Carlos Omar Rocha Piñón

Expediente 961/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
961/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Omar Rocha Piñón
  • Magistrada de la Séptima Sala Penal, de este Distrito Judicial de Morelia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en autos, que sobreseyó, sin que lo hubieran hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a éstas. 1.1. Devolución de documentos. En atención a que resulta innecesario conservar los discos digitales DVD que las autoridades responsables, adjuntaron como complemento a su informe justificado; se ordena su devolución. 1.2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.3. Valoración. En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el numeral 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 1.4. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se negó la suspensión provisional y la definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el cuaderno incidental es susceptible de DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General. 2. Documentos. Finalmente, sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que las partes no exhibieron documentos originales con el escrito inicial de demanda. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 961/2023, promovido por Carlos Omar Rocha Piñón, por alegada violación de los artículos 1o., 14, 16, 17 y 20, apartados A, fracción I y C, fracciones IV y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Magistrada de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la Magistrada de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia: El auto dictado el catorce de junio de dos mil veintitrés, en el toca XI-1/2023, en el que se declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso Carlos Omar Rocha Piñón, en contra de la determinación que declaró nulo todo lo actuado en audiencia inicial a partir de la formulación de imputación, dictada por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, en la causa penal 530/2023; y, como consecuencia, la ejecución de dicha determinación de segunda instancia. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Los actos reclamados deben considerarse ciertos, por así advertirse de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Lo que se corrobora con las copias certificadas del toca penal XI-1/2023, del índice de la Sala responsable, así como de las relativas a la copia digital de la causa penal 530/2023, enviadas por el juzgado responsable en disco versátil de audio y video, a los que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º CUARTA. Estudio de causas de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se analiza la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea que lo hagan valer las partes o se advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El numeral transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos respecto de los cuales proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptibles de nulificarlos, revocarlos o modificarlos, es decir, implica que previo al ejercicio de la acción constitucional, deben agotarse los recursos o medios ordinarios de defensa existentes en relación con el acto reclamado, para cumplir el principio de definitividad del juicio de amparo. Dicho principio que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir insubsistencia del acto que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Así, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se vislumbra el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo biistancial, pues de considerarse lo contario el amparo se convertiría en un recurso ordinario. Luego, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". Del artículo antes citado se advierte que el recurso de revocación es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene una autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró jurisprudencialmente que contra el auto que no admite la apelación en el proceso penal acusatorio procede el recurso revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con el criterio de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Expuesto lo anterior, se retoma que la parte quejosa reclama: El auto dictado el catorce de junio de dos mil veintitrés, en el toca XI-1/2023, en el que se declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso Carlos Omar Rocha Piñón, en contra de la determinación que declaró nulo todo lo actuado en audiencia inicial a partir de la formulación de imputación, dictada por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, en la causa penal 530/2023; y, como consecuencia, la ejecución de dicha determinación de segunda instancia. De lo anterior, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente, porque la parte quejosa antes de acudir al amparo debió agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual resulta idóneo para combatir los actos reclamados. Sirven de apoyo a lo anterior, por identidad, las Jurisprudencias que a la letra dicen: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En tales condiciones, se sobresee en el juicio de amparo, conforme al numeral 63 fracción V, de la ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución que se reclama a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, en virtud de que no fue reclamado por vicios propios, sino que su legalidad se hizo depender del acto reclamado a la autoridad ordenadora. En esa tesitura, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues al decretarse el sobreseimiento del juicio, impide estudiar las cuestiones de fondo planteadas. Tiene aplicación la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". No pasan inadvertidos los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe, en el caso concreto, a lo expuesto en la demanda de amparo y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Omar Rocha Piñón, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del presente fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADAO EL ENGROSE DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Omar Rocha Piñón, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del presente fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Del estado que guardan los autos y de la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que alude el numeral 117 de la Ley de Amparo, a fin de que el tercero interesado Luis Fernando Barriga Orozco, Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia integral para la Mujer, que intervino en la causa penal 530/2023, se imponga de los autos del presente juicio, toda vez que fue emplazado a juicio por videoconferencia el veinticuatro de agosto de este año, como se advierte de la constancia de notificación. 2. Diferimiento. Por tanto, a fin de que transcurra dicho plazo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.UBB

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