Carlos Gabriel Ochoa Espinosa
Expediente 281/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 28 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 13/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carlos Gabriel Ochoa Espinosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de octubre de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 281/2020-III, promovido por *****. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el tres de agosto de dos mil veinte, turnado a este juzgado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, en la misma fecha, *****, promovió demanda de amparo en contra del Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y Jefe de la Central de Actuarios y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, ambos con domicilio en esta localidad, de quienes reclamó lo siguiente: a.- Del C. JUEZ SEXTO DE LO CIVIL POR AUDIENCIA con residencia en Cd, Juarez, Chihuahua se reclama LA ILEGAL NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO practicado dentro de los autos del expediente 994/19, relativo al juicio Ejecutivo mercantil promovido por ******** a través de su apoderado legal y endosatario judicial , con lo que se me genero un estado de indefensión, al habérseme privado de mis derechos a contestar la demanda, ofrecer pruebas, alegatos dentro de tal procedimiento, así mismo se reclama la ilegalidad de todas las actuaciones judiciales realizadas en ese juicio, hasta el auto que causaba ejecutoria la sentencia definitiva dictada en ese expediente, en el que no se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento. b.- Del C. JEFE DE LA CENTRAL DE ACTUARIOS Y MINISTROS EJECUTORES DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS , en su calidad de ejecutora, se reclama LA DILIGENCIA DE ILEGAL EMPLAZAMIENTO, CUYA RAZON ACTUARIAL DEBE DE OBRAR EN AUTOS, mismo que nunca me fue notificado personalmente o en los términos legales que se ordenan en los diversos numerales del código de procedimientos civiles del Estado, dentro de los autos del expediente 994/19 del Tribunal Sexto Civil por audiencia , en el que no se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento y con lo que se me genero un estado de indefensión, al habérseme privado de mis derechos a contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegatos dentro de tal procedimiento para obtener una sentencia favorable a mis intereses. Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de cinco de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señalaron hora y fecha para la audiencia constitucional. Quinto. Ampliación de la demanda. Mediante auto de quince de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la ampliación de demanda (por virtud de la cual el quejoso desahogó la vista que se le formuló en auto de siete de septiembre de tal anualidad), respecto de los conceptos de violación y donde adicionó como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Central de Actuarios y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, a quien le atribuyó el emplazamiento que le practicó al juicio natural, del que emanaban los actos reclamados. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues los actos reclamados tuvieron lugar en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: a) Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad: - Todo lo actuado en el expediente 994/19, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por ***********, en su contra. b) Del Jefe de la Central de Actuarios y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos y Actuario adscrito a la Central de Actuarios y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, ambos con domicilio en esta ciudad: -El emplazamiento al juicio natural, efectuado el nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. El Jefe de la Central de Actuarios y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó el acto que le atribuyó el accionante del amparo, pues indicó que no es autoridad ejecutora ni ordenadora, que solamente tiene funciones administrativas de la oficina a la cual está a cargo, ya que quien ordena es el juez que conoce del asunto y quien ejecuta es el Actuario o Ministro Ejecutor designado. Lo anterior, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto del acto reclamado a dicha autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Juez Sexto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. De igual modo, se estiman ciertos los actos atribuidos al Actuario adscrito a la Central de Actuarios y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, en términos de la segunda parte del párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, al haber sido omiso en rendir su informe con justificación y por las razones que a continuación se expondrán. Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió el Juez responsable anexas a su informe con justificación, de las que se desprende que, efectivamente, el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, admitió a trámite la demanda promovida por ******, en la vía ejecutiva mercantil, contra ***********, a quien el Actuario adscrito, emplazó por medio de instructivo el seis de diciembre del mismo año; además, que transcurrido el término concedido al demandado para contestar la demanda, por auto de diez de enero de dos mil veinte, se le declaró en rebeldía y se dio apertura al juicio a prueba; luego, que por acuerdo de veintiuno de febrero del año en comento, se aperturó el periodo de alegatos; después, que mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil veinte, se ordenó citar a las partes para oír sentencia, misma que fue pronunciada el seis de julio de esa anualidad, en la cual se condenó al aquí quejoso a pagar a la parte actora, lo siguiente: a) $******* (****************), por concepto de suerte principal, importe insoluto del título de crédito (pagare) suscrito el cinco de abril del dos mil diecinueve; y, b) el pago de los intereses moratorios a razón de la tasa del ***** anual (***********), generado a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento, es decir, el seis de mayo de dos mil diecinueve, mas al pago que por ese concepto (intereses moratorios condenados), se siga generando hasta la total liquidación de la cantidad por concepto de suerte principal condenable del pagare base de la acción. Tales constancias, poseen valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es la Secretaria Judicial adscrita al juzgado responsable. Ante lo anterior, resulta innegable la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables. Quinto. Sobreseimiento. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este juzgado considera que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decreto (.) En efecto, el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa en proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, por el que se le requirió para que a) recogiera los edictos para emplazar a la tercero interesada, **********, b) los entregara para su publicación y c) que acreditara ante este órgano jurisdiccional su publicación; o bien, demostrara su incapacidad económica para tal efecto, feneció sin que lo hiciera. Tal periodo, transcurrió del siete de septiembre al siete de octubre de la presente anualidad, sin incluir en dicho cómputo los días once, doce, catorce, quince, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de septiembre, dos y tres de octubre, de dos mil veintiuno, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; pues la parte quejosa fue notificada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, desde el tres de septiembre de dos mil veintiuno. Al respecto -como ya se indicó- el quejoso, *********, promovió juicio de amparo contra actos del Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, y otras autoridades, de quienes reclamó todo lo actuado en el expediente 994/19, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por ***********, en su contra, de forma destacada el emplazamiento practicado y la sentencia ahí pronunciada. Actos que, respecto del Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y Actuario adscrito a la Central de Actuarios y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, resultaron ciertos, pues quedó demostrado que el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, ********, promovió un juicio, en la vía ejecutiva mercantil, contra el aquí quejoso; que posteriormente el seis de diciembre del mismo año, se emplazó a este último, por medio de instructivo; que el juicio se siguió en todas su etapas, hasta que el seis de julio de dos mil veinte, se dictó sentencia, en la que se condenó al quejoso al pago de las prestaciones indicadas en el considerando cuarto de esta resolución. Asimismo, luego de recibido el informe justificado rendido por el juez responsable, se le dio en este juicio, la calidad de tercero interesada a *********, en auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte. Así, se ordenó su emplazamiento en el domicilio precisado en las constancias enviadas por la autoridad responsable, sin que se lograra la diligencia encomendada, tal como asentó la actuaria adscrita en constancia de veintiséis de agosto de dos mil veinte, pues la fedataria refirió que la persona que la atendió en el lugar, le indicó que la citada tercero interesada desde hace aproximadamente dos años ya no se encontraba en esa plaza comercial. Enseguida -luego de que se requiriera a la parte quejosa, a efecto de que informara, en caso de contar con ello, diverso domicilio para buscar el emplazamiento de la persona de referencia, sin éxito- en acuerdo de siete de septiembre de dos mil veinte, se inició investigación en diversas dependencias, con la finalidad de obtener tal información. Después de contar con todos y cada uno de los informes instados con motivo de tal investigación, esto es, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Teléfonos de México, Registro Público de la Propiedad, Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Comisión Federal de Electricidad, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Chihuahua "2" y Vocal Estatal del Registro Nacional de Electores, con residencia en esta ciudad, así como del Secretario Técnico Normativo del Instituto Nacional Electoral, con sede en la Ciudad de México; en autos de veintitrés de octubre, cuatro y once de noviembre de dos mil veinte, se ordenó girar exhorto (vía interconexión) al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, a efecto de que, en auxilio de las labores de este juzgado, emplazara a la persona en comento en el domicilio que en dicha localidad, informó el Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, que podía ser localizada. Después, en auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, al recibirse sin diligenciar tal comunicación oficial, se requirió nuevamente a la parte quejosa para que informara a este juzgado si contaba con un domicilio diverso de la tercero interesada, para emplazarla a juicio; sin embargo, al no atender el requerimiento, se giró, en dos ocasiones más, exhorto al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, para que se constituyera en el domicilio preindicado en el párrafo que antecede; sin tener éxito. Luego, el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se requirió nuevamente a la parte quejosa para que informara un domicilio para efectuar el emplazamiento de la tercero interesada; requerimiento que atendió el dieciocho de los mismos, donde informó que aquella podía ser localizada en ******************, Estado de México, por lo que se giró exhorto al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, para tales efectos; sin embargo, no se tuvo éxito en la diligencia encomendada. Así, por autos de cinco y veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se requirió de nueva cuenta a la parte quejosa para que proporcionara un domicilio para emplazar a ***************, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se procedería a emplazarla por medio de edictos a su costa; ello, sin que se manifestara al respecto. En esas condiciones, por auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada a través de edictos que deberían publicarse tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación en la República Mexicana; por lo que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días, computados legalmente, a) los recogiera, b) los entregara para su publicación, y c) acreditara ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos), o bien, señalara la incapacidad económica que tuviera, en su caso, para tal efecto; sin que lo hubiera efectuado. Ello, pues el aludido auto se le notificó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, desde el tres de septiembre de dos mil veintiuno. Sin embargo, dentro de tal periodo no acudió a recogerlos y por ende, tampoco los entregó para su publicación. Por lo tanto, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, para robustecer lo anterior, se invoca la jurisprudencia por contradicción de tesis 64/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 211, del Tomo XVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2002, materia común, Novena Época y número de registro 186587, que dice: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Es menester indicar que no se actualiza el supuesto de excepción que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la tesis 108/2010, derivada de la solicitud de modificación de la citada jurisprudencia 64/2002, criterio que se encuentra publicado en la página 416, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2010, materia común, Novena Época y número de registro 164074, y que fue invocado en el acuerdo de dos de marzo de dos mil veintiuno; criterio que es del tenor literal siguiente: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Además, en el referido acuerdo de dos de marzo de dos mil veintiuno, también se invocó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 84/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 266, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época y número de registro 161091, del contenido: EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo. La observancia de esta formalidad en el juicio de amparo directo en materia penal promovido por el enjuiciado cumple con el objetivo de otorgar a la víctima u ofendido del delito, con derecho a recibir la reparación del daño, la oportunidad de ser escuchado respecto del interés que tiene en la subsistencia del acto reclamado. Ahora bien, en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero perjudicado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivada de la privación de su libertad personal como consecuencia de la sentencia condenatoria que reclama o de sus condiciones personales, basta que se exprese esta condición de insolvencia económica para que, en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proceda a ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Ello, pues la parte quejosa no manifestó ni demostró, dentro del aludido periodo de veinte días, que tuviera imposibilidad económica para sufragar tales edictos. En esas condiciones, con sustento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente asunto. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio promovido por *******, en contra de las autoridades que señaló en este juicio como responsables, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que para el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional. No obstante, existe imposibilidad jurídica para llevarla a cabo, toda vez que la parte quejosa aún no ha efectuado la publicación de los edictos ordenados el treinta de agosto de dos mil veintiuno, para emplazar a la tercero interesada ******************** y el término otorgado, aún se encuentra en curso. Por lo que, a efecto de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas del trece de octubre de dos mil veintiuno. Finalmente, notifíquese este proveído por lista a las partes, inclusive a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se desprende que feneció el término otorgado el veintiuno de julio del año en curso, a la parte quejosa para que informara un domicilio en el que pudiera localizarse a la tercero interesada *******; sin que se recibiera promoción al respecto. Ahora del estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no se ha logrado emplazar a la citada moral. Del mismo modo se colige que de las investigaciones realizadas por este órgano jurisdiccional, para obtener el domicilio de la moral en cita, entre ellas, la efectuada ante Teléfonos de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Registro Público de la Propiedad, Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Administrador Desconcentrado de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria "2", Gerente de Servicios al Cliente de la Coordinación Comercial de la Comisión Federal de Electricidad, Recaudador de Rentas y Director de Comercio, no resultó exitosa para lograr su emplazamiento. Por tanto, lo procedente es ordenar el emplazamiento de la tercero interesada *******, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, los que deberán publicarse por tres veces, de siete en siete días hábiles, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana. Haciéndole saber a la tercero interesada que deberá presentarse dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación, fijándose además en la puerta de este juzgado una copia íntegra de este proveído por todo el tiempo del emplazamiento, apercibiéndola de que si pasado ese término no comparece a este juzgado, las ulteriores notificaciones se le harán por medio de lista, que se fijará en las puertas de este juzgado Lo anterior con apoyo en lo dispuesto en el Artículo 27, fracción III, b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley. En tal virtud hágasele entrega de los citados edictos a la parte quejosa para los efectos de su publicación. Se apercibe a la parte quejosa, que de no recoger los edictos, pagar su publicación y en su debida oportunidad exhibirlos ante esta autoridad dentro del plazo de veinte días computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición de la quejosa, ello dará lugar al sobreseimiento en el presente juicio de amparo; de ahí que en el plazo referido, ésta debe a) recogerlos, b) entregarlos para su publicación, y c) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos), o bien, demostrar la incapacidad económica que tenga para tal efecto. Lo anterior de conformidad con dispuesto en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 84/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 266, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época y número de registro 161091, del contenido: EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo. La observancia de esta formalidad en el juicio de amparo directo en materia penal promovido por el enjuiciado cumple con el objetivo de otorgar a la víctima u ofendido del delito, con derecho a recibir la reparación del daño, la oportunidad de ser escuchado respecto del interés que tiene en la subsistencia del acto reclamado. Ahora bien, en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero perjudicado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivada de la privación de su libertad personal como consecuencia de la sentencia condenatoria que reclama o de sus condiciones personales, basta que se exprese esta condición de insolvencia económica para que, en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proceda a ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Además, de conformidad con dispuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 108/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 416, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época y número de registro 164074, que es del tenor literal siguiente: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 27/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 27, Tomo I, Septiembre de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Décima Época y número de registro 2009915, que es del tenor literal siguiente: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo. Se precisa a la parte quejosa que para recoger tales edictos, deberá agendar una cita y obtener un código QR que permita su acceso a las instalaciones de este juzgado, dentro del horario establecido (de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario matutino). Ello, por sí o por conducto de cualquiera de sus autorizados en términos amplios, indistintamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, toda vez que aún se encuentra pendiente de emplazar al presente juicio a la moral tercera interesada *******. Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto, el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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