Camila Sofía Mendoza Peña y Otros.
Expediente 1145/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1145/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Camila Sofía Mendoza Peña y Otros.
- Camila Sofía Mendoza Peña
- Angélica Mendoza Peña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de nueve de diciembre del año en curso por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por ***********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en providencia de cuatro de los actuales; en ese sentido, se acuerda: Ahora bien del estudio integral de la demanda, así como del escrito aclaratorio se desprende que la quejosa acude a esta instancia constitucional, reclamando: La admisión y ejecución de la prueba pericial en genética de ADN (Ácido desoxirribonucleico), así como muestras químicas y/o biológicas derivadas de la misma, ordenada el trece de septiembre de dos mil diecinueve, por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta localidad, dentro del expediente F-1995/2019. La orden de detención o arresto o empleo de la fuerza pública giradas en su contra. Bajo ese contexto, el suscrito estima que respecto del ato reclamado acotado en el inciso a) se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De lo anterior se sigue que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para presentar la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es necesario apuntar que de las manifestaciones vertidas por la propia quejosa en su escrito inicial de demanda, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, se desprende que: El trece de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia preliminar dentro del juicio F-1995/2019, en la que entre otras cosas se admitieron las pruebas ofertadas por la parte actora, consistentes: a) La documental; b) La prueba en Materia de Genética Molecular; y la confesional a cargo de la aquí quejosa. Es decir, de sus propias manifestaciones se desprende que la solicitante del amparo tuvo conocimiento de la admisión de la prueba pericial en materia de genética molecular, desde el trece de septiembre del año en curso, dado que como ella misma lo reconoce, estuvo presente en la audiencia preliminar donde se admitió dicho medio de convicción y al no estar de acuerdo con su desahogo lo objeto. De ahí que la demanda en estudio respecto del acto acotado en el primer apartado sea extemporánea, toda vez que como lo asevera dicha determinación se le notificó en la propia audiencia, esto es, el trece de septiembre de dos mil diecinueve. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, transcurrió del dieciocho de septiembre al ocho de octubre del año en curso, ello si se toma en consideración que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente el en que le surtió efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución que reclama. II. Fueron inhábiles los días dieciséis, veintiuno, veintidós, veintiocho, veintinueve de septiembre, cinco y seis de octubre, todos de dos mil diecinueve, por ser sábados y domingos. De ahí que si la quejosa presentó la demanda que se analiza el tres de diciembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, los actos reclamados por el quejoso fueron consentido tácitamente por el recurrente. No obsta a lo anterior, lo manifestado por la parte quejosa en el sentido de que las pruebas se admitieron en contravención de lo estipulado en el artículo 146 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado y demás relativo aplicables. Sin embargo, ello no es obstáculo para que desde el momento en que tuvo conocimiento de su admisión, era susceptible de acudir ante esta instancia jurisdiccional a efecto de salvaguardar su esfera jurídica en los mismos términos en que lo pretende hacer hasta ahora; pues no se puede perder de vista que el reclamo del perjuicio que genera el acto de autoridad no se puede dejar al libre albedrio del gobernado, más bien desde que se generan los mismos surge la obligación de acudir al juicio constitucional a efecto de defender su esfera legal. Pensar lo contario equivaldría a dejar expeditó el derecho de la quejosa para acudir al juicio de amparo en cualquier momento no obstante la existencia de una afectación presente, real y concreta sobre su ámbito jurídico, perjuicio que se insiste aconteció desde el momento en que la propia quejosa presenció la audiencia de trece de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se admitió el medio de impugnación que reclama. Ahora bien, por lo que hace al acto reclamado acotado en el inciso b) de esta determinación, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al poder público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De ahí que conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Ahora, en la especie la quejosa también señaló como actos reclamados: La orden de detención o arresto o empelo de la fuerza pública, giradas en su contra. Asimismo, del capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que la quejosa narró bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "Así como la orden de detención, y/o arresto, y/o empleo de la fuerza pública, que tratan de llevar a cabo en mi perjuicio la autoridad ordenadora, para obligarme a presentar a mi menor hija a realizarse una prueba de a no estoy de acuerdo en que se le practique, ya que estoy defendiendo a mi menor hija de situaciones que le pueden perjudicar, en un futuro." De lo anterior, se desprende que en esencia de lo que se duele la parte quejosa es de la posible orden de detención arresto o uso de la fuerza pública, en virtud de la oposición para que se le practique a su menor hija la aludida prueba de ADN, lo que constituye un acto futuro e incierto, contra el cual es improcedente el juicio de amparo intentado. Lo anterior, es así, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo que en el caso no sucede, ya que el pronunciamiento del cual se duele la parte quejosa en esta instancia judicial aún no se ha emitido, ni se tiene la certeza de que se vaya a realizar, dado que como lo refiere ella misma, tratan de llevar a cabo para obligarla a presentar a su menor hija, situación que no da la certeza suficiente para considerarlo como un acto inminente de realización cierta, ya que solo se basa en la apreciación subjetiva de ella que tiene temor de que de no presentar a su menor hija se le pueda imponer una de las medidas de apremio que refiere y no en actos desarrollados formalmente por las autoridades a quienes atribuye el carácter de responsables, de ahí que se considere dicho acto reclamado como acto futuro de realización eventual, pues no existe dato alguno que genere certeza de que el acto reclamado se va ejecutar sobre dicho bien. En otras palabras, dados los antecedentes narrados por la quejosa no se advierte la ineludible emisión de la orden de detención o arresto o empelo de la fuerza pública, pues no señala ningún dato que objetivamente revele su existencia. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Debe decirse que este Juzgador no soslaya la Jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro contiene la siguiente afirmación: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE." Esto se afirma, en virtud que en el presente caso este Juzgador se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que no existen indicios objetivos en el sentido de que las responsables hayan ordenado la realización de los actos reclamados o que están a punto de hacerlo, y por el contrario, la demanda descansa en meras suposiciones sin sustento fáctico, puesto que la propia quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que acude a esta instancia constitucional debido a que como no está de acuerdo con el desahogo de la prueba pericial en materia de genética molecular decretada en el juicio F1995/2019, pudiera imponérsele alguno de los medios de apremio que señala, manifestación a la que se le otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por ********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en providencia de cuatro de los actuales; en ese sentido, se acuerda: Ahora bien del estudio integral de la demanda, así como del escrito aclaratorio se desprende que la quejosa acude a esta instancia constitucional, reclamando: La admisión y ejecución de la prueba pericial en genética de ADN (Ácido desoxirribonucleico), así como muestras químicas y/o biológicas derivadas de la misma, ordenada el trece de septiembre de dos mil diecinueve, por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta localidad, dentro del expediente F-1995/2019. La orden de detención o arresto o empleo de la fuerza pública giradas en su contra. Bajo ese contexto, el suscrito estima que respecto del ato reclamado acotado en el inciso a) se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De lo anterior se sigue que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para presentar la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es necesario apuntar que de las manifestaciones vertidas por la propia quejosa en su escrito inicial de demanda, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, se desprende que: El trece de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia preliminar dentro del juicio F-1995/2019, en la que entre otras cosas se admitieron las pruebas ofertadas por la parte actora, consistentes: a) La documental; b) La prueba en Materia de Genética Molecular; y la confesional a cargo de la aquí quejosa. Es decir, de sus propias manifestaciones se desprende que la solicitante del amparo tuvo conocimiento de la admisión de la prueba pericial en materia de genética molecular, desde el trece de septiembre del año en curso, dado que como ella misma lo reconoce, estuvo presente en la audiencia preliminar donde se admitió dicho medio de convicción y al no estar de acuerdo con su desahogo lo objeto. De ahí que la demanda en estudio respecto del acto acotado en el primer apartado sea extemporánea, toda vez que como lo asevera dicha determinación se le notificó en la propia audiencia, esto es, el trece de septiembre de dos mil diecinueve. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, transcurrió del dieciocho de septiembre al ocho de octubre del año en curso, ello si se toma en consideración que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente el en que le surtió efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución que reclama. II. Fueron inhábiles los días dieciséis, veintiuno, veintidós, veintiocho, veintinueve de septiembre, cinco y seis de octubre, todos de dos mil diecinueve, por ser sábados y domingos. De ahí que si la quejosa presentó la demanda que se analiza el tres de diciembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, los actos reclamados por el quejoso fueron consentido tácitamente por el recurrente. No obsta a lo anterior, lo manifestado por la parte quejosa en el sentido de que las pruebas se admitieron en contravención de lo estipulado en el artículo 146 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado y demás relativo aplicables. Sin embargo, ello no es obstáculo para que desde el momento en que tuvo conocimiento de su admisión, era susceptible de acudir ante esta instancia jurisdiccional a efecto de salvaguardar su esfera jurídica en los mismos términos en que lo pretende hacer hasta ahora; pues no se puede perder de vista que el reclamo del perjuicio que genera el acto de autoridad no se puede dejar al libre albedrio del gobernado, más bien desde que se generan los mismos surge la obligación de acudir al juicio constitucional a efecto de