Camila Guerrero Serrano y Otros.

Expediente 1015/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1015/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
09/12/2019

Partes del expediente

  • Camila Guerrero Serrano y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el escrito de cuenta, como lo solicita ***********, autorizado de la parte quejosa, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al no haber sido objetadas, se ordena devolverle las documentales a que alude, previo desglose y certificación que en su lugar se deje, así como recibo que se firme en autos de su entrega.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por ************, por su propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de sus menores hijas de nombres ************ y ************, ambas de apellidos ************, contra actos del Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1015/2019-II. Ahora bien del estudio integral de la demanda, así como del escrito aclaratorio se desprende que la quejosa acude a esta instancia constitucional, reclamando: La medida de alimentos provisionales y la mediada de restricción decretada en auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta localidad, dentro del expediente F-1821/2019. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De lo anterior se sigue que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para presentar la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso b) es necesario que esté acreditado fehacientemente que el quejoso tuvo conocimiento del acto del que se duele, pues sólo de esta manera el término de quince días para presentar la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que se hizo sabedor. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es necesario apuntar que de las manifestaciones vertidas por la propia quejosa en su escrito inicial de demanda, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se desprende que: El once de julio de dos mil diecinueve, se intentó practicar la medida de separación de cuerpos ordenada en auto de cuatro de julio del año en curso, dentro del juicio F-1821/2019 y que no se realizó en virtud de que se rehusó a abandonar el domicilio. Es decir, de sus propias manifestaciones se desprende que la solicitante del amparo tuvo conocimiento del juicio F-1821/2019 de la estadística del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta localidad, y de las medidas ahí decretadas, desde el once de julio del año en curso, pues de la diligencia de embargo que transcribe se advierte lo siguiente: DILIGENCIA DE EMBARGO GENERAL.- En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a las 12:00 horas del día once del mes de Julio del año 2019 dos mil diecinueve "2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" la suscrita licenciada HAYDEE SALGADO VALDEZ, Actuaria designada en turno por la Oficina Central de Actuarios de este Partido Judicial, identificándome con Credencial del Poder Judicial, me constituí en el domicilio señalado en autos como el del demandado (a) ************ ubicado en Calle ************ ************, ************ de esta Ciudad acompañada de la parte actora ************ quien se identifica con credencial de elector ************ para el efecto de practicar la ejecución del auto de mandamiento en forma dictada en el presente juicio; y cerciorada de ser el domicilio correcto por los siguientes medios así indica nomenclatura de la calle y número exterior, confirma quien atiende.- acto continuo acude a mi presencia en dicho domicilio una persona de sexo Femenino quien dice llamarse ************ y quien me atiende y se identifica con: credencial elector clave ************ a quien le requiero la presencia de siendo quien busco manifestando que: por lo que le hago saber el objeto de la diligencia, procediendo a cumplimentar el auto de ejecución de fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve dictada por el Juez Oralidad Familiar Civil de esta ciudad, dentro de los autos del expediente F1821/2019 y dándole lectura integra del auto mencionado supralíneas." Consecuentemente, el término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso, ello si se toma en consideración que: I. El aludido plazo se computa a partir del día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado. II. Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien sostiene ser titular de los derechos controvertidos, el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto del punto de vista legal como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; por lo que, a partir de que tiene conocimiento, entre otros supuestos, del procedimiento que afecta su interés, como en la especie acontece, debe computarse el término para promover el juicio de amparo. De lo anterior se advierte que en el caso concreto, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, comenzó para la quejosa a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, esto es, a partir del doce de julio de dos mil diecinueve, y le feneció el dieciséis de agosto del mismo año. De ahí que si la quejosa presentó la demanda que se analiza el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, los actos reclamados por el quejoso fueron consentido tácitamente por el recurrente. No obsta a lo anterior, lo manifestado por la parte quejosa en el sentido de que hasta el día cuatro de octubre del año que transcurre, fecha en que compareció ante la autoridad responsable, tuvo conocimiento completo de los actos que aquí reclama, pues no obstante que atendió una diligencia donde se pretendió ejecutar una medida de separación de cuerpos y se le empezaron a efectuar descuentos en sus prestaciones laborales, no tenía conocimiento de los motivos y fundamentos legales que se tomaron en cuenta para decretar la pensión provisional. Sin embargo, ello no es obstáculo para que desde el momento en que tuvo conocimiento cierto sobre la existencia del juicio F-1821/2019, radicado ante Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad y del objeto de dichas medidas, era susceptible de acudir ante esta instancia jurisdiccional a efecto de salvaguardar su esfera jurídica en los mismos términos en que lo pretende hacer hasta ahora; pues no se puede perder de vista que el reclamo del perjuicio que generan los actos de autoridad no se pueden dejar al libre albedrio del gobernado, más bien desde que se generan los mismos surge la obligación de acudir al juicio constitucional a efecto de defender su esfera legal. Pensar lo contario equivaldría a dejar expeditó el derecho de la quejosa para acudir al juicio de amparo en cualquier momento no obstante la existencia de una afectación presente, real y concreta sobre su ámbito jurídico, perjuicio que se insiste aconteció desde el momento en que la propia quejosa presenció la diligencia de once de julio de dos mil diecinueve, mediante la cual se pretendía cumplimentar una medida de las decretadas en auto de cuatro del citado mes y año, donde además se le hizo de su conocimiento de la existencia del juicio, de la autoridad y de su objeto. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, al contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; a Rodrigo *********, en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral, por no encontrarse en ese supuesto y por así haberlo señalado. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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