Carlos García Torres
Expediente 471/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 45 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 471/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carlos García Torres
- Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de veintidós de abril del año en curso, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación. Así, el duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de abril de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 471/2021-IV, promovido por **********. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el mismo día, **********, promovió demanda de amparo contra las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo. Segundo. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 17, 25 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión a trámite de la demanda. En proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Ampliación de demanda. Mediante escritos recibidos en este Juzgado el diecinueve de julio de dos mil veintiuno y diez de septiembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa amplió su demanda de amparo; la primera se admitió a trámite en auto de veinte de julio de dos mil veintiuno, mientras que la segunda ampliación fue desechada parcialmente, y admitida parcialmente, en auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno; lo anterior, contra las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo. Quinto. Celebración de audiencia constitucional. Una vez integrado este asunto, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede, la cual concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclama un acto emitido dentro del territorio donde este Juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta las constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclama lo siguiente: DEMANDA INICIAL De la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Departamento de afiliación y vigencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Segundo Social, con residencia en la ciudad de Chihuahua: La omisión de pagar la pensión de cesantía en edad avanzada, otorgada en resolución de cinco de febrero de dos mil veinte. PRIMERA AMPLIACIÓN DE DEMANDA: Del Coordinador de Clasificación de Empresas y Vigencia de Derechos de la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Segundo Social, con residencia en la Ciudad de México: El certificado de derechos que emitió. De la Director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México: La revocación de la resolución de otorgamiento de pensión por cesantía en edad avanzada de cinco de febrero de dos mil veinte, que se desprende de la diversa resolución de negativa de pensión. De la Subdelegación 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán, Sinaloa: La determinación en el sentido de que no existió la relación laboral entre el quejoso y su último patrón. Del Departamento de Pensiones de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad: El acta circunstanciada de veintinueve de junio de dos mil veintiuno. SEGUNDA AMPLIACIÓN DE DEMANDA: De la Subdelegación 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Culiacán, Sinaloa: El aviso de verificación con número de oficio 26101950100VE000662020, de once de agosto de dos mil veinte. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. En sus informes justificados la Titular de la Subdelegación Juárez Dos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chihuahua y la Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la ciudad de Chihuahua, manifestaron que no es cierto el acto que se les reclamó, consistente en la omisión de pagarle al quejoso la pensión de cesantía en edad avanzada, que le había sido otorgada en resolución de cinco de febrero de dos mil veinte; lo que se corrobora tomando en cuenta que dicho acto fue aceptado por diversa autoridad responsable, como se indicará en el considerando que sigue. Asimismo, el Titular de la Coordinación de Clasificación de Empresas y Vigencia de Derechos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclamó, consistente en haber expedido el certificado de derechos a nombre del quejoso; lo que se corrobora con el propio documento, del que se aprecia que fue expedido por la Coordinadora de Servicios Técnicos y la Encargada del Departamento de Afiliación y Vigencia, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Finalmente, el Director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México, manifestó que no es cierto el acto que se le reclamó, consistente en la revocación de la resolución de otorgamiento de pensión, lo que se corrobora tomando en cuenta que fue diversa autoridad la que emitió esa determinación, como se indicará en el considerando que sigue. Cuarto. Existencia del acto reclamado. El Jefe de Pensiones Subdelegacional Juárez 2, Subdelegación Juárez 2, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la ciudad de Chihuahua, en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado, consistente en la omisión de pagarle al quejoso la pensión de cesantía en edad avanzada, que le había sido otorgada en resolución de cinco de febrero de dos mil veinte, esto, en virtud de la resolución de negativa de pensión de veintidós de abril de dos mil veintiuno. No obstante, dicha autoridad no rindió su informe justificado en relación con la primera ampliación de demanda, en la cual se le reclamó el acta circunstanciada de veintinueve de junio de dos mil veintiuno; por lo que, de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado, pero además, de su informe justificado relativo a la demanda inicial, se desprende que efectivamente levantó dicha acta. Por su parte, el Subdelegado 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le reclamó, consistente en la resolución de veintisiete de agosto de dos mil veinte, contenida en el oficio 269101950100VE00802020, en la cual se determinó que el patrón********** SC y el aquí quejoso Carlos García Torres, no se ubican en el supuesto de aseguramiento al régimen obligatorio señalado en el artículo 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social, por lo que se procedió a dar de baja al trabajador, de la cual remitió copia certificada. Ahora bien, el Subdelegado 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, Sinaloa, fue omiso en rendir su informe justificado relativo a la segunda ampliación de demanda, en la cual se le reclamó el aviso de verificación con número de oficio 269101950100VE000662020, de once de agosto de dos mil veinte, por lo tanto, de igual forma, de conformidad con el citado artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado, pues se cuenta con el acuse de recibo postal relativo al oficio mediante el cual dicho informe justificado le fue requerido oportunamente; pero además, de las constancias que remitió dicha autoridad, relativas al procedimiento administrativo que culminó con la resolución de veintisiete de agosto de dos mil veinte, ya descrita, se advierte que dicha autoridad responsable efectivamente emitió la orden de verificación reclamada. Las constancias a las que se hace referencia en este considerando, cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues las que remitió el Jefe de Pensiones Subdelegacional Juárez 2, Subdelegación Juárez 2, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la ciudad de Chihuahua, se recibieron en el correo electrónico de este Juzgado y se certificó, en el acuerdo relativo de nueve de julio de dos mil veintiuno, la fecha y hora de recepción, mientras que, las que remitió el Subdelegado 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, Sinaloa, fueron certificadas respecto de sus originales, por un funcionario dotado de fe pública, quien estampó su firma y el sello oficial correspondientes. De manera que, se tiene fehacientemente demostrada la existencia de los actos reclamados precisados en este considerando. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso numeral 5, fracción II, de la propia Ley, pues el Jefe de Pensiones Subdelegacional Juárez 2, Subdelegación Juárez 2, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la ciudad de Chihuahua, ni el Subdelegado 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, Sinaloa, tienen la calidad de autoridades responsables, pues los actos reclamados, consistentes en el aviso de verificación de once de agosto de dos mil veinte, la resolución de veintisiete de agosto de dos mil veinte, la resolución de veintidós de abril de dos mil veintiuno y el acta circunstanciada de notificación de ésta de veintinueve de junio del mismo año, que se refieren, esencialmente, a la determinación de la inexistencia de una relación laboral entre el patrón ********** SC y el trabajador, aquí quejoso, **********, y a la consecuente cancelación de la pensión por cesantía en edad avanzada que se le había otorgado a este, son actos que carecen de imperatividad, de coercitividad y no afectan unilateralmente la esfera jurídica del quejoso, pues con los mismos no se creó, modificó o extinguió una situación jurídica que le beneficie o le perjudique; además, tales actos reclamados derivan de una relación entre particulares, pues en todo caso dichas autoridades responsables actuaron en sustitución de la parte patronal, en un plano de igualdad, no de supra-subordinación. Por lo anterior, conforme al artículo 295 de la Ley del Seguro Social vigente, el acto reclamado debe ser ventilado ante un Tribunal Federal en materia laboral, pues se refiere a una controversia entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y uno de sus asegurados, el quejoso. Le asiste razón a la autoridad responsable. A efecto de demostrar lo anterior, en principio se cita el contenido de los artículos 1, fracción I, 5, fracción II, primer párrafo y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo: Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De la interpretación sistemática de esos preceptos, se colige que para efectos del juicio de amparo la autoridad responsable es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, con independencia de su naturaleza formal; pudiendo tener tal carácter un particular, siempre que realice actos equivalentes a los de una autoridad, afecte derechos de un gobernado y sus funciones estén determinadas por una norma general. Así, se advierte que en el presente juicio el acto que se atribuye a las responsables no constituye uno de autoridad, que sea susceptible de analizarse a través de este medio de control constitucional, el cual sólo procede contra actos de autoridad y no de quienes no tengan la calidad de responsable. No obstante, esa enunciación de los actos que puede realizar una autoridad atinente a la acción constitucional, éstos no dan la pauta para definir conceptualmente lo que debe entenderse como autoridad para efectos del juicio de amparo; por ende, se atiende a las directrices históricas que al respecto ha sustentado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer término, al resolver la contradicción de tesis 116/2005 originaria de la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, número de registro 177279, de rubro: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD; consideró: I) Como notas distintivas de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, se requiere: La existencia de un