Carlos Alberto Angelino Barron
Expediente 451/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 16 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 01/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barron
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por ***a, defensor público de ****, mediante el cual informa que, a efecto de cumplir con el requerimiento de veintiocho de junio de este año, se presentó en la Penitenciaría de la Ciudad de México, a fin de asesorar al directo quejoso; asimismo, adjunta el escrito firmado por el citado quejoso. Ahora, del contenido del ocurso de referencia, se tiene al directo quejoso ****desahogando la prevención impuesta en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, pues manifiesta que se desiste de las autoridades responsables denominadas como Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, del Primero al Décimo Sexto, así como de los Jueces de Distrito en el Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Nuevo León, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas y Chiapas. También, se desiste de las diversas responsables Presidente de México, Secretario de Gobernación, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, informa que se encuentra a disposición del Director de la Penitenciaría de Ciudad de México, y que tiene el carácter de sentenciado. Al respecto, este juzgado de Distrito considera no ser competente para conocer respecto de los actos reclamados en este asunto, a saber: Represalias intimidación amenazas coacción y otros prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, por la interposición de recursos jurídicos y amparos. Dolor angustia y daño psicoemocional y psicofísico. Discriminación por condición. Tortura psíquica y psicoemocional. Actos de molestia y extorsión y de corrupción por parte de elementos de seguridad y custodia de la Penitenciaria CDMX. Actos de extorsión, molestia e intimidación por parte de los internos Luciano Martin Fuentes Márquez y Jesús David Bedolla Reyes, con conocimiento y consentimiento y encubrimiento y coautoría de las autoridades responsables penitenciarias. Discriminación por condición. Violación al principio pro hominem. Inaplicabilidad de criterios internacionales pro hominem. Ello, en razón de que no se surte la competencia legal por cuestión de territorio a favor de este juzgado Federal, atendiendo a la propia naturaleza jurídica de los actos reclamados, pues el quejoso *** refiere que se encuentra recluido en la Penitenciaría CDMX. Resulta pertinente precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio está obligado a efectuar el juez de Distrito, previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, lo que se traduciría en una violación que invalida el proceso en perjuicio de los derechos sustantivos de las partes. Situación jurídicamente inadmisible, porque, se insiste, la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las reglas de competencia de los jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos constitucionales y legales citados, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no infringir las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y, de resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar en primer término el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora bien, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el primero de los cuales dispone: "Artículo 107.- ****." (Lo destacado es propio). Tal precepto constitucional establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el numeral 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los juzgados de Distrito, en lo conducente, dispone: "Artículo 37. ****." (Lo subrayado es propio). Del análisis de este artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda; 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De ahí que, como ha quedado debidamente puntualizado en párrafos precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En el presente caso, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: Represalias intimidación amenazas coacción y otros prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, por la interposición de recursos jurídicos y amparos. Dolor angustia y daño psicoemocional y psicofísico. Discriminación por condición. Tortura psíquica y psicoemocional. Actos de molestia y extorsión y de corrupción por parte de elementos de seguridad y custodia de la Penitenciaria CDMX. Actos de extorsión, molestia e intimidación por parte de los internos*** y ****, con conocimiento y consentimiento y encubrimiento y coautoría de las autoridades responsables penitenciarias. Discriminación por condición. Violación al principio pro hominem. Inaplicabilidad de criterios internacionales pro hominem. Ahora, si los actos que se reclaman tienen ejecución material en la Ciudad de México, toda vez que el quejoso ***se encuentra recluido en la Penitenciaría de la CDMX, en ese sentido, este órgano de control constitucional estima carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en virtud de que la ejecución de los actos reclamados tuvo o tendrán verificativo en la Ciudad de México, lugar donde se encuentra recluido el aquí quejoso. Máxime que, como quedó establecido en párrafos precedentes, el quejoso manifestó su voluntad de no señalar como autoridad responsable, entre otros, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, por lo que no existe impedimento para que conozcan de este asunto. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; y el artículo primero, fracción XV, segundo, fracción XV, punto 3, y cuarto, fracción XV, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero siguiente, el suscrito determina que carece de competencia legal por razón de territorio para resolver el presente juicio de amparo promovido por ****, en representación de ****, contra actos que atribuye al Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México, y otras autoridades; por lo que se ordena su remisión al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, en la Ciudad de México, a quien se considera legalmente competente para conocerlo y resolverlo como en derecho proceda, por los motivos y fundamentos ya expuestos. Previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio al juez de Distrito en comento, solicitándose al que le corresponda conocer, informe a este órgano jurisdiccional el trámite que se sirva dar a lo anterior, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Atento a lo anterior, con apoyo en los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, en la Ciudad de México, para que, en auxilio de las labores de este juzgado, con fundamento en el artículo 17 constitucional, así como 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por conducto del Actuario Judicial de su adscripción notifique al quejoso, así como a al defensor *** el presente auto, en los domicilios siguientes: **** Se faculta al Juez exhortado para que en términos del numeral 21, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas hábiles a efecto de que se realice la notificación encomendada.