Briana Quintana Martínez y Otros.
Expediente 1011/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1011/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Briana Quintana Martínez y Otros.
- Briana Quintana Martínez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Agréguense en autos el escrito signado por **********, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en proveído de cuatro de diciembre pasado; en ese sentido, se acuerda: Ahora, resulta necesario precisar que de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa acude ante esta instancia constitucional reclamando: La resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Único Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, dentro del juicio sucesorio testamentario *********** de su índice, mediante la cual, al resolver el recurso de revocación, entre otras cosas, determinó confirmar la junta de herederos que tuvo verificativo el dos de octubre pasado, en la que se nombró como albacea de la sucesión a **********. En ese orden, se estima que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, con la finalidad de exponer por qué se actualiza la causal de improcedencia de mérito, es necesario señalar que del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que: Ante el Juzgado Único Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, se encuentra radicado el juicio testamentario **************, a bienes de **********, en el que se designó como albacea a **********, quien aceptó y protestó el cargo. Inconforme con dicha junta de herederos la hoy promovente interpuso recurso de revocación, y mediante resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el juez determinó confirmar la junta de herederos en la que se nombró como albacea de la sucesión a **********,-acto que constituye el acto reclamado-. Por lo antes expuesto, se considera que la determinación reclamada, no constituye un acto dentro del procedimiento que sea de imposible reparación, toda vez que únicamente se determina confirmar el cargo de albacea que se había conferido a uno de los coherederos, lo que evidencia que no se trata de la resolución que da por concluida dicha etapa, por lo que las violaciones procesales que alega las podrá impugnar mediante amparo indirecto cuando concluya la mencionada etapa. Además, de que sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que decida el fondo de dicha sección, si esté es favorable a los intereses de los accionantes, y en caso contrario, de resultar opuesta, pueden reclamarla en el juicio de amparo indirecto que promueva en contra de la resolución interlocutoria que decida dicha etapa. Lo anterior es así, en virtud de que el juicio sucesorio testamentario constituye un juicio de carácter universal, y se compone de cuatro etapas individualizadas entre sí. La primera de ellas, corresponde a la de sucesión. Esta comprende la declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios y declaratoria de herederos, nombramiento y remoción de albacea e interventores. La segunda etapa, comprende la de inventarios y avalúos. En la tercera etapa, se desarrolla la administración de los bienes y rendición de cuentas. La cuarta etapa finaliza con la sentencia de partición y adjudicación, la cual guarda relación con las tres primeras etapas, pues en dicho fallo se realiza la adjudicación a favor de las personas que fueron declarados herederos y con ello se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, de acuerdo con las cuentas de la administración aprobadas en su momento. De ese modo, al terminar cada una de las etapas del juicio sucesorio, ya no es posible volver a analizar las actuaciones efectuadas dentro de esa etapa, porque cada una de ellas se resuelve por separado mediante una resolución independiente, que adquiere firmeza para los herederos llamados al juicio y que tuvieron participación activa en él. Por consiguiente, las violaciones procesales cometidas durante cada una de las etapas del juicio sucesorio, no son impugnables individualmente en amparo indirecto, sino que éste procede en contra de la resolución interlocutoria que da por concluida cada una de dichas etapas. Al respecto, son aplicables las jurisprudencias de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 253, del Tomo IV, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1995; así como la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este Tribunal Colegiado comparte, publicada en la página 1025, del Tomo III, correspondiente al mes de marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que por su orden dicen: "SUCESIONES. SÓLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal." "SUCESIONES, RESOLUCIONES EN LAS. PROCEDENCIA DEL AMPARO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO. Las diversas secciones integrantes de un juicio sucesorio tienen un objeto especial y se resuelven por separado; por ello, lo resuelto en los incidentes de nulidad de actuaciones y de petición de herencia hechos valer en una de esas secciones no puede alegarse como violación a las leyes del procedimiento en el amparo directo que llegare a promoverse en contra de la sentencia definitiva en términos del artículo 107, fracciones V y VI, constitucional, puesto que en esta clase de juicios no existe una sentencia definitiva (salvo la referente a la adjudicación de bienes) que abarque todo el procedimiento y por ende no cabe la posibilidad legal de que se reparen las omisiones o violaciones cometidas en el curso del juicio de que se trata. Así, tales resoluciones han de impugnarse en amparo indirecto ante Juez de Distrito, por tratarse de actos en el juicio, cuya ejecución es de imposible reparación previstos por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia." Lo anterior es así, pues conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse si obtiene sentencia favorable en el juicio de origen. Además, que dicha resolución no es autónoma ni independiente de la ponga fin a la indicada sección. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/316 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1311, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial del Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia (s) Civil, de rubro y texto: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6º.C.74 C emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 563, Tomo IV, Octubre de 1996, del Semanario Judicial del Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia (s) Civil, que establece: "JUICIOS SUCESORIOS, LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN LOS, SOLO SON SUSCEPTIBLES DE IMPUGNARSE A TRAVES DEL AMPARO INDIRECTO. Las violaciones que se cometan en cualquiera de las etapas de los juicios sucesorios, no se pueden considerar de carácter intraprocesal y por ende, no son susceptibles de combatirse a través del amparo directo, cuando se dicte la sentencia definitiva, puesto que ésta, en dichos juicios, no abarca todo el procedimiento, de tal manera que, ese tipo de violaciones, sólo se actualizan en el juicio contencioso, en el cual, sí existe una litis que resolver y no en los de la naturaleza primeramente señalada, cuya finalidad consiste en determinar los herederos, acreedores y deudores del de cujus y de los bienes que forman el haber hereditario, para liquidar el patrimonio de aquél, de tal suerte que las violaciones en comento, ocurridas en las etapas de referencia, sólo se podrán atacar por medio del amparo indirecto." Cabe destacar, que dicho criterio fue sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en la ejecutoria de veinticinco de julio de dos mil dieciocho al resolver el recurso de revisión 87/2018 de su estadística, que se interpuso en contra de la sentencia emitida en el juicio de amparo 823/2017 del índice de este juzgado. Bajo ese contexto, se estima que respecto al acto reclamado que se analiza, se actualiza de manera manifiesta e indudable la indicada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Único Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1011/2018-I. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral 114, en relación con el artículo 108, fracción V, de la ley de la materia que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;." Como se advierte de la trascripción anterior, dicho precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 