Carlos Gabriel Ochoa Espinosa
Expediente 568/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 568/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carlos Gabriel Ochoa Espinosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio, con anexo, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, mediante el cual acusa de recibido el oficio ordenado en auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, a través del cual se remitió el expediente 994/2019, del índice del Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos al Tribunal de alzada oficiante; además, refiere que tal alzada admitió a trámite el amparo directo 495/2022. Sin que se efectúe mayor proveído al respecto, pues en auto de once de octubre de dos mil veintidós, se ordenó el envío al archivo de este expediente. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Así, este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El presente expediente es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Finalmente, atendiendo al resolutivo segundo del fallo de amparo, escíndase de la demanda de amparo y remítase junto con copia certificada de la sentencia de fecha doce de septiembre de dos mil veintidós, así como del presente auto, al Tribunal Colegiado del Circuito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos precisados en el considerando último de la resolución en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE LA SENTENCIA DE DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓ QUE DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de septiembre de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 568/2022-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el siete de abril de dos mil veintidós y recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, *******, demandó en amparo directo al Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, de quien reclamó su emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil *******, así como la sentencia emitida en fecha seis de julio de dos mil veinte. De tal juicio de amparo directo, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, órgano que lo identificó como amparo directo civil *******. Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1º, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Declaración de incompetencia legal por la alzada; remisión a ese juzgado por cuestión de turno y admisión a trámite de la demanda. Mediante resolución emitida por tal superioridad el seis de junio de dos mil veintidós, se declaró legalmente incompetente, por razón de grado, para continuar con el conocimiento de ese asunto; y ordenó su envío, por conducto de la referida Oficina de Correspondencia Común, al juzgado de Distrito en turno, en esta localidad, que resultó ser este órgano. Tal asunto fue recibido en este juzgado el veintinueve de junio de dos mil veintidós; y, en auto de uno de julio de dos mil veintidós, se aceptó la competencia legal planteada y se admitió a trámite de la demanda de amparo; se convalidó lo actuado en el diverso juicio de amparo directo, entre lo que destaca el reconocimiento de la calidad de tercero interesado a *******, su emplazamiento a juicio y el informe justificado rendido por la autoridad responsable; además, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para a verificación de la audiencia constitucional en este asunto, misma que se verificó conforme al acta que antecede. Cuarto. Vista a quejoso para ampliación y efectivo apercibimiento. En el propio auto de admisión de demanda, de uno de julio de dos mil veintidós, además, se dio vista personal al quejoso para que, de ser su deseo, ampliara su demanda en los siguientes términos: (.) Vistos los autos, se desprende que la parte quejosa señaló como autoridad responsable, al Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, de quien reclamó su emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 994/2019, así como la resolución emitida en fecha seis de julio de dos mil veinte. Ahora bien, del informe con justificación rendido por la responsable se colige que en el juicio ejecutivo mercantil 994/2019, en que aparece como demandado el aquí quejoso, aparentemente, fue emplazado al mismo el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, como se advierte de las constancias actuariales de fecha seis de diciembre y nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Sin embargo, se advierte que el emplazamiento practicado al juicio de origen, fue realizado el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, por el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, autoridad que no tiene calidad de responsable en este asunto. Al respecto, ya que el emplazamiento practicado a dicho asunto se encuentra íntimamente relacionado con los actos aquí combatidos, ante la calidad de parte demandada en el juicio de origen, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte solicitante del amparo, y evitar -en su momento- una posible reposición del procedimiento, se le da vista, con sustento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, para que en un término de quince días a partir de que surta efectos la notificación de este auto, amplíe su demanda, de ser su deseo, y señale al efecto, como nueva autoridad responsable, al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad; y como nuevo acto reclamado, el emplazamiento practicado al juicio de origen, realizado el nueve de diciembre de dos mil diecinueve. En el entendido de que en caso de no hacerlo, el presente asunto continuará tramitándose en los términos propuestos en la demanda inicial. (.) Finalmente, en acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se hizo al quejoso efectivo el apercibimiento decretado, al no haber presentado escrito para ampliar su demanda en los términos señalados y se ordenó la continuación de este juicio de acuerdo a los planteamientos efectuados en la demanda inicial. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclamó lo siguiente, del Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos: Su emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil *******, así como la sentencia emitida en fecha seis de julio de dos mil veinte. Lo anterior, ostentándose tercero extraño por equiparación. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, tal como lo manifestó al rendir su informe con justificación. Lo que se corrobora con las documentales que acompañó a su informe justificado el Juez responsable, de las que se desprende: La existencia del juicio ejecutivo mercantil *******, promovido por *******, aquí tercero interesado, en contra de *******. Que el seis de julio de dos mil veinte, se dictó sentencia en el juicio natural, en el que se condenó al quejoso al pago de las prestaciones reclamadas por el actor. Que el aquí accionante del amparo, compareció ante la autoridad responsable a promover juicio de amparo directo, el siete de abril de dos mil veintidós. La certeza de los actos aquí referidos, se corrobora con los autos originales del juicio natural, que poseen valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ante lo anterior, es evidente la existencia de los actos referidos en este considerando, reclamados a la autoridad responsable, por lo que se tiene por cierta su existencia. Cuarto. Improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esta Juzgadora examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. En el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 5º fracción II y 6, todos de la Ley de Amparo; numerales que son del siguiente contenido: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. Por su parte, los artículos 5º fracción II y 6° de la citada legislación, disponen: Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. En tanto que el artículo 107, fracción VI, señala: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. (.) Es oportuno establecer que al juicio de amparo puede comparecer en carácter de tercero extraño aquel que, no siendo parte material en un procedimiento, ve afectado alguno de sus intereses, por lo que, solicita la protección constitucional a fin de que la Justicia de la Unión excluya sus bienes jurídicos de dicha afectación a través de la anulación del acto concreto que produjo aquella. Además de ello, existe la figura del tercero extraño por equiparación, que es quien a pesar de sí ser parte en el procedimiento natural, no ha sido emplazado, o bien, fue emplazado de manera defectuosa. En ambos casos, la Ley de Amparo los excluye de la obligación de agotar recursos ordinarios previamente a acudir al juicio de amparo, toda vez que, al no ser parte en el procedimiento, en el primer caso (tercero extraño en sentido estricto), o bien, no haber sido legalmente emplazado, en el segundo caso (tercero extraño por equiparación), no estuvieron en aptitud de defender sus intereses en ese procedimiento natural. Como se señaló en párrafos previos, el aquí quejoso reclama actos a través de este asunto que derivan de la aparente falta de llamamiento al juicio natural; es decir, se ostenta en el presente amparo como una persona extraña a juicio por equiparación, pues tiene el carácter de demandado en el juicio del que derivan los actos aquí reclamados. Sin embargo, es necesario resaltar que no señaló como autoridad responsable a la autoridad que practicó el emplazamiento reclamado, ni éste último acto, a pesar de que este Juzgado Federal le dio vista personal para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda, en los términos precisados en auto de uno de julio de dos mil veintidós, en el que se admitió en este juzgado el asunto en comento, como se aprecia de la siguiente transcripción: (.) Vistos los autos, se desprende que la parte quejosa señaló como autoridad responsable, al Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, de quien reclamó su emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 994/2019, así como la resolución emitida en fecha seis de julio de dos mil veinte. Ahora bien, del informe con justificación rendido por la responsable se colige que en el juicio ejecutivo mercantil 994/2019, en que aparece como demandado el aquí quejoso, aparentemente, fue emplazado al mismo el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, como se advierte de las constancias actuariales de fecha seis de diciembre y nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Sin embargo, se advierte que el emplazamiento practicado al juicio de origen, fue realizado el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, por el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, autoridad que no tiene calidad de responsable en este asunto. Al respecto, ya que el emplazamiento practicado a dicho asunto se encuentra íntimamente relacionado con los actos aquí combatidos, ante la calidad de parte demandada en el juicio de origen, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte solicitante del amparo, y evitar -en su momento- una posible reposición del procedimiento, se le da vista, con sustento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, para que en un término de quince días a partir de que surta efectos la notificación de este auto, amplíe su demanda, de ser su deseo, y señale al efecto, como nueva autoridad responsable, al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad; y como nuevo acto reclamado, el emplazamiento practicado al juicio de origen, realizado el nueve