defender su esfera legal. Pensar lo contario equivaldría a dejar expeditó el derecho de la quejosa para acudir al juicio de amparo en cualquier momento no obstante la existencia de una afectación presente, real y concreta sobre su ámbito jurídico, perjuicio que se insiste aconteció desde el momento en que la propia quejosa presenció la audiencia de trece de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se admitió el medio de impugnación que reclama. Ahora bien, por lo que hace al acto reclamado acotado en el inciso b) de esta determinación, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al poder público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De ahí que conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Ahora, en la especie la quejosa también señaló como actos reclamados: La orden de detención o arresto o empelo de la fuerza pública, giradas en su contra. Asimismo, del capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que la quejosa narró bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "Así como la orden de detención, y/o arresto, y/o empleo de la fuerza pública, que tratan de llevar a cabo en mi perjuicio la autoridad ordenadora, para obligarme a presentar a mi menor hija a realizarse una prueba de a no estoy de acuerdo en que se le practique, ya que estoy defendiendo a mi menor hija de situaciones que le pueden perjudicar, en un futuro." De lo anterior, se desprende que en esencia de lo que se duele la parte quejosa es de la posible orden de detención arresto o uso de la fuerza pública, en virtud de la oposición para que se le practique a su menor hija la aludida prueba de ADN, lo que constituye un acto futuro e incierto, contra el cual es improcedente el juicio de amparo intentado. Lo anterior, es así, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo que en el caso no sucede, ya que el pronunciamiento del cual se duele la parte quejosa en esta instancia judicial aún no se ha emitido, ni se tiene la certeza de que se vaya a realizar, dado que como lo refiere ella misma, tratan de llevar a cabo para obligarla a presentar a su menor hija, situación que no da la certeza suficiente para considerarlo como un acto inminente de realización cierta, ya que solo se basa en la apreciación subjetiva de ella que tiene temor de que de no presentar a su menor hija se le pueda imponer una de las medidas de apremio que refiere y no en actos desarrollados formalmente por las autoridades a quienes atribuye el carácter de responsables, de ahí que se considere dicho acto reclamado como acto futuro de realización eventual, pues no existe dato alguno que genere certeza de que el acto reclamado se va ejecutar sobre dicho bien. En otras palabras, dados los antecedentes narrados por la quejosa no se advierte la ineludible emisión de la orden de detención o arresto o empelo de la fuerza pública, pues no señala ningún dato que objetivamente revele su existencia. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Debe decirse que este Juzgador no soslaya la Jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro contiene la siguiente afirmación: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE." Esto se afirma, en virtud que en el presente caso este Juzgador se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que no existen indicios objetivos en el sentido de que las responsables hayan ordenado la realización de los actos reclamados o que están a punto de hacerlo, y por el contrario, la demanda descansa en meras suposiciones sin sustento fáctico, puesto que la propia quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que acude a esta instancia constitucional debido a que como no está de acuerdo con el desahogo de la prueba pericial en materia de genética molecular decretada en el juicio F1995/2019, pudiera imponérsele alguno de los medios de apremio que señala, manifestación a la que se le otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por ************, por su propio derecho y en representación de su menor hija ************, calidad que acredita en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, con la original del acta de nacimiento que adjunta, contra actos del Juez de Partido Civil, Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1145/2019-II. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del artículo 114, en relación con lo estipulado en la fracción V del artículo 108 de la Ley de la materia que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el caso concreto, si bien es cierto que la solicitante del amparo en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos y abstenciones del acto reclamado, también lo es que omitió precisar: - El contenido del auto mediante el cual se admitió la prueba pericial en materia de genética ADN y la fecha de su emisión. - Si en contra de la determinación reclamada, promovió algún recurso ordinario de defensa. - La fecha de conocimiento del acto recamado. Lo anterior en razón de que, la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, constituye una irregularidad, ya que es un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracción V, en relación con el 114, fracción II, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes: Bajo protesta de decir verdad, explique o transcriba el contenido del auto mediante el cual se admitió la prueba pericial en materia de genética ADN; y, La totalidad de los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, específicamente las omisiones que se destacaron en la presente determinación. Lo anterior, en la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Además que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, en virtud de que no cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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