Carlos Michell Villalón Bello
Expediente 726/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Michell Villalón Bello
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de diciembre de dos mil veinte. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el dieciocho de noviembre del año en curso, que desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Notifíquese mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación Así lo acordó y firma Katia Orozco Alfaro, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Carlos Michell Villalón Bello, por medio del cual cumple con la prevención formulada mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veinte, para tal efecto señala: "DEL PRIMERO.- Que concretamente reclamo: el intento de embargo en el inmueble sito en Calle Framboyán número 131, de la Colonia El Porvenir de esta Ciudad de Morelia. Porque ahí cohabitan mis padres y los muebles de uso diario son de ellos y no míos, aunado a que ahí no vivo, y respecto de los cuales recaería el embargo concedido. Como también la diligencia practicada por la Actuaria del Juzgado Cuarto Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, porque si bien es cierto que en el desahogo de tal actuación, en que me preguntó por el reconocimiento o no, tanto de la firma puesta al pagaré, como de la deuda contraída." no menos cierto es, que no me preguntó si en tal inmueble yo vivía". Y es de elemental sentido común, deducir: "QUE NO POR VISITAR EL LUGAR DONDE MIS PADRES VIVEN, IMPLICA EL QUE YO VIVA AHÍ". No dejando de lado (soslayar), a su Señoría, que a título de: "OTRO ACTO CONCRETO", -sic-, reclamo el que se me quiera embargar mi automóvil marca contour con placas del Estado de Michoacán, con referencia alfanumérica en placas: PGF418E, de procedencia extranjera pero ya regularizado -obviamente-. Que debidamente registrado está en el padrón vehicular del Estado a mi nombre.Y; DEL SEGUNDO.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesto a título de antecedentes requeridos por su Señoría, que el número del Juicio de origen del acto reclamado es: 816/2020, en tanto que el estado en que se encuentra, es el de dársele vista a la parte actora de mi contestación a la demanda en mi contra interpuesta. En tanto que las partes de tal Juicio Ejecutivo Mercantil, son en concepto de "actora", el Señor Jhonatan Arroyo Arriaga, que instó la causa a través de los respectivos endosatarios en procuración cuya identidad irrelevante es citar, dado que sólo gozan de personería en el procedimiento, mas no de personalidad que les haga digna la cita en ésta instancia de control constitucional. Y con sobrada obviedad el de la voz escrita y ahora recurrente en cuanto "demandado". Y con énfasis a su Señoría digo.que con tal calidad de demandado al juicio de origen comparecí. DEL TERCERO.- Adjunto a la prevención, tres 3 tantos adicionales de mi escrito de demanda que a su decir omití adjuntar." SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Carlos Michell Villalón Bello, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Menor Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y otra autoridad responsable. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo así como del escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: La diligencia por la que se pretendió realizar embargo de veintiuno de octubre del año en curso, derivado del auto exequendo pronunciado por el Juez responsable dentro del juicio ejecutivo mercantil 816/2020. Para mejor compresión del acto reclamado se hace una relación de los antecedentes, de los que se desprende: El veintiuno de octubre de dos mil veinte, llegó al domicilio particular del quejoso ubicado en la calle Framboyán número 131, de la Colonia El Porvenir de esta Ciudad de Morelia, quien dijo ser la actuaria del Juzgado Cuarto Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, acompañada del abogado de Jhonatan Arroyo Arriaga, requiriéndole del pago y si reconocía la deuda y firma que aparece en el pagaré; posteriormente, le dejó copia de la demanda y le hizo saber el plazo para contestar, manifestando el abogado de la parte actora que se reservaba el derecho de embargar bienes con posterioridad. Siendo el acto aquí reclamado la aludida diligencia realizada a efecto de dar cumplimiento al auto de exequendo emitido juicio ejecutivo mercantil 816/2020, en el que el quejoso es parte demandada. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a examinar la demanda de amparo, debe analizarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Atento a la obligación prevista por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en cuanto al estudio oficioso de la procedencia del juicio, se estima materializada la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: ya que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional al no agotar el recurso ordinario que procedía contra la determinación que constituye el acto controvertido. El reproducido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como es el de definitividad, consistente en que, por tratarse de un medio extraordinario de defensa, al amparo solo puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria, siempre y cuando sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción permite advertir que, para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución o actuación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé en el procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que deben tener a su alcance los quejosos para impugnar el proceder del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga en el procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución reclamada. Sostiene lo así expuesto la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, visible en la página 902, de rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Se invoca como apoyo tal criterio no obstante que se refiera a la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece; sin embargo, se estima que la sustancia de la norma ahí examinada coincide con la vigente, de donde es