ente de hecho o de derecho que tenga una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga nacimiento en la ley, dotándolo de facultades administrativas de ejercicio irrenunciable. Emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas afectando la esfera legal del particular. Que para ello no requiere acudir ante órganos judiciales ni el conceso de la voluntad del afectado. II) Que las autoridades dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como un organismo descentralizado perteneciente a la administración pública Federal Paraestatal (artículo 4° de la Ley respectiva), encargado de la administración de seguros, prestaciones y servicios de seguridad social a sus derechohabientes y/o beneficiarios, sí constituye autoridad para efectos del juicio constitucional cuando conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque pensiones (siempre y cuando colme el principio de definitividad); toda vez, que tal determinación afecta en forma unilateral la esfera del particular sin necesidad de obtener el consenso de este último o acudir ante un tribunal judicial. En segundo término, al fallar la contradicción de tesis 57/2009, generadora de la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, número de registro 165782, de rubro: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR, estimó: III) Que constituye autoridad para efectos de la acción constitucional, a quien la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales; esto es, aquéllas que ejercen facultades decisorias que les fueron legalmente atribuidas, constituyendo una potestad administrativa y de ejercicio irrenunciable, pues el gobernante impone su voluntad de manera unilateral, imperativa, coercitiva y exigible a través de la fuerza pública u otra autoridad. IV) Que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como un organismo descentralizado perteneciente a la administración pública Federal Paraestatal (artículo 5° de la Ley correspondiente), encargado de la administración de seguros, prestaciones y servicios de seguridad social a sus derechohabientes y/o beneficiarios, tiene reconocido un doble carácter: Como organismo fiscal autónomo, cuando determine y recaude las cuotas obrero-patronales, hipótesis en la que actúa como autoridad con atributos legales. Como ente asegurador, al sustituir al patrón como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico mediante el que se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o dinero, al asegurado o sus beneficiarios; caso, en el que encuentra en un plano de igualdad. V) Por lo que a fin de dilucidar si el aludido Instituto es o no autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se reclame la omisión de respuesta a una solicitud en ejercicio del derecho de petición previsto por el artículo 8 Constitucional, se atendería al caso particular; resultando, que procedía la acción únicamente cuando se impugnara su descuido como organismo fiscal autónomo, no así cuando lo fuera como ente asegurador, pues en este último supuesto se reclamarían prestaciones de seguridad social respecto de las cuales resulta competente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En un tercer momento, al dirimir la contradicción de tesis 129/2011, creadora de la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, número de registro 160995, de rubro: SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL; expuso: VI) Retomó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), contaba con un doble carácter, como organismo fiscal autónomo y como ente asegurador. En relación con el primero, las controversias que se susciten serán dirimidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa); en tanto que respecto del segundo, lo será por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. VII) La relación jurídica entre el multicitado Instituto con sus asegurados y sus beneficiarios, no lo es como organismo fiscal autónomo, por lo que ante ellos no actúa con potestad de autoridad; toda vez, que no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, como lo sería el otorgamiento de cualquier pensión. Esto es, si bien cuenta con facultades para determinar sobre la procedencia de prestaciones que le sean solicitadas, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación) y al resolver únicamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento. VIII) Por lo que, el señalado Instituto no es autoridad para efectos del juicio de amparo al resolver un recurso de inconformidad en el que se reclamen como un ente asegurador prestaciones de seguridad social. Sin que se inadvierta la jurisprudencia P./J. 1/2001 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 190365, de rubro: SEGURO SOCIAL. LA ACCIÓN DE PAGO EJERCITADA CONTRA EL INSTITUTO POR GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LA NEGATIVA A BRINDAR ASISTENCIA MÉDICA U HOSPITALARIA A UN ASEGURADO, BENEFICIARIO O PENSIONADO, O POR RESULTAR DEFICIENTE, ES DE NATURALEZA CIVIL Y SU CONOCIMIENTO CORRESPONDE A UN JUEZ DEL FUERO COMÚN; pues, en ese particular se dilucidaba sobre una controversia entre los asegurados o sus beneficiarios con el referido Instituto acerca de las prestaciones que la Ley del Seguro Social otorgaba, en tanto, que en aquélla contradicción se estudió la diversa acción civil de pago buscando la restitución del numerario erogado con motivo a la omisión del Instituto de proveer total o deficientemente servicios médicos u hospitalarios. Por último, al emitir la resolución de la contradicción de tesis 341/2015, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), número de registro 2011948, de rubro: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR; concluyó: IX) Retomar el análisis de las notas distintivas de los actos de autoridades para efectos de la acción de amparo, de conformidad a la ley vigente; considerando como tal: La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal. Que emita actos jurídicos derivado de sus facultades conferidas legalmente u omita hacerlo. Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Con los actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debía traerse a colación lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión número 772/2015, en el sentido de que: Era cierto que el indicado Instituto como ente asegurador y al someterse a la jurisdicción laboral, actuaba en igualdad como todo particular, y que en esos casos, el juicio de amparo no podría substituir a la jurisdicción ordinaria en la resolución de conflictos sobre seguridad social. Sin embargo, existían casos excepcionales para la procedencia inmediata de la acción constitucional intentada por un asegurado o beneficiario contra un acto del señalado Instituto como ente asegurador, tal y como lo serían determinaciones sobre la procedencia o no de prestaciones de seguridad social previstas legalmente, pues de manera unilateral, vinculante y no en un plano de igualdad, prevalecen hasta que se dicta laudo o resolución que las invalide en el juicio o medio de defensa procedente; ello, sin la necesidad de que medie la jurisdicción ordinaria. Primero, porque el señalado Instituto prestaba un servicio público para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado Mexicano en materia de seguridad social; siendo, que en el ejercicio de esa actividad, los particulares ejercen derechos configurados legalmente y su protección se encuentra prevista en la ley y que para su efectividad, aquéllos se encuentran en una relación asimétrica (desigual) con dicho Instituto. Segundo, porque en la prestación de ese servicio público, está facultado para emitir actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de manera unilateral y obligatoria, o en su caso, una omisión que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas; tal y como acontecía con la resolución que niega el otorgamiento de la pensión de viudez. XI) Por lo que concluyó, que si bien el indicado Instituto de conformidad a la legislación que lo rige se encontraba facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de alguna prestación de seguridad social, por el cual crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas a los asegurados o sus beneficiarios; la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que cuando se le reclamara la omisión de respuesta a una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto pues en ese caso resultaba necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita respuesta. Bajo el entendido, de que sería improcedente la ampliación de demanda de amparo; ya que, una vez que el asegurado y/o beneficiario conociera la respuesta a su petición y de estimar que no satisface su interés, debía acudir a la vía ordinaria laboral en materia de seguridad social. Relación histórica de directrices, de la que se puede concluir que las características de un acto de autoridad para los efectos de la acción constitucional, son las siguientes: Que tenga calidad de órgano público. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. Que emita o realice actos unilaterales que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, afectando a los gobernados. Congruente con lo razonado, cuando se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo", se requiere la presencia de mayores elementos que dependerán del análisis del caso específico que se presente, para lo cual se deberá analizar, cuando menos: El origen material y la finalidad del acto respectivo. El carácter de la relación jurídica entre los sujetos (actualización de la relación de supra a subordinación). El sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del particular. En ese orden, respecto al carácter de la relación jurídica ante los sujetos vinculados, se conoce que el Estado en su actuación puede vincularse de distinta manera, y surgen así relaciones jurídicas que producen efectos que pueden o no dar lugar a actos autoritarios, tales relaciones se clasifican en: Las relaciones de coordinación, mismas que se desarrollan entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad; por lo que para dirimir sus diferencias se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Las relaciones de supraordinación, que son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. Así, el calificativo de acto de autoridad involucra al órgano del Estado quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con su ejecución, o bien por ambas. Lo anterior, en un plano de supra a subordinación; es decir, los particulares como gobernados y el Estado investido con su imperio. Tiene aplicación la tesis: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. (Época: Novena Época, Registro: 199459, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Materia(s): Común, Tesis: P. XXVII/97, Página: 118). Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado como excepción a la regla general antes indicada, estimando la procedencia de la acción constitucional contra actos realizados por particulares cuando éstos actúan por mandato expreso de la ley; tal y como se sostiene en la Jurisprudencia con número de registro 232151, de rubro: LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. En el caso, de las constancias que remitió el Subdelegado 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, Sinaloa, ya valoradas, se desprende que el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve y el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, la Subdelegación Juárez 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, emitió un oficio y memorándum, del se advierte que se localizó lo siguiente: El C. GARCÍA TORRES CARLOS tiene registrada en su cuenta individual un movimiento de baja de fecha 05 de agosto de 2000. En ese contexto el trabajador cotizó 58 semanas y por consecuente ese periodo de aseguramiento le otorga el derecho a contratar la continuación voluntaria al régimen obligatorio (modalidad 40), quien solicitó en esta Subdelegación Juárez 2 a partir del 22 de septiembre de 2019 con salario $1,600.00 el cual ejerció su derecho a este seguro. (.) Posteriormente los antes mencionados reingresa al régimen obligatorio, después de 17 y 9 años aproximadamente, con el patrón ELR CONSULTORÍA Y ASESORÍA INTEGRAL SC con registro patronal E498826410, con domicilio en ÁLVARO OBREGÓN 154 -1 I-1 CP, 82000, EN Culiacán, Sinaloa. En este contexto, los asegurados interrumpieron su aseguramiento por más de 6 años y cotizaron 58 y 61 semanas por lo que aún y cuando cumplieron con lo establecido en lo previsto por la fracción III del artículo 183 de la Ley del Seguro Social 1973, se presume de alguna inscripción improcedente entre los trabajadores y el patrón con el fin de recuperar las semanas cotizadas previamente y obtener el derecho a la prestación de Cesantía en Edad Avanzada. Así mismo se sospecha que la relación de trabajo carece de la prestación de un trabajo personal subordinado, en virtud de que los trabajadores presentan comprobantes de domicilio en esta ciudad, también se observa que el C. CARLOS GARCÍA TORRES en el período laborado, acudió a una cita médica el día 14 de septiembre de 2017 en la UMF 34 en esta ciudad. Debido a lo anterior, el Subdelegado 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, Sinaloa, emitió la resolución con número de oficio 269101950100VE000662020, de once de agosto de dos mil veinte, denominada "aviso de verificación", en la cual, medularmente, asentó que de la verificación a la información proporcionada por el patrón ********** SC, así como de la información relativa al presunto trabajador **********, aquí quejoso, con número de seguridad social 32 73 58 1115 3, se advirtió la inexistencia de los supuestos y requisitos de aseguramiento de éste; por lo cual, le otorgó un plazo de cinco días hábiles, computados legalmente, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, esto, se entiende, de conformidad con el artículo 56 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Una vez desahogada la vista que se le otorgó al mencionado patrón y luego de que éste hubiera exhibido la documentación correspondiente para demostrar que las irregularidades que se le imputaron, no existen, el Subdelegado 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, Sinaloa, emitió la resolución de veintisiete de agosto de dos mil veinte, contenida en el oficio 269101950100VE00802020, en la cual se determinó lo siguiente: - Que el patrón ELR CONSULTORÍA Y ASESORÍA INTEGRAL SC y el aquí quejoso Carlos García Torres, no se ubican en el supuesto de aseguramiento al Régimen Obligatorio, previsto en el artículo 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social, - Ordenó al Departamento de Afiliación y Vigencia de la Subdelegación 1, dar de baja al aquí quejoso, en el régimen obligatorio del Seguro Social, que de conformidad con el artículo 11 de la Ley del Seguro Social, comprende los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez, entre otros, - Que dicha baja surtiría todos sus efectos desde el uno de septiembre de dos mil diecisiete, fecha en la cual fue reingresado como trabajador, al Instituto Mexicano del Seguro Social, - Finalmente, le indicó al patrón, los medios de defensa con que contaba, le señaló que la conducta de que se trata se reputa como fraude y le comunicó que, aunque la resolución administrativa que nos ocupa, aun cuando es definitiva, las facultades de comprobación del Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de las obligaciones a su cargo en materia de Seguridad Social, quedan a salvo. Por tanto, si bien es cierto que el Instituto responsable en ciertos supuestos actúa en un plano de "supra a subordinación", también lo es que en el caso particular, carece de tales características, pues actuó como ente asegurador, supuesto en el cual se está ante la presencia de una relación de coordinación entre el quejoso y la autoridad responsable. Es así, toda vez que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social actúa frente a los derechohabientes, como ente asegurador y realiza actos vinculados a las prestaciones en especie y en dinero que reconoce la Ley del Seguro Social, tales actos no son reconocidos como de autoridad para efectos del amparo, debido a que si bien dicho Instituto puede pronunciarse sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, al resolver sobre las mismas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre el Instituto y el asegurado es de igualdad (coordinación), y al emitir su determinación sólo verifica el cumplimiento de los requisitos legales para otorgar la prestación que se le solicita. No obstante, en caso de que los asegurados estén inconformes con la determinación que emita el Instituto respecto de las prestaciones que éste otorga, podrán acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a fin de dilucidar la controversia, órgano en el que ambas partes intervendrán en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación. Es aplicable la jurisprudencia: SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia. (Época: Novena Época. Registro: 160995. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 134/2011. Página: 1511). Por lo que es evidente que al suspender el pago de la pensión al quejoso, obedeció a que de la verificación a la información proporcionada por el patrón, para su registro, así como a la información relativa al presunto trabajador, aquí parte quejosa, se advirtió la inexistencia de los supuestos y requisitos de aseguramiento de éste, esto es, que no se ubica en el supuesto de aseguramiento al Régimen Obligatorio, previsto en el artículo 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social; de ahí que el Instituto Mexicano del Seguro Social actuó en ejercicio de sus atribuciones como ente asegurador, supuesto en el cual la relación entre el Instituto y el derechohabiente es de coordinación y no de autoridad, deviniendo en que aquél no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Lo que fue confirmado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dilucidar la contradicción de tesis 341/2015, citada con anterioridad, de la que derivó la jurisprudencia que señala: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. (Época: Décima Época. Registro: 2011948. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 66/2016. (10a.). Página: 898). Del criterio transcrito se desprende que cuando se reclame al Instituto Mexicano del Seguro Social la omisión de dar respuesta a una petición, en su carácter de ente asegurador, sí tendrá el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; pero contra la respuesta que emita es improcedente, dado que el asegurado debe acudir a la vía ordinaria laboral en materia de seguridad social para controvertir la determinación que no le satisface, siendo que ésta se emite en un plano de coordinación entre el Instituto y el asegurado, pues se limita a precisar si se cumplieron o no los requisitos para acceder a una determinada prestación reconocida por la Ley del Seguro Social. Tal como en la especie ocurrió, en que la pensión del quejoso corresponde a una prestación que le otorga la Ley del Seguro Social, la cual le fue retirada en razón que su patrón incumplió con diversos requisitos legales; por lo que todas las cuestiones inherentes a dicha pensión que no satisfagan el interés del quejoso, deberán impugnarse en la vía laboral que corresponda, tal como lo establece el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, que señala: Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Derivándose de ello que las controversias que surjan entre los asegurados y sus beneficiarios con el Instituto, respecto de prestaciones que otorgue la Ley del Seguro Social, se tramitarán ante la Junta Federal de Conciliación Arbitraje; de ahí que el Instituto, al llevar a cabo actos que versen sobre tales prestaciones de seguridad social, no actúa como autoridad, sino como ente asegurador, es decir, en un plano de coordinación frente al sujeto asegurado. Lo anterior, no obstante que el acto reclamado proviene, como se expuso, de uno administrativo, en el cual el Subdelegado 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en la resolución de veintisiete de agosto de dos mil veinte, contenida en el oficio 269101950100VE00802020, ordenó dar de baja al quejoso **********, en el régimen obligatorio del Seguro Social, que de conformidad con el artículo 11 de la Ley del Seguro Social, comprende los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez, entre otros, por considerar que su entonces patrón ********** SC, no cumple con lo previsto en el artículo 12, fracción I, de la Ley de Seguridad Social. Pues, de conformidad con el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, así como de los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes analizados, las controversias entre el instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que dicho ente no acude como autoridad. Precisión que en sentido estricto, hace alusión al diverso motivo de inejercitabilidad de la acción constitucional, consistente en el principio de definitividad, el cual conmina a los gobernados a promover o a interponer los recursos o los medios ordinarios, por virtud de los cuales esos actos pueden ser modificados, revocados o nulificados, lo que está contemplado, tratándose de actos de autoridades distintas a los tribunales jurisdiccionales, en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Sin que en el caso se advierta alguna causa de excepción al principio de mérito, como puede ser: que el impetrante aduzca exclusivamente violaciones directas a la Constitución Federal (pues los conceptos de violación están encaminados a atacar únicamente la suspensión de pensión reclamada, no así algún precepto normativo); cuando el recurso o el medio de defensa esté previsto en un reglamento sin que la ley aplicable prevea su existencia (toda vez que la controversia ordinaria está prevista en el artículo 295 de la Ley del Seguro Social y en el precepto 899 A de la Ley Federal del Trabajo); o, aduzca una falta de fundamentación y motivación. Excepción esta última la cual, en principio, si bien el quejoso no considera vulnerado el derecho establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal, pues en los motivos de disenso de la demanda no se advierte alguno tendente a evidenciar esa falta. No obstante, la misma no se actualiza, pues de la resolución reclamada se aprecian las normas aplicadas y los motivos por los cuales los cuales la responsable consideró resolver lo indicado. En efecto, como ya se indicó de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve y el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, la