Carlos Flores Muñoz

Expediente 231/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
231/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
29/06/2023

Partes del expediente

  • Carlos Flores Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de veinticinco de mayo de presente año, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente y el original del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado y se negó la medida cautelar solicitada, de conformidad con lo establecido por el artículo 20, en sus fracciones I) y III), respectivamente, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 231/2023, ello, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 231/2023-V, promovido por **********, por su propio derecho. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, turnado en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, así como en escrito de aclaración recibido el uno de marzo siguiente, **********, solicitó la protección de la Justicia Federal contra del Juez Primero Civil por Audiencias, Juez Séptimo Civil por Audiencias, Central de Actuarios, Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificación y Ejecución, Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y el Notario Público Número Veintiséis, todos del Distrito Judicial Bravos, a quienes en el ámbito de su competencia les reclamó: (.) De la responsable ordenadora Juez Séptimo de lo Civil por Audiencia del Distrito Judicial Bravos, lo hago consistir en el siguiente acto: De la autoridad responsable RECLAMO TODO EL PROCEDIMIENTO desde el Auto de Radicación con fecha veintisiete de abril de dos veintiuno, actuada dentro del procedimiento relativo al juicio en lo que concierne, que consta en la foja 21, hasta la conclusión del mismo mediante sentencia, identificado con el número de expediente 289/2021, del Juzgado Séptimo de lo Civil por Audiencia del Distrito Judicial Bravos, así como todos los demás actos reclamados y consecuentes, emanados de las Autoridades Responsables, que de hecho y por derecho se deriven de todos y cada uno de los anteriores actos de autoridad reclamados, ya que el suscrito aquí Quejoso, SOY TERCERO EXTRAÑO A ESE JUICIO POR EQUIPARACIÓN reiterando que, JAMAS HE SIDO DEBIDAMENTE LLAMADA A JUICIO O EMPLAZADO Y estoy amenazado de ser despojado de mis bienes muebles e inmueble de mi único y absoluta propiedad, dejándome sin ninguna oportunidad de defenderme y lo peor aún, sin los instrumentos que son esencialmente útiles y necesarios para poder vivir, como son mis bienes muebles, derecho consagrado en el artículo 25 apartado 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el arábigo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, así como el numeral 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; insisto sin ser parte en ese juicio aquí reclamado, y por ello se violentaron en mi perjuicio mis Derechos Humanos, como el de Audiencia, de Legalidad y de Seguridad Jurídica, ya que se me pretende desposeer de todos mis bienes muebles y posesiones, sin ser oído y mucho menos vencido en un juicio. De la responsable ordenadora Juez Primero de lo Civil por Audiencia del Distrito Judicial Bravos, lo hago consistir en el siguiente acto: De la autoridad responsable RECLAMO TODO EL PROCEDIMIENTO desde el Auto de Radicación con fecha diecisiete de agosto de dos mil veintidós, actuada dentro del procedimiento relativo al juicio en lo que concierne, que consta en la foja 55, hasta la conclusión del mismo mediante sentencia, identificado con el número de expediente 764/2022,del juzgado primero de lo Civil por Audiencia del distrito judicial Bravos, Así como todos los demás actos reclamados y consecuentes, emanados de las Autoridades Responsables, que de hecho y por derecho se deriven de todos y cada uno de los anteriores actos de autoridad reclamados, ya que el suscrito aquí Quejoso, SOY TERCERO EXTRAÑO A ESE JUICIO POR EQUIPARACIÓN reiterando que, JAMAS HE SIDO DEBIDAMENTE LLAMADA A JUICIO O EMPLAZADO Y estoy amenazado de ser despojado de mis bienes muebles e inmueble de mi única y absoluta propiedad, dejándome sin ninguna oportunidad de defenderme y lo peor aún, sin los instrumentos que son esencialmente útiles y necesarios para poder vivir, como son mis bienes muebles, derecho consagrado en el artículo 25 apartado 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el arábigo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, así como el numeral 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; insisto sin ser parte en ese juicio aquí reclamado, y por ello se violentaron en mi perjuicio mis Derechos Humanos, como el de Audiencia, de Legalidad y de Seguridad Jurídica, ya que se me pretende desposeer de todos mis bienes muebles y posesiones, sin ser oído y mucho menos vencido en un juicio. De la autoridad responsable, en su calidad de ejecutora: Central de actuarios del Distrito Judicial Bravo, hago consistir el siguiente acto: a. La notificación verbal de fecha 20 de febrero de 2023, por parte de una persona que aduce ser actuario y que trabaja para el Gobierno del Estado de Chihuahua, sin que exista una certeza jurídica, toda vez que dicha persona no se identificó como funcionario público, de este Distrito Judicial Bravos. b. De la autoridad responsable, en su calidad de ejecutora: Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, hago consistir el siguiente acto: La inscripción de la propiedad ubicada en Calle ********** de Ciudad Juárez Chihuahua. c. De la autoridad responsable, en su calidad de ejecutora: Notario Público No. 26, del Distrito Judicial Bravos, hago consistir el siguiente acto: La Escritura Pública número **********. Volumen **********, realizada por el Lic. **********, Notario Público No. 26, del Distrito Judicial Bravos. (.) SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración, por auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, la demanda de amparo se registró con el número 231/2023-V, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se emplazó a los terceros interesados. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un acto que tuvo ejecución dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que los actos reclamados consisten en: 1. La transgresión al derecho de propiedad que aduce tener el disconforme respecto del bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional, ubicado en calle la calle **********, en esta ciudad; al no haber sido oído, ni vencido dentro del juicio sucesorio intestamentario 289/2021 de la estadística del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; así como en el juicio oral ordinario civil 764/2022, del índice del Juzgado Primero Civil Por Audiencias Del Distrito Judicial Bravos; respecto de los que se ostenta tercero extraño, y del que reclama su falta de emplazamiento; y, su ejecución, a través de la protocolización de la escritura pública otorgada y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, además de la desocupación del inmueble. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente de los que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de definitiva, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Se tienen por ciertos los actos reclamados al Juez Séptimo Civil por Audiencias y al Juez Primero Civil por Audiencias, a la Jefa del Registro Público de la Propiedad y al Notario Público Número Veintiséis, todos del Distrito Judicial Bravos, en razón de que, al rendir sus informes justificados, aceptaron categóricamente los actos que reclama la parte quejosa. Misma consideración se realiza respecto a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, quienes precisaron no ser ciertos los actos que se les endilgan; sin embargo, al haberse tramitado diversos juicios en los que se ve involucrado el inmueble que en esta instancia defiende el quejoso, se tienen por ciertos. Lo que, además, se corrobora con las constancias que remitieron los Jueces de origen, relativas al juicio sucesorio intestamentario 289/2021 de la estadística del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; así como en el juicio oral ordinario civil 764/2022, del índice del Juzgado Primero Civil Por Audiencias Del Distrito Judicial Bravos. Constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 268439, Sexta Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación. Volumen XVIII, Tercera Parte, página 34, del rubro y texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS, PRUEBA DE. Si bien es cierto que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquellos proceden, también lo es que, en caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal, de tal manera que lo hecho constar en un documento público puede ser desvirtuado por otras pruebas que, en concepto, del juzgador, sean plenas para contradecir lo asentado en aquel documento. Así como la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. I. Improcedencia, a Notario Público no le reviste el carácter de autoridad. Respecto de los actos reclamados al Notario Público Número Veintiséis del Distrito Judicial Bravos, en la ciudad de Miguel Ahumada, Chihuahua, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo en vigor, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.) En este tenor, se tiene que en el juicio sucesorio intestamentario 289/2021, iniciado con motivo de la demanda presentada por **********, en su carácter de apoderado de **********, a bienes de **********, el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó declaración de herederos, en el que se reconoció el carácter de cónyuge supérstite, así como única y universal heredera a **********, de los bienes que forman la masa hereditaria. Luego, el veinte de enero de dos mil veintidós, se tuvo por presentado las operaciones de inventario y avalúo de los bienes que forman la masa hereditaria, del que destaca el inmueble ubicado en la calle **********, en esta ciudad y el once de febrero de dos mil veintidós se autorizó su venta. Por lo que el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se ordenó remitir los autos a la Notaría Público Número Veintiséis del Distrito Judicial Bravos, a fin de concretar la venta del inmueble; y mediante oficio fechado el diez de agosto del mismo año, el Notario Público informó al Juzgado de origen, haber llevado a cabo dicha protocolización en escritura pública ********** (**********, volumen **********, inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo la inscripción **********, libro **********, sección primera. En este sentido, la parte quejosa reclama al Notario Público Número Veintiséis, la protocolización de la escritura pública otorgada en el expediente 289/2021; sin embargo, a éste no le reviste