Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 290/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
290/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Enrique Mejia Bello
  • Eduardo Ampudia Fraustro
  • Edwin Daniel Guerra Cordova

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese sin mayor proveído, el oficio de cuenta signado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en virtud que, mediante proveído de cuatro de abril del presente año, se tuvo por recibida la misiva de cuenta y se emitió el pronunciamiento correspondiente a su contenido. Cúmplase.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual, transcribe el acuerdo dictado el veintitrés de marzo de la presente anualidad, dictado en el juicio de amparo indirecto *** de su índice, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por la Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 130/2022-III, derivado del similar 102/2022-AP-F ordenado en este sumario constitucional. En ese contexto, téngase por devuelto el exhorto de mérito y, en consecuencia, hágase las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Asimismo, toda vez que la presente comunicación fue recibida de manera electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el propio sistema realiza en automático el acuse de recibo, el cual puede ser consultado por la autoridad remitente ingresando al referido módulo de información; no obstante, acúsese el recibo correspondiente, en el correo oficial del juzgado exhortante 5jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx, por así solicitarlo expresamente. Ahora bien, toda vez que el diecisiete de marzo la presente anualidad, este órgano jurisdiccional declinó competencia a favor del JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON SEDE EN CIUDAD VALLES, EN TURNO, por lo que, mediante oficio se remitió el cuaderno original del presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, con el objeto de que, conforme a las cargas de trabajo, lo turne al Juzgado de Distrito que corresponda, para que tenga a bien determinar si acepta o no la competencia propuesta, por tanto, resérvese su remisión, hasta en tanto obre en autos la información correspondiente.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo, promovida ***. Suspensión de plano. Ahora bien, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en discriminación y actos prohibidos en el artículo ***, constituye un hecho notorio los autos del juicio de amparo ***, del índice de este juzgado de distrito, en el que, en proveído de esta misma data, se concedió la suspensión de plano para el efecto que de inmediato cesen dichos actos y cualesquiera otros prohibidos por el aludido numeral de la constitución, de los que se dicen, son objeto los aquí quejosos directos. Lo anterior, debido a que como se dijo, en el diverso sumario constitucional ya se emitió un pronunciamiento expreso con relación a la suspensión de plano respecto de los actos reclamados, la cual continúa surtiendo efectos hasta que se dicte una determinación que establezca lo contrario o cause ejecutoria el fallo en que se resuelva dicho asunto. En consecuencia, se declara sin materia la solicitud de suspensión de plano respecto de dichos actos. Ahora bien, con relación a la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa, respecto a la orden de traslado, la misma resulta improcedente, toda vez que como lo ha resuelto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Del mismo modo, no ha lugar a decretar la suspensión de plano respecto del diverso acto reclamado consistente en la reubicación de dormitorio de los quejosos, en virtud de que no se encuentra dentro de los previstos en alguno de los supuestos del artículo ***, y no generan de facto una incomunicación, o algún ataque a la libertad personal fuera de procedimiento o que se ubique en los supuestos prohibidos por el artículo ***. En consecuencia, será el juez que se avoque al conocimiento de la presente demanda, el que deberá realizar el pronunciamiento respectivo, en términos de lo precisado en párrafos subsecuentes. Dado que los quejosos refieren que se encuentran internos en el reclusorio de la Ciudad de México, envíese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la comunicación oficial correspondiente, a efecto de que el JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, EN TURNO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, comisione al Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado de Distrito, para que realice lo siguiente: 1) Comisione al Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado de Distrito, para que se constituya ante el encargado de las instalaciones del centro de reclusión en el que se encuentren los quejosos y les notifique personalmente el presente acuerdo. 2) Comisione al actuario judicial adscrito al juzgado exhortado a efecto de que proceda a dar fe de las condiciones físicas en las cuales se encuentren los quejosos, de lo cual deberá realizar una relación detallada; asimismo, de estimarlo necesario, realice toma de placas fotográficas a fin de acreditar el estado físico de los peticionarios de amparo. En el entendido que la autoridad administrativa ante quien están a disposición los quejosos directos deberá prestar todas las facilidades a efecto de que el actuario facultado se pueda constituir a desahogar la diligencia de mérito. - Incompetencia. En otro orden de ideas, cabe señalar que los presupuestos procesales son los requisitos que los gobernados deben cumplir al hacer uso del derecho de acceso a la justicia. A razón de ejemplo cabe citar, entre otros, la competencia (el gobernado debe de presentar su petición ante el órgano facultado por el legislador para conocer del procedimiento); la legitimación (cuáles son las personas que pueden demandar y cuáles pueden ser demandadas); la vía (el procedimiento que el legislador previó para el caso concreto). Así, la competencia es la distribución de jurisdicción entre los jueces, que se realiza mediante la asignación de determinadas facultades para realizar la función jurisdiccional en determinados asuntos y dentro de cierto territorio. De esta forma, se traduce en los límites del poder jurisdiccional, dentro de los cuales el juez puede conocer de los conflictos o controversias que los gobernados le presentan; en ese orden ideas, podemos decir que la competencia es sólo la facultad que tiene el juzgador para ejercer su jurisdicción en determinados asuntos y solo dentro de determinado territorio. En esa tesitura, al ser la competencia de estudio preferente, este órgano jurisdiccional procede a examinar si resulta competente para conocer del presente asunto. Como se ve, en la demanda que se analiza se señala como autoridad responsable entre otros, al suscrito Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala -tomando en consideración que se señalaron con tal carácter a la totalidad de juzgadores de amparo del Estado de Tlaxcala- motivo por el cual este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente asunto. El precepto legal en cita determina la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un juez de distrito, siendo competente otro de la misma categoría dentro del mismo distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca dicho juez. En ese sentido, en el caso se actualiza lo establecido en dicho numeral, ya que el suscrito fue señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción o no en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, y por tanto al ser parte en el juicio de amparo respectivo, no se puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez. Bajo ese contexto, se colige que conforme a la regla prevista en el artículo ***, resulta competente para conocer de la presente demanda constitucional, al juez de distrito, en turno, más cercano. Ahora bien, en el caso, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos no señalaron como autoridades responsables a los jueces de distrito en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas y los de Ciudad Valles de San Luis Potosí. En ese sentido, tomando en consideración la distancia que existe entre dichas entidades federativas, y la del lugar donde se encuentran los impetrantes, se estima que el juez competente para conocer del libelo constitucional, lo es el JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON SEDE EN CIUDAD VALLES. De ahí que, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización y por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, corresponde al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON SEDE EN CIUDAD VALLES, EN TURNO, conocer de la demanda de amparo planteada, dada su cercanía con el lugar en donde reside este juzgado federal. En tales condiciones, se estima que este órgano de control constitucional carece de legal competencia para conocer de la demanda de amparo interpuesta, por lo que deberá remitirse al aludido órgano jurisdiccional. En consecuencia; remítase mediante oficio el juicio de amparo ***; a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, con el objeto de que, conforme a las cargas de trabajo, lo turne al Juzgado de Distrito que corresponda, para que tenga a bien determinar si acepta o no la competencia propuesta, solicitando que a la brevedad posible remita el acuse de recibo respectivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con copia simple de la demanda de cuenta, así como autógrafa del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. En diverso aspecto, como lo solicitan los promoventes, se tiene a ***, como representante común de la parte quejosa. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,983 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano