Carlos Punzo Chávez
Expediente 812/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 812/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado
- Carlos Punzo Chávez
- Argelia Chávez Cázarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por el cual acusa de recibo del oficio 1508, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistida del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de cuatro de enero de dos mil dieciocho, en la que se negó la protección de la Justicia Federal solicitada, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se negó la protección de la Justicia Federal solicitada. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvanse al Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el original del toca I-16/2017, que remitió al presente juicio de amparo como complemento de su informe justificado, toda vez que resulta innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6704/2017 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa y terecro interesada, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el proveído de cuatro de enero del año en curso, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, icniso b) de la La Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 812/2017; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 2 a 11), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, del que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, Carlos Punzo Chávez y Argelia Chávez Cázarez por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, que estimó violatorios de los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de once de septiembre de dos mil diecisiete, (fojas 17 a 19), previa prevención que se formulara a la parte quejosa, se admitió a trámite la demanda de amparo; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 19 vuelta); se emplazó a la parte tercera interesada (fojas 44 a 49); y, finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridades que reside dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, el acto reclamado por Carlos Punzo Chávez y Argelia Chávez Cázarez por su propio derecho, al Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, consiste en: La resolución de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca de apelación I-16/2017, por la cual confirmó la sentencia interlocutoria de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, que resolvió el incidente de regulación de gastos y costas promovido en el juicio ordinario civil 631/2013 que sobre nulidad de contrato de compraventa instó Ramiro Chávez Vázquez, en su carácter de albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de Ana María Chávez Vázquez, frente a Carlos Punzo Chávez y Argelia Chávez Cázarez. Tercero. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado (foja 34), aceptó categóricamente la existencia del acto reclamado que se le atribuye. Lo que se corrobora con el toca de apelación I-16/2017, que adjuntó a su informe la responsable y obra en un tomo de prueba por separado, documental que adquiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro: 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación; ello, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado aduce, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues refiere que el quejoso no demostró encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y que por tanto, no acreditó una afectación en su interés jurídico o legítimo. Lo argumentado en torno a dicha causa de improcedencia es infundado, ya que de autos se advierte que la parte quejosa es la demandada en el juicio de donde deriva el acto reclamado, quien promovió incidente de regulación de costas el cual se declaró procedente en forma parcial, lo que evidentemente afecta su interés jurídico, pues lo considera violatorio de sus derechos; además, no se advierte que en el presente juicio los actos reclamados consistan en una norma, como lo refiere el representante social adscrito. Por tanto, toda vez que no se hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora, los impetrantes del amparo señalan esencialmente en el primer motivo de inconformidad, que el Magistrado Civil responsable omitió atender el agravio relativo a que el juez inobservó el contenido de los artículos 175, 301, fracción VII, 314, 475 y 576 del Código Procesal Civil del Estado de Michoacán, toda vez que la parte actora reclamó la nulidad de una escritura, y por ende la restitución de un inmueble con sus accesorios. Que en la secuela del procedimiento se demostró la situación actual del inmueble, incluso que en la actualidad existe una plantación de aguacate, lo que constató el juez natural con la prueba de inspección ocular; que por tanto, de