el carácter de autoridad en el presente asunto, pues conforme al artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal, y atiende a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, con la modalidad de que los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los referidos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por ende, la protocolización de una escritura pública por un notario público, al ejercer esa función en términos de la ley del notariado que rige su actuación, no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del amparo, ya que sólo autentica y da forma a los instrumentos donde constan los actos, hechos o negocios jurídicos que celebran las partes que en ellos intervienen, razón por la cual no impone disposiciones normativas ni modifica alguna situación jurídica de manera unilateral ni afecta la esfera legal de las partes, pues es el acto, hecho o negocio jurídico protocolizado el que, en sí mismo, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas y el que, en su caso, podría causar perjuicio a las partes que intervienen. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis I.3º.C.88 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, página 2091, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2010063, que dice: NOTARIO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, DADO QUE CARECE DE FACULTADES PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En ese sentido, la intervención de un notario en la elaboración de una escritura, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza el acto de la autoridad judicial. Esto es, la objetiva posibilidad legalmente prevista de que un ente del gobierno o un particular puedan ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, deriva de la naturaleza y características propias del acto que emiten u omiten, pues no sólo debe tener las cualidades específicas señaladas de unilateralidad y obligatoriedad, sino que también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del gobernado, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o fácticas, siempre que esa posibilidad para el particular derive de una facultad expresa conferida por normas generales. En esas condiciones, si bien es cierto que aunque el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la citada fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que el notario público no se encuentra en ese supuesto, pues lo que se reclama de éste es cualquier acto tendente a tirar la escritura del inmueble materia del juicio de origen, lo que implica que únicamente dará fe del acto de adjudicación, con lo cual da la forma de escritura pública a ese acto, para efecto de su inscripción; pero no actúa por sí y ante sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica de la quejosa, máxime que de los artículos 11 y 12 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal se advierte que los notarios públicos son sólo auxiliares de la administración de justicia, así como que están obligados a prestar sus servicios profesionales cuando para ello fueren requeridos por las autoridades, por los particulares o en cumplimiento de resoluciones judiciales. Por tanto, acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, aplicado a contrario sensu y 113 de la Ley de Amparo, se impone sobreseer, respecto al Notario Público Número Veintiséis del Distrito Judicial Bravos, residente en Miguel Ahumada, Chihuahua, al quedar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia. II. Improcedencia al no acreditar el interés jurídico. En el caso, la suscrita advierte que debe sobreseerse en el juicio de amparo contra los actos aquí reclamados en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la ley en cita, que al respecto dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". Esta causal, tiene su fundamento en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que contiene el principio de "instancia de parte agraviada" en el juicio de amparo, pues en lo que interesa, establece: 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". Asimismo, el artículo 6º del ordenamiento legal en cita, a la letra establece: 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. [.] Del contenido de los artículos transcritos, se advierte que los juicios de amparo sólo pueden ser promovidos por las partes a quienes perjudique directamente la ley o el acto reclamado, es decir, que constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de su constitucionalidad, que el acto reclamado perjudique en forma personal y directa a la parte quejosa, de tal forma que sólo podrá analizarse el fondo del asunto, si se satisface el requisito previo del acreditamiento del perjuicio. Se invocan, en apoyo a lo antes mencionado, por las razones que la contienen y por analogía la jurisprudencia número 1a./J. 1/2002, que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." Así como la tesis XX. J/14, que sustenta el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con el siguiente rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL." No está por demás señalar, que en el presente caso no resulta aplicable examinar si ante la falta de demostración del interés jurídico, se presenta un interés legítimo que haga procedente el amparo indirecto; para evidenciar esta situación, en principio es necesario tener claro que esta figura