilícito, a través de una resolución judicial efectiva. Solicita sean tomados los criterios con los rubros siguientes: "PRUEBA INSUFICIENTE CONCEPTO DE.", "DUDA ABSOLUTA ALCANCE DEL PRINPIO INDUBIO PRO REO" e "INFORME DE LA POLICÍA MINISTERIAL CARECE DE VALOR PROBATORIO". El Magistrado dejó de analizar y valorar varias afirmaciones y acciones que en su defensa se hicieron valer, ni siquiera profundiza en su estudio y resuelve sobre las mismas basado en el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente basándose en los agravios expresados por la defensa de la quejosa; no realizó un estudio profundo sobre la veracidad de los hechos, toda vez que las pruebas y denuncias de los hechos que se le imputan a la quejosa no pueden considerarse como las únicas pruebas, sino también aquellas pronunciadas y ofrecidas por la defensa, por lo que no concede un valor probatorio a la presunción de inocencia. El magistrado lo deja en estado de indefensión al confirmar el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, permitiendo que se le siga privando de su libertad, cuando existe la garantía de presunción de inocencia. El Magistrado no consideró al momento de resolver que, como lo establece el artículo 202 del Código Penal del Estado, la consumación para la aplicación de una sanción se dará por consumado el robo desde el momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada, aun cuando la abandone o la desapoderen de ella, lo que no ocurrió en el caso; además no tomaron en cuenta que existen alimentos que acreditan que no participó en ninguno de los hechos que se le imputan, menos en el hecho de amarrar, golpear a las presuntas víctimas, como se advierte de las denuncias y de los datos de prueba que señala la fiscalía, pues tampoco advierten las responsables que haya realizado los hechos que se le imputan. No existen medios de prueba suficientes que logren acreditar que portara un arme de fuego; esto es, omitieron observar que dentro de la carpeta de investigación de origen no existe aseguramiento de dicha arma de fuego para encuadrar el robo grave; menos se desprende que haya llevado algún bien mueble; omite analizar el dictamen que obra en la carpeta de investigación donde aprecia que no llevaba ningún bien materia del supuesto robo; no se percató que no existió ningún tipo de participación en los hechos que se imputan, tampoco observó que al no existir algún dato de pruebas, se puede distinguir no solo la presunción de inocencia, sino la inocencia de la quejosa. Los agentes del ministerio público, intentaron clasificar los hechos como delito de secuestro, basándose en manipulación y oscuridad de las declaraciones de las víctimas. Las autoridades responsables no tomaron en consideración que la carpeta de investigación se encuentra manipulada en todo momento, ya que es incompetente la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, para llevar a cabo la investigación desde un principio sobre el delito de robo y/o delito de robo grave y/o delito de robo de vehículo. Motivos de disenso que son infundados. En efecto, para evidenciar lo infundado de los argumentos identificados por este juzgador como incisos a) y c) es necesario transcribir el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 461. Alcance del recurso. El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente". Del numeral transcrito se advierte lo siguiente: El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento. El órgano jurisdiccional sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente. En ese contexto es evidente que, contrario a lo señalado por la quejosa, el Magistrado aplicó correctamente el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que éste lo constriñe a pronunciarse únicamente sobre los agravios expresados por los recurrentes ya que le prohíbe extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso. Y si bien es cierto que establece como excepción cuando se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado, debe entenderse que el Magistrado no advirtió que se hubieren violado los derechos fundamentales de la imputada; máxime el propio numeral señala que cuando el órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Por lo tanto, debe entenderse que si el Magistrado no advirtió que se hubieran violado en perjuicio de la quejosa derechos fundamentales, no tenía por qué suplir sus agravios y tampoco tenía asentar en el acto reclamado tal situación y como consecuencia fue legal que hubiera confirmado el auto de vinculación a proceso basándose únicamente en los agravios de la aquí quejosa. También es infundado el concepto de violación en el que la quejosa señala que se viola su derecho fundamental a la presunción de inocencia porque no existen datos de prueba que acrediten su probable responsabilidad [incisos b) y d)]. Lo anterior, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de amparo en revisión 349/2012 estableció que existen tres vertientes de la presunción de inocencia en sede penal: Como regla de trato procesal. Como regla probatoria; y, Como estándar de prueba. Así, como "regla de trato", exige que toda persona a sea tratada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, por ello, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. Como "regla probatoria", establece las características que deben reunir los medios de prueba y quién debe aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado. En tanto que, como "estándar de prueba" exige a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. Las referidas conceptualizaciones se encuentran contenidas en los criterios jurisprudenciales siguientes: Época: Décima Época Registro: 2006092 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 24/2014 (10a.) Página: 497 "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena." Época: Décima Época Registro: 2006093 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 25/2014 (10a.) Página: 478 "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "regla probatoria", en la medida en que este derecho establece las características que deben reunir los medios de prueba y quién debe aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado." Época: Décima Época Registro: 2006091 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 26/2014 (10a.) Página: 476 "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar." Bajo dichas consideraciones es infundado