haber ganado la actora, los quejosos hubiesen tenido que entregar el inmueble con sus accesorios. Motivo por el que estima inexacta la valoración realizada por el a quo y que fue confirmada por la sala responsable, dado que bajo esas circunstancias era inconcuso que el juicio debía tenerse como cuantía determinada, dado que la sola reclamación de la nulidad y la restitución de un inmueble, quince años posteriores con sus accesorios, hacía indudablemente que su naturaleza fuese indeterminada. Que de estimar que el asunto era de cuantía determinada, debió dejar a salvo los derechos para hacerlo valer en la vía correspondiente, y que al no ser así, los dejó sin la posibilidad de reparar un daño causado con la intervención en el juicio, en el que la parte actora en el principal no obtuvo sentencia favorable. Conceptos de violación que se estiman inoperantes. Lo anterior es así, en virtud que tales motivos de disenso se encuentran encaminadas a combatir las consideraciones de la Sala Civil responsable, tendentes a evidenciar que el Magistrado en forma errónea consideró que el juicio era de cuantía determinada; consideraciones de la responsable que se produjeron desde la resolución de siete de febrero de la anualidad que transcurre y que los peticionarios de amparo no combatieron a través del juicio constitucional. Es así, pues de la resolución antes citada deriva, que si bien el tribunal de alzada por un lado estimó reenviar los autos al juez natural para que con plenitud de jurisdicción emitiera la resolución correspondiente en relación a los honorarios profesionales reclamados por la demandada, en atención a que de las constancias que integraban el testimonio formado con motivo del recurso, se advertía que se encontraban incompletas; también lo es que realizó un pronunciamiento en relación a los agravios expuestos en aquélla instancia, atinentes a evidenciar que el asunto era de cuantía indeterminada, mismos que los estimó infundados. En consecuencia, si desde aquélla data se efectuó un análisis de dicho tema, y los quejosos estiman que tal consideración le causa agravio, es indudable que debieron inconformarse desde aquélla data, y si no lo hicieron es indudable que los consintieron. En apoyo a lo anterior, es de invocar la jurisprudencia de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 57/2003, visible en la página 196, Tomo XVIII, Julio de 2003, Materia laboral, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 183886, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO LAS VIOLACIONES ALEGADAS EN UN SEGUNDO O ULTERIOR JUICIO DE AMPARO, SE COMETIERON EN UN LAUDO ANTERIOR, Y NO FUERON IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE, AUNQUE NO SE HUBIERA SUPLIDO LA QUEJA DEFICIENTE. Son inoperantes los conceptos de violación encaminados a combatir actos u omisiones de la autoridad responsable, cuando de autos se aprecia que se produjeron en un laudo contra el cual se promovió en su oportunidad juicio de amparo, sin haberse impugnado; por lo que debe entenderse que fueron consentidos y, por ende, el derecho a reclamarlos en amparos posteriores se encuentra precluido, ya que las cuestiones que no formaron parte de la litis constitucional, habrán quedado firmes sin posibilidad de una impugnación posterior, derivado precisamente de ese consentimiento, máxime que dichas violaciones, por virtud de la vinculación de la ejecutoria de amparo, deberán ser reiteradas por la autoridad responsable como cuestiones firmes en ese juicio de origen. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el Tribunal Colegiado de Circuito no hubiera advertido deficiencia que diera lugar a la suplencia de la queja para estudiar cuestiones diversas de las planteadas por el quejoso, pues ello no puede ser causa para alterar los principios jurídicos respecto de las violaciones consentidas o los efectos protectores del fallo constitucional, ya que redundaría en perjuicio de la seguridad jurídica de las partes, así como de la firmeza de las determinaciones judiciales. En otro orden, también devienen inoperantes los motivos de disenso identificados en el punto segundo, en los que ponen de manifiesto substancialmente, que la autoridad responsable debió recabar las constancias que estimara suficientes para resolver el recurso de apelación, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 687 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Que en forma indebida, se les atribuye una falta de integración del testimonio, no obstante que al presentar el medio de impugnación las aportaron de manera completa; que si el juez no las agregó, no era su responsabilidad dado que encuentran imposibilitados para vigilar al personal del juzgado. Por lo que consideran, que previo a resolver el recurso de apelación, la sala civil debió requerir al juzgado natural o a las partes las constancias necesarias que estimara necesarias y que al no hacerlo, vulnera en su perjuicio los preceptos invocados, causando en su perjuicio un daño irreparable. Se dice de este modo, esto es inoperantes tales motivos de agravio, toda vez que las consideraciones que combate, fueron emitidas en cumplimiento al diverso juicio de amparo 190/2017 del índice de este juzgado, promovido por Ramiro Chávez Vázquez, en cuanto albacea provisional de la sucesión a bienes de Ana María Chávez Vázquez, el cual se invoca como hecho notorio, en el que se determinó lo siguiente: " Ello, aunado a que el propio artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, prevé que tratándose de interlocutorias se remitirá testimonio de las constancias que el apelante señale y aporte a su costa dentro del término de los tres días siguientes a la interposición del recurso, al que se agregarán, a costa del colitigante, las que éste designe dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del auto que lo admita, como propiamente lo realizó la parte apelante, que fue quien señaló y aportó las constancias para integrar el testimonio de apelación, por lo que actuar en contrario a la disposición legal establecida conculca la seguridad jurídica de las partes del juicio." Asimismo, se citan las tesis de los rubros: "APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO. CUANDO SE INTERPONE CONTRA AUTOS O INTERLOCUTORIAS, PARA INTEGRAR EL TESTIMONIO EL APELANTE DEBE SEÑALAR Y APORTAR AL JUEZ LAS CONSTANCIAS NECESARIAS PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)." y "APELACIÓN. CORRESPONDE AL APELANTE VIGILAR QUE SE INTEGRE DEBIDAMENTE EL TESTIMONIO RESPECTIVO." "Por tanto, al no existir el reenvío en la legislación adjetiva civil del Estado de Michoacán, la sala responsable debía reasumir jurisdicción y resolver el fondo de la cuestión sujeta al recurso de apelación de acuerdo con lo previsto por los artículos 682 y 686 de dicho ordenamiento legal." Más adelante precisa los efectos de la concesión del amparo, y señala: ".2. Dicte otra resolución, en la que deberá resolver tomando en consideración la totalidad de los agravios y puntos litigiosos sometidos a su jurisdicción, de acuerdo con las constancias que integran el testimonio de apelación que le fue remitido, la que podrá emitir con plenitud de jurisdicción, pero prescindiendo únicamente de la figura del reenvío.." De lo anterior se obtiene, que en la citada ejecutoria de amparo se señaló fundamentalmente, que al tenor de lo preceptuado en el artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles, el apelante señaló y aportó las constancias que integraban el testimonio y que de actuar en contrario se conculcaría la seguridad jurídica de las partes en el juicio y por ende que la sala debía reasumir jurisdicción y resolver conforme a dicho precepto legal; motivo por el que se cedió el amparo y protección de la justicia federal, para que entre otras cuestiones resolviera de acuerdo con las constancias que integran el testimonio de apelación que le fue remitido. Por lo que, tal determinación adquirió firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. Máxime que de los autos del citado juicio de amparo no se advierte que los aquí impetrantes del amparo hubiesen recurrido la aludida sentencia constitucional. Es de invocar la jurisprudencia Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 113/2012 (10a.), visible en la página: 1524, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, Materia: Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2001857, intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ANÁLISIS Y EFECTOS CUANDO SE EXPRESAN CONTRA UN LAUDO DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando se interpone demanda de amparo directo contra un laudo dictado en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, la cual no limitó expresamente la libertad jurisdiccional de la autoridad responsable, los conceptos de violación encaminados a controvertir alguna consideración o condena que únicamente fue reiterada en el nuevo laudo, ante la falta de impugnación por la parte afectada, deben desestimarse por inoperantes, pues el hecho de que el quejoso no la haya combatido la primera vez que se resolvió contra sus intereses, implica su consentimiento tácito; sin embargo, ello no conlleva la improcedencia del juicio de amparo porque el nuevo laudo no es consecuencia de la anterior resolución -aun cuando no haya sido recurrida- sino propiamente de la sentencia que ordenó su emisión, en cuyo cumplimiento el laudo anterior debió -necesariamente- dejarse