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, en atención a la solicitud de veinticinco de mayo de la presente anualidad, informa que después de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) correspondiente a todos los órganos jurisdiccionales, no encontró registro alguno del exhorto 183/2022, orden 194/2022, librado en el juicio en que se actúa. En mérito de lo anterior, se ordena darlo de baja del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Luego, a fin de no hacer nugatorios los derechos del impetrante de la tutela constitucional, con apoyo en los artículos 299 y 300 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese de nueva cuenta atento exhorto al Juez de Distrito en turno de Amparo en Materia Penal, con residencia en Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, con fundamento en el artículo 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por conducto del actuario judicial de su adscripción notifique al defensor ******el cargo conferido, en el domicilio ubicado en la ****** y, en el acto de la notificación, le corra traslado con copia de la demanda de amparo y del auto preventivo de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno; además, lo requiera a efecto de que acepte y proteste el cargo como defensor del quejoso **** o, bien, para que dentro del plazo de tres días hábiles, mediante oficio o escrito dirigido a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, residente en Chetumal, acepte el cargo conferido en este juicio de derechos fundamentales. En el entendido de que el término de cinco días, concedido en el citado proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, para cumplir con la prevención ahí contenida, transcurrirá a partir del día siguiente a la presentación del escrito de aceptación de cargo de que se trata.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y atendiendo al estado procesal que guardan los autos, se advierte que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se imprimió la boleta de turno del exhorto 183/2022, orden 194/2022, de nuestro índice, del que se advierte que le toco conocer al Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el cual se envió para que en auxilio de las labores del Juzgado notificara del cargo que le fue conferido al defensor ****y lo requiriera a fin de que comparezca ante este juzgado dentro del plazo de tres días hábiles para aceptar y protestar el cargo como defensor del quejoso ****; sin que a la presente fecha haya sido devuelto. En ese contexto, solicítese al Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, de la manera más atenta y de no tener inconveniente legal alguno, informe el estado procesal que guarda la citada comunicación oficial de nuestro índice, a fin de acordar lo que en derecho corresponda, respecto notificar del cargo que le fue conferido como defensor a ****.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por el Director de la Defensoría Pública, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de dos de febrero de la presente anualidad, informa que designó a ***** como defensor del quejoso ******; al respecto, se provee: Toda vez que el citado defensor ****tiene su domicilio fuera de la jurisdicción de este juzgado, con apoyo en los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, en la Ciudad de México para que en auxilio de las labores de este Juzgado, con fundamento en el artículo 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por conducto del actuario judicial de su adscripción notifique al citado profesionista el cargo conferido, en el domicilio señalado ubicado en ****y, lo requiera a fin de que comparezca ante ese juzgado dentro del plazo de tres días hábiles para aceptar y protestar el cargo como defensor del quejoso ******; asimismo, en el acto de dicha diligencia de aceptación de cargo, le corra traslado con copia de la demanda de amparo y del auto preventivo de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. En el entendido de que el término de cinco días, concedido en el citado proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, para cumplir con la prevención ahí contenida, transcurrirá a partir del día siguiente al en que acepte el cargo en diligencia formal. Se faculta al Juez exhortado para que en términos del numeral 21, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas hábiles a efecto de que se realice la notificación encomendada. Para cumplimentar lo anterior, remítase la presente comunicación por la vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 78 al 91 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En la inteligencia que, de existir alguna imposibilidad técnica para el envío adecuado de cualquier actuación por la vía electrónica, desde este momento se autoriza para que, previa certificación, se remita por vía fax, en aras de impartir una justicia pronta y expedita, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, 67 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; con la firma electrónica del Secretario en funciones de Juez así como el Secretario de su Adscripción, se enviara el exhorto de referencia. De igual manera, se autoriza para realizar las notificaciones no procesales del presente expediente vía correo electrónico oficial a la dirección guderian_1939@yahoo.com.mx cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, ello con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese y por exhorto al defensor *****
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