permisible su aplicación conforme con lo previsto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. De lo anterior se colige que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Así, los recursos ordinarios son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, es posible controvertirlo por medio del juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por tribunales judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo supliría sus facultades. Bien, en la especie, el quejoso se duele de la diligencia por la que se pretendió realizar embargo de veintiuno de octubre del año en curso, derivado del auto exequendo pronunciado por el Juez responsable dentro del juicio ejecutivo mercantil 816/2020. No obstante, conforme con el marco legal transcrito, previo a instar el presente juicio constitucional, la parte quejosa debió agotar contra el auto de exequendo reclamado, el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio. El indicado numeral, así como el normativo 1339 del aludido cuerpo legal aplicable, establecen: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 (Seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. (.) Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. (.)" De la lectura de los aludidos preceptos legales se desprende que los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente, en materia comercial, únicamente serán apelables en caso de que así lo fuera la sentencia definitiva, y que tal medio de defensa procederá contra ésta en negocios cuyo monto sea mayor a $682,646.89 (seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.) por concepto de suerte principal -monto que anualmente será actualizado-; mientras que el numeral 1334 dispone que los autos que no fueren apelables, y los decretos, serán recurribles mediante revocación. En el caso, de la lectura integral del libelo constitucional, así como de sus anexos se advierte que la suerte principal del negocio es por $58,200.00 (cincuenta y ocho mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional), circunstancia que lo coloca dentro de los llamados asuntos de cuantía menor, contra los que resulta improcedente la apelación conforme a la invocada codificación, mas no el recurso de revocación mencionado, que resulta procedente contra los autos que no fueren apelables. En tales condiciones, la parte agraviada se encontraba obligada a agotar dicho medio de defensa ordinario previo a la promoción del juicio de amparo, pues a través del mismo podía lograr la modificación, revocación o nulificación del auto de exequendo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a. /J. 70/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." Sin que pase inadvertido la jurisprudencia 1a. /J. 6/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO. Conforme al artículo 1,392 del Código de Comercio, presentada la demanda en la vía ejecutiva mercantil, acompañada del título ejecutivo, el juez dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago, y en caso de que no pague se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas del juicio, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de la persona nombrada por éste. Ahora bien, el auto con efectos de mandamiento en forma o auto de exequendo no tiene meros efectos declarativos, sino que implica la comprobación por parte del juez del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, es decir, dicho auto ordena la afectación de un bien o de un conjunto de bienes del demandado para asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena planteada en juicio y que el demandado no pueda disponer de él, lo cual procede incluso con la autorización para hacer uso de la fuerza pública y allanar el domicilio del deudor en caso de resistencia. Esto es, el auto de exequendo contiene un mandato que se concreta con la sola emisión de la orden de requerir el pago de un adeudo en el acto mismo del requerimiento y una amenaza consistente en la prevención al deudor de que si no efectúa el pago se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo y las costas, lo que no será motivo de análisis en la resolución que ponga fin al juicio, la cual sólo decidirá la suerte de la pretensión de fondo del asunto, ni se examinará en otro momento del juicio, pues el ejecutado únicamente podrá oponer excepciones después de realizados el emplazamiento y el embargo, y reclamar su monto o la calidad de la cosa embargada una vez cumplida la diligencia, pero sin poder reclamar, por ejemplo, la emisión del auto de exequendo con apoyo en un título que no traiga aparejada ejecución. Sobre tales premisas, se concluye que contra el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil procede el amparo indirecto, en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, sin esperar a que se practique el embargo, por constituir un acto de ejecución irreparable dentro del juicio, pues una vez ejecutada la orden, la impugnación del embargo sólo puede tener por efecto remediar vicios propios de éste, pero no la legalidad de la propia orden, que requiere como presupuesto estar fundada en un título que traiga aparejada ejecución. Lo anterior, porque tal perjuicio no es susceptible de reparación dentro del juicio, ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable que levantara el embargo, ya que no podría restituirse al quejoso en la afectación sufrida por el tiempo en que éste estuvo en vigor, derivado del auto de exequendo." Ello pues si bien, de la integridad de dicho criterio se desprende que tal acto resulta de imposible reparación, lo cierto es que tal circunstancia no lo excluye del principio de definitividad que caracteriza a este medio de control constitucional. Ello conforme a la jurisprudencia P. /J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Máxime que para arribar a tal determinación, se toma en cuenta que la parte quejosa dijo tener la calidad de demandado en el juicio de origen y que éste se encontraba en la etapa procesal de contestación de la demanda, razón por la cual está obligado a interponer los recursos que procedan previo