Carla Mariana Rangel
Expediente 924/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 924/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juez Tercero Civil de Partido de Celaya, Guanajuato
- Carla Mariana Rangel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 577/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, que se le envió para notificar la quejosa ********************, el proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Dese de baja la comunicación oficial de referencia y háganse las anotaciones respectivas. Acúsese recibo. Toda vez que de las constancias que se adjuntan al exhorto de cuenta, se advierte que no fue posible notificar a la parte quejosa el proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, por los motivos expuestos en la razón levantada por el Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de San José Iturbide, Guanajuato, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve; en consecuencia, de conformidad con la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, notifíquese el proveído de referencia, así como los subsecuentes, por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ************, contra actos del Juez Tercero de Partido Civil del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 924/2018-VII. Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente respecto de la demanda de cuenta, es importante transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; lo que no sucede en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. En ese sentido, con la aclaración que hace el legislador secundario, proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y, no únicamente, que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De la anterior interpretación se derivan dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión contraria a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro de juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en: El auto de fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, en el que se desechó el recurso de apelación que hizo valer en contra del diverso auto de fecha uno de octubre del mismo año, dictado por la ahora autoridad responsable, en el que se ordenó la preclusión de los informes rendidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como por el Banco Banamex Sociedad Anónima; mismos que derivaron de las pruebas supervenientes admitidas el ocho de agosto de la referida anualidad. Como se puede observar, dicha resolución no constituye un acto en juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, pues su efecto sólo podría, en determinado caso, traducirse en una violación procesal que afecte derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, puede reclamar las violaciones procesales en el amparo directo como violación procesal en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues en la especie, no se le puede considerar como un acto de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia favorable en el juicio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Ahora bien, del escrito de la demanda, se advierte que el domicilio señalado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones lo es los estrados del Juzgado de **********; al respecto, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como en los arábigos 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en turno del Estado de Guanajuato, capital, para que en auxilio de las labores de este juzgado, en el domicilio particular de la quejosa, ************ le notifique el presente acuerdo, y la requiera para que dentro del término de tres días señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes, aun las que tuvieren que ser de carácter personal, se le practicarán por lista, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la propia legislación. Por otra parte, téngase autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, al contar con cédula profesional respectivamente ********* registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del mismo numeral, a las demás personas que menciona, en virtud de que no encontrarse en el supuesto que antecede. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que suscribe la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual acusa recibo del exhorto 577/2018 (origen 246/2018), del índice de este Juzgado e informa que procedió a su diligenciación.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexos signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Estado de Guanajuato, capital, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 520/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, enviado a efecto de notificar a la quejosa ***********el proveído de ocho de noviembre pasado; acúsese de recibo. Dese de baja la citada comunicación y hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado; al respecto, se acuerda: Del análisis realizado a la comunicación que se acuerda, se desprende que el Juez Segundo Civil de Partido del Estado de Guanajuato, con sede en San José Iturbide, no llevó a cabo la diligencia encomendada en los términos indicados en proveído de ocho de noviembre pasado; toda vez que ordenó notificar a la nombrada quejosa en un domicilio diverso al que le fue proporcionado por este juzgado de distrito, en la comunicación oficial, esto es, ordenó la notificación de **********en el número *********** cuando lo correcto debió ser en el ************. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como en los arábigos 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese de nueva cuenta atento exhorto al Juzgado de Distrito en turno, del Estado de Guanajuato, capital, para que en auxilio de las labores de este Juzgado: Notifique el proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho a la quejosa ***********, en el domicilio calle ************ La requiera para que en el acto de notificación, o bien dentro del término de tres días, contados a partir de que quede debidamente notificada del proveído mencionado en el párrafo que antecede, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndole que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le realizarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de la materia.
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