el concepto de violación en el que la quejosa aduce que se viola su derecho a la presunción de inocencia, porque no existen elementos objetivos en los que exista un señalamiento directo en su contra, sobre todo por lo que ve a amarrar o golpear a las presuntas víctimas, por dos aspectos. El primero, porque no es necesario que en la etapa procesal en la que se encuentra el asunto, exista un señalamiento directo, sino que es suficiente que se acredite la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en la comisión de un hecho delictivo, sin que se establezca con un grado de certeza la existencia de ese hecho y la participación del imputado, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria. Y el segundo, porque el principio de presunción de inocencia reposa en la necesidad de garantizar al imputado que no será condenado sin que existan pruebas suficientes que destruyan su estatus de inocente, de forma que, tendrá aplicación, preponderantemente, en las actuaciones del juicio en las que buscará evitar que se sancione penalmente al probable responsable antes de que se demuestre su culpabilidad en sentencia definitiva; de ahí que, su aplicación en la etapa procesal de vinculación a proceso se limite a la vertiente de regla de trato, que como ya se dijo, supone la obligación de que el quejoso sea tratado como inocente hasta en tanto no se declare su culpabilidad mediante sentencia condenatoria. Aunado a ello, como correctamente lo estableció tanto el juez como el Magistrado, ******************** Aguilar Melchor hizo una imputación directa en su contra, ya que refirió que ******************** como la persona que la acompañaba el día de los hechos, la habían agarrado de los brazos; y si bien, la diversa víctima ******************** ********************, no expuso tal circunstancia, el Magistrado analizó ese punto de discordia y asentó que coincidía con las razones por las cuales el juez consideró legal que ello no restaba valor a lo declarado por la primera. Entre otras, que en este sistema penal la valoración de las pruebas es libre e implica que el juez debe valorar y analizar, sobre todo cuando se trate de entrevistas, la referencia de las manifestaciones que realizan las personas en función de su propia circunstancia, contexto y de lo que pudieron ver o percibir independientemente de dónde se encontraban o de la cercanía que tuvieran con otras personas o con el hecho mismo; que si hubiese escuchado que había plena coincidencia hasta en términos y palabras, de la referencia de la denuncia y entrevista, de ******************** Aguilar Melchor y de su hija ******************** ********************, consideraría que estaría en presencia de testimonios sospechosos, porque dos personas, aun siendo o teniendo relación de parentesco, no se conducen en los mismos términos, simplemente por la diferencia de edad, por lo que -adujo la Sala- el hecho de que ******************** ******************** no hubiese referido que ******************** León y la persona del sexo femenino que la acompañaba, habían agarrado de los brazos a su mamá, no quiere decir que no hubiese sucedido, debido a que no percibió tal acción, no la retuvo en la memoria o no se le preguntó sobre ello. Además, el juez no solo se basó en ese dato de prueba, sino también en la entrevista de Marcela ********************; en el análisis del video realizado por la perito Nancy García Ramírez; en el informe policial homologado; entrevista de Marcelo Oaseguera Aguilar y en general en todos los datos de prueba que expuso la fiscalía en la audiencia de formulación la imputación de dos de febrero de dos mil veintitrés. Datos de prueba que, bajo el estándar probatorio requerido para poder emitir un auto de vinculación a proceso, eran suficientes para que el juez de control responsable lo dictara, pues con ellos -contrario a lo señalado por la quejosa- se justifica de manera probable que fue una de las personas que cometió el hecho que la ley identifica como delito de robo calificado grave y robo de vehículo de motor terrestre. Aunado a lo anterior, se insiste, el Magistrado no tenía por qué realizar un estudio oficioso del auto de vinculación a proceso y como consecuencia de ello de todos los datos de prueba en los que se apoyó el juez para emitirlo, a menos que hubiera advertido una violación a los derechos humanos de la quejosa, lo que en el caso no ocurrió. En los conceptos de violación identificados por este juzgador con el inciso e) y f), señala la quejosa que el Magistrado no consideró al momento de resolver que, como lo establece el artículo 202 del Código Penal del Estado, la consumación para la aplicación de una sanción se dará por consumado el robo desde el momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada, aun cuando la abandone o la desapoderen de ella, lo que no ocurrió en el caso; además no tomaron en cuenta que existen elementos que acreditan que no participó en ninguno de los hechos que se le imputan, menos en el hecho de amarrar, golpear a las presuntas víctimas, como se advierte de las denuncias y de los datos de prueba que señala la fiscalía, omite analizar el dictamen que obra en la carpeta de investigación donde aprecia que no llevaba ningún bien materia del supuesto robo. Motivos de inconformidad que son infundados, ya que contrario a lo precisado por la quejosa, el Magistrado sí consideró dichos argumentos, tan es así que al efecto señaló: "[.] Finalmente, inherente al agravio que se citó como 4, expuesto la defensa, se estima también infundado, porque la circunstancia que reclama del defensor, respecto a que de acuerdo a lo establecido al artículo 202 del Código Penal del Estado, se dará por consumado el robo desde el momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada, aun cuando la abandone o lo desapoderen de ella, lo que no ocurrió en ningún momento, tenía que hacerlo valer en audiencia, con la finalidad de que el juez que inmedió los datos de prueba, estuviera en condiciones materiales y formales de emitir el pronunciamiento al respecto, lo anterior con la finalidad de no trastocar en esta sala, el principio de contradicción, puesto que así lo ha sostenido el Máximo Tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis 412/2010, en lo conducente, en el sentido de que, conforme al primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta en dicho principio, que contiene en favor de las partes, el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obren en la carpeta, para poder controvertirlos, o bien hacer las aclaraciones que se estimen pertinentes, de manera que puedan participar activamente en la audiencia. De ahí que la presentación de los argumentos y contraargumentos de las partes procesales, así como de los datos en que sustenten sus respectivas teorías del caso, debe ser inmediata, es decir, en la propia audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de la información generada, y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador, sin conceder a ninguno de ellos, mayores prerrogativas que al otro. Bajo esa tesitura, es incuestionable que el agravio en análisis resulta novedoso, por lo que no podrá dirimirse en segunda instancia y, por ende, deberá quedar soslayado ante la inacción de la parte interesada en el momento procesal oportuno. De esa manera, atendiendo a que lo manifestado por la fiscalía se dirigió, entre otras cuestiones, a la confirmación del auto apelado, emitiendo argumentos que señalan que no deben ser procedentes los agravios de la parte apelante, y se aprecia que se comparten las determinaciones del juez de control, en los términos en que lo hizo; se estima innecesario abundarlos para dar contestación a ellos, además de que no tienen un impacto que repercuta en la modificación del auto recurrido. Por último, cabe señalar que en esta instancia se aprecia que el juez de control, a partir de la referencia del contenido de los datos de prueba al respecto justipreciada, que lo llevó a la conclusión de que probablemente fue la aquí imputada quien intervino en los hechos con apariencia de los delitos de Robo calificado grave y de Robo de vehículo de motor terrestre; se ajusta a los alcances de los principios de valoración lógica y libre contenidas en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. teniendo en cuenta además, el estándar probatorio para emitir un auto de vinculación a proceso; es decir, no requiere de un cúmulo de evidencias amplio, debido a que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar los hechos, y menos la responsabilidad de la imputada, sino sólo hace referencia a datos de prueba que establezcan en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión. Bajo ese contexto, la determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación hizo del conocimiento del juez de control y, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan y, por ende, en esta etapa procesal no es menester exigir un perfeccionamiento de los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo"'. Asimismo, por lo que ve al argumento de la quejosa, en el que señala que no existe dato de prueba que acredite su participación, ya que la única que señalaba una posible intervención en el hecho era ******************** Aguilar Melchor y que por ello no hay dato de prueba que implique su participación, porque no intervino en la sujeción de las víctimas, en golpearlas o en apoderarse material o directamente de los objetos; el Magistrado adujo que el juez tomó en consideración la referencia del contenido de los datos de prueba aportados por la fiscalía así como que al respecto dicho juzgador había determinado correctamente, que no era la única forma de intervenir o participar en un hecho, porque habrá de tenerse en cuenta el contexto, esto es, si ******************** Aguilera Melchor, respecto a que ******************** realizó actos de sujeción con la otra mujer en su contra y que ella se zafó, es un elemento suficiente para hablar de una intervención. Además -precisó el Magistrado- el hecho de que la aquí quejosa no hubiese golpeado directamente a alguna de las personas, ni las hubiese sujetado, no implica que no haya participado probablemente en los hechos, que si se hubiera tratado de una situación casual, en la que ella no tenía nada que ver, lo razonable hubiese sido huir del lugar en cuanto tuvo la primea oportunidad; es decir, en cuanto los dos sujetos y la mujer estaban en la planta alga; pudo pedir auxilio, llamar al 911, etcétera, por lo que estimó que el juez acertadamente concluyó que se trataba probablemente de una participación en la que hubo una distribución de actividades y lo que razonablemente se podía deducir en ese punto es que la imputada ******************** facilitó al resto de las personas, el ingreso al inmueble, en razón de la relación de confianza que tenía con las víctimas. Por otra parte, contrario a lo precisado por la quejosa en sus conceptos de violación identificados por este juzgador como g) y h) de la lectura de la carpeta digital de la causa penal 498/2022 e incluso de las constancias que integran el toca de apelación, no se advierte -como lo señala el quejoso- que los agentes del ministerio público hubieran intentado clasificar los hechos como delito de secuestro, basándose en manipulación y oscuridad de las declaraciones de las víctimas. En efecto, de la solicitud de audiencia privada de orden de aprehensión de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se advierte que el Agente de Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, señaló que se había cometido un hecho que la ley señalaba como delito de robo calificado grave. Asimismo, del acta de audiencia de formulación de imputación de dos de febrero de dos mil veintitrés, también se advierte que el ministerio público formuló imputación a ******************** por los delitos de robo calificado grave y robo de vehículo de motor terrestre, y no de secuestro como lo manifiesta la quejosa. Finalmente, la carpeta de investigación de origen no estuvo manipulada, toda vez que la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, estaba facultada para llevar a cabo la investigación desde un principio sobre el delito de robo y/o delito de robo grave y/o delito de robo de vehículo. En efecto, contrario a lo señalado por la quejosa, el hecho de que la carpeta de investigación de origen la haya realizado la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, no implica que esté manipulada, pues los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo no establecen las facultades de las fiscalías especializada. Sino que al Ministerio Público compete la investigación y persecución de los delitos, sus atribuciones y obligaciones, entre otros, pero no determinan que las fiscalías especializadas únicamente podrán investigar cuando se