Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 928/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 928/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Enrique Alvarado Saucillo
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- Luis Arturo Zavala Rosas
- Eduardo Ampudia Fraustro
- Enrique Mejía Bello
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 140/2023, orden 154/2023, del índice de este órgano de control constitucional, que se envió para que en auxilio de las labores de este juzgado, notificara a la parte quejosa el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Sin que sea necesario remitir acuse de recibo, pues el mismo es generado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Hágase las anotaciones y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, toda vez que de la constancia de notificación a los quejosos, *****, como representante común interpone recurso de queja contra el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio. En ese sentido, este órgano de control constitucional se reserva a proveer lo conducente, hasta en tanto el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, que le tocó conocer del presente asunto se pronuncie sobre la incompetencia planteada por este Juzgado Federal.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual remite el testimonio de la resolución emitida en sesión ordinaria virtual celebrada el tres de marzo del presente año, en los autos del conflicto competencial 46/2022 de su índice, en la que se determinó: "PRIMERO. Es inexistente el conflicto competencial. SEGUNDO. Se ordena la devolución de los autos del juicio de amparo al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal.". Acúsese el recibo de estilo. Al respecto, debe decirse que la Superioridad declaró que no existe conflicto competencial en el caso, pues consideró que el señalamiento que hicieron los quejosos como autoridades responsables, entre otros, a los Juzgadores de Distrito en el Estado de Quintana Roo, no es causa legal para carecer de competencia ya que no se refiere a un punto jurisdiccional concreto, como lo sería (incompetencia por razón de materia, grado o territorio), y que el señalamiento como autoridad responsable no determina el lugar de ejecución de los actos reclamados, por ello dicha alzada, declaró inexistente el conflicto. Ahora bien, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada, se provee lo siguiente respecto a la admisión o desechamiento de la demanda y el suscrito procede al estudio de ésta en términos de los artículos 112 al 115 de la Ley de Amparo, específicamente el 113, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En el presente asunto, resulta notoria la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo en vigor, únicamente por lo que hace a los homólogos jueces federales señalados como autoridades responsables en el presente. Para demostrar lo anterior, se estima necesario reproducir el contenido de los artículos aludidos, así como del diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, los cuales, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de ésta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De lo anterior, se advierte que los órganos constitucionales no tienen el carácter de "autoridad responsable" para los efectos del juicio de amparo, ya que por autoridad responsable debe entenderse la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Entonces, se insiste, es manifiesto que en primer orden carece de los requisitos y de las facultades legales a que se refiere el citado numeral de la ley reglamentaria del juicio de amparo, ya que los Juzgados de Distrito de Amparo son precisamente los encargados de tutelar los derechos fundamentales y humanos, de los ciudadanos mediante el juicio de amparo indirecto, dilucidando si los actos reclamados en los mismos son o no inconstitucionales, por lo que en ningún caso podría reprochárseles que actúan coma autoridad responsable y menos aún que violan derechos humanos, cuando son los encargados de tutelar su observancia. Por lo que es imperativo que cuando en una demanda de amparo indebidamente se le dé el carácter de autoridad responsable a un Juez de Distrito en Materia de Amparo, el Juez de Distrito que provea respecto de la presentación de la demanda debe desechar la misma por cuanto a esas autoridades. Ciertamente, dentro de la técnica procesal del juicio de amparo, existen circunstancias, hipótesis o situaciones que conllevan la imposibilidad jurídica de que alcance su objetivo. Así, la ley de la materia prevé en su numeral 61, las Ilamadas "causales de improcedencia", dentro de las cuales hay causas que operan siempre de manera absoluta, bien en atención a la índole de la autoridad contra la cual pretendiera intentarse el juicio, o bien a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, el artículo 61, fracción II, de la Ley de Amparo, previene que el juicio es improcedente: "II. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Ahora bien, esta hipótesis válidamente debe considerarse aplicable también para el caso en que, como el que se estudia ha sido señalada como autoridad responsable un Juez de Distrito de Amparo, habida cuenta que por regla general, las resoluciones que estos pronuncien, aun cuando son objetables, como se apuntó, su actuación se constriñe únicamente a la tutela de los derechos fundamentales y es manifiesto entonces que no se les debe reprochar una violación de tal índole y menos como autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo en términos del numeral 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. En este sentido, debe decirse que la transcrita causal de improcedencia tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídica, ya que esta no existiría si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de estos. Además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable. Sirve de apoyo a lo anterior, par identidad jurídica sustancial, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Enero de 1994, Materia Común, Octava Época, pagina 8, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. NO ES POSIBLE TENER COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO DE AMPARO DE NATURALEZA INDIRECTO. A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Los Cuerpos Colegiados de referencia, son los encargados de tutelar las garantías individuales mediante el juicio de amparo. De ello deviene que cuando en una demanda de garantías indebidamente se le dé el carácter de autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, el juez de Distrito que provea respecto de la presentación de la demanda, debe de advertir que por cuanto a esa autoridad, la misma debe desecharse y resolver en ese sentido. Ciertamente, dentro de la técnica procesal del juicio de amparo, existen circunstancias, hipótesis o situaciones que conllevan la imposibilidad jurídica de que alcance su objetivo. Así, la ley de la materia prevé en su numeral 73, las llamadas "causales de improcedencia", dentro de las cuales hay causas que operan siempre de manera absoluta, bien en atención a la índole de la autoridad contra la cual pretendiera intentarse el juicio, o bien a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, la fracción I, del citado numeral 73, previene que el juicio es improcedente: "I. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Ahora bien, esta hipótesis válidamente debe considerarse aplicable también para el caso en que en una demanda de garantías fue señalada como autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, habida cuenta que por regla general, las resoluciones que los Cuerpos Colegiados en mención pronuncien, son también inobjetables. Este último argumento se robustece si también se analiza al efecto la fracción II, del numeral 73 del ordenamiento legal en cita, la cual establece que el juicio de amparo es improcedente: "II. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." En este sentido, debe decirse que la transcrita causal de improcedencia tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable". Bajo tales consideraciones y con fundamento en lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, y 113 de la Ley de Amparo en vigor, se desecha la presente demanda de amparo, únicamente por lo que hace a las autoridades que la parte quejosa denominó "Jueces de Distrito de amparo de materia penal de la ciudad de México del primero al décimo sexto. - Jueces de Distrito de amparo en materia administrativa y civil de la ciudad de México del primero al décimo séptimo. - Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí , Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas". Aunado, de la lectura de la demanda, no se desprende que los quejosos hicieran referencia a algún procedimiento, causa o juicio, generadora de los actos que, en forma particular atribuyen a los jueces de referencia, mucho menos se advierte dato que permita inferir por lo menos, que el señalamiento con el carácter de autoridades responsables deviene en calidad de autoridad de juicio o contención. Incompetencia Las razones expuestas con antelación, lleva a estimar a este juzgado de distrito no ser competente para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, ello en razón de que los actos reclamados no se surte la competencia legal por cuestión de territorio a favor de este juzgado, atendiendo a la propia naturaleza jurídica de los mismos y el lugar de ejecución. Lo anterior, porque la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio está obligado a efectuar la persona juzgadora, previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, lo que se traduciría en una violación que invalida el proceso en perjuicio de los derechos sustantivos de las partes. Situación jurídicamente inadmisible, porque, se insiste, la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 21/2009, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Abril de 2009, página 5, de rubro: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. (.)" Las reglas de competencia de los jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos constitucionales y legales citados, en el caso, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, lo cual, es viable ya que permite no infringir las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro y texto: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Es así porque la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y, de resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar en primer término el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora bien, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el primero de los cuales dispone: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." (Lo destacado es propio). Tal precepto constitucional establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el numeral 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los juzgados de distrito, en lo conducente, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (Lo subrayado es propio). Corolario, toda vez que los quejosos 1) *******, actualmente se encuentran recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México; la cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con apoyo en ordinales 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; gírese atento exhorto por la vía electrónica al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda, efectúe la notificación del presente acuerdo en el lugar en el que se encuentran recluidos los promoventes del amparo. Se faculta al Juez exhortado para que en términos del numeral 21, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas hábiles a efecto de que se realice la notificación encomendada. Para cumplimentar lo anterior, remítase la presente comunicación por la vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 78 al 91 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, 67 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; con la firma electrónica del Secretario en funciones de Juez así como el Secretario de su Adscripción, se enviara el exhorto de referencia. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y por exhorto a los directos quejosos.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Apoderado General para la Defensa Jurídica de la Administración de la Ciudad de México, en representación del Secretario de Seguridad Ciudadana, Subsecretario del Sistema Penitenciario y Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México, mediante el cual rinde en informe relativo a la suspensión de plano decretada en este asunto. De lo que este órgano de control constitucional toma conocimiento, ello, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo. También, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su informe de cuenta. Asimismo, se accede a la solicitud consistente en la autorización de la consulta electrónica del expediente con el nombre de usuario "****" y "***", en consecuencia, se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que proceda a realizar la autorización en dicho sistema.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Apoderado legal de la Secretaría de Gobierno de la ciudad de México, mediante el cual rinde en informe relativo a la suspensión de plano decretada en este asunto. De lo que este órgano de control constitucional toma conocimiento, ello, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Por último, de conformidad con los artículos 257 fracción I, 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales, se tiene por señalado el correo electrónico ****y número telefónico**** para efecto de realizarle las comunicaciones no procesales del presente expediente. También, se accede a la solicitud consistente en la autorización de la consulta electrónica del expediente con el nombre de usuario "********************", en consecuencia, se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que proceda a realizar la autorización en dicho sistema.
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