Carlos Arnulfo Flores Flores

Expediente 1660/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1660/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Arnulfo Flores Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. COLEGIADO ADMITE RECURSO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a través del cual hace del conocimiento el auto emitido el dieciséis de noviembre del año en curso, en el recurso de queja 286/2023 de su índice estadístico, en el que admitió dicho medio de impugnación interpuesto por la quejosa en el presente asunto. Atento a lo anterior, se toma nota de su contenido para los efectos legales procedentes y este juzgado está en espera de la determinación que al respecto emita el tribunal colegiado referido. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. PROTESTA CARGO DEFENSOR. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la Defensora Pública Federal Aida García García, quien acepta y protesta el cargo del aquí agraviado, señala domicilio, usuario, correo electrónico, número telefónico y adjunta copia de su cédula profesional. En ese sentido, se tiene por cumplido el requerimiento formulado a la dependencia referida en auto de ocho de noviembre pasado (f. 23-24), dejando sin efectos el apercibimiento respectivo. DESIGNACIÓN DEL CARGO. Se tiene como defensor público de la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar a la licenciada Aida García García, para de acuerdo a los lineamientos 1, 2, 4, 6, 12 y demás relativos de la Ley de la Defensoría Pública Federal, lo asesore, oriente y represente jurídicamente, ante este órgano jurisdiccional bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo. DOMICILIO PROCESAL. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la promovente. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En atención a la certificación de cuenta y toda vez que el usuario "AIDAAIDE" que señala la promovente, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, ténganse por autorizado para la consulta vía electrónica del juicio de amparo en que se actúa. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. En relación al correo electrónico y números telefónicos que señala la defensora pública, únicamente tómese nota de dichos datos y se comisiona al Actuario Judicial y al Secretario de la adscripción a efecto de que haga uso por cuanto refiere a éstos para comunicaciones no procesales con el fin. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO POR CONDUCTO DE SU ASESOR JURÍDICO. Asimismo, a efecto de que se le otorgue una defensa adecuada al promovente del amparo, y en atención a lo acordado en auto de ocho de noviembre pasado (f. 23-24), se ordena notificar a la parte quejosa la presente determinación, así como las subsecuentes por conducto de su defensor jurídico. En el entendido que únicamente deberán realizarse personalmente, las que así lo ameriten en términos del precepto 26 de la Ley de Amparo; por lo que, las restantes deberán efectuarse por medio de lista, que se realiza conforme lo establece el artículo 29 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2049, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2022, Libro 18, Tomo II, Undécima Época cuyo rubro y texto establece: ... Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable." Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el escrito de cuenta por medio del cual la parte quejosa, realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo y solicita se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo. Atento a lo manifestado por el promovente, resérvese, hasta en tanto, fenezca el plazo otorgado a las partes en auto de treinta y uno de octubre pasado, y una vez que acontezca lo anterior, emítase la determinación que en derecho corresponda. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comparecencia de cuenta signada por ********************, perito oficial designada por este juzgado en el desahogo de la prueba pericial en materia de Grafoscopía, Caligrafía y Documentoscopía, a través de la cual, atendiendo a lo solicitado en auto de veintinueve de septiembre del año en curso, acepta y protesta el cargo conferido, exhibiendo para acreditar su calidad de experta copia de la constancia que lo acredita como Perito en la especialidad de Grafoscopía, Caligrafía y Documentoscopía, suscrito por el Instituto de Grafología, Grafoscopía y Ciencias, Sociedad Civil; y manifiesta que sí puede fungir como perito oficial en las materias propuestas y que sí está de acuerdo con el arancel conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuyo monto asciende a $******************** M.N. (******************** M.N.). Atento a lo anterior, téngase por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento decretado en proveído de mérito. Para lo cual, se fijan las doce horas con cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la diligencia de toma de muestras. Hágase del conocimiento a la parte quejosa y a la perito oficial, que deberán presentarse debidamente identificados en la fecha y hora indicadas en este juzgado, diligencia a la cual podrán comparecer las personas autorizadas para tal efecto. Apercibiendo a la parte quejosa que en caso de no cumplir con dicho requerimiento, se declarará fundado el incidente de falsedad de firma planteado por el tercero interesado. Ello es así toda vez que corresponde a la parte quejosa controvertir lo aseverado por el tercero interesado, en el caso, haber suscrito el escrito inicial de demanda, aspecto que es motivo de la prueba pericial que se atiende; y en su caso, asumir las posibles consecuencias de su desinterés y omisión, dado que la carga procesal que le corresponde para conseguir los fines que satisfacen a su propio interés. Resulta aplicable la tesis CLVIII/2009, de la Primera Sala, visible en la página 448, Tomo XXX, septiembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con número de registro 166349, cuyo rubro y texto son: "OBLIGACIONES Y CARGAS PROCESALES. DISTINCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE UNAS Y OTRAS. La obligación procesal existe cuando la ley ordena a alguien tener determinado comportamiento para satisfacer un interés ajeno, sacrificando el propio; mientras que la carga procesal tiene lugar cuando la ley fija la conducta que debe asumir quien quiera conseguir un resultado favorable a su propio interés. Así, el incumplimiento de una obligación procesal puede dar lugar a la imposición de sanciones, como son los medios de apremio, la condena en costas o el pago de daños y perjuicios; en cambio, no es jurídicamente correcto sostener que el incumplimiento de una carga procesal produce como consecuencia propiamente una sanción, entendida como castigo o penalización por el incumplimiento de un deber, sino que en función de su naturaleza procesal, constituye una omisión en la de verificación de un requisito procesal; es decir, si el cumplimiento de una carga procesal constituye una condición para que el litigante consiga los fines que satisfacen su propio interés, es evidente que la insatisfacción de esa condición tiene como consecuencia que el interesado no alcance dichos fines." Asimismo, de conformidad con el numeral 297, fracción I, del Código Federal citado aplicado supletoriamente a la ley en comento, requiérase a la perito oficial ********************, para que en el plazo de diez días, contado a partir del día siguiente de aquél al en que se desahogue la diligencia de toma de muestra de firma, rinda su dictamen pericial. Para tal efecto se le deja a la vista en el local de este juzgado el expediente en que se actúa, al cual se le hace de su conocimiento que se radicó con el número 804/2023-IV, del índice estadístico de este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, cuyo domicilio es avenida Doctor Nicolás San Juan, ciento cuatro, colonia Ex rancho Cuauhtémoc, Toluca, estado de México, código postal 50010. Ahora, dada la naturaleza del presente proveído, se comisiona al Actuario de la adscripción a efecto de notificar vía correo electrónico a la perito oficial de referencia, el presente auto, asentando la razón correspondiente. Notifíquese, personalmente al quejoso, tercero interesado y a la perito oficial. 3

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