debe ser entendida como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor de la parte quejosa derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Sin embargo, no es posible verificar la actualización de esa figura jurídica, ya que por disposición expresa del último párrafo de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de actos o resoluciones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, forzosamente debe contar con un interés jurídico comprobable. De tal manera, si los actos reclamados en este juicio provienen de una autoridad judicial en materia civil, como son los Jueces Primero y Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos (señaladas como autoridades responsables ordenadoras), para que proceda el juicio de amparo, la parte quejosa debe demostrar que tiene un interés jurídico y no legítimo, esto dada la naturaleza jurisdiccional de los actos reclamados. Soportan estas consideraciones, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2007921, de la Décima Época, Materia Común, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, de noviembre de 2014, Tomo I, página 60, del rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Aparte de lo ya expuesto, para dar sustento a la premisa de la improcedencia de este juicio, igualmente es necesario considerar que el quejoso, aduce ser tercero extraño a los juicios naturales, pues señala que sin ser parte en éstos y sin que se le haya oído y vencido legalmente, se le perturba e intenta desposeer de la finca de su propiedad, ubicada en calle Zacatecas, número 6927 (seis mil novecientos veintisiete), fraccionamiento Aeropuerto, en esta ciudad. Por tanto, para el estudio del presente asunto también es necesario precisar que para efectos del juicio de amparo existen dos tipos de terceros extraños, esto es, en estricto sentido y por equiparación. El tercero extraño a juicio en estricto sentido, es la persona física o moral que no figura en el juicio o en el procedimiento (del que emana el acto reclamado), como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer totalmente las actuaciones relativas. Mientras que el tercero extraño a juicio por equiparación, es la persona que promueve juicio de amparo por no haber sido emplazada al litigio en el que debió ser parte, o por haber sido citada al mismo en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que ocasiona el desconocimiento total del juicio. Así, dicho tercero es el sujeto que, formando parte de la controversia de la que emana el acto reclamado, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado, y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VII.2o.C. J/21 por reiteración del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con registro digital 177771, Novena Época, Materias Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de julio de 2005, página 1305, que a la letra dice: TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación. En otro aspecto, también es preciso establecer que la posesión puede ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto promovido por un tercero extraño a juicio, siempre y cuando derive de un título que esté sustentado en alguna figura jurídica, o uno o varios preceptos legales que confieran el derecho a poseer. Al respecto debe tomarse en consideración que los artículos 760 y 761 del Código Civil del Estado de Chihuahua, prevén lo siguiente: 760. Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 763. Posee un derecho el que goza de él. 761. Cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de propietario tiene una posesión originaria, el otro, una posesión derivada. De los preceptos legales transcritos, se obtiene que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, pero que éste debe tener una causa u origen legal. Luego, dicha causa u origen legal es el hecho jurídico generador de la posesión, esto es, el título por el que una persona ejerce el poder de hecho sobre la cosa, y puede ser originaria si se trata del derecho de propiedad cuyo título es un contrato de compraventa, de donación, o de cualquier otro traslativo de dominio; o es derivada, si se trata de un derecho de uso, goce o disfrute otorgado por quien legalmente puede disponer del bien y proviene de un contrato de arrendamiento, de comodato, de usufructo, de servidumbre o de cualquier otro análogo. De manera que la posesión susceptible de ser respetada a través del juicio de amparo, es la que tiene una causa legal que le dé origen, esto es, la posesión jurídica, ya sea originaria, que se tiene en concepto de dueño, o derivada, la que se obtiene por virtud del derecho de uso y disfrute otorgado por cualquiera que se encuentre facultado para transmitir ese derecho. De lo anterior, se infiere que la posesión objeto del juicio de amparo se conforma por dos elementos: a) El ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa; y, b) La existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a tal ejercicio. Por tanto, no basta, para efectos del juicio de amparo, acreditar la existencia del título que genere el derecho a poseer, sino que es necesario además demostrar que se ejerce un poder de hecho sobre el inmueble cuya desposesión se reclama, pues sólo de esta manera se podría tener certeza de que la posesión de la cosa sobre la cual se dirige el acto reclamado pertenece a la esfera