Carlos Alberto Angelino Barron

Expediente 452/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
452/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
16/12/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barron
  • Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto ***, número de orden ***, deducido del presente juicio de amparo indirecto, remitido, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, notificara al directo quejoso ***, el proveído dictado el veinticinco de noviembre del año que transcurre, en autos del presente expediente. Asimismo, se advierte que no resulta necesario remitir el acuse de recibo, pues el mismo fue generado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno relativo, así como las capturas respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en atención a su contenido, se tiene a dicho órgano jurisdiccional acusando recibo de los autos originales del juicio de amparo ***, del índice de este juzgado; asimismo, informa que el ocho de diciembre del año en curso, aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito, del juicio de amparo promovido por ****; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. En ese tenor, toda vez que no existe trámite por realizar ni documentos originales por devolver, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se ordena el archivo definitivo del presente cuaderno de antecedentes, mismo que por carecer de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, es susceptible de destrucción, después de transcurridos seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente cuaderno, así como en el libro de gobierno correspondiente, y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, en atención a que en proveído de diez de diciembre de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio **** signado por ****, mediante el cual rinde informe suspensión de plano; y toda vez que en esta data se tiene conocimiento del juzgado al que le correspondió conocer el presente asunto, en consecuencia, remítase el original de dicho ocurso al Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, previa copia simple que deje en autos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguense a los presentes autos los escritos de cuenta, en atención al primer ocurso, suscrito por el defensor público del quejoso ***, mediante el cual informa que a fin de cumplir con la prevención impuesta en autos, acudió a la penitenciaría de *** a efecto de proporcionarle asesoría al citado quejoso, por lo que redactó de forma autógrafa el escrito para el desahogo de la prevención correspondiente; por otra parte, en atención al segundo escrito, se tiene al directo quejoso ***, desahogando la prevención impuesta en auto de veinticuatro de junio de la presente anualidad, en el que manifiesta lo siguiente: "1. Que no es mi voluntad señalar como autoridades responsables a ningún Juez de Distrito en materia Penal de la Ciudad de México; ni a ningún Juez de Distrito de ningún estado de la República; por lo que, me desisto de la designación hecha en el escrito inicial de demanda. Asimismo, me desisto de la designación hecha al Presidente de la República y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 2. Que bajo protesta de decir verdad manifiesto como antecedentes de los actos reclamados: Los internos mencionados en el escrito de demanda son azotados por las autoridades penitenciarias entre ellas el Subdirector ***, la Subdirectora de Apoyo Técnico *** y el subdirector de Seguridad ***, Los Jefes de servicio de Apoyo ***, así como el Lider Coordinador de Proyectos "A" del Segundo Grupo de Seguridad, ***, actos que cometen desde septiembre del 2020; y que hasta la fecha continúan, y que consiste en extorsión y a que para desistirme de denuncias y que me reubiquen del dormitorio me han estado acusando falsamente con el respaldo de las autoridades mencionadas. Por lo que desde este momento los señalo como autoridades responsable y como actos los especificados en la demanda. 3. Que el carácter que tengo en la penitenciaria es el de procesado. [.]". ? Incompetencia Sentado lo anterior, este juzgado de Distrito considera no ser competente para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, ello en razón de que no se surte la competencia legal por cuestión de territorio a favor de este juzgado, atendiendo a la propia naturaleza jurídica de los actos reclamados. Resulta pertinente precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio está obligado a efectuar el juez de Distrito, previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, lo que se traduciría en una violación que invalida el proceso en perjuicio de los derechos sustantivos de las partes. Situación jurídicamente inadmisible, porque, se insiste, la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las reglas de competencia de los jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ?? Por lo tanto, con fundamento en los artículos constitucionales y legales citados, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no infringir las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y, de resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar en primer término el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora bien, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la??????????Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el primero de los cuales dispone: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." (Lo destacado es propio). Tal precepto constitucional establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el numeral 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los juzgados de Distrito, en lo conducente, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (Lo subrayado es propio). Del análisis de este artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda; 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De ahí que, como ha quedado debidamente puntualizado en párrafos precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En el presente caso, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1) Represalias, intimidación amenazas coacción y otros prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 ley de amparo por la interposición de recursos jurídicos y amparos. 2) Dolor, angustia y daño psicoemocional y psicofísico. 3) Discriminación por condición. 4) Tortura psíquica y psicoemocional. 5) Actos de molestia y extorsión y de corrupción por parte de elementos de seguridad y custodia de la penitenciaría de la Ciudad de México. 6) Actos de extorsión y molestia por parte de los internos *** con conocimiento y consentimiento y encubrimiento y coautoría de las autoridades responsables penitenciarias. 7) Discriminación por condición. 8) Violación al principio pro hominem. 9) Inaplicabilidad de criterios internacionales pro hominem. Ahora, toda vez que en el presente, únicamente se tienen como autoridades responsables a las señaladas en el escrito inicial de demanda, con excepción de los jueces de distrito entre ellos a los de la Ciudad de México, toda vez que en el escrito de cuenta el quejoso se desistió de las autoridades señaladas como jueces de distrito de la Ciudad de México, así como los del resto de la República, por ende, si los actos que se reclaman tienen ejecución material en la Ciudad de México, toda vez que el quejoso ** se encuentra recluido en ***, y a disposición del Juzgado Trigésimo Quinto en Materia Penal de la Ciudad de México, mismo que conoce de la causa penal *** instruida en contra del citado quejoso, en la que se le impuso una pena de sesenta y dos años de prisión, por la comisión del delito de homicidio en razón de parentesco, por el extinto Juzgado Trigésimo Séptimo en Materia Penal, en ese sentido, este órgano de control constitucional estima carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en virtud de que la ejecución de los actos reclamados tuvo o tendrán verificativo en la Ciudad de México, lugar donde se encuentra recluido el aquí quejoso. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; y el artículo primero, fracción XV, segundo, fracción XV, punto 3, y cuarto, fracción XV, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero siguiente, el suscrito determina que carece de competencia legal por razón de territorio para resolver el presente juicio de amparo promovido por *** en representación de ***, contra actos que atribuye al Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades; por lo que se ordena su remisión al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera legalmente competente para conocerlo y resolverlo como en derecho proceda, por los motivos y fundamentos ya expuestos. Previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio al juez de distrito en comento, solicitándose al que le corresponda conocer, informe a este órgano jurisdiccional el trámite que se sirva dar a lo anterior, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Luego, toda vez que el directo quejoso *** se encuentra interno en ***, con apoyo en los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado de Distrito, para que se constituya en dicho centro de reclusión y le notifique el presente proveído. Para lo cual las autoridades penitenciarias señaladas como responsables deberán otorgar todas las facilidades al personal del juzgado a fin de que pueda realizarse la diligencia encomendada. Se faculta al Juez exhortado para que en términos del numeral 21, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas hábiles a efecto de que se realice la notificación encomendada. Para cumplimentar lo anterior, remítase la presente comunicación por la vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 79, 80 y 81 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En la inteligencia que, de existir alguna imposibilidad técnica para el envío adecuado de cualquier actuación por la vía electrónica, desde este momento se autoriza para que, previa certificación, se remita por vía fax, en aras de impartir una justicia pronta y expedita, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, 67 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; con la firma electrónica del Secretario en funciones de Juez así como el Secretario de su Adscripción, se enviara el exhorto de referencia. Notifíquese y por exhorto al directo quejoso.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano