Carlos Manuel Solis Pantoja

Expediente 1087/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1087/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Carlos Manuel Solis Pantoja

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintidós. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Manuel Solís Pantoja, por propio derecho, contra actos del Instituto Michoacano de la Juventud, con residencia en esta ciudad y otra autoridad responsable; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1087/2022. 1.2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: Del Director del Instituto Michoacano de la Juventud, las irregularidades del proceso administrativo del Premio Michoacano de la Juventud establecido en el Acuerdo que establece el Premio Michoacano de la Juventud publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo con fecha uno de agosto de dos mil diecisiete, vigente a la actualidad en relación a los principios de legalidad y al debido proceso. Del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, la inobservancia al debido proceso administrativo legal conforme los principios de legalidad de la Constitución Federal, de la Constitución Local y de la normativa vigente en el proceso del Premio Michoacano de la Juventud 2022. 1.3. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, de la anterior transcripción se advierte que por autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe entender aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Así también, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J.64/2011, las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden, son las siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de "que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras "autoridades". "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Asimismo, el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación, que se resumen de la manera siguiente: Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano, entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos y en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Se caracterizan por la unilateralidad y, por ello la constitución establece una serie de garantías (sic) como limitaciones al actuar del gobernante; Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución. Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte peticionaria de amparo a las autoridades señaladas como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares o, bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. Para dilucidar lo anterior, resulta preciso señalar que los actos reclamados a las autoridades responsables se hacen consistir en: Las irregularidades del procedimiento administrativo con motivo de la convocatoria que se publicó el veintiuno de julio de dos mil veintidós por el Gobierno del Estado a través del Instituto de la Juventud para obtener el "Premio Michoacano de la Juventud", con fundamento en el Acuerdo que establece el Premio Michoacano de la Juventud publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo con fecha uno de agosto de dos mil diecisiete. La inobservancia del debido proceso administrativo legal conforme los principios de legalidad de la Constitución Federal, de la Constitución Local y de la normativa vigente en el proceso del Premio Michoacano de la Juventud 2022. Luego, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los hechos que en el mismo se reclamen provengan de un acto de autoridad, o bien de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad; además, afecten los derechos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares por actuar las primeras en un plano superior a los segundos; de ahí que, aquellos actos emanados de relaciones de supra subordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares, aun -cuando en estas últimas, la relación surja entre un particular y una autoridad, pero en un mismo plano de coordinación como particular-, tales actos no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. En ese contexto, el procedimiento llevado a cabo derivado de la convocatoria relativa al "Premio Michoacano de la Juventud", fue dirigida a los jóvenes, hombres y mujeres cuya edad quede comprendida entre los quince y veintinueve años, a efecto de obtener un premio en cada una de las áreas y categorías, consistente en quinientas UMA (unidad de medida y actualización) equivalente a $48,116.00 (cuarenta y ocho mil ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), una medalla de plata ley 0.925 alusiva a Premio y reconocimiento firmado por el Gobernador del Estado. De lo anterior se advierte que la convocatoria aludida, únicamente otorgó la posibilidad de resultar premiado por la trayectoria sobresaliente de las y los jóvenes del Estado de Michoacán; pero no implicó la pérdida de tal trayectoria; es decir, el proceso de selección fue sólo para los jóvenes del Estado de Michoacán que desearan obtener un premio por su trabajo en temas como la educación, organización comunitaria, equidad, identidad, integración, creatividad y compromiso social con el Estado. Por tanto, dicho acto reclamado no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues únicamente constituye un llamado para que quienes cumplan con los requisitos de la convocatoria ahí establecidos y acudan a participar en el "Premio Michoacano de la Juventud", que tiene como objetivo premiar lo más destacado de los jóvenes michoacanos, y que puedan considerarse ejemplo a seguir para crear y desarrollar motivos de superación personal o de progreso a la comunidad; lo que evidencia que a través de aquélla no se crea, modifica o extingue, por sí y ante sí, algún derecho de los gobernados, es decir, no modifica o afecta alguna situación en concreto. En ese sentido, si se parte de la base de que la convocatoria para premiar a los jóvenes estudiantes destacados o talentosos del Estado de Michoacán de Ocampo, es parte del proceso de selección mencionado, es claro que los actos que en éste se emitan, no implican la pérdida de la trayectoria del impetrante, sino únicamente se circunscribe a generar la posibilidad de que resulte premiado quien reúna los requisitos de la convocatoria. Por lo que, si el ahora quejoso reclama el procedimiento de selección y el que no haya resultado vencedor del "Premio Michoacano de la Juventud", al estimar que no se cumplieron los requisitos precisados en la convocatoria de referencia, no trae como consecuencia, la modificación de manera unilateral y apoyada en una disposición legal, de un derecho con que cuenta un gobernado, de ahí, que no sea considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues la pretensión en la selección de dicho procedimiento, genera una expectativa de derecho, respecto a la obtención de un premio por la trayectoria sobresaliente de los jóvenes michoacanos. Ello, ya que al no haber resultado favorecido el aquí quejosos como ganador del premio consistente en una cantidad de dinero, no trae como consecuencia que se le desincorpore de un derecho adquirido al quejoso, habida cuenta, que a la fecha de la convocatoria, no contaba con ese premio, y que en ese sentido, con las violaciones que refiere se llevaron a cabo al haberse estipulado fecha límite de recepción de postulaciones el primero de septiembre de dos mil veintidós, para posteriormente extender el plazo de fecha de registro al siete de septiembre siguiente, se le esté vedando del mismo, por lo que se insiste, el quejoso sólo tenía la calidad de un aspirante a obtener el referido premio. Por lo que, los actos reclamados no crean, modifican o extinguen por sí, la esfera legal del quejoso, sino que, en todo caso, con ello se le impidió gozar de un premio, como lo es una cantidad de dinero. En esas condiciones, se reitera, que el impetrante, al registrarse para participar en el proceso de selección, solo adquirió una expectativa de derecho, es decir, la posibilidad de ser evaluado; participar en el concurso y, en caso de ganarlo, para obtener el premio señalado en la convocatoria, pues se insiste, éste no lo tenía con antelación. Consecuentemente, el que no se haya declarado vencedor al quejoso, del premio de la juventud, no constituye un acto unilateral y coercitivo que modifique o extinga derechos preestablecidos del peticionario de amparo, porque su participación en la convocatoria, únicamente tuteló una pretensión a obtener un premio, es decir, un derecho de ser tomado en consideración en la selección, como vencedor de acuerdo con los criterios, requisitos y lineamientos establecidos en la propia convocatoria. Por lo cual, entre las autoridades responsables y el ahora quejoso, respecto a los actos reclamados, no existe relación de supra a subordinación, ya que éste no ha incorporado a su esfera jurídica derechos y obligaciones relacionadas con el premio señalado en la convocatoria, de ahí que el acto reclamado no implica una transformación a derechos adquiridos con antelación; por ello, resulta evidente que los actos atribuidos a las autoridades responsables, no tienen la característica de acto de autoridad, para los efectos del amparo. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia de rubro y texto: "ESCUELAS NORMALES DEL ESTADO DE JALISCO. LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA INVITANDO A LOS EGRESADOS DEL BACHILLERATO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA INGRESAR A AQUÉLLAS, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE EN AMPARO. Es cierto que la citada Secretaría, en términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Ley de Educación, ambas del Estado de Jalisco, puede considerarse, en principio, una autoridad, en la medida que sus atribuciones están previstas en la legislación y, en consecuencia, puede emitir actos unilaterales en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales para hacer cumplir su voluntad; sin embargo, ello no implica que todos los actos que emita necesariamente sean impugnables en amparo, sino que en cada caso tendrá que analizarse la naturaleza del acto para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Así, la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación invitando a los egresados del bachillerato a participar en el proceso de selección para ingresar a las escuelas normales del Estado de Jalisco no es un acto de autoridad impugnable a través del juicio de garantías, pues únicamente constituye un llamado para que quienes cumplan con los requisitos ahí establecidos acudan al proceso de selección respectivo, lo que evidencia que a través de aquélla no se crea, modifica o extingue, por sí y ante sí, algún derecho de los gobernados, es decir, no modifica o afecta alguna situación en concreto, máxime que dicha convocatoria no está dirigida a una persona en particular, sino a la colectividad interesada en cursar las licenciaturas impartidas en las indicadas escuelas normales." 1.4. Desechamiento de la demanda. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA de plano la demanda de amparo. 2. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad) para recibir notificaciones. 3. Usuario. Como lo pide el quejoso y con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le autoriza la consulta del expediente electrónico, para lo cual, el personal relativo deberá dar de alta vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), el usuario "soliscarlos10" que proporciona. 4. Notificación electrónica. Asimismo, como lo solicita, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones de carácter personal se realicen por la vía electrónica. 5. Correo electrónico. De igual forma se tiene proporcionado correo electrónico a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto, sin que haya lugar a realizar notificaciones por dicha vía toda vez que la Ley de Amparo no lo prevé. Por tanto, manténganse bajo resguardo ese dato a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que solo deba acudirse físicamente este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese vía electrónica y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.

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