insubsistente; entonces, un acto que ya no tiene vida jurídica no puede ser causa legal de sobreseimiento; además, en este caso, la nueva resolución podría abordar aspectos novedosos, por lo que no puede vedarse a las partes el derecho a inconformarse contra estos últimos. Por esas razones, independientemente del resultado del análisis de esos conceptos de violación, su estudio debe conducir a una resolución de fondo, esto es, a una en la que se niegue o conceda la protección federal solicitada. En cambio, cuando el laudo se emite en acatamiento de una ejecutoria de amparo respecto de la que no se dejó libertad jurisdiccional alguna a la autoridad responsable, una vez admitida la demanda -al no ser notoria su improcedencia- se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción III del artículo 74, en relación con la fracción II del numeral 73, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por otra parte, en el tercer concepto de violación los peticionarios del amparo señalan en esencia, que les causa perjuicio la determinación de la sala en el sentido de que ante la falta de constancias del testimonio de apelación, no estaba en posibilidad de determinar si los vencedores del juicio durante la secuela procesal, estuvieron patrocinados por un abogado. Esto, pues aducen los quejosos que tal aspecto lo tuvo por acreditado el juez natural en el dictado de su resolución, concretamente en la página siete en donde se precisó lo siguiente: "..De lo anotado, claramente se infiere que a los reclamantes les corresponde en concepto de honorarios profesionales del abogado que les asesoró durante la tramitación del juicio, el 8% sobre el valor del mismo." Añade, que la falta de representación de un abogado jamás fue materia de los agravios en la apelación y que el resolutor de alzada debió concretarse a examinar aquéllos que le hicieron valer oportunamente, pues de lo contrario el fallo sería incongruente. Insiste que la participación de Oscar Fernando Ríos Pimentel en el juicio originario, fue corroborada por el juez primario y jamás fue cuestionada por alguna de las partes, por ello el tribunal de Alzada no podía poner en duda su intervención en la controversia original al no ser materia de agravio, de manera que no podía variar lo que ha sido materia de contradicción ni inconformidad de las partes. Tales conceptos de violación devienen infundados. Se dice de este modo, toda vez que los amparistas parten de una premisa falsa, a saber, que el juez reconoció que Oscar Fernando Rios Pimentel, fungió como abogado de los demandados vencedores. Es así, pues el realidad en el párrafo que transcribió de la página siete de la resolución de primera instancia, lo que se precisó, fue lo que se infería del contenido del precepto 6º de la Ley de Arancel del Abogado, como se observa de la parte integral de esa parte de la resolución que reza: "Ahora bien, el artículo 6 de la Ley de Arancel del Abogado, establece: "ARTÍCULO 6º.- En todo proceso jurisdiccional sobre cantidad determinada o determinable, incluyendo cuanto trabajo se relacione con el asunto, se cobrará: el 20% veinte por ciento del valor del negocio, si su interés no pasa de mil pesos; el 17% diecisiete por ciento de lo que exceda, no pasando de cinco mil pesos; el 15% por ciento, del excedente hasta diez mil pesos y el 8% ocho por ciento de lo que exceda, cualquiera que sea la cantidad". De lo anotado, claramente se infiere que a los reclamantes les corresponde en concepto de honorarios profesionales del abogado que les asesoró durante la tramitación del juicio, el 8% sobre el valor del mismo." Esto es, después de transcribir el artículo 6º de la ley de Arancel de Abogado, -el cual por cierto determina la cantidad a cobrar y no el patrocinio de los abogados-, señaló lo que se infería de dicho precepto legal, pero nunca reconoció que el demandado fue patrocinado por un abogado. Asimismo, debe decirse que tomando en consideración que el Magistrado Civil responsable estimó, que el juez en forma indebida declaró improcedente la planilla debido a que no se había acreditado el valor comercial del inmueble y por ende reasumió jurisdicción, es indudable que tenía potestad para resolver de fondo el asunto planteado, y la obligación de dictar una resolución ajustada a derecho, examinando y analizando, aun de oficio, la planilla propuesta, incluso si el incidentista fue patrocinado por un licenciado en derecho. Es de citar las Tesis: II.4o.C.15 C, visible en la página: 1426, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INCIDENTE DE GASTOS Y COSTAS. CUANDO NO SE JUSTIFIQUEN LAS CANTIDADES ADUCIDAS EN LA PLANILLA RESPECTIVA, EL JUEZ ESTÁ FACULTADO PARA EXAMINAR DE OFICIO Y CONDENAR A LAS CANTIDADES CORRECTAS CON LA ÚNICA LIMITANTE DE ESTAR A LO QUE EXHIBA EL INCIDENTISTA EN CASO DE QUE LAS CANTIDADES DEMANDADAS SEAN INFERIORES O MAYORES A LAS QUE PROCEDAN CONFORME A DERECHO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De lo dispuesto por el artículo 242 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, anterior al vigente dispositivo que, en esencia y en lo conducente, es similar a lo previsto en el diverso 1.228 del nuevo Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México el cual literalmente establecía: "Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado y se sustanciará el incidente con un escrito de cada parte, resolviéndose dentro del tercer día.-De esta decisión, si fuere apelable, se admitirá el recurso sin efecto suspensivo.", se advierte que dicho numeral resulta ambiguo, ya que no prevé la forma en que debe actuar el Juez en caso de que no se demuestre la procedencia exacta de todas y cada una de las cantidades propuestas en la planilla. Ante tal oscuridad, debe tenerse en cuenta que el incidente de gastos y costas, al igual que el de liquidación de intereses, tiene como objetivo primordial determinar con precisión la cuantificación de las costas a que quedó obligada la parte vencida en el juicio por sentencia ejecutoriada, si a lo anterior se suma la circunstancia de que el Juez tiene potestad para resolver de fondo el asunto planteado, y la obligación de dictar una resolución ajustada a derecho, entonces, resulta indispensable, para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución que el juzgador, como director del proceso, precise, examine y analice, aun de oficio, la planilla propuesta y corrija las cantidades presentadas condenando a las cantidades correctas, pensar lo contrario, es decir, declarar la improcedencia del incidente por no coincidir las cantidades, haría nugatorio el derecho para hacer efectiva la prestación de condena impuesta en la sentencia ejecutoriada, lo que significaría contrariar la obligatoriedad con la que está investida la cosa juzgada apartándose, además, del cumplimiento estricto al principio de economía procesal. Por lo que, si se limitara la actividad del Juez sólo a aprobar o rechazar la planilla sin admitir que puede hacer uso de su arbitrio, para aprobar, incluso, cantidades distintas a las que se señalan en ella, dicha intervención jurisdiccional se reduciría a un trámite administrativo y no de análisis de legalidad. Lo anterior tiene como limitante el supuesto en el que el juzgador advirtiera que las cantidades demandadas en la planilla son inferiores o mayores a las que conforme a derecho procedan, pues en este caso, el límite del Juez estará a lo regulado en la planilla que exhiba el incidentista, ya que actuar en sentido contrario, significa rebasar la litis, concediendo más de lo pedido." Así como la diversa Tesis: I.3o.C.974 C, que obra en la página: 2031, Tomo XXXIV, Julio de 2011, Materia(s): Civil, de la Novena Época, Registro: 161606 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCIDENTE DE GASTOS Y COSTAS INJUSTIFICADO. CUANDO EL JUZGADOR NO VERIFICA QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE SU PROCEDIBILIDAD, COMETE UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY QUE DEJA SIN DEFENSA, AUN CUANDO NO SE HUBIERE VULNERADO EL DERECHO DE CONTRADICCIÓN DE LAS PARTES. La expresión "dejar sin defensa" en su acepción más general es entendida como aquella conducta de la autoridad que impide a alguna de las partes contradecir la postura de su oponente, es decir, que obstaculiza el conocimiento de la demanda, la rendición de pruebas, la presentación de alegatos, la interposición de recursos y demás actos análogos. No obstante, existen violaciones que dejan sin defensa aunque no hayan vulnerado el derecho de contradicción que tienen los litigantes. En efecto, existen factores que deben ser verificados por el juzgador, sin importar que los hagan valer o no los contendientes. Así, antes de tramitar un incidente de gastos y costas, el juzgador debe verificar que se cumplan los requisitos de procedibilidad del mismo. Dichos requisitos son circunstancias que deben satisfacerse para que el tribunal pueda analizar el fondo de la cuestión planteada. Pues bien, la tramitación del incidente se justifica cuando el monto del negocio no corresponde a una cantidad líquida, según se colige de los artículos 85 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Luego, un requisito de procedibilidad del incidente, es que el valor del asunto no hubiere sido expresado en una cantidad líquida, porque de ser así, perdería sentido su tramitación. En ese tenor, el análisis de los requisitos de procedibilidad debe efectuarse antes