Subdelegación Juárez 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, emitió un oficio y memorándum, cuyo contenido originó que el once de agosto de dos mil veinte, se emitiera un "aviso de verificación", en la cual le otorgó un plazo de cinco días hábiles al entonces patrón del aquí quejoso, computados legalmente, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el resultado de la cédula de análisis. Una vez desahogada la vista que se le otorgó al mencionado patrón, la autoridad responsable emitió la resolución reclamada de veintisiete de agosto de dos mil veinte, en la cual determinó, se insiste, lo siguiente: - Que advirtió que el patrón y quejoso de referencia, no se ubican en el supuesto de aseguramiento al Régimen Obligatorio, previsto en el artículo 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social, - Ordenó al Departamento de Afiliación y Vigencia de la Subdelegación 1, dar de baja al aquí quejoso, en el régimen obligatorio del Seguro Social, que de conformidad con el artículo 11 de la Ley del Seguro Social, comprende los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez, entre otros, - Que dicha baja surtiría todos sus efectos desde el uno de septiembre de dos mil diecisiete, fecha en la cual fue reingresado como trabajador, al Instituto Mexicano del Seguro Social, - Finalmente, le indicó al patrón, los medios de defensa con que contaba, le señaló que la conducta de que se trata se reputa como fraude y le comunicó que, aunque la resolución administrativa que nos ocupa, aun cuando es definitiva, las facultades de comprobación del Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de las obligaciones a su cargo en materia de Seguridad Social, quedan a salvo. Asimismo, del proemio de la resolución reclamada de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se advierte que se fundamentó su competencia para emitirla, entre otros ordenamientos legales, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuyos artículos 1, segundo párrafo y 12, que invocó, disponen lo siguiente: ART. 1.- (.) El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. ART. 12.- Las disposiciones de este Título son aplicables a la actuación de los particulares ante la Administración Pública Federal, así como a los actos a través de los cuales se desenvuelve la función administrativa. El subrayado es nuestro. Ahora bien, las determinaciones contenidas en la resolución reclamada, se fundamentaron en los artículos 17, segundo párrafo y 251, fracción XIX, de la Ley del Seguro Social (punto resolutivo séptimo), que disponen lo siguiente: Artículo 17. (.) La información que proporcionen los patrones para su registro podrá ser analizada por el Instituto, a fin de verificar la existencia de los supuestos y requisitos establecidos en esta Ley. Si el Instituto determina que no se dan los supuestos previstos en el artículo 12, fracción I, de esta Ley, notificará al presunto patrón para que éste, en el plazo de cinco días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga y, en el caso de que no desvirtúe tales situaciones, el Instituto procederá a dar de baja al presunto patrón, a los presuntos trabajadores o a ambos. Artículo 251. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes: (.) XI. Dar de baja del régimen obligatorio a los patrones, sujetos obligados y asegurados, verificada por el Instituto la desaparición o inexistencia del supuesto de hecho que dio origen a su aseguramiento, aun cuando el patrón o sujetos obligados hubiesen omitido presentar el aviso de baja respectivo, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley; Es decir, que al no haber aportado la moral de mérito medio de convicción alguno que, en consideración de la autoridad responsable, acreditara que el aquí quejoso era su trabajador y, así, darlo de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de conformidad con el artículo 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social o, en su defecto, ser su socio cooperativista y registrarlo ante dicha dependencia según lo establece el artículo 12, fracción II, de la Ley del Seguro Social, se dio de baja como sujeto de tal beneficiario, aquí quejoso. De igual manera, no pasa inadvertido que en tal procedimiento de verificación únicamente se dio intervención al patrón, esto es, sin que la parte quejosa hubiera tenido oportunidad de comparecer a tal procedimiento administrativo; sin embargo, con ello no se le dejó en estado de indefensión, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley del Seguro Social, a través del procedimiento de verificación de los requisitos legales de registro, el Instituto Mexicano del Seguro Social puede analizar la información proporcionada por el patrón, y si determina que no satisface los supuestos de aseguramiento a que se refiere el diverso 12, fracción I, del mismo ordenamiento, por considerar que no existe una relación laboral entre el patrón y el asegurado, requerirá al presunto patrón para que, en un plazo de 5 días hábiles, proporcione la información que demuestre lo contrario; y, en caso de no desahogarse satisfactoriamente ese requerimiento, el Instituto procederá a dar de baja al presunto patrón, a los presuntos trabajadores o a ambos. De lo anterior, se advierte que este procedimiento de verificación se sigue únicamente con la participación del patrón, lo que obedece a que en términos del artículo 15 de la ley citada, es él quien está obligado, entre otros aspectos, a registrarse e inscribir a sus trabajadores, comunicar altas y bajas, modificaciones salariales, llevar registros de días trabajados y salarios percibidos, y proporcionar los elementos necesarios para determinar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones. Por tanto, el segundo párrafo del artículo 17 señalado, al no prever la participación del trabajador en el procedimiento que regula, no contraviene su derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la información materia de investigación es la proporcionada por el patrón, por lo que sólo a él concierne ejercer el derecho de defensa. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia Tesis: 2a./J. 116/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 914, Libro 60, Noviembre de 2018 Tomo II, Décima Época, registro digital: 2018365, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: SEGURO SOCIAL. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY RELATIVA, AL DAR INTERVENCIÓN ÚNICAMENTE AL PATRÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN I DEL NUMERAL 12 DEL MISMO ORDENAMIENTO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA DE LOS TRABAJADORES. El artículo 17, párrafo segundo, de la Ley del Seguro Social establece el procedimiento de verificación de los requisitos legales de registro, para lo cual, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá analizar la información proporcionada por el patrón, y si determina que no satisface los supuestos de aseguramiento a que se refiere el diverso 12, fracción I, del mismo ordenamiento, por considerar que no existe una relación laboral entre el patrón y el asegurado, requerirá al presunto patrón para que, en un plazo de 5 días hábiles, proporcione la información que demuestre lo contrario; y, en caso de no desahogarse satisfactoriamente ese requerimiento, el Instituto procederá a dar de baja al presunto patrón, a los presuntos trabajadores o a ambos. De lo anterior, se advierte que este procedimiento de verificación se sigue únicamente con la participación del patrón, lo que obedece a que en términos del artículo 15 de la ley citada, es él quien está obligado, entre otros aspectos, a registrarse e inscribir a sus trabajadores, comunicar altas y bajas, modificaciones salariales, llevar registros de días trabajados y salarios percibidos, y proporcionar los elementos necesarios para determinar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones. Por tanto, el segundo párrafo del artículo 17 señalado, al no prever la participación del trabajador en el procedimiento que regula, no contraviene su derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la información materia de investigación es la proporcionada por el patrón, por lo que sólo a él concierne ejercer el derecho de defensa. Por tanto, como se señaló, la instancia ante la cual el quejoso debe acudir y reclamar de las hoy autoridades responsables lo aquí pretendido, es la prevista en el artículo 295 de la Ley del Seguro Social y en el precepto 899 A de la Ley Federal del Trabajo, sin que, en el caso, se actualice alguna causa de excepción a esa obligación que haga procedente el juicio de amparo indirecto. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio constitucional; lo anterior, al actualizarse la causal prevista por el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso ordinal 61, fracción XXIII, así como en el distinto numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados al Jefe de Pensiones Subdelegacional Juárez 2, Subdelegación Juárez 2, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la ciudad de Chihuahua, consistentes en la resolución de veintidós de abril de dos mil veintiuno y el acta circunstanciada de notificación de ésta de veintinueve de junio del mismo año, que se refieren a la cancelación de la pensión por cesantía en edad avanzada y su notificación, pues se trata de actos directamente derivados de la resolución que determinó la inexistencia de la relación laboral y por lo tanto tampoco se trata de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por el quejoso **********, contra los actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo. Notifíquese personalmente al quejoso y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy veintidós de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado que guarda el presente expediente y la cuenta secretarial, se advierte que a las nueve horas con veinte minutos del día de hoy, se encuentra programada la audiencia constitucional del presente asunto. Sin embargo, también se advierte Sin embargo, existe imposibilidad para celebrarla, ya que aún no han transcurrido los ocho días para que las partes se impongan del informe con justificación rendido por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social", con residencia en la Ciudad de México, a efecto de que aquéllas puedan ofrecer pruebas y formular alegatos; esto, de conformidad con el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Diferimiento Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las nueve horas del dos de marzo de dos mil veintidós. Notificación a autoridades responsables Notifíquese por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista y cúmplase.n Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.YMR/CMR*
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de febrero de dos mil veintidós. Informe Justificado Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado respecto a la ampliación de demanda, que rinde la autoridad responsable Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Domicilio y Delegados Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio físico para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe justificado. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.YMR/CRMR
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