Carlos Avila Mercado

Expediente 123/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
123/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
02/07/2018

Partes del expediente

  • Carlos Avila Mercado
  • Director Del Centro Preventivo Y De Reinserción Social "Santiaguito" Toluca Estado De México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dos de julio de dos mil dieciocho. Por recibido el escrito signado por Susana Lilia Martínez Vargas, autorizada en términos amplios del quejoso Carlos Ávila Mercado, a través del cual realiza diversas manifestaciones en relación a la salud del quejoso y solicita se realice una inspección en el lugar donde se encuentra recluido. En atención a ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales procedentes, y dígase a la promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado pues mediante proveído de veintiocho de mayo se ordenó el archivo del presente asunto por encontrarse totalmente concluido, por lo que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes. No obstante, con copia del escrito de mérito infórmese al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez, lo atinente a la petición de atención médica para el interno Carlos Ávila Mercado a efecto de que actúe conforme a sus facultades.

  2. Principal

    II) Toluca, Estado de México; veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. La certificación de cuenta patentiza que, dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no se inconformó contra el proveído de dos de mayo pasado, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia; en tal virtud, se tiene por consentida dicha determinación para los efectos legales procedentes; en el libro de gobierno háganse las anotaciones respectivas. Por otro lado, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; por tanto, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, fracción III, párrafos segundo y tercero). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Sin que resulte necesario glosar los cuadernos incidentales, toda vez que de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente su transferencia desglosado del cuaderno principal; razón por lo cual deberá continuar su tramitación por cuerda separada al presente cuaderno principal. Notifíquese.

  3. Principal

    II. Toluca, Estado de México; dos de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de diecinueve de abril de dos mil dieciocho (foja 58), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Carlos Ávila Mercado, en el que señaló como acto reclamado la falta de atención médica por parte del Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Mediante sentencia emitida el catorce de marzo de dos mil dieciocho (fojas 15 a 18), en lo relativo a los efectos del amparo, se determinó lo siguiente: "(.) En este orden de ideas, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de se proporcione al quejoso la atención médica que necesite; lo anterior, acorde al estado clínico que presente y de acuerdo con su expediente médico, en términos de las leyes y reglamentos que rigen a los Centros Preventivos de Readaptación Social. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, ambos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 217 y Sexto Transitorio, todos, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Carlos Dávila Mercado, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero, por las razones expuestas en el diverso quinto y para los efectos indicados en la parte final de esta sentencia." Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que el Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito" Almoloya de Juárez Estado de México, proporcionará al quejoso la atención médica que necesite; lo anterior, acorde al estado clínico que presente y de acuerdo con su expediente médico, en términos de las leyes y reglamentos que rigen a los Centros Preventivos de Readaptación Social. Atento a lo anterior, mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil dieciocho (foja 58), se tuvo por recibido el oficio signado por el Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito" Almoloya de Juárez Estado de México, mediante el cual comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copias certificadas de la valoración médica dada al quejoso, del carnet de citas y de la receta proporcionada a éste. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, página 301, del contenido siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    II Por recibidos los oficios suscritos por el Apoderado Legal de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, actualmente Secretaria de Seguridad del Estado de México y por el Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito Almoloya de Juárez, a través de los cuales, la primera comisiona a la autoridad competente a fin de que dé cumplimiento a la sentencia y la segunda de las nombradas comunica la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copia certificadas de la valoración médica brindada al quejoso, del carnet de citas médicas y de la receta proporcionada. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la quejosa para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en la que la autoridad responsable pretende cumplir la ejecutoria de amparo, apercibido que de no hacer manifestación alguna en el lapso legal indicado, este juzgado resolverá sobre dicho cumplimiento de acuerdo con las constancias que obren en autos. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, visible en las páginas 203 y 204, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En términos del ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 28 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el primer oficio de cuenta. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la Secretaria de Seguridad Pública a las personas designadas para tal efecto. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro que autoriza, firma y da fe.

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