de estudiar el fondo de la cuestión y, por ello, es una obligación a cargo del juzgador que debe satisfacer en forma oficiosa. Dicha carga es independiente a la postura que tomen las partes durante el juicio. Es decir, la parte afectada pudo haber controvertido la procedencia del incidente, ante el mismo Juez o al impugnar el acuerdo en donde fue admitido a trámite. No obstante, aun cuando el litigante no procediera de esa manera, ello no releva al Juez de la obligación de analizar si se cumplieron o no los requisitos de procedibilidad del incidente. Entonces, la violación "deja sin defensa" no sólo cuando elimina la posibilidad de controvertir la postura de la contraparte o el proceder del juzgador, sino también cuando éste omite pronunciarse sobre algún aspecto que condicionaba el estudio de fondo de la cuestión planteada y que justificaba el trámite de la instancia." Finalmente, en el último motivo de inconformidad señalan los quejosos que el Magistrado al realizar condena en costas respecto de esa instancia, vulnera los artículos 575, 682 y 683 del Código de Procedimientos Civiles, dado que en lo principal resultaron vencedores, luego entonces, al realizar la liquidación de gastos y costas, se estaba realizando respecto del principal y por tanto era inconcuso que debía realizar una condena en costas. Más aún que en la anterior resolución no realizó condena en costas, por lo que no debía atender en forma distinta dicha circunstancia, de hacerlo vulneraría los preceptos indicados. Motivos de disenso que resultan inoperantes. En efecto, para arribar a la anterior conclusión debe decirse que el magistrado en una parte de la resolución reclamada señaló, que en relación a las costas de segunda instancia, como los agravios hechos valer por la parte apelante no ameritaron prosperar, subsistiendo en consecuencia el sentido de la sentencia interlocutoria impugnada, y con motivo de ello se actualizaba la primera hipótesis contemplada en el artículo 137 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, relativa a que la parte apelante no obtuvo resolución favorable, se condena a la parte apelante al pago de costas que se hubieren generado con motivo de la segunda instancia. De lo anterior se observa, que la inoperancia de los conceptos de violación deriva de que, no basta que los peticionarios del amparo en forma genérica señalen, que resultaba violatorio de derechos al condenarlos al pago de costas en esa instancia, toda vez que en lo principal resultaron vencedores. Sino que, los quejosos debieron formular los razonamientos lógico jurídicos, tendentes a atacar la consideración toral de esa parte de la resolución reclamada, consistente en la especie se surtía la hipótesis contemplada en el artículo 137 del Código de Procedimientos Civiles del estado, relativa a que la parte apelante no obtuvo resolución favorable y que por ello le condenaba al pago de las costas de esa instancia, y al no hacerlo deben quedar incólumes por falta de ataque. En apoyo a lo anterior, al tenor del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, es de invocar la jurisprudencia V.2º. J/62, visible en la página 53, del tomo 63, marzo de 1993, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION. CONTRA DECLARACION DE INOPERANCIA DE AGRAVIOS, SON TAMBIEN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ESTOS, EL ATAQUE QUE EN AQUELLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA APELADA. El quejoso se concreta a mencionar lo afirmado por la responsable y a manifestar simplemente que, tal afirmación riñe con el contenido de los agravios que expresó su abogado, en los cuales dice, si se expusieron los argumentos correspondientes en contra de las consideraciones habidas en la resolución que se impugnó, pero no se ocupa de mostrar, cuáles fueron, en la expresión de tales agravios, sus contra argumentos para combatir las referidas consideraciones del Juez de primera instancia, y no ataca, de ninguna otra manera, los razonamientos que la responsable tuvo en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos puntos de agravios, por todo lo cual el concepto de violación que se contesta resulta también inoperante." En las condiciones apuntadas, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación propuestos y sin que se advierta un motivo que conduzca a suplir la deficiencia de la queja, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Punzo Chávez y Argelia Chávez Cázarez por su propio derecho, en contra del acto reclamado a la autoridad señalada como responsables, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy cuatro de enero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
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