de diciembre de dos mil diecinueve. En el entendido de que en caso de no hacerlo, el presente asunto continuará tramitándose en los términos propuestos en la demanda inicial. (.) De lo que se desprende que se le otorgó vista expresa al accionante del amparo, a efecto de que, de ser su deseo, ampliara su demanda y señalara al efecto, como autoridad responsable al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, por el acto consistente en el emplazamiento practicado al juicio de origen, realizado el nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Ahora, en proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento que le fue decretado y se ordenó la continuación del juicio, en los términos propuestos en la demanda inicial. Entonces, dado que al quejoso no amplió su demanda de amparo en contra del funcionario judicial que materialmente lo llamó a juicio, pues de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que este Juzgado le dio la oportunidad de ampliar su demanda de amparo respecto de ello; entonces, es evidente que no se incorporó al juicio de amparo a la autoridad responsable que intervino en el emplazamiento; por ende, se hizo efectivo el apercibimiento respectivo y se continuó el juicio en los términos planteados previo a ello. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis 88/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 198, del Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2021189, que dispone: ACTUARIO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN, AUN CUANDO EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL LOCAL DE LA ENTIDAD EXISTA UNA OFICINA CENTRAL DE NOTIFICADORES Y EJECUTORES. En el juicio de amparo indirecto promovido por una persona que se ostenta extraña a juicio por equiparación, debe señalar tanto a la autoridad ordenadora como a la ejecutora, esto, pues la autoridad ordenadora de un emplazamiento es el Juez que admite la demanda y ordena el llamamiento a juicio del demandado, mientras que a la ejecutora corresponde materializar dicha orden. Ahora bien, para designar a la autoridad responsable ejecutora, en aquellas entidades en las que el Poder Judicial local se integra con una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, debe tenerse en cuenta que el Director de dicha Oficina tiene a su cargo facultades meramente administrativas, sin que a éste le corresponda llevar a cabo las diligencias ordenadas por el órgano judicial. Por tanto, la autoridad responsable ordenadora es el Juez que emitió la orden de emplazamiento y la ejecutora será el actuario que materialmente llevó a cabo la diligencia que se reclama. Esto, ya que la autoridad responsable ejecutora es aquella cuya actuación se constriñe a llevar a cabo el mandato legal o la orden emitida por la autoridad ordenadora, sin actuar de manera autónoma, sino que cumple una orden. Así entonces, en aquellos casos en que exista una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, la calidad de autoridad responsable ejecutora no corresponde a su Director, pues no materializa el acto judicial. Es así, porque el acto consistente en la diligencia de emplazamiento solamente es atribuible a quien la practicó, esto es, al Actuario adscrito al Juzgado responsable. En consecuencia, al no haber sido señalado con tal carácter la autoridad en comento y no haberle reclamado el acto de referencia -no obstante que al quejoso se le dio vista para ello- se actualiza la causa de improcedencia referida, pues esta Juzgadora no puede analizar actos atribuidos a autoridades que no fueron señaladas con la calidad de responsables, como acontece en el presente asunto. Se cita en apoyo de lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, página 73, que establece: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que se le llamó a juicio ni fue oída. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal, volumen IX, enero de 1999, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo a la Novena Época, página 113, del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento. Es necesario acotar que esta Juzgadora constitucional no puede designar por sí, autoridades en su carácter de responsables, ni adicionar actos que no fueron combatidos. Lo previo es así, pues aun si en el caso se diera suplencia de los conceptos de violación -lo cual, no ocurre, pues el aquí quejoso es el demandado en el juicio natural- la figura jurídica de referencia, tiene por objeto perfeccionar, completar o aclarar las deficiencias en que el quejoso haya incurrido al formular sus conceptos de violación en el escrito de demanda -o incluso formularlos ante la ausencia de éstos- pero sujetándose estrictamente a los actos y autoridades responsables, sin poder adicionar por sí, esto es, unilateralmente, unos u otros. Debido a que el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, como dispone el artículo 6° de la Ley de Amparo, es claro que le corresponde al solicitante del amparo colmar los requisitos a fin de que se integre debidamente la litis constitucional, entre ellos, el señalamiento preciso de las autoridades que participaron en la realización de los actos reclamados, así como la designación de éstos últimos; lo que se corrobora con el hecho de que, ante el evento consistente en que el juzgador federal advierta que ciertos aspectos no son impugnados, se le dé la oportunidad a la promovente del amparo de que amplíe su demanda en cuanto a ello y se le otorgue el plazo acotado en la Ley de Amparo para hacerlo, tal como ocurrió en el presente caso; pero ello no llega al extremo de llamarla oficiosamente a juicio, ni de designar motu proprio actos novedosos. Así, como ya se precisó, este juzgado previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto a la diligencia de emplazamiento de nueve de diciembre de dos mil diecinueve que practicó el Actuario adscrito al Juzgado responsable; apercibiéndola de que, de no hacerlo, se continuaría el trámite de este asunto en los términos propuestos en la demanda inicial, por lo que al no desahogar esa prevención, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, mediante auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, tal como corresponde. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 8/98, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, de enero de 1998, página 94, del tenor siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR. OMISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DE ALGUNAS DE LAS AUTORIDADES QUE INTERVINIERON EN LOS ACTOS RECLAMADOS. Al resolver el Pleno de este Alto Tribunal la contradicción de tesis 27/96, determinó que debía seguir prevaleciendo la jurisprudencia sustentada por la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 30/96 (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, del mes de junio de mil novecientos noventa y seis, páginas doscientos cincuenta y doscientos cincuenta y uno), bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.". Ahora bien, siguiendo tal criterio, debe considerarse que si la persona extraña a juicio, al promover su demanda de amparo, o bien, al formular la ampliación a la misma, no señala a las autoridades que participaron en los actos reclamados, concurriendo a la afectación de su interés jurídico, y que por ello resultan responsables, el Juez de Distrito debe prevenir a la parte quejosa para que regularice su demanda, en el entendido de que si el Juez omite efectuar dicha prevención, incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que debe ser corregida por el tribunal revisor, ordenándose la reposición del procedimiento, con fundamento en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo.De igual forma, la tesis XX.46 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, volumen II, de noviembre de 1995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo a la Novena Época, página 608, cuyo rubro y texto es el siguiente: SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA DE AMPARO. NO LLEGA AL GRADO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO TENGA QUE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE NO LE FUE SEÑALADA COMO RESPONSABLE, LA. Si bien es cierto que el emplazamiento a juicio es una cuestión de orden público y que como consecuencia los jueces tienen la obligación de analizarlo oficiosamente, porque de efectuarse en forma contraria a las disposiciones legales constituiría la violación procesal de mayor trascendencia; también lo es, que la suplencia de la queja en materia de amparo, no llega al grado de que el juez de Distrito, tenga que llamar a juicio a una autoridad que no le fue señalada como responsable en la demanda de garantías, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos, ya que es a la parte quejosa a quien corresponde hacer ese señalamiento, porque así lo dispone expresamente el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 6° y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo; y, por ende, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Enseguida, cabe precisar que respecto del diverso acto reclamado, consistente en la sentencia emitida en fecha seis de julio de dos mil veinte, es factible declinar competencia escalonada al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, a efecto de que sea dicha superioridad quien analice dicho acto reclamado, toda vez que el quejoso, atendiendo a la causa de pedir, hizo valer un motivo de disenso en contra de la referida resolución, al aludir lo siguiente: SEGUNDO.- Violación al artículo 16, de la Constitución, hay violación a este precepto, en virtud de que cualquier acto de molestia en las propiedades, posesiones o derechos debe ser citado por escrito, por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y en el presente caso los actos que se reclaman carecen de la debida fundamentación y motivación debida (.). No puede pasarse por alto lo anterior; y al tratarse la sentencia combatida de forma destacada de una resolución definitiva que pone fin al juicio, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, el concepto de violación relativo a dicho acto, arriba transcrito, puede ser susceptible de análisis, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual esta juzgadora, al haber sobreseído el amparo respecto al emplazamiento al juicio de origen que concluyó con su emisión, resulta ser legalmente incompetente para resolver sobre tal resolución, por lo que se debe remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente, como lo dispone la jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es así, tal como lo corroboró el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito al resolver el juicio directo 515/2019 de su índice. En la inteligencia que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite está supeditado a la firmeza de la determinación aquí fijada, por tanto, una vez suceda ello se deberá escindir la demanda amparo y remitirla junto con copia certificada de la sentencia y del auto con que cause ejecutoria la misma, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Al respecto, cobra aplicación la Jurisprudencia P.J. 70/2010, de la Novena Época, por identidad jurídica, con número de registro Pleno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXII, Agosto de 2010, materia Laboral, visible a Página: 9, que a la letra dice: EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto. Asimismo, por el principio de analogía la tesis aislada sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2569, Décima Época, Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro: 2021332, del rubro y texto siguiente: EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO LABORAL. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO DESECHA LA DEMANDA POR ESTIMAR QUE NO TIENE ESE CARÁCTER, SÓLO PROCEDE LA ESCISIÓN DE LA DEMANDA SI EN ELLA SE EXPRESARON CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CONTRA EL LAUDO, O POR VIOLACIONES PROCESALES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 70/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", determinó que cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo indirecto; asimismo, podrá reclamar, simultáneamente, el laudo como acto destacado y una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación contra las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, deben diferenciarse dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o, b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis, al no haberse agotado el principio de definitividad y, respecto al segundo, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí pueden analizarse los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. De lo anterior se concluye que sólo procede la escisión de la demanda, si contra el laudo o sentencia definitiva existen motivos de disenso encaminados a impugnar infracciones procesales (distintas del emplazamiento), o bien, formales o de fondo, esto es, que es una condición para escindir la demanda y reservar competencia al Tribunal Colegiado de Circuito, que en ella se hayan expresado conceptos de violación contra el laudo o por violaciones al procedimiento, por lo que si éstos no se expresan, debe estimarse que se agotó la materia de la sede constitucional con el análisis del emplazamiento y, por ello, al no haber materia de estudio no procede dicha escisión. Y, en lo conducente, la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 13 K (10a.), instancia Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1785, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, Décima Época, con número de registro 2003568, del siguiente rubro y texto: EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, ASÍ COMO EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA, SI SE DECRETA QUE AQUÉL FUE LEGAL O SE SOBRESEE EN EL JUICIO EN CUANTO A ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA DECIDIR SI SE ESTÁ O NO ANTE UN CASO DE "JURISDICCIÓN ESCALONADA" EN RELACIÓN CON ESTAS RESOLUCIONES, DEBERÁ ATENDER A LA EXISTENCIA DE LA CAUSA DE PEDIR PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA ESCISIÓN DE LA DEMANDA. De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", se desprende que cuando se reclame la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, así como el laudo o sentencia definitiva, al respecto, si el Juez de Distrito estima que aquél fue legal o sobresee en el juicio, debe decidir si se está o no ante un caso de jurisdicción escalonada en relación con el laudo o sentencia definitiva. Para resolverlo, debe atender a la existencia de la causa de pedir, pues la "jurisdicción escalonada" opera sólo cuando del análisis de la demanda de amparo se advierta una real intención del quejoso en reclamar el laudo o sentencia por vicios propios y no sólo como consecuencia de la omisión o ilegalidad del emplazamiento. De ahí que procede la escisión si contra el laudo o sentencia definitiva existen motivos de disenso encaminados a impugnar infracciones procesales (distintas del emplazamiento), formales o de fondo. Por el contrario, si el laudo o sentencia definitiva sólo se reclama en vía de consecuencia, no deberá escindirse la demanda sino extenderse el sobreseimiento o la negativa de amparo por la declaración de constitucionalidad del emplazamiento, a la sentencia definitiva o laudo, ya que no se presenta el supuesto de "jurisdicción escalonada", pues la nota distintiva para determinar si debe escindirse o no la demanda, radica en una auténtica subsistencia de temas controvertidos que sean competencia de un órgano constitucional diverso. Lo anterior permite respetar el derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido *******, respecto de los actos reclamados a la autoridad precisada en el considerando tercero de esta sentencia, así como a la referida en el cuarto de la misma, por las razones expuestas en el último considerando. Segundo. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, escíndase la demanda de amparo y remítase junto con copia certificada de la sentencia y del auto con que cause ejecutoria la misma, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para los efectos precisados en el considerando último del presente fallo. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy doce de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en la fecha en que se actúa se encuentra programada la audiencia constitucional. Sin embargo, existe imposibilidad jurídica para celebrarla, toda vez que entre la fecha en que se tuvo por emplazada a juicio a la moral tercero interesada *******, por conducto de su endosatario en procuración *******, al día de hoy, no media los ocho días que exige la Ley de Amparo. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 115 de la ley de la materia, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del siete de septiembre de dos mil veintidós, para dar margen a lo anterior. Notifíquese este proveído por lista a las partes, inclusive a las autoridades con esa calidad, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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