trate de delitos contemplados en dicha especialidad. Además, el inciso b) del artículo 24 de la mencionada ley, establece que las fiscalías especializadas actuarán en todo el territorio del Estado en coordinación con los órganos y unidades de la Fiscalía General. Máxime, el quince de octubre de dos mil dieciocho, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el "ACUERDO NÚMERO 21/2018 QUE EXPIDE EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CASOS EN LOS QUE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE COMBATE AL SECUESTRO, PODRÁ CONOCER DE DELITOS DISTINTOS A LOS DE SU COMPETENCIA". Acuerdo que evidencia que la Unidad Especializada de Combate al Secuestro puede conocer delitos distintos a los de su competencia. Por otra parte es inoperante el motivo de disenso en el que señala que el magistrado lo deja en estado de indefensión al confirmar el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, permitiendo que se le siga privando de su libertad, cuando existe la garantía de presunción de inocencia. Para sostener el sentido que se asume en esta sentencia, debe señalarse que opuesto a lo aducido por la parte quejosa, la prisión preventiva oficiosa sí constituye una limitación constitucional a un derecho humano, la cual es de aplicación estricta, en razón a que se encuentra claramente establecida, tanto en la norma fundamental como el Código aplicado en la medida cautelar, por ende, ésta debe prevalecer. Lo anterior, lo obtenemos de los alegatos expuestos por el Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en el caso "Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México"- en los que, con relación a la responsabilidad que se le imputó respecto a la negativa de derogar disposiciones de derecho interno al arraigo y a la prisión preventiva oficiosa, señaló en concreto respecto a la prisión preventiva oficiosa, no representa una pena, sino una medida cautelar que busca asegurar que los indiciados no se sustraigan de la justicia; lo que interpretado puede asumirse como una limitación Constitucional al principio de presunción de inocencia, tal y como se ve: ".87. Con relación a la alegada vulneración al deber de adoptar disposiciones de derecho interno por la existencia de la figura del arraigo, así como la de la prisión preventiva oficiosa, el Estado sostuvo que la existencia de esas dos figuras responde a contextos históricos en los cuales el país se sigue viendo afectado por el crecimiento de las capacidades financieras y estructurales, así como la internacionalización, de la delincuencia organizada. No obstante, sostuvo que ha llevado a cabo acciones para balancear su obligación de garantizar la seguridad pública de su población y combatir la delincuencia organizada, con su obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas. El Estado agregó que las reformas y modificaciones al arraigo han dado lugar a una caída drástica en el uso de dicha figura a nivel nacional, por lo que el carácter excepcional buscado desde su creación parece estar consolidándose. 88. El Estado afirmó asimismo que la prisión preventiva está contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 19 establece una lista exhaustiva de los delitos en los cuales se otorga oficiosamente. Sostuvo que esta medida no representa una pena, pues se trata más bien de una medida cautelar encaminada a asegurar la correcta impartición de justicia. Agregó que es una medida que se aplica a un número limitado de delitos, y que esta responde a la gravedad de las conductas específicas, así como a la necesidad de asegurar que los posibles responsables no se sustraigan de la acción de la justicia, además de que se puede dictar en consideración de las circunstancias de cada caso, permitiendo así el control jurisdiccional de la figura". Dicho eso, dado que ya quedó establecido que en el caso la prisión preventiva oficiosa configura una limitación constitucional; para dar sustento a la decisión que se asume, quien resuelve abordará el estudio del siguiente tópico: a) el marco constitucional y legal de la prisión preventiva oficiosa; Asimismo, deben contestarse las siguientes cuestiones: b) ¿la prisión preventiva oficiosa constituye una restricción expresa en el ejercicio al derecho a la presunción de inocencia?; c) ¿es posible ponderar un derecho humano constitucional y/ convencional -como la presunción de inocencia- frente a una restricción constitucional?. a) Marco constitucional y legal de la prisión preventiva oficiosa. En principio resulta conveniente traer a glosa el contenido del segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Fundamental, que prevé la prisión preventiva oficiosa, del tenor literal siguiente: "Art. 19.- [.] El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud". Esto es, del parámetro constitucional transcrito deriva, la obligación del juzgador de decretar la prisión preventiva de manera oficiosa en los casos en que se atribuya la comisión de hechos probablemente constitutivos de los delitos que ahí se precisan, entre los que se encuentran y en lo que en lo particular interesa, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En esta hipótesis el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa, sin necesidad de petición expresa del fiscal federal. Medida cautelar que se ve reflejada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los numerales 155, fracción XIV, y 167, de las que se señala: Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: [.] XIV. La prisión preventiva. [.] "Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente: I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero; XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260; XIII. Feminicidio, previsto en el artículo 325; XIV. Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis; XV. Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo; XVI. Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y XVII. Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Fiscal de la Federación, de la siguiente manera: I. Contrabando y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 105, fracciones I y IV, cuando estén a las sanciones previstas en las fracciones II o III, párrafo segundo, del artículo 104, exclusivamente cuando sean calificados; II. Defraudación fiscal y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 109, cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando sean calificados, y III. La expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales, superen 3 veces lo establecido en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento. La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad. Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del Órgano especializado en la materia. En los casos en los que la víctima u ofendido y la persona imputada deseen participar en un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, el o la Juez de Control podrá derivar el asunto al Órgano especializado en la materia, para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente". De la anterior transcripción se obtiene, la prisión preventiva oficiosa, en tratándose de delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea,-entre otros-. En ese orden, queda de manifiesto que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa Constitucional Prevista en el contexto del sistema penal acusatorio y oral, en los términos fijados por el Constituyente, se encuentra regulada en el artículo que antecede. b) ¿La prisión preventiva oficiosa constituye una restricción expresa en el ejercicio al derecho a la presunción de inocencia? Por principio debe señalarse en este apartado, que en términos procesales constitucionales, las restricciones constitucionales aluden al "género" y en la especie, las podemos distinguir como prohibiciones, limitaciones o excepciones constitucionales. Ahora, con relación a la restricción de los derechos fundamentales, debe decirse en primer término, que si bien éstos no deben ser condicionados en cuanto a su ejercicio, están sujetos a límites, explícitos o no, ya que estos derechos se tratan de atributos que jamás tienen alcance absoluto. De la misma forma, los derechos humanos no son absolutos, atendiendo al principio de interdependencia entre las diversas prerrogativas fundamentales, ya que además de suscitarse entre las que asisten a un individuo, se actualizan entre distintas personas en razón de la interrelación existente entre sus derechos humanos. Entonces, en una primera aproximación es posible afirmar que el ejercicio de los derechos fundamentales se encuentra restringido por determinadas exigencias propias de la vida en sociedad; reconocer, por tanto que los derechos están sujetos a limitaciones, no significa restar a estas facultades su máximo valor y relevancia en el ordenamiento jurídico; al contrario, debe entenderse que dichas restricciones buscan más bien prevenir que su titular no pueda ejercer válidamente una determinada prerrogativa en ciertas circunstancias de relevancia constitucional o colectiva. Las restricciones a los derechos fundamentales, de acuerdo a las circunstancias en las que operan, se clasifican en *Ordinarias; y, *Extraordinarias. Son restricciones ordinarias aquellas que operan siempre, y que afectan el ejercicio de un derecho tanto bajo condiciones de normalidad constitucional, como bajo situaciones de excepción constitucional; representan la regla general y se aplican en todo momento. En cambio, son restricciones extraordinarias (también llamadas "excepcionales"), aquellas que se producen sólo durante circunstancias de emergencia social o institucional, y que han dado curso a la declaración de estados de excepción constitucional. En cuanto al origen de la restricción, podemos encontrar: *Las que nacen del respeto por los derechos de las demás personas. *Las restricciones de origen material. *Las restricciones de origen positivo. Las primeras mencionadas se refieren a aquellas restricciones que nacen del respeto por los derechos fundamentales de los demás sujetos, es decir, de los demás miembros de la comunidad, lo cual le impide a cada titular del derecho, utilizar su derecho en perjuicio de otro. Esta limitación también involucra el cumplimiento del bien común. Al respecto, no se debe pasar por alto lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en ese aspecto dispone "Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática". Por lo que se refiere a las restricciones de origen material son aquellas que tienen que ver con las reales posibilidades del Estado, directamente o a través de las instituciones privadas que en virtud del principio de subsidiariedad colaboran con el mismo fin para responder a determinados derechos llamados "prestacionales" o de la "segunda generación". Estas restricciones se encuentran referidas exclusivamente a los derechos económicos y sociales, los cuales exigen condiciones suficientes que permitan satisfacerlos razonablemente; de tal modo que, la ausencia del referido contexto real significa, en la práctica, una verdadera limitación al ejercicio del derecho en cuestión. Es relevante destacar que esta clase de restricciones sólo pueden ser toleradas respecto de los mencionados derechos económicos y sociales, entendidos éstos como derechos generales positivos a acciones fácticas del Estado, toda vez que son los únicos dentro del esquema general de derechos fundamentales que dependen exclusivamente de las posibilidades reales de acción del aparato estatal. Finalmente, con relación a las restricciones positivas tenemos que son aquellas expresamente previstas por el ordenamiento jurídico vigente. Establecido lo anterior, en el caso el suscrito juzgador está en condiciones de afirmar que la prisión preventiva oficiosa sujeta a regularidad constitucional, constituye una limitación Constitucional a la presunción de inocencia. Esto, porque existe una limitación expresa al pleno y efectivo goce del derecho a la libertad, al tenor del catálogo de delitos a que se refiere el artículo 19 Constitucional; es decir, el Poder reformador de la Constitución, ordena que sea el Juez de Control quien en automático la imponga a una persona o a quien se le impute la probable comisión de uno o varios de los delitos que el propio precepto prevé. Lo que tiene sustento en la tercera razón anotada, esto es, en la limitación de origen positivo de la que se habló en los párrafos que anteceden, es decir, la que se refiere a aquéllas expresamente previstas por el ordenamiento jurídico vigente. Restricción constitucional que, por cierto, se encuentra justificada en los artículos 30 y 32.2, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señalan: "Artículo 30. Alcance de las Restricciones Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos (.) 