Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 866/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 19 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
866/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
  • Renan Hidalgo Echazarreta
  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Enrique Alvarado Saucillo
  • Enrique Mejia Bello
  • José Othón Ramiro Hernández Lira
  • Eduardo Flores Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, comunica el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto 950/2022 de su índice, del que se advierte que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***. En consecuencia, toda vez que en auto de tres de noviembre del año en curso, se reservó proveer respecto del exhorto 529/2022-AP-F (orden 529/2022) del registro de este órgano jurisdiccional, diligenciado por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, hasta en tanto se tuviera conocimiento de la incompetencia planteada por este juzgado federal; -situación que ya aconteció-, previa copia certificada electrónicamente que obre en autos para constancia, remítasele a través de mensajería acelerada, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, se establece que este expediente es susceptible de depuración pues se concedió la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta, remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado electrónicamente por el secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 720/2022-IX-B (orden 791/2022) de su índice, derivado del diverso 529/2022-AP-F (orden 529/2022) del registro de este órgano jurisdiccional, en el que se solicitó que en auxilio de las labores de este juzgado, notificara a los quejosos por conducto de su representante común, el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. En ese contexto, téngase por devuelto el exhorto de mérito; en consecuencia, háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Asimismo, toda vez que la presente comunicación fue recibida de manera electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el propio sistema realiza en automático el acuse de recibo, el cual puede ser consultado por las autoridades remitentes ingresando al referido módulo de información. Ahora bien, en virtud de que mediante proveído de veinticuatro del mes actual, este órgano jurisdiccional declinó la competencia para conocer del presente asunto en favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno; sin que a la fecha se tenga conocimiento del juzgado federal al que se turnó para su conocimiento, resérvese su remisión, hasta en tanto se tenga certeza del órgano jurisdiccional al que fue turnado el presente asunto y si este se avocó o no a su conocimiento. Atento a lo anterior, resérvese acordar lo conducente en relación con las manifestaciones vertidas por los quejosos ***, en la diligencia de veintisiete de octubre del año en curso, llevada a cabo por la actuaria judicial adscrita al juzgado exhortado, en el sentido de desistirse del presente juicio y se les notifique por estrados.

  3. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el CITATORIO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

  4. Principal

    Visto el escrito de cuenta, suscrito electrónicamente por ***, defensora Pública Federal de los quejosos, mediante el cual, desahoga la prevención formulada en auto de cinco de octubre de este año; además, se excusa del conocimiento del asunto, para lo cual refiere que se encuentra impedida por no ser competencia del Instituto Federal de la Defensoría Pública en términos del artículo 32 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del mismo Instituto; asimismo, solicita se corra traslado con el escrito de cuenta a cada una de las partes. En consecuencia, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por los quejosos ***. Al respecto, este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida; lo anterior, debido a lo siguiente: Conviene señalar que por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, resulta procedente analizar de manera previa lo relativo a la competencia legal de este órgano jurisdiccional para conocer del presente juicio de amparo, a efecto de evitar una dilación procesal en aras de salvaguardar lo establecido en el artículo 17 Constitucional, pues en caso de ser legalmente incompetente para conocer del asunto, ello impediría resolver el fondo. En efecto, la competencia es un presupuesto procesal de orden público cuyo estudio se encuentra obligado a efectuar el juzgado de distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del juzgado de distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, se analiza la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Por lo que, para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinarla, como lo son la competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. Así, la Ley de Amparo prevé como tipos de competencia los siguientes: 1. Competencia por territorio; 2. Competencia por materia; 3. Competencia por razón de la vía; y, 4. Competencia auxiliar. En esa tesitura, en el caso se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda constitucional por razón del territorio, en atención a que el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Conforme a lo dispuesto en el numeral citado, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración consiste en que el juez de amparo ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda, lógicamente siempre que el acto reclamado haya tenido ejecución dentro de su jurisdicción. c) En el tercer párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que hace la diferencia entre los supuestos descritos en los incisos a y b, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Por su parte, lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en esta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. Así, la locución ejecución material es el común denominador de las tres hipótesis, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. En otras palabras, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que estatuya una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En el caso concreto, si bien en un principio, en su demanda la parte quejosa se dolía de diversos actos, incluidos algunos atribuidos, entre otros, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, lo cierto es que, del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que los impetrantes se encuentran internos en la Penitenciaria de la Ciudad de México y se duelen únicamente de actos atribuidos a las autoridades responsables administrativas de dicha Penitenciaria, los cuales refieren ponen en peligro su vida y su salud dentro de ese centro de reclusión. Por tanto, en este momento procesal se tiene noticia del lugar en que se han ejecutado los actos reclamados (Ciudad de México); de ahí que la competencia corresponde al Juez de Distrito del lugar donde se está llevado a cabo dicha ejecución, esto es, la Ciudad de México. En consecuencia, se reitera, este juzgador estima carecer de competencia legal por razón de territorio para someter a control constitucional las actuaciones de las autoridades responsables, y por ende, lo procedente es remitir el juicio de amparo promovido por ***, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito respectivo, quien se estima competente para conocer de la controversia planteada pues es el lugar donde inició la ejecución de los actos combatidos. Ahora bien, por lo que hace a la manifestación de la defensora pública federal, respecto del impedimento que tiene para conocer del presente asunto dado que los quejosos son sentenciados en causas penales del fuero común, y refiere que es competencia de la Defensoría de la Ciudad de México, designar el representante social correspondiente, atento a lo cual, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad su petición. Lo anterior toda vez que, los artículos 6 y 12 de la Ley Federal de Defensoría Pública deben ser interpretados de manera extensiva y armónica con el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, previsto en los artículos 17 de la Constitución General, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el Instituto Federal de Defensoría Pública es el que cuenta con mayor infraestructura, recursos humanos, materiales y regulación de funcionamiento para brindar un servicio óptimo que abarque la República Mexicana, pues los servicios públicos estatales tienen una delimitación territorial respecto de la prestación de los servicios de asistencia técnica jurídica, lo que podría impactar en forma determinante en el derecho de defensa del promovente del amparo, dado que la necesidad de asistencia legal es apremiante y se encuentra en un estado de vulnerabilidad que le impide tener acceso a las actuaciones que resultan necesarias para su defensa; máxime que el defensor público y el asesor jurídico federal están facultados para tener contacto directo con el promovente del amparo y coordinarse con su homólogo de otra entidad federativa para recabar actuaciones, desahogar prevenciones, ofrecer pruebas, interponer recursos, expresar alegatos y presentar cualquier promoción ante el órgano de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 5, fracción XIV, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública. Por otra parte, respecto de la petición de la defensora de correr traslado con el escrito de cuenta a todas las partes, no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado; en atención a lo expuesto en el presente proveído. Finalmente, dado que los quejosos se encuentran internos en el reclusorio de la Ciudad de México, envíese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la comunicación oficial correspondiente, a efecto de que el JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, EN TURNO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, comisione a uno de los Actuarios Judiciales adscritos a ese Juzgado de Distrito, para que realice la notificación del presente proveído a los citados quejosos, por conducto de su representante común. Se solicita al juez exhortante se habiliten días y horas inhábiles para la realización de la diligencia encomendada en el presente auto.

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