Carlos Arnoldo Leyva Bautista
Expediente 1228/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1228/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/12/2021
Partes del expediente
- Carlos Arnoldo Leyva Bautista
- Juez Primero de lo Civil Con Residencia En el Oro de Hidalgo
Actuaciones
- Principal
.... Firmeza procesal. De la certificación de cuenta, así como del estado procesal que guardan los presentes autos, se evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México a veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia; se provee lo siguiente: Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Arnoldo Leyva Bautista, contra actos de la Juez Primero de lo Civil con residencia en el Oro de Hidalgo y otra autoridad. Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1228/2021-VI. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por la parte quejosa, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En la demanda de amparo, en el apartado correspondiente al acto reclamado, se menciona lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS: EN CONTRA DEL AUTO DE FECHA DE PUBLICACIÓN DEL 6 DE AGOSTO DE 2021 QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD O DE CAPACIDAD DEL ACTOR, EN ESTE CASO DE MA. SUSANA CHEW ARROYO. DIMANA DEL 172/2021 Del indise (sic) del juzgado primero de lo civil con residencia en el Oro de Hidalgo. 1.- CALIFICA DE IMPROCEDENTE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD O DE CAPACIDAD DEL ACTOR EN CONTRA DE LA ACTORA, EXCEPCIÓN INTERPUESTA EN CONTRA POR LA SUSCRITA AQUÍ QUEJOSA. (Violando con estos derechos constitucionales entre otros el de la tutela jurídica efectiva) En otro orden de ideas le permite legitimación activa ad procesum a la tercero interesada lo que es violatorio de mis derechos humanos del debido proceso. (arts 1, 14, 16, y 17 CPEUM) FEHAS DE NOTIFICACION DEL ACTO QUE SE RECLAMA. DIMANA DEL acuerdo de fecha de publicación del día 6 de agosto del año 2021 del índice del expediente 172/2021 del juzgado primero de lo civil con residencia en el oro de Hidalgo estaba en México (sic) y FUE confirmado por la primera sala del tribunal superior de justicia del Estado de México, fui notificado el día 4 de octubre de 2021 en el toca 444/2021. DE LAS ACUTORIDADES EJECUTORAS 1.- Los mismso actos reclamanos en lineas arriba." En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, atendiendo además al contenido de los anexos que la quejosa acompaña en su escrito inicial, se advierte que la quejosa reclama: a) La sentencia interlocutoria de tres de agosto de dos mil veintiuno dictado en los autos del juico 172/2019 por el Juez Primero de lo Civil de el Oro de Hidalgo, Estado de México, declaró improcedente la excepción de falta de personalidad interpuesta por la ahora parte quejosa. b) La resolución del uno de octubre de dos mil veintiuno emitida en el toca 444/2021 por la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la que se confirma la sentencia interlocutoria impugnada. Precisión que se hace sin que se tome en consideración los aspectos calificativos descritos en el contenido del apartado de acto reclamado del escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 159, volumen 18 tercera parte, con registro 239099, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos." Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Cosa Juzgada. Ahora, este Juzgado de Distrito estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior..." Lo anterior, en virtud de que de la búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte que el quejoso Carlos Arnoldo Leyva Bautista, promovió el diverso juicio de amparo 1077/2021, del índice de este juzgado, en el que se reclamaron los mismos actos, se señalaron a las mismas autoridades responsables y se plantearon los mismos conceptos de violación. Lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 172215, Tomo XXV, Junio de 2007, página 285, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Así también lo determinado encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Es de destacarse que el juicio de amparo 1077/2021, promovido por el aquí quejoso, citado anteriormente, fue desechado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los diversos 107, fracción V, 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo; auto que causó estado el once de noviembre del año en curso, al no haber sido impugnado por el quejoso. Ante tales circunstancias, se colige que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que las cuestiones que alega la citada parte en la demanda de amparo que dieron origen al presente expediente ya no pueden ser estudiadas, en razón de que contra esos actos y autoridades ya existe una resolución que adquirió firmeza procesal, y si bien en dicha resolución se desechó la demanda de amparo, es decir no se analizó la constitucionalidad del acto reclamado, dicho desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia que hace inejercitable una nueva acción de amparo, lo que impide al quejoso promover una diversa demanda respecto del mismo acto. Ello es así, porque la naturaleza de la hipótesis de improcedencia por la que se desechó el juicio de amparo 1077/2021, es decir, el hecho de que el acto reclamado no sea de imposible reparación y no cause afectaciones a derechos sustantivos, imposibilita la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de autoridades, en virtud de que dicha circunstancia ya no puede cambiar, máxime que, como ya se apuntó, la resolución no fue impugnada y por ello adquirió firmeza procesal. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/6 (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, con registro digital 2018597, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, página 808, de rubro y texto siguientes: COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada. Al respecto se cita también la tesis publicada en la página 450, del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, Mayo de 1992, Materia Común, Octava Época, que establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE INTERPONE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN JUICIO DIVERSO DE LA MISMA NATURALEZA. Es indiscutible que si el quejoso, promovió juicio de garantías contra actos que fueron materia de una ejecutoria en diverso juicio de la misma naturaleza, esto es, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III de la Ley de Amparo." Cesación de efectos. También se estima que en relación al acto precisado en el inciso a), consistente en la sentencia interlocutoria de tres de agosto de dos mil veintiuno dictado en los autos del juico 172/2019 por el Juez Primero de lo Civil de el Oro de Hidalgo, Estado de México, declaró improcedente la excepción de falta de personalidad interpuesta por la ahora parte quejosa, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo , por lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La causa de improcedencia en comento tiene dos hipótesis de actualización: a) Por revocación, cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, siendo el gobernado restituido en el goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. b) Por sustitución, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. Es importante destacar que, del escrito inicial de demanda, destacan los siguientes antecedentes: "[.] 2.- El día 6 de agosto del año 2021 la autoridad responsable denominada juez primero de lo civil con residencia en el Oro de Hidalgo Estado de México determinó en los autos del expediente 172/2019 del índice de su juzgado que la excepción de falta de personalidad resultaría improcedente por lo que es la que suscribe en tiempo y forma tuve a bien en interponer el correspondiente recurso de apelación. 3.- La PRIMERA SALA CIVIL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO del tribunal superior de justicia del Estado de México determinó que los agravios esgrimidos por la que suscribe aquí quejosa resultaron INFUNDADOS e INOPERANTES en los autos del toca 444/2021, el día, fui notificada el día 4 de octubre de 2021. [.]" En ese contexto, es importante señalar que el uno de octubre del año en curso, la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, emitió la resolución del toca 444/2021, en la que se confirmó la sentencia interlocutoria impugnada, es decir, confirmó la interlocutoria de tres de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio 172/2019, del índice del Juez Primero de lo Civil de el Oro de Hidalgo, Estado de México, en la que se declaró improcedente la excepción de falta de personalidad interpuesta por la ahora parte quejosa Por tanto, la determinación de uno de octubre del año en curso sustituyó la de tres de agosto del mismo año, para los efectos legales conducentes, y es la que actualmente rige la situación jurídica de la parte quejosa y la que, en su caso, le causa perjuicio. De ahí que respecto de dicho acto se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos por sustitución procesal, ya que sobrevino un nuevo acto de autoridad. Extemporánea. Además, en relación al acto reclamado b), consistente en la resolución del uno de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el toca 444/2021 por la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, se evidencia la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo, por lo siguiente: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." Por su parte, el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De los preceptos legales transcritos parcialmente, se obtiene que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, se computará de acuerdo a tres supuestos distintos: I) A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; II) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, III) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. En ese sentido, tal como lo señala el quejoso, y además de las constancias que anexó a su demanda de amparo, se advierte que fue notificado del acto reclamado en estudio (resolución del uno de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el toca 444/2021 por la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México) el cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Ahora bien, si el escrito de demanda de amparo lo presentó el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, es evidente que resulta extemporánea la demanda intentada, lo anterior acorde con lo previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, cuyas hipótesis normativa disponen que el plazo para hacer valer el juicio es de quince días contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto combatido, conforme a la ley del acto. En ese contexto, el término legal a que se refiere el numeral 18 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe computarse, como ya se dijo, de acuerdo al ordenamiento legal rector del acto reclamado. Es decir, la notificación de la resolución impugnada se regula por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, aplicable al caso concreto, en cuyo artículo 1.149, señala que los plazos empezarán a correr al día siguiente de practicada la notificación. Por tanto, si la notificación del acto fue el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, conforme a la ley del acto, el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, trascurrió del cinco al veintiséis de octubre del año en curso, sin contar los sábados y domingos, por haber sido inhábiles acorde con el artículo 19 de la Ley de Amparo, y al haber sido presentada la demanda de amparo hasta el veintitrés de noviembre del año actual, es que resulta extemporánea la misma. En tales circunstancias, es indiscutible la extemporaneidad de la presentación de la demanda de amparo dentro del término señalado en el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, pues el agraviado estaba obligado a promoverla dentro de los quince días siguientes al día en que tuvo conocimiento del acto reclamado; por tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el veintitrés de los actuales, se encuentra fuera del plazo establecido. En consecuencia, si el solicitante del amparo ejerció la acción constitucional después de fenecido el plazo legal para su promoción, es inconcuso que no intentó la vía de amparo oportunamente; lo cual conduce a estimar consentido tácitamente dicho acto, pues está claro que el promovente no se ajustó a la temporalidad señalada en el numeral 17 de la Ley de Amparo, por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la presente determinación no se emite en contravención con las hipótesis previstas en el artículo 17, fracciones II y IV de la Ley de Amparo, las cuales en la primera de ellas dispone que cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; situación que en el caso no acontece, toda vez que el acto reclamado no tiene el carácter de sentencia definitiva. Asimismo, en la segunda de las fracciones mencionadas se sostiene que la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal "fuera de procedimiento", incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. Por tanto, el quejoso no se encuentra en alguna de las causas de excepción descritas en la Ley de Amparo, para no haber promovido el juicio dentro los quince días establecidos para ello. En tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Carlos Arnoldo Leyva Bautista, contra actos de la Juez Primero de lo Civil con residencia en el Oro de Hidalgo y otra autoridad, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en la fracción XI, fracción XXI y fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, esta última en relación con el numeral 17 de la misma Ley. Domicilio Procesal. Toda vez que el quejoso solicita que se realicen las notificaciones por medios electrónicos, y en virtud que de la cuenta se advierte el registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE del usuario "********************", de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario en cita para la consulta vía electrónica del presente expediente y notifíquesele vía electrónica está determinación, así como las sucesivas que se dicten en el presente asunto. Lo anterior, con el objeto de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus SARSCoV2 (COVID-19). ... Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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