a plantear la instancia constitucional. Sin que en el caso, el quejoso se encuentre en alguna de las causas de excepción a que se refiere la hipótesis de improcedencia de referencia, pues el asunto versa sobre aspectos de naturaleza mercantil, en la que no se controvierte la libertad personal o se está en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se trata de personas extrañas al procedimiento; ni el recurso o medio de defensa a que se ha hecho mención, se sujeta a interpretaciones adicionales ni su fundamento legal es insuficiente para que el quejoso pueda determinar cuál es el idóneo, debido a que el contenido del referido numeral 1334 no requiere una interpretación en su contenido. Por tanto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Emite dictamen pericial. Agréguese a los autos el oficio signado por el perito oficial Saúl Rivas Rivas, por medio del cual emite el dictamen que le corresponde dentro del presente juicio de amparo; por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, comparezca ante este tribunal, con identificación oficial, a efecto de que ratifique el dictamen correspondiente. Resulta aplicable en lo que interesa, la jurisprudencia número 1a./J. 7/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, del Tomo XXI, Abril de 2005, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DICTÁMENES PERICIALES. PARA SU VALIDEZ DEBEN SER RATIFICADOS POR QUIENES LOS EMITEN, INCLUSO POR LOS PERITOS OFICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). El artículo 150 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala establece expresamente que "El perito emitirá su dictamen por escrito y lo ratificará en diligencia especial", sin hacer distinción respecto a si dicha disposición se dirige al oficial, al designado por las partes o al tercero en discordia. La referida obligación tiene por objeto establecer la autenticidad de la prueba mediante el perfeccionamiento formal que exige la ley, pues tratándose de una prueba constituida fuera de la intervención directa del juzgador, resulta indispensable que quien la elabora la confirme personal y expresamente para hacer indubitable su valor, esto es, la ratificación de los dictámenes periciales impuesta por la ley hace que la prueba sea digna de crédito y, consecuentemente, susceptible de ser analizada y valorada; máxime si se toma en cuenta que el peritaje puede emitirse por una persona distinta de la designada, o puede ser sustituido o alterado sin conocimiento del perito nombrado, además de que también es admisible su modificación parcial o total en el momento de ratificarse. Es indudable que la opinión pericial no ratificada es una prueba imperfecta porque no cumple con la condición formal que la ley le impone para otorgarle certeza y seguridad jurídica, es decir, que quien la suscribe es efectivamente la persona designada para ello y que su opinión es verdadera, por lo que sin el mencionado requisito no es dable otorgar validez probatoria a los dictámenes emitidos, incluso los que provengan de peritos oficiales. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 142 del citado código exceptúe al perito oficial que acepte el cargo de protestar su fiel desempeño ante el funcionario que practique las diligencias, pues tal disposición únicamente lo exime de rendir dicha protesta, pero no de ratificar su opinión." En el entendido que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para la ratificación deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ"; por tanto, para que comparezca a ratificar su dictamen, deberá tomar en cuenta que la duración de la cita es de máximo veinticinco minutos. Comparece perito a ratificar dictamen. Por otro lado, visto el estado que guardan los autos dentro del presente juicio de garantías, específicamente el acta de ratificación levantada por la actuaria judicial adscrita, el veintitrés de los corrientes, de la que se desprende que el perito designado por el tercero interesado Rodrigo Ambríz Aguilar, compareció a este órgano jurisdiccional a ratificar su peritaje correspondiente, ello, en cumplimiento a lo ordenado en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte; lo anterior, para constancia y demás efectos legales conducentes. Notifíquese; personalmente al perito oficial Saúl Rivas Rivas; ello con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee: Se recibe testimonio. Agréguese el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; a través del cual, devuelve los autos originales del juicio de amparo 83/2019; y, testimonio de la ejecutoria pronunciada el ocho de octubre de dos mil veinte, en la que se advierte en su punto resolutivo, lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de inconformidad promovido por el representante del Sindicato de Trabajadores de la Junta de Caminos de Michoacán, en contra del auto dictado el siete de febrero de dos mil veinte, en los autos del juicio de amparo registrado con el número de expediente 83/2019 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán". Acúsese recibo de estilo. Háganse las anotaciones necesarias en el libro de gobierno y agréguense únicamente los originales que obran dentro del cuaderno de antecedentes, en virtud de que no resulta necesario glosar la totalidad del cuadernillo dado que son copias integras del expediente original. Archivo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; dado que se trata de una sentencia en la que concedió la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Incidente de suspensión. Por otra parte, en el incidente de suspensión se negó la provisional y se negó la definitiva; en consecuencia, el original de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, siempre y cuando exista el original. Devolución de tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de prueba que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se ordena su devolución en un tomo, mismo que anexó como complemento a su informe justificado, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
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