Carlos Martinez Comparan

Expediente 461/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
461/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
22/07/2021

Partes del expediente

  • Carlos Martinez Comparan

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el veinticuatro de mayo de la presente anualidad, en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que por un lado se desechó la demanda de amparo y por otro lado se tuvo por no presentada la misma, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Informe suspensión de plano. Agréguese a los autos, el oficio signado por el Director Jurídico de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo (en su denominación correcta y no como Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social) y Director del Centro Penitenciario "Licenciado David Franco Rodríguez"; mediante el cual rinden informe sobre la suspensión de plano decretada a favor del peticionario de amparo. Notifíquese a las partes en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.KOA/JPG/gchh

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. RATIFICACIÓN. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que el quejoso directo Carlos Martínez Comparan, ratificó la demanda presentada en su favor por su defensor Francisco Javier Valencia Pérez. De la actuación se advierte que la fedataria judicial dio fe: "pone ante mí a quien dijo llamarse ***, procediendo a notificarle el proveído de veintidós de mayo de dos mil veintiuno, dictado por la juez de mi adscripción, acto seguido se le da lectura integra de éste así como de la demanda de garantías presentada a su favor, acto seguido lo requiero para que en éste acto o por escrito dentro del término de tres días, a partir de que surta efectos la notificación relativa, indique si ratifica el escrito de demanda presentada a su favor por ***, apercibido que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada, asimismo en este momento en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, lo requiero para que en el mismo término manifieste si es su deseo en designar como autorizado al promovente de la demanda esto es a ***, así como a las diversas personas que menciona en el escrito de demanda, apercibido que de no hacerlo, dichas personas no podrán actuar en el presente juicio apercibido que de no hacerlo se proveerá conforme a derecho proceda, quien sabedor manifiesta: primeramente, únicamente ratifico la demanda presentada a mi favor por lo que se refiere al posible traslado del que pueda ser objeto, segundo si designo como mis autorizados a los abogados que se señalan en la demanda. Acto seguido procedo a dar fe del estado físico exterior que presenta el quejoso directo, esto es si presenta huellas de violencia, a simple vista no advierto que tenga huellas de violencia, además por dicho del entrevistado no ha sido objeto de ningún tipo de maltrato o violencia, que el día que refiere el abogado en su demanda, esto es, el 19 de mayo, él estaba en su área de costumbre. Acto continuo, procedo a preguntar al quejoso directo Carlos Martínez Comparan, si se encuentra incomunicado o en una situación que lo ponga en riesgo de ser privado de la vida, si ha tenido comunicación con alguna persona de su confianza, quien en uso de la voz manifiesta: no estoy incomunicado, si he tenido comunicación con mi familia, visitas no por la pandemia, pero sí vía telefónica." DESECHAMIENTO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Valencia Pérez, en cuanto abogado defensor del quejoso directo Carlos Martínez Comparan, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez ", y otras autoridades, se advierte que reclama: La posible orden traslado, sin que medie o exista causa justa que permita de manera fundada la ejecución de dicho acto vulnerando los derechos humanos consagrados en los artículo 11, 14, 16, 18 y 20 Constitucionales. Refiere el promovente en sus antecedentes, bajo protesta de decir verdad, que se enteró de la existencia del acto reclamado a las catorce horas del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, acudió al Centro de Reinserción "Lic. David Franco Rodríguez", lugar donde se encuentra recluido el quejoso directo Carlos Martínez Comparan, al llegar a los locutorios, fue informado por el encargado para pedir a los internos, le comentó, que no era posible que subieran al quejoso, en virtud de que lo tenían en un área especial y que traían el rumor entre los guardias de seguridad que iban a trasladarlo a él y otros internos a otro penal, motivo por el cual viene a promover el presente amparo, toda vez que puede ser objeto de tortura el encontrarse aislado y sin visita. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la Materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso concreto, esta Juzgadora Federal considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. El numeral referido prevé: ...No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Lo que enseguida se expondrá encuentra sustento en las consideraciones de la queja 46/2020 dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de dos mil veintiuno. Ahora bien, primeramente cabe decir que del contenido del precepto trascrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades diversas a los órganos jurisdiccionales, cuando en contra de esos actos exista algún recurso o medio de defensa ordinario en virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; admitiendo sólo como excepción: 1. Que conforme a las leyes respectivas no se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso; 2. Que los alcances que contemple la ley de la materia no sean los mismos que los previstos en la Ley de Amparo; 3. Que se exijan mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; 4. Que en las leyes respectivas se contemple plazo mayor que el que establece la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de si el acto en sí mismo es susceptible o no de ser suspendido conforme a la ley en mención; 5. Que el acto reclamado carezca de fundamentación; 6. Que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; y, 7. Que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el particular, el quejoso señaló como acto reclamado la orden de traslado emitida en su contra, y no manifestó haber agotado algún medio ordinario de defensa en contra del traslado aducido, sino que acudió directamente al juicio de amparo indirecto; de ahí que es factible afirmar que no agotó el principio de definitividad. Ahora bien a efecto de corroborar la actualización del motivo de improcedencia en estudio, es necesario verificar que no se actualice alguna de las destacadas excepciones al citado principio. De primer orden procede establecer, si en contra de una orden de traslado emitida por una autoridad administrativa penitenciaria, es procedente algún recurso o medio de defensa ordinario. Para tales efectos, es necesario señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en términos de su artículo 2°, tiene como ámbito de aplicación las personas que se encuentran privadas de su libertad en los Centros Penitenciarios; esto es, por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, por delitos que sean competencia de los tribunales del fuero federal y local. Ahora bien, por prisión preventiva debe entenderse a la persona sujeta a un proceso penal; mientras que, en ejecución de penas, a la persona que se encuentra cumpliendo una sanción penal en virtud de una sentencia condenatoria. En ese tenor, cualquier persona que se encuentra recluida en un Centro Penitenciario, así como las autoridades que pertenecen a ese sistema, están sujetas a la aplicación de dicho ordenamiento. ... Esto es, el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Es decir, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. A su vez, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las específicas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además, como ya se señaló, el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado "controversia judicial", a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional. Lo que significa que será el Juez, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Incluso, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Consecuentemente, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad y por tanto, en el caso de los traslados urgentes o excepcionales, ordenados por autoridad administrativa penitenciaria, en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del amparo indirecto, el afectado debe agotar los medios ordinarios de defensa que el propio ordenamiento legal prevé para ese supuesto. De tal manera, al ser evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no agotar el principio de definitividad, lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. ...Asimismo, cabe puntualizar que en la resolución de trece de enero de dos mil veintiuno, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la queja 46/2020, determinó apartarse del criterio antes citado, ello en función de la regulación que actualmente establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a la cual la orden de traslado emitida por autoridad administrativa sin autorización judicial previa constituye un acto dictado dentro del procedimiento; por tanto, no se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, que precisa que la suspensión se concederá de oficio y de plano, cuando el acto reclamado importe un ataque a la libertad fuera de procedimiento. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a. XXI/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." Finalmente, no obsta a lo anterior el hecho de que inicialmente se hayan reclamados posibles actos de tortura, aislamiento e incomunicación, pues como se advierte del acta relativa, el quejoso únicamente ratificó su demanda de amparo respecto del posible traslado, negando que en algún momento haya sido objeto de algún acto prohibido. POR NO PRESENTADA DEMANDA POR ACTOS PROHIBIDOS. En ese tenor, se tiene por no presentada la demanda respecto de los posibles actos de aislamiento e incomunicación; hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables que se deja sin efectos la suspensión de plano dictada el veintidós de mayo del año en curso, lo anterior para los efectos legales conducentes. NO HA LUGAR A REQUERIR CERTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE AMPARO. Por otra parte, resulta innecesario requerir a las autoridades señaladas como responsables en términos del primer párrafo del artículo 14 de la Ley de Amparo, esto es, solicitarles a efecto de que remitan la certificación correspondiente a efecto de acreditar el carácter del promovente en cuanto defensor del quejoso, toda vez que como de la certificación secretarial de cuenta se advierte, sí tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y atendiendo al sentido de la presente determinación, resultaría ocioso realizar dicho requerimiento. SE ORDENA VINCULAR FOLIO 7517. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de mayo de la anualidad que transcurre se tuvo por recibida la demanda presentada por Francisco Javier Valencia Pérez, en cuanto abogado defensor del quejoso directo Carlos Martínez Comparan. Ahora bien, toda vez que dicho ocurso fue recibido en la guardia física de este órgano jurisdiccional, no fue posible su digitalización al momento de su recepción, por lo que se ordenó se realizara dicha acción a efecto que concordara el expediente físico con el electrónico, mandato que ha sido debidamente atendido y por ende se efectúa la vinculación de la citada promoción con folio 7517, lo anterior para efectos administrativos. NOTIFICACIÓN POR VIDEOCONFERENCIA. Ahora bien, tomando en consideración que del escrito de demanda se advierte que el quejoso directo Carlos Martínez Comparan, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Lic. David Franco Rodríguez, sito en carretera Morelia-México vía Mil Cumbres Kilómetro 12.5, Charo, Michoacán, se comisiona a alguno de los actuarios de la adscripción para que en términos del artículo 25 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, notifique el presente proveído de forma personal al referido quejoso. Para lo cual, el actuario al momento de la videoconferencia deberá darle lectura del contenido íntegro del presente proveído, debiendo levantar el acta correspondiente. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de la notificación ordenada. Notifíquese personalmente quejoso por videoconferencia. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.KOA/JPG/gchh

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 461/2021. De conformidad con el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de marzo de dos mil veintiuno, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Valencia Pérez, gestionando en cuanto defensor de Carlos Martínez Comparan, es necesario realizar la precisión de los actos reclamados al Director del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez, con sede en Charo, Michoacán, al Subsecretario de Prevención y Reinserción Social y la Unidad Jurídica de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, con residencia en esta ciudad, de acuerdo con el análisis integral de la demanda. Al efecto, se tiene como tales: El posible traslado, tortura, aislamiento e incomunicación. Cabe precisar que el promovente manifiesta que el diecinueve de mayo del año en curso, a las catorce horas acudió al CERESO David Franco Rodríguez "Mil Cumbres", lugar en el cual se encuentra recluido el aquí quejoso Carlos Martínez Comparan, y al llegar a locutorios, después de esperar un periodo de tiempo de más de una hora, el mandadero que es el encargado de pedir a los internos, le comentó que no era posible que lo subieran debido a que lo tenían en un área especial y que traían el rumor ahí entre los guardias de seguridad de que lo iban a trasladar junto con varios internos a otro penal; por lo que solicita el amparo toda vez que puede estar siendo objeto de tortura al estar aislado y sin visita, que cerciore que se encuentra bien de salud. SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la orden de traslado, puesto que no se está en alguno de los supuestos previstos por el artículo 48 de la Ley de Amparo, para hacerlo de plano. Lo anterior, en apoyo con el criterio sustentado por la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." EFECTOS DE LA MEDIDA CAUTELAR. En ese tenor, dado que los diversos actos reclamados consistentes en tortura, aislamiento e incomunicación, ponen en peligro la vida e integridad física del quejoso Carlos Martínez Comparan, con apoyo en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para que las autoridades responsables cesen cualquier acto de incomunicación, tortura y cualesquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades responsables. Las responsables quedan obligadas a informar en el término de VEINTICUATRO HORAS, acerca de la forma y términos en que cumplimenten esta medida suspensional. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades responsables. Atento a ello, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo máximo de VEINTICUATRO HORAS, informen sobre el cumplimiento a esta determinación. Asimismo, las autoridades responsables deberán acreditar la medida adoptada para dar cumplimiento a la suspensión de plano, agregando al informe solicitado copia certificada de las constancias que así lo acreditan. Se apercibe a las autoridades que ante la falta del informe requerido dentro del improrrogable plazo de VEINTICUATRO HORAS señalado, o de la remisión de dicho informe sin las constancias mencionadas, habrá la necesidad de imponerle una corrección disciplinaria consistente en una multa de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, siete de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pueda incurrir. Sirve de orientación al caso concreto que se analiza, la tesis de jurisprudencia I.4o. A.1 K, sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1697, Tomo II, Libro 5, Abril de 2014, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. EL JUZGADOR PUEDE PROVEER SOBRE SU OTORGAMIENTO AUN CUANDO NO HAYA ADMITIDO A TRÁMITE LA DEMANDA, AL HABER PREVENIDO AL QUEJOSO PARA QUE LA ACLARE. Si bien es cierto que el artículo 126 de la Ley de Amparo, en torno a la suspensión de plano y de oficio en relación con actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece una regla general en cuanto al momento en que debe proveerse al respecto, consistente en que debe hacerse en el auto de admisión, también lo es que tal regla no es absoluta ni restrictiva, ya que admite excepciones, como las contenidas en los artículos 15 y 48 de la propia ley, relativas a que la demanda sea promovida por cualquier persona en nombre del agraviado en el caso de que éste se encuentre imposibilitado para hacerlo, o cuando el juzgador estime que carece de competencia para conocer de la demanda y la remita al Juez o tribunal competente, en las que debe decretarse previamente dicha medida cautelar. En ese tenor, si la actualización de las excepciones referidas tiene su origen en la naturaleza relevante de los actos reclamados señalados, respecto de los cuales se colma un caso de urgencia para que el juzgador de amparo provea de inmediato acerca de la suspensión de oficio y de plano, sin haber admitido la demanda, también debe aplicar a aquellos casos en que ésta se presenta y el juzgador previene al quejoso a efecto de que la aclare, pues operan las mismas razones que el legislador tomó en cuenta para que se otorgara la suspensión de oficio y de plano sin admitir la demanda, en las hipótesis descritas". Ahora bien, a fin de vigilar el puntual cumplimiento que debe dar las autoridades responsables a la suspensión de plano otorgada, para este único fin, los oficios y anexos correspondientes se recibirán vía correo electrónico en este órgano jurisdiccional, dentro del plazo señalado -veinticuatro horas siguientes al en que sea recibido el oficio correspondiente-; para ello se autoriza la recepción de las constancias solicitadas por el correo institucional que es 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que confirme su recepción en el propio número telefónico de este juzgado con número 44 31 82 21 24, en caso de enviarse por vía electrónica. En virtud de las manifestaciones del promovente, en relación al lugar donde se encuentra detenido el quejoso, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, se comisiona al actuario judicial adscrito, a fin de que, de inmediato, se constituya en LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL "LIC. DAVID FRANCO RODRÍGUEZ", con residencia en Charo, Michoacán; para que con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiera a Carlos Martínez Comparan, para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Valencia Pérez en su favor. Apercibido que de no ratificarla se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efectos las providencias dictadas de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Asimismo, certifique su estado físico, y le pregunte si tiene comunicación con sus familiares, abogados y/o personas de su confianza, a fin de restablecer tal derecho constitucional. En la práctica de la diligencia, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación, bastará con que el actuario asiente los datos de la persona con que entienda la diligencia, así como lo que este le manifieste, sin necesidad de que estampe su firma. Se apercibe a las autoridades responsables para el caso en que su proceder sea contrario a lo ordenado en el párrafo que antecede, al margen de las responsabilidades a que haya lugar, inmediatamente se girará oficio urgente a su superior jerárquico para que por su conducto se les constriña a permitir el acceso al fedatario en comento, de todo lo cual este último asentará la razón respectiva, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 126 de la Ley de Amparo. ENTREGA DE OFICIOS ELECTRÓNICOS. Con apoyo en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza al actuario adscrito realice la entrega de los oficios dirigidos a las autoridades correspondientes por medio de correo electrónico, para lo cual deberá dejar constancia en autos de su envío y confirmar su recepción; y sólo en el caso de que ello sea imposible, se constituya en el lugar de su residencia oficial. En el entendido que conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si la autoridad se niega a recibir un oficio, se asentará razón en autos a partir de la cual, sin previo acuerdo, se tendrá por practicada. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizada (escaneado), directamente al correo electrónico del Juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del Juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Visto el escrito de cuenta, se tiene como autorizados a Roberto Carlos Vega Valencia y Brinda Janette Valencia Pérez, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano