Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 285/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 285/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- Enrique Alvarado Saucillo
- Enrique Mejia Bello
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual solicita el acuse de recibo de la comunicación oficial con número de exhorto 133/2022-V, orden 139/2022 de su índice, derivada del diverso 101/2022-AP-B (orden 101/2022) del registro de este órgano jurisdiccional. Atento a lo anterior, infórmese a la autoridad oficiante que en proveído uno de abril del presente año, se tuvo por recibida la referida comunicación oficial; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciada la comunicación oficial con ***de su índice, derivado del diverso *** del registro de este órgano jurisdiccional. En ese contexto, téngase por devuelto el exhorto de mérito y, en consecuencia, hágase las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); asimismo, como lo pide la autoridad oficiante, acúsese de recibo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, mediante el cual comunica el contenido del auto de veintitrés de marzo del año en curso, dictado en el juicio de amparo ***, del que se advierte que se acusa recibo de los autos que dieron origen al presente asunto; asimismo, se informa que se aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. En ese sentido, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, ***, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. De igual manera, procédase a la destrucción del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años; dado que este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con el inciso j) del artículo 21 del Acuerdo citado; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Por lo anterior, después de transcurrido el término que establece el diverso artículo 9 del Acuerdo General en cita, procédase a la destrucción del presente expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Vista la demanda de amparo, promovida por ***, téngaseles solicitando el amparo y protección de la justicia federal. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número ***. Ahora bien, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en discriminación y actos prohibidos en el artículo ***, constituye un hecho notorio los autos del juicio de amparo ***, del índice de este juzgado de distrito, en el que, en proveído de diecisiete de marzo del año en curso, se concedió la suspensión de plano para el efecto que de inmediato cesen dichos actos y cualesquiera otros prohibidos por el aludido numeral de la constitución, de los que se dicen, son objeto los aquí quejosos directos. Lo anterior, debido a que como se dijo, en el diverso sumario constitucional ya se emitió un pronunciamiento expreso con relación a la suspensión de plano respecto de los actos reclamados, la cual continúa surtiendo efectos hasta que se dicte una determinación que disponga lo contrario o cause ejecutoria el fallo en que se resuelva dicho asunto. En consecuencia, se declara sin materia la solicitud de suspensión de plano respecto de dichos actos. Ahora bien, con relación a la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa, respecto a la orden de traslado, la misma resulta improcedente, toda vez que como lo ha resuelto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la ***, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Del mismo modo, no ha lugar a decretar la suspensión de plano respecto del diverso acto reclamado consistente en la reubicación de dormitorio de los quejosos, en virtud de que no se encuentra dentro de los previstos en alguno de los supuestos del artículo ***, y no generan de facto una incomunicación, o algún ataque a la libertad personal fuera de procedimiento o que se ubique en los supuestos prohibidos. En consecuencia, será el juez que se avoque al conocimiento de la presente demanda, el que deberá realizar el pronunciamiento respectivo, en términos de lo precisado en párrafos subsecuentes. Toda vez que la parte quejosa es omisa en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. No obstante, dado que los quejosos refieren que se encuentran internos en el reclusorio de la Ciudad de México, envíese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la comunicación oficial correspondiente, a efecto de que el JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, EN TURNO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, comisione al Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado de Distrito, para que realice lo siguiente: 1) Comisione al Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado de Distrito, para que se constituya ante el encargado de las instalaciones del centro de reclusión en el que se encuentren los quejosos y les notifique personalmente el presente acuerdo. 2) Comisione al actuario judicial adscrito al juzgado exhortado a efecto de que proceda a dar fe de las condiciones físicas en las cuales se encuentren los quejosos, de lo cual deberá realizar una relación detallada; asimismo, de estimarlo necesario, realice toma de placas fotográficas a fin de acreditar el estado físico de los peticionarios de amparo. En el entendido que la autoridad administrativa ante quien están a disposición los quejosos directos deberá prestar todas las facilidades a efecto de que el actuario facultado se pueda constituir a desahogar la diligencia de mérito. - Incompetencia. En otro orden de ideas, cabe señalar que los presupuestos procesales son los requisitos que los gobernados deben cumplir al hacer uso del derecho de acceso a la justicia. A razón de ejemplo cabe citar, entre otros, la competencia (el gobernado debe de presentar su petición ante el órgano facultado por el legislador para conocer del procedimiento); la legitimación (cuáles son las personas que pueden demandar y cuáles pueden ser demandadas); la vía (el procedimiento que el legislador previó para el caso concreto). Así, la competencia es la distribución de jurisdicción entre los jueces, que se realiza mediante la asignación de determinadas facultades para realizar la función jurisdiccional en determinados asuntos y dentro de cierto territorio. De esta forma, se traduce en los límites del poder jurisdiccional, dentro de los cuales el juez puede conocer de los conflictos o controversias que los gobernados le presentan; en ese orden ideas, podemos decir que la competencia es sólo la facultad que tiene el juzgador para ejercer su jurisdicción en determinados asuntos y solo dentro de determinado territorio. En esa tesitura, al ser la competencia de estudio preferente, este órgano jurisdiccional procede a examinar si resulta competente para conocer del presente asunto. Como se ve, en la demanda que se analiza se señala como autoridad responsable entre otros, al suscrito Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala -tomando en consideración que se señalaron con tal carácter a la totalidad de juzgadores de amparo del Estado de Tlaxcala- motivo por el cual este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente asunto. (***) El precepto legal en cita determina la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un juez de distrito, siendo competente otro de la misma categoría dentro del mismo distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca dicho juez. En ese sentido, en el caso se actualiza lo establecido en dicho numeral, ya que el suscrito fue señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción o no en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, y por tanto al ser parte en el juicio de amparo respectivo, no se puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez. Bajo ese contexto, se colige que conforme a la regla prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo, resulta competente para conocer de la presente demanda constitucional, al juez de distrito, en turno, más cercano. Ahora bien, en el caso, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos no señalaron como autoridades responsables a los jueces de distrito en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas y los de Ciudad Valles de San Luis Potosí. En ese sentido, tomando en consideración la distancia que existe entre dichas entidades federativas, y la del lugar donde se encuentran los impetrantes, se estima que el juez competente para conocer del libelo constitucional, lo es el JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON SEDE EN CIUDAD VALLES. De ahí que con apoyo en el Acuerdo General *** dei Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización y por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, corresponde al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON SEDE EN CIUDAD VALLES, EN TURNO, conocer de la demanda de amparo planteada, dada su cercanía con el lugar en donde reside este juzgado federal. En tales condiciones, se estima que este órgano de control constitucional carece de legal competencia para conocer de la demanda de amparo interpuesta, por lo que deberá remitirse al aludido órgano jurisdiccional. En consecuencia; remítase mediante oficio el juicio de amparo ***; a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, con el objeto de que, conforme a las cargas de trabajo, lo turne al Juzgado de Distrito que corresponda, para que tenga a bien determinar si acepta o no la competencia propuesta, solicitando que a la brevedad posible remita el acuse de recibo respectivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con copia simple de la demanda de cuenta, así como autógrafa del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. En diverso aspecto, como lo solicitan los promoventes, se tiene como representante común de la parte quejosa, a ***. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.
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