Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 1192/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1192/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 19/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Alejandro Díaz Madrid
- Alejandro Díaz Madrid y Otros.
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
- Juan Manuel Espinosa González
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- José Antonio Contreras Chávez
- Enrique Mejia Bello
- Enrique Alvarado Saucillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual informa el contenido del proveído de seis del mes y año en curso, dictado en el juicio de amparo indirecto 820/2022-III de su índice, del cual se aprecia que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este juzgador y por ende, se avocó al conocimiento de la demanda que dio origen al presente sumario. Por otra parte, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente, por haberse declarado la incompetencia de este juzgado para conocer del asunto. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 142/2022-AP-D, orden 412/2022, del índice de este juzgado. En ese contexto, téngase por devuelto el exhorto de mérito; en consecuencia, háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Sin que haya necesidad de acusar recibo de estilo correspondiente, toda vez que el mismo se genera de manera electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por ***, en su carácter de Defensora Pública Federal del inconforme ***, representante común de la parte quejosa, mediante el cual informa que el dieciocho de agosto del año en curso, recibió llamada telefónica de la penitenciaria de la ciudad de México, entablando comunicación con los quejosos por el cual le informaron que toda vez que no cuentan con la información solicitada, solicitan que el presente asunto en que se actúa sea remitido a la Ciudad de México por incompetencia, siendo todo lo que desean manifestar. Atento a ello, dígasele a la referida defensora que no ha lugar a tener por cumplido el requerimiento formulado en auto de doce de abril del presente año, pues dicha prevención no se encuentra desahogada conforme a lo términos que se le precisó en el referido requerimiento; de ahí que no se tenga por cumplida en los términos que indica. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada en auto de doce de abril de dos mil veintidós, en el plazo que se le concedió para tal efecto. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido proveído de doce de abril del año en curso, se tiene por no presentada la demanda de amparo respecto de las autoridades responsables que la parte quejosa denominó como Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México del Primero al Décimo Sexto, todos los Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí (únicamente los Jueces Quinto y Séptimo de este Circuito con sede en Ciudad Valles), Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, y se ordena proveer en torno a las autoridades administrativas señaladas por los quejosos. INCOMPETENCIA. Ahora bien, por lo que respecta a las siguientes autoridades y actos reclamados, se provee: Autoridades responsables: Director y dirección de la penitenciaría de la Ciudad de México. Subdirección y subdirector jurídico de la penitenciaría de la Ciudad de México. Subdirección y subdirector de seguridad de la penitenciaría de la Ciudad de México. Subdirección y subdirectora de apoyo técnico de la penitenciaría de la Ciudad de México. Comité técnico de la penitenciaría de la Ciudad de México. Jefe y jefatura de unidad departamental del centro de diagnóstico ubicación y determinación del tratamiento de la penitenciaría de la Ciudad de México. Subsecretaría de sistema penitenciario de la Ciudad de México. Director ejecutivo de seguridad penitenciaria de la Ciudad de México. Subdirector de supervisión de centros penitenciarios de la Ciudad de México Subdirector de seguridad penitenciaria de la subsecretaría de sistema penitenciario de la Ciudad de México. Secretaria de gobierno de la Ciudad de México. Secretaria de seguridad ciudadana de la Ciudad de México. Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Secretaria de Gobernación Jefa de gobierno de la ciudad de México Presidente de México Comisión Nacional de Derechos Humanos Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. CONAPRED Actos reclamados: Traslado de los quejosos de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro Centro diverso dentro o fuera de Ciudad de México, los cuales refieren ponen en riesgo grave la vida, salud, integridad y dignidad personal psicofísica y psicoemocional de los promoventes. Reubicación de dormitorios dentro del mismo centro penitenciario. Discriminación, intimidación, represalias, actos de molestia y perturbación del sueño, equiparables a tortura psicofísica y psicoemocional, y cualquier acto de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional. Así, conviene señalar que por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, resulta procedente analizar de manera previa lo relativo a la competencia legal de este órgano jurisdiccional para conocer del presente juicio de amparo, a efecto de evitar una dilación procesal en aras de salvaguardar lo establecido en el artículo 17 Constitucional, pues en caso de ser legalmente incompetente para conocer del asunto, ello impediría resolver el fondo. En efecto, la competencia es un presupuesto procesal de orden público cuyo estudio se encuentra obligado a efectuar el juzgado de distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del juzgado de distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, se analiza la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Por lo que, para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinarla, como lo son la competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. Así, la Ley de Amparo prevé como tipos de competencia los siguientes: 1. Competencia por territorio; 2. Competencia por materia; 3. Competencia por razón de la vía; y, 4. Competencia auxiliar. En esa tesitura, en el caso se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda constitucional en relación a los actos citados, por razón del territorio, en atención a que el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Conforme a lo dispuesto en el numeral citado, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración consiste en que el juez de amparo ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda, lógicamente siempre que el acto reclamado haya tenido ejecución dentro de su jurisdicción. c) En el tercer párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que hace la diferencia entre los supuestos descritos en los incisos a y b, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Por su parte, lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en esta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. Así, la locución ejecución material es el común denominador de las tres hipótesis, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. En otras palabras, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que estatuya una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En el caso concreto, se advierte que los quejosos ***, ***, *** o ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** y ***, se encuentran internos en la Penitenciaria de la Ciudad de México y se duelen que las autoridades responsables han llevado a cabo diversos actos que ponen en peligro su vida y su salud dentro de ese centro de reclusión. De este modo, dado que en este momento procesal se tiene noticia del lugar en que se han ejecutado los actos reclamados (Ciudad de México); por tanto, la competencia corresponde al Juez de Distrito del lugar donde se está llevado a cabo dicha ejecución, esto es, la Ciudad de México. En consecuencia, este juzgador estima carecer de competencia legal por razón de territorio para someter a control constitucional las actuaciones de las autoridades responsables, y por ende, lo procedente es remitir el juicio de amparo promovido por ***, ***, *** o ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** y ***, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito respectivo, quien se estima competente para conocer de la controversia planteada pues es el lugar donde inició la ejecución de los actos combatidos. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, solicitándose al órgano jurisdiccional que conozca del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta la competencia declinada. Por otra parte, dado que los quejosos se encuentran internos en el reclusorio de la Ciudad de México, envíese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la comunicación oficial correspondiente, a efecto de que el JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, EN TURNO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, comisione a uno de los Actuarios Judiciales adscritos a ese Juzgado de Distrito, para que realice la notificación del presente proveído a los citados quejosos. En el entendido que la autoridad administrativa ante quien están a disposición los quejosos directos deberá prestar todas las facilidades a efecto de que el actuario facultado se pueda constituir a desahogar la diligencia de mérito. Se solicita al juez exhortante se habiliten días y horas inhábiles para la realización de la diligencia encomendada en el presente auto.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, signado electrónicamente por ***, en su carácter de Defensora Pública Federal del inconforme ***, representante común da la parte quejosa, mediante el cual informa que solicitó entablar comunicación con el citado quejoso señalándose las dieciséis horas del dieciocho del mes y año en curso, asimismo, solicita le sea concedida una prórroga por cinco días, para dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de doce de abril del año en curso. Atento a lo anterior, dígasele a la aludida defensora que no ha lugar ha conceder la prórroga que solicita, toda vez que a la presente fecha aún no fenece el plazo de un día que se le concedió en auto de doce de los corrientes, por tanto, dado que cuenta con un día para dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de doce de abril del presente año; en consecuencia, se interrumpe dicho plazo, el cual comenzará a trasncurrir al día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído; lo anterior, a efecto de que dé cabal cumplimiento a dicha prevención y no se deje en estado de indefensión a los quejosos. En el entendido, de que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de doce de abril del año en curso.
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