2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad (sic) de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática." Como se desprende de lo anterior, en términos de Pacto San José, instrumento fundamental en la protección de derechos humanos en el sistema americano, los Estados parte han convenido que las restricciones convencionalmente permitidas, son aquellas que conforme a las leyes se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas, así como aquellas que resulten necesarias por razones de seguridad y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. Al respecto, es de citar la tesis 2a. CXXVIII/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2010428, que establece: "RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. ADICIONALMENTE A QUE SE TRATEN DE UNA MANIFESTACIÓN EXPRESA DEL CONSTITUYENTE MEXICANO QUE IMPIDE SU ULTERIOR PONDERACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, TAMBIÉN SE ENCUENTRAN JUSTIFICADAS EN EL TEXTO DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Conforme a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011 (*), las restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades prevalecen sobre la norma convencional, sin dar lugar a emprender algún juicio de ponderación posterior; razonamiento que generó, a su vez, que esta Segunda Sala emitiera el criterio jurisprudencial número 2a./J. 119/2014 (10a.) (**), relativo a que son inoperantes aquellos agravios en los cuales se pretenda desconocer el texto de la Ley Fundamental cuando se esté en presencia de una disposición que contenga una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional. Ahora bien, adicional a ello, de lo previsto en los numerales 30 y 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que los Estados Parte han dispuesto que las restricciones convencionalmente permitidas, son aquellas que por razones de interés general se dictaren en las leyes domésticas, con el propósito para el cual han sido establecidas, además de resultar ineludibles por razones de seguridad y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. En este sentido, las restricciones constitucionales encuentran sustento también en el propio texto del instrumento internacional en cita, pues se tratan de una manifestación soberana del Constituyente Originario o del Poder Revisor de la Norma Fundamental, en el que se incorporan expresamente este tipo de finalidades en la Constitución General. c) ¿es posible ponderar un derecho humano constitucional y/ convencional -como la presunción de inocencia- frente a una restricción constitucional? En concordancia con lo expuesto, el punto jurídico a clarificar en el asunto de que se trata, consiste en si es posible ponderar un derecho humano constitucional y/ convencional -como la presunción de inocencia- frente a una restricción constitucional; y la respuesta es no. Se afirma lo anterior, porque sobre el tema de restricción constitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 293/2011, señaló que a raíz de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la federación los días seis y diez de junio de dos mil once, que modificaron el primer párrafo del artículo 1º Constitucional, se desprende que el ordenamiento jurídico mexicano reconoce los derechos humanos provenientes de dos fuentes: La Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por ello, sostuvo el Pleno del Alto Tribunal, que a partir de que los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico mexicano, ya sea la Constitución o un Instrumento internacional, toda vez que el artículo 1º, Constitucional, pone énfasis exclusivamente en su integración al catálogo constitucional; por ende, la nueva conformación del catálogo de derechos humanos, no puede ser estudiada en términos de jerarquía, pues la reforma constitucional modificó dicho precepto precisamente para integrar un catálogo de derechos y no para distinguir o jerarquizar esas normas en atención a la fuente de la que se provienen. De igual forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que conforme al artículo 1º, Constitucional, en México todas las personas son titulares tanto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución como de los previstos en los tratados internacionales que sean ratificados por el Estado Mexicano, lo que significa que, con motivo de la reforma constitucional, los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, se han integrado expresamente a nuestro ordenamiento jurídico interno, para ampliar el catálogo constitucional de derechos humanos, en el entendido de que, derivado de la parte final del primer párrafo del propio artículo 1º Constitucional, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional. Argumentos de los que derivó la jurisprudencia P/J.20/2014 (10ª.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano." De lo que se obtiene, que todas las personas son titulares tanto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución como de los previstos en los tratados internacionales, que sean ratificados por el Estado Mexicano; además, que tienen fuerza vinculante los precedentes que emita la Corte Interamericana de derechos Humanos, con independencia de que México haya sido parte en el litigio; por tanto, es obligación de los operadores jurídicos realizar una interpretación de las normas de derechos humanos con la finalidad de protegerlos y garantizarlos. No obstante, de conformidad con el artículo 1º Constitucional, dicha obligación de las autoridades jurisdiccionales tiene una restricción, en el sentido de que, el ejercicio de los derechos humanos reconocidos, no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia constitución establece. Es así, pues como también lo señaló el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción en cita, cada uno de los preceptos contenidos en la Constitución forma parte de un sistema constitucional, al interpretarlos debe partirse de reconocer, como principio general, que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones constitucionales que integran ese sistema. Bajo aquél panorama, cabe concluir que cuando se esté en presencia de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional, prevalece o tiene aplicación directa el texto de la Ley Fundamental frente a cualquier norma de carácter internacional, lo que en automático impide realizar una ponderación entre las restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades que estableció el legislador y alguna norma convencional invocada. En concordancia con lo anterior, si el artículo 19 de la Constitución, establece una limitación constitucional en el derecho humano de la presunción de inocencia, es indudable que este juzgador se encuentra imposibilitado a resolver en relación a la desaplicación de la limitación constitucional que nos ocupa, con apoyo en las sentencias resueltas por la corte Interamericana de Derechos Humanos, Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, y del caso "Reyes Alpízar y otro", al tratarse de una limitación del constituyente que prevalece, en todo caso y condición frente a cualquiera otra norma derivada, con independencia de que ésta tenga el mismo nivel que la Constitución Federal; de ahí la inoperancia de los conceptos de violación de que se trata. En apoyo a lo anterior, es de citar la tesis P. XVI/2015 (10a.), registro digital 2010000, que establece: "SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. DIRECTRICES PARA ESTABLECER Y CONCRETAR LAS OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TRATÁNDOSE DE RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES. La jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es aceptada por el Estado Mexicano y, en esa medida, en tanto se esté frente al incumplimiento de obligaciones expresamente contraídas por éste, no corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por aquel organismo internacional es correcta o no, lo que debe entenderse en forma unímoda y dogmática, ya que la competencia del Máximo Tribunal Constitucional del país, como garante de la supremacía constitucional, descansa ontológica e inmanentemente en su actuación, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, para establecer y concretar las obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial de la Federación en atención a las sentencias internacionales, se estima necesario analizar siempre: (I) los débitos que expresamente se desprenden de tales fallos para el Poder Judicial de la Federación, como parte del Estado Mexicano; y, (II) la correspondencia que debe existir entre los derechos humanos que estimó vulnerados la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los reconocidos por la Constitución General de la República o los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano y que, por tanto, se comprometió a respetar. En el entendido de que si alguno de los deberes del fallo implica desconocer una restricción constitucional, ésta deberá prevalecer, en términos de la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) (*). De igual forma, la Jurisprudencia 2a./J. 119/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2007932, que señala: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE PRETENDEN LA DESAPLICACIÓN DE UNA RESTRICCIÓN, PROHIBICIÓN, LIMITACIÓN O EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL, CON APOYO EN UNA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER CONVENCIONAL. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los derechos humanos previstos en los tratados internacionales se encuentran al mismo nivel que los reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conformando un mismo catálogo sin hacer referencia a una cuestión jerárquica; pero que cuando se esté en presencia de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional, prevalece o tiene aplicación directa el texto de la Ley Fundamental frente a cualquier norma de carácter internacional. En ese tenor, los agravios en los que se pretenda la desaplicación de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional con apoyo en una disposición de carácter convencional resultan inoperantes, al tratarse aquéllas de una expresión del Constituyente que prevalece, en todo caso y condición, frente a cualquier otra norma derivada, con independencia de que ésta tenga el mismo nivel que la Constitución Federal. Lo anterior, máxime que el tema de prisión preventiva oficiosa, no ha sido resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que la Ley de Amparo en el numeral 217 obliga a los órganos del Poder Judicial de la Federación acatar la jurisprudencia emitida por dicho Órgano Constitucional, por tanto, deberá atenderse a lo que rige la norma constitucional, a la jurisprudencia, así como a las leyes secundarias. En esas condiciones, el acto reclamado no transgrede los derechos contenidos en los artículos 1°, 4°, 11, 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ende se debe negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva por el acto de ejecución reclamado al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que establece: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación y toda vez que no se advierte motivo alguno para suplir la queja deficiente, lo conducente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: RESUELVE Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto y autoridad precisada en el considerando segundo de este fallo y por las razones expuestas en el diverso quinto. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio y anexo signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos que integran el incidente en que se actúa y copia certificada de la resolución de veintiocho de septiembre del presente año, pronunciada dentro de la revisión 125/2023, en la que se advierte que dicho tribunal de alzada declaró sin materia el recurso referido promovido por la parte quejosa en contra de la audiencia incidental, emitida en el cuaderno en que se actúa. Acúsese recibo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de doce de septiembre del presente año (foja 380), se dio vista a la parte quejosa para que manifestara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, quien no realizó manifestación alguna. Por tanto, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Ahora bien, en auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés (foja 342), se tuvo por recibido el testimonio autorizado de la resolución del amparo en revisión administrativo 310/2022, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, el diez de agosto de dos mil veintitrés (fojas 315-341), en la cual revocó la sentencia emitida por este juzgado el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós (fojas 232-246), para ahora conceder la protección constitucional a la parte quejosa