Carlos Alberto Angelino Barron
Expediente 620/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 29 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 26/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barron
- CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRON y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual acuse recibo en el cual se le remitieron los autos del juicio de amparo 620/2021; asimismo, informa que el cuatro de mayo de dos mil veintidós, aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito, mismo que radicó con el número 396/2022-I; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en su oportunidad envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso j), del Acuerdo General sin número, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo 21, inciso j), del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, por haberse desechado la demanda de amparo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del citado Acuerdo.
- Principal
Agréguense a los autos los escritos de cuenta, en atención al primer ocurso, suscrito por el defensor público de los quejosos *******, mediante el cual informa que, a fin de cumplir con la prevención impuesta en autos, acudió a la Penitenciaría de la Ciudad de México a efecto de proporcionarle asesoría a los citados quejosos, por lo que redactó de forma autógrafa el escrito para el desahogo de la prevención correspondiente. Por otra parte, en atención al segundo escrito, se tiene a los directos impetrantes **********, desahogando la prevención impuesta en auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, en el que manifestaron lo siguiente: ************************************************ Incompetencia Sentado lo anterior, este juzgado de Distrito considera no ser competente para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, ello en razón de que no se surte la competencia legal por cuestión de territorio a favor de este juzgado, atendiendo a la propia naturaleza jurídica de los actos reclamados. Resulta pertinente precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio está obligado a efectuar el juez de Distrito, previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, lo que se traduciría en una violación que invalida el proceso en perjuicio de los derechos sustantivos de las partes. Situación jurídicamente inadmisible, porque, se insiste, la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las reglas de competencia de los jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos constitucionales y legales citados, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no infringir las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y, de resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar en primer término el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora bien, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el primero de los cuales dispone: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." (Lo destacado es propio). Tal precepto constitucional establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el numeral 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los juzgados de Distrito, en lo conducente, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (Lo subrayado es propio). Del análisis de este artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que, en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda; 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De ahí que, como ha quedado debidamente puntualizado en párrafos precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En el presente caso, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentran recluidos a uno diverso por represalias. La reubicación fuera de procedimiento del dormitorio a otro diverso módulo o área. Intimidación. Actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo (tortura sicofísica). Discriminación por condición. Inaplicabilidad de criterios internacionales pro hominem. Violación al principio pro persona. Ahora, toda vez que en el presente, únicamente se tienen como autoridades responsables a las señaladas en el escrito inicial de demanda, con excepción de los jueces de distrito entre ellos a los de la Ciudad de México, toda vez que en el escrito de cuenta los quejosos se desistieron de las autoridades señaladas como jueces de distrito de la Ciudad de México, los del resto de la República así como de los gobernadores de las entidades federativas, por ende, si los actos que se reclaman tienen ejecución material en la Ciudad de México, habida cuenta que los quejosos ****** se encuentran recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México con motivo de que el primero cumple la pena de ********** años de prisión, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de **************, a disposición del Juzgado Trigésimo Quinto en Materia Penal de la Ciudad de México, en la causa penal ********; y el segundo, cumple la pena de **********de prisión por el delito de secuestro agravado, impuesta en la carpeta judicial ********** y se encuentra a disposición de la Jueza Especializada en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México. En ese sentido, este órgano de control constitucional estima carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en virtud de que la ejecución de los actos reclamados tiene verificativo en la Ciudad de México, lugar donde se encuentran recluidos los aquí quejosos. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; y el artículo primero, fracción XV, segundo, fracción XV, punto 3, y cuarto, fracción XV, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero siguiente, el suscrito determina que carece de competencia legal por razón de territorio para resolver el presente juicio de amparo promovido por *********en representación de **************, contra actos que atribuye al Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades; por lo que se ordena su remisión al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera legalmente competente para conocerlo y resolverlo como en derecho proceda, por los motivos y fundamentos ya expuestos. Previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio al juez de distrito en comento, solicitándose al que le corresponda conocer, informe a este órgano jurisdiccional el trámite que se sirva dar a lo anterior, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Luego, toda vez que los directos **********, se encuentran internos en la Penitenciaría de la CDMX, con apoyo en los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado de Distrito, para que se constituya en dicho centro de reclusión y les notifique el presente proveído. Para lo cual las autoridades penitenciarias señaladas como responsables deberán otorgar todas las facilidades al personal del juzgado a fin de que pueda realizarse la diligencia encomendada. Se faculta al Juez exhortado para que en términos del numeral 21, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas hábiles a efecto de que se realice la notificación encomendada. Para cumplimentar lo anterior, remítase la presente comunicación por la vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 79, 80 y 81 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En la inteligencia que, de existir alguna imposibilidad técnica para el envío adecuado de cualquier actuación por la vía electrónica, desde este momento se autoriza para que, previa certificación, se remita por vía fax, en aras de impartir una justicia pronta y expedita, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, 67 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; con la firma electrónica del Secretario en funciones de Juez así como el Secretario de su Adscripción, se enviara el exhorto de referencia. Notifíquese y por exhorto a los directos quejosos.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, remitido por la Actuaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto *****, orden *****de su índice, formado con motivo del diverso*****, orden ******, mismo que se envió para que en auxilio de las labores de este juzgado notificara el proveído de dos del mes y año en curso, así como aceptara y protestara el cargo que le fue conferido al ******como defensor de los quejosos *******, le corriera traslado con copia de la demanda de amparo y el auto preventivo de treinta de julio de dos mil veintiuno. Sin que sea necesario remitir acuse de recibo, pues el mismo es generado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Comunicaciones Oficiales enviadas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE]. Ahora, de las constancias enviadas por la autoridad oficiante, se advierte el defensor ******fue notificado el quince de marzo de la presente anualidad, así como también de la comparecencia de esa misma fecha, se aprecia que aceptó y protestó el cargo que le fue conferido; asimismo, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ******* En ese sentido, se tiene a como domicilio del citado defensor el que señala en el párrafo que antecede y este órgano jurisdiccional queda a la espera de que el defensor desahogue el auto preventivo de treinta de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, suscrito por el Director de la Defensoría Pública, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de dos de febrero de la presente anualidad, informa que designó a ******como defensor de los quejosos Carlos ****; al respecto, se provee: Toda vez que el citado defensor ******tiene su domicilio fuera de la jurisdicción de este juzgado, con apoyo en los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, con fundamento en el artículo 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por conducto del actuario judicial de su adscripción notifique al citado profesionista el cargo conferido, en el domicilio señalado ubicado en la *******y, lo requiera a fin de que comparezca ante ese juzgado dentro del plazo de tres días hábiles para aceptar y protestar el cargo como defensor de los quejosos ******; asimismo, en el acto de dicha diligencia de aceptación de cargo, le corra traslado con copia de la demanda de amparo y del auto preventivo de treinta de julio de dos mil veintiuno. En el entendido de que el término de cinco días, concedido en el citado proveído de treinta de julio de dos mil veintiuno, para cumplir con la prevención ahí contenida, transcurrirá a partir del día siguiente al en que acepte el cargo en diligencia formal. Se faculta al Juez exhortado para que en términos del numeral 21, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas hábiles a efecto de que se realice la notificación encomendada. Para cumplimentar lo anterior, remítase la presente comunicación por la vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 78 al 91 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En la inteligencia que, de existir alguna imposibilidad técnica para el envío adecuado de cualquier actuación por la vía electrónica, desde este momento se autoriza para que, previa certificación, se remita por vía fax, en aras de impartir una justicia pronta y expedita, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, 67 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; con la firma electrónica del Secretario en funciones de Juez así como el Secretario de su Adscripción, se enviara el exhorto de referencia. De igual manera, se autoriza para realizar las notificaciones no procesales del presente expediente vía correo electrónico oficial a la dirección ****cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, ello con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese y por exhorto al defensor ******
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