jurídica de la parte quejosa y, por consiguiente, constar fehacientemente el perjuicio integrante del interés jurídico necesario para promover el juicio de control constitucional citado. Así se determinó en la jurisprudencia 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 187733, de la Novena Época, Materias Civil, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, de febrero de 2002, página 5, del epígrafe y texto: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. En ese contexto, la parte inconforme, para acreditar su interés jurídico, tiene la carga procesal de demostrar de manera fehaciente que el acto reclamado afecta su esfera jurídica, debiendo probar que la posesión del bien en litigio y que afirma tener, se sustenta en un título o acto jurídico generador (primer elemento), así como también acreditar que tiene la detentación material y física de la cosa en controversia (segundo elemento). De tal manera, para justificar la posesión sobre una cosa, es necesario demostrar la existencia del acto jurídico que otorga ese derecho, así como los hechos mismos que impliquen el disfrute de las prerrogativas que se obtienen de la causa generadora, pues al no acreditarse lo primero, cualquier tenencia material no será susceptible de ser considerada posesión, ni por ende, tutelada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, los documentos que contengan el acto jurídico en que se sustente el derecho a poseer, sea por transmisión de propiedad o sólo de uso, para surtir efectos contra terceros es necesario que tengan fecha cierta, lo que se obtiene cuando se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Al respecto se invoca la jurisprudencia 24/2008 que integró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 169963, Novena Época, Materias Civil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, de abril de 2008, página 11, de tema y contenido: ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito. Lo antes afirmado es así, porque para justificar el derecho de posesión que aduce violentado, la parte quejosa únicamente, bajo protesta de decir verdad, precisó que **********, concubina de su hermano fallecido **********, el día veinte de diciembre de dos mil veintidós, le hizo saber que ya no quería vivir en el domicilio ubicado en calle **********, en esta ciudad y que se hiciera cargo del inmueble, mudándose el cinco de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, exhibió copia certificada del acta de nacimiento, además de copia simple del acta de defunción, de **********; copia certificada del acta de nacimiento del quejoso **********, documentos en los que se asienta que los padres de ambos son ********** y **********. Por otra parte, en el incidente de suspensión que deriva de este asunto, presentó la documental privada consistente en un escrito fechado el cinco de enero de dos mil veintitrés, en el que se asentó que **********, le hizo entrega a Carlos Flores Muñoz, del inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad y copia simple del contrato privado de compraventa celebrado el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y cinco, entre **********, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ********** (vendedor) y ********** y ********** (comprador), respecto del inmueble marcado como lote 2 (dos), manzana ********** (**********), de la calle **********, en esta ciudad. A las constancias certificadas se les reconoce valor probatorio pleno, acorde a lo establecido en el numeral 129, 130, 197 y 202 del Código Adjetivo Civil Federal, por ser documentales públicas; mientras que aquellas presentadas en copia simple y de naturaleza privada, adquieren valor indiciario. En este tenor, el documento privado consistente en el escrito fechado el cinco de enero de dos mil veintitrés, en el que se asentó que **********, le hizo entrega a **********, del multicitado inmueble, carece de fecha cierta y, por ende, no surte efectos contra terceros, siendo insuficiente para demostrar la afectación a su interés jurídico; mientras que las diversas documentales no dan noticia de que tenga algún interés jurídico sobre el inmueble que en esta instancia defiende. En efecto, los artículos 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que resultan aplicables supletoriamente a la Ley de Amparo, disponen textualmente lo siguiente: 203. El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas. (..) 205. Si la parte contra la cual se presenta un escrito privado suscrito, no objeta, dentro del término señalado por el artículo 142, que la suscripción o la fecha haya sido puesta por ella, ni declara no reconocer que haya sido puesta por el que aparece como suscriptor, si éste es un tercero, se tendrán la subscripción y la fecha, por reconocidas. En caso contrario, la verdad de la suscripción y de la fecha debe demostrarse por medio de prueba directa para tal objeto, de conformidad con los capítulos anteriores. Si la suscripción o la fecha está certificada por notario o por cualquiera otro funcionario revestido de la fe pública, tendrá el mismo valor que un documento público indubitado. Conforme el contenido de los numerales transcritos, el valor probatorio de los documentos privados depende de los hechos que pretenda acreditar, es decir: a) Hace prueba plena, si los hechos mencionados en el documento son contrarios a los intereses de su autor; b) Cuando la ley no disponga otra cosa; c) El proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta; d) En caso de que sea objetado, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas; e) Si la parte contra la cual se presenta un escrito privado suscrito, no objeta, dentro del término señalado por el artículo 142 del código en cita, que la suscripción o la fecha haya sido puesta por ella, ni declara no reconocer que haya sido puesta por el que aparece como suscriptor, si éste es un tercero, se tendrán la subscripción y la fecha, por reconocidas; f) Si la suscripción o la fecha está certificada por notario o por cualquiera otro funcionario revestido de la fe pública, tendrá el mismo valor que un documento público indubitado; y, g) En caso contrario, la verdad de la suscripción y de la fecha debe demostrarse por medio de prueba directa para tal objeto. De tal manera, que el Código Federal de Procedimientos Civiles sólo le concede pleno valor probatorio al documento privado que habiéndolo exhibido una de las partes, hacen prueba en su contra por ser contrario a sus intereses o bien cuando el documento fue suscrito o la fecha está certificada por un funcionario revestido de fe pública; de otra manera, para alcanzar plena fuerza probatoria debe demostrarse su vinculación al acto documentado por otros medios, y contra terceros, mientras no sea así sólo generará un indicio, que necesitará de otros medios de prueba para robustecerlo, y conseguir la prueba plena. Así las cosas, el escrito exhibido por la parte quejosa, al ser un documento privado que carece de fecha cierta al no estar certificado por un funcionario revestido de fe pública, es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, ya que se reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de propietario, ostentándose como tercero extraño al juicio natural. Ciertamente, el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, pero esta regla no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio o en los que confieren el uso de un inmueble, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros, requieren ser de fecha cierta, pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. De ahí que si la ley adjetiva federal no confiere valor alguno a la fecha que se contenga en un documento privado, es inconcuso que, si éste es de fecha incierta, resulta ineficaz para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo. Sin que ayuden a su cometido, las documentales aportadas por los Jueces Primero y Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, pues en lo que aquí interesa destacan los antecedentes siguientes: JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 289/2021 - JUZGADO SÉPTIMO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS (TOMO I DE PRUEBAS) 1. El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, bajo el número de expediente 289/2021, se radicó la demanda presentada por **********, en su carácter de apoderado de **********, denunciando juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********** (fojas 21). 2. El veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó declaración de herederos, en el que se reconoció el carácter de cónyuge supérstite, así como única y universal heredera a **********, de los bienes que forman la masa hereditaria (fojas 41 a 43). 3. El veinte de enero de dos mil veintidós, se tuvo por presentado las operaciones de inventario y avalúo de los bienes que forman la masa hereditaria, del que destaca el inmueble ubicado en la calle **********, en esta ciudad, registrado bajo la inscripción **********, libro **********, sección primera, con folio real **********; y el once de febrero de dos mil veintidós se autorizó su venta (fojas 53 a 62; 68 a 70). 4. El veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se ordenó remitir los autos a la Notaría Público Número Veintiséis del Distrito Judicial Bravos, a fin de concretar la venta del inmueble; y mediante oficio fechado el diez de agosto del mismo año, el Notario Público informó al Juzgado de origen, haber llevado a cabo dicha protocolización en escritura pública ********** (**********, volumen veintiséis, inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo la inscripción 83, libro 7114, sección primera (fojas 72, 73 y 74) . JUICIO ORAL ORDINARIO CIVIL 764/2022 - JUZGADO PRIMERO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS 1. El diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se radicó la demanda presentada por Omar Alejandro Franco, en contra de **********, también conocida como ********** y/o **********z, la cual se registró bajo el expediente 764/2022, en la vía oral ordinaria civil en ejercicio de la acción reivindicatoria; solicitando, entre otros, la restitución del inmueble ubicado en la calle **********, en esta ciudad (fojas 57, 58 y 61). 2 El dos de diciembre de dos mil veintidós, ante la autoridad jurisdiccional, las partes ratificaron el convenio celebrado en la misma data, en la que la demandada reconoció que el inmueble materia de la Litis es propiedad del actor; asimismo, que el veintiocho de febrero la demandada realizaría la entrega del inmueble al actor, mientras que éste último le harpía entrega de cuarenta mil pesos moneda nacional (fojas 100 a 103). 