para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "1. Deje sin efectos la resolución reclamada; y emita una nueva en la que prescinda de considerar que la vía incidental no es idónea para ejercer la pretensión del quejoso, de que se desconozca el carácter de heredera en calidad de cónyuge supérstite del de cujus a Ma. Trinidad Pulido Rodríguez; y 2. En consecuencia, vuelva a resolver con plenitud de jurisdicción, conforme a derecho proceda y acorde con sus legales atribuciones, pero de manera fundada y motivada." En cumplimiento a lo anterior, el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, realizó lo siguiente: Por oficio 1150, recibido en este juzgado de distrito el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, solicitó prórroga para cumplir con la ejecutoria emitida dentro del presente expediente, ya que manifestó que la concesión del amparo, implica un nuevo examen de la resolución apelada; asimismo, adjuntó copia certificada del auto de veinticinco del mismo mes y año, en el que, entre otras cuestiones, dejó insubsistente y sin ningún efecto la resolución del catorce de marzo de dos mil veintidós, dentro del toca de apelación I-56/2022, y por lo mismo ordenó poner los autos a la vista del mismo, a fin de dictar una nueva resolución, siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria. [foja 206]. A través del oficio 1219, presentado en este órgano de control constitucional el once de septiembre del año en curso, remitió copia certificada de la resolución del toca de apelación I-56/2022. [foja 227]. Resolución, cuyos puntos resolutivos expresan lo siguiente: "PRIMERO. En cumplimiento a la sentencia ejecutoria emitida el 10 diez de agosto del año en curso por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad dentro del juicio de amparo en revisión con número 310/2022, promovido por Oscar Raúl Negrete Pulido, por su propio derecho, contra actos de esta Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se declara insubsistente el fallo que originalmente pronunció este mismo tribunal ad quem, el 14 catorce de marzo del año pasado, dentro del presente toca apelatorio número I-56/2022; procediendo a dictar una NUEVA RESOLUCION que, ajustándose a los lineamientos trazados por dicho tribunal federal, ahora se rija bajo los siguientes Puntos Resolutivos: SEGUNDO. Esta Sala fue competente para conocer y fallar el presente recurso apelatorio. TERCERO. Resultaron fundados los agravios propuestos por Oscar Raúl Negrete Pulido, por su propio derecho. CUARTO. Consecuentemente, se revoca la sentencia interlocutoria apelada, cuyos Puntos Resolutivos en lo subsecuente deberán ser redactados como se indica en el penúltimo párrafo del Considerando SEXTO de esta ejecutoria. QUINTO. No se hace condenación especial en cuanto al pago de gastos y costas de la segunda instancia. SEXTO. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE; anótese en el Libro de Registro que se lleva en esta Sala; remítase copia certificada de este nuevo fallo al Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con residencia en esta capital, para acreditarle el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; remítase testimonio autorizado de la misma resolución, al juzgado de su procedencia; y pídase acuse de recibo, archivándose el toca en su oportunidad; finalmente, suprímase en la versión pública que se elabore la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudiera contener la presente, con fundamento en el artículo 73, fracción II de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán." Resolución en la que en el punto sujeto a debate jurídico, el magistrado resolvió textualmente: "(.) Luego, como así no se resolvió en la sentencia interlocutoria apelada, a fin de reparar las infracciones cometidas en perjuicio de la parte recurrente, respecto del principio de legalidad previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es que este tribunal ad quem con plenitud de jurisdicción ante la ausencia de reenvío en nuestro sistema apelatorio revoque dicho fallo para ahora determinar que el incidentista justificó los hechos constitutivos de su acción incidental; consecuentemente, se declara que Ma. Trinidad Pulido Rodríguez carece de derecho para heredar del autor del presente intestado Carlos y/o J. Carlos Negrete Mora, dado que con fecha 15 quince de septiembre de 2004 dos mil cuatro, se disolvió el vínculo matrimonial que la unía con el de cujus, de manera que queda sin efectos el reconocimiento que se hizo en la sentencia interlocutoria de fecha 17 diecisiete de julio del 2018 dos mil dieciocho, a través de la cual se resolvió la primera sección del juicio sucesorio de mérito, a favor de la citada Pulido Rodríguez, a quien no le prosperaron sus excepciones y defensas. (.) Por tanto en lo subsecuente los Puntos Resolutivos del fallo interlocutorio apelado deberán quedar redactados como sigue: "PRIMERO. Se surtió la competencia de este Tribunal para conocer y fallar la presente cuestión incidental. SEGUNDO. Oscar Raúl Negrete Pulido demostró los hechos constitutivos del incidente que denominó de falta de personalidad ante la incapacidad para heredar de Ma. Trinidad Pulido Rodríguez, por no tener el carácter de cónyuge con el que compareció a deducir derechos hereditarios; consecuentemente, se declara que Ma. Trinidad Pulido Rodríguez carece de derecho para heredar de Carlos Negrete Mora, dado que con fecha 15 quince de septiembre de 2004 dos mil cuatro, se disolvió el vínculo matrimonial que la unía con el de cujus, de manera que queda sin efectos el reconocimiento de heredera que se hizo en la sentencia interlocutoria de fecha 17 diecisiete de julio del 2018 dos mil dieciocho a través de la cual se resolvió la primera sección del juicio sucesorio de origen, en favor de la citada Pulido Rodríguez, a quien no le prosperaron sus excepciones y defensas. TERCERO. No se hace condenación especial en cuanto a las costas incidentales. Cuarto. Notifíquese Personalmente." (.)" En consecuencia, este juzgado estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce de la garantía violada y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia por reiteración 2ª./J.201/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Materia Común, Novena Época, registro 165807, del siguiente rubro y contenido: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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