Carlos Arnoldo Leyva Bautista
Expediente 1077/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1077/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/11/2021
Partes del expediente
- Carlos Arnoldo Leyva Bautista
Actuaciones
- Principal
... La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y visto el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso d), del Acuerdo en cita). ...
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; se provee lo siguiente: RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juzgado Primero de lo Civil con residencia en el Oro de Hidalgo, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1077/2021-II. DESECHAMIENTO. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: ..... En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la precisión que del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que los actos reclamados en el presente juicio consisten en: -La resolución dictada en los autos del toca ********************, del índice de la Primera Sala Civil de Toluca, Estado de México del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la cual confirmó el auto de seis de agosto pasado, dictado en el expediente ********************, en el cual se declaró improcedente la excepción de falta de personalidad o de capacidad interpuesta por el ahora quejoso. Precisado lo anterior, se estima la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los diversos 107, fracción V, 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que literalmente disponen: ....Ahora bien, de la precisión del acto reclamado hecha con antelación, procede desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional, por los motivos que a continuación se exponen: Es menester traer a contexto los siguientes antecedentes que se desprenden del escrito de mérito: El aquí quejoso fue demandado el uno de marzo del año dos mil diecinueve, por ********************, bajo la tesitura de una acción de terminación de comodato, asunto que se radicó en el Juzgado Primero de lo Civil con residencia en el Oro de Hidalgo Estado México, con el número de expediente ********************. -Por auto de seis de agosto del año en curso, el Juez responsable determinó que la excepción de falta de personalidad interpuesta por el ahora quejoso es improcedente. -Inconforme con dicha determinación, el ahora quejoso interpuesto recurso de apelación, del cual conoció la Primera Sala Civil de Toluca, Estado de México, mismo que registró con el número de toca de apelación ********************. -Seguida la secuela procesal del citado recurso, la Sala responsable, resolvió que los agravios esgrimidos por el quejoso resultaron infundados e inoperantes. Resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto. En ese orden del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que dicha determinación no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto porque constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional que disponen: .... De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable, la jurisprudencia VI. 1o.A. J/10, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2014, materia común, con número de registro 2006339, criterio que se encuentra aún vigente, que a la letra dice: .... Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013,entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra determinaciones dictadas dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que en el caso el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, la parte quejosa hace consistir su reclamo en la resolución dictada en los autos del toca ********************, del índice de la Primera Sala Civil de Toluca, Estado de México del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la cual confirmó el auto de seis de agosto pasado, dictado en el expediente ********************, mediante el cual se declaró improcedente la excepción de falta de personalidad o de capacidad interpuesta por el aquí quejoso, no es una cuestión que afecte sus derechos sustantivos. Se reitera, los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen en el supuesto de que se obtenga sentencia definitiva favorable, momento procesal en el cual podrá determinarse si la violación que alega afectó sus derechos fundamentales y lo dejó sin defensa. Lo anterior evidencia que la resolución que en el caso particular se trata, no produce de manera directa e inmediata afectación alguna a los derechos sustantivos de la parte quejosa que no puedan ser reparados de obtener una sentencia favorable, sino que los efectos de la resolución combatida, es de naturaleza formal (procesal) y susceptible de reparación, ya que de obtener la parte quejosa una sentencia favorable a sus intereses, se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto y, de esta manera, esta desestimación no dejaría huella en su esfera jurídica; sin embargo, en caso de que sea desfavorable la sentencia que se llegue a dictar, puede impugnar tales violaciones procesales a través del juicio de amparo directo. Así, se considera que el acto reclamado, no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, ya que puede ocurrir que el afectado obtenga al final una sentencia favorable a su interés con la que se reparen las violaciones y los posibles daños que se le hubieren causado el acto reclamado. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, toda vez que la resolución dictada en los autos del toca ********************, del índice de la Primera Sala Civil de Toluca, Estado de México del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la cual confirmó el auto de seis de agosto pasado, dictado en los autos del expediente ********************, en el cual se declaró improcedente la excepción de falta de personalidad o de capacidad interpuesta por el aquí quejoso, no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, en su caso, ocasionarían una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá al resultado del fallo. En efecto, la resolución reclamada produce únicamente efectos formales o intraprocesales que no afectan en grado predominante o superior a las partes, es decir, dicha cuestión no es de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, por lo que se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución mencionada. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, Décima Época, con registro digital 2006589, cuyo rubro y texto disponen: .... Además, dichas violaciones son impugnables mediante el amparo directo, pues en caso de que la sentencia no le sea favorable, podrá hacer valer tal situación como una violación procesal en amparo directo en términos del artículo 171 y 172, fracción XII de la Ley de Amparo, que establecen: ....Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: ....Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por ********************, contra actos del Juzgado Primero de lo Civil con residencia en el Oro de Hidalgo, Estado de México y otra autoridad. DOMICILIO PROCESAL. Toda vez que el quejoso cuenta con un autorizado que con tiene un usuario registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario ******************** para la consulta vía electrónica del presente expediente y notifíquesele vía electrónica está determinación, así como las sucesivas que se dicten en el presente asunto. Lo anterior, con el objeto de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus SARSCoV2 (COVID-19). ...Notifíquese; y, electrónicamente a la parte quejosa.
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