3. El seis y siete de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó turnar los autos a la Unidad de Notificación y Ejecución a efecto de poner en posesión legal y material del inmueble al actor, incluso con el uso de la fuerza pública; diligencia que se llevó a cabo el nueve de los mismos (fojas 114 a 136 y 138). De los antecedentes narrados, se tiene que en ellos no figura el justiciable; así, con las pruebas señaladas, el quejoso no prueba la afectación de su interés jurídico, toda vez que en autos no se encuentra acreditado que el derecho que tiene como supuesto propietario del inmueble referido, le haya sido otorgado por el dueño del inmueble o por disposición de la ley, para estar en aptitud de conocer el origen de su posesión, esto es, si se trata de una posesión originaria o derivada, todo lo cual constituye un elemento fundamental para tener por demostrado ser un extraño a juicio, al cual se le ha afectado su interés jurídico. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 206338, de la Octava Época, Materias Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 82, de octubre de 1994, página 17, que a la letra dice: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Así como en lo conducente, la jurisprudencia VII.1o.C. J/6 de, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con registro digital 196471, Novena Época, Materia Civil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, de abril de 1998, página 665, que literalmente dispone: POSESIÓN CIVIL. LA SIMPLE DETENTACIÓN MATERIAL DEL INMUEBLE, DEMOSTRADA POR EL TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO DE AMPARO, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De acuerdo con lo que establecen los artículos 826, 827 y 829 del Código Civil del Estado, la posesión de inmuebles puede ser originaria o derivada, según se disfrute en calidad de propietario o de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo; requiere tal posesión, entonces, de un título o causa generadora, y que se ejerza sobre el bien un poder de hecho. Por ello, si la tercero extraño, ante el Juez Federal, omite acreditar la causa generadora de su posesión, resulta válido concluir que la simple tenencia material del bien inmueble, faltando dicho título, no constituye la posesión jurídica a que se refiere la legislación civil y, por ende, no puede ser protegida por la garantía de audiencia que tutela el artículo 14 constitucional. En mérito de lo expuesto, es de concluir que el quejoso no acreditó ni demostró el interés jurídico necesario para instar la acción constitucional, motivo por el cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ende, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos reclamados a las autoridades ejecutoras, pues tal como quedó acreditado en el presente auto, la parte quejosa no justificó su interés jurídico, además que no se combaten por vicios propios sino en vía de consecuencia. Atento al sentido del presente fallo, resulta imposible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es el sobreseimiento del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, para esta juez de Distrito se encuentra vedado analizar el fondo, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, respecto de los actos reclamados y autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********z, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a diez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, Jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Bravos; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental anexa, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que refiere en su informe. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 de Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.IRS

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de tres de marzo del año en curso, esta juzgadora admitió a trámite la demanda de amparo promovida **********, contra actos del 1) Juez Primero y Séptimo, ambos de lo Civil por Audiencias, 2) Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, 3) Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y el 4) Notario Público Número Veintiséis, todos del Distrito Judicial Bravos, momento en el cual les instó sus informes justificados. De lo anterior, la autoridad arriba referida, quedó debidamente notificada el seis de marzo del presente año, según se advierte del sello que obra en el acuse respectivo; de lo que se tiene que el plazo de quince días concedido para rendir tal informe, feneció el veintinueve de marzo del año en curso, sin que hubiere rendido el mismo. Atento a ello, gírese oficio al Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con sustento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, a efecto de que remita copia certificada de las constancias relativas a los actos que se le endilgan, ante su omisión de rendir oportunamente tal informe. Apercibida que de no hacerlo así dentro del término que se le señala, conforme a lo dispuesto por el artículo 237, en relación con el diverso 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá por multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00), previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional pactada para esta fecha y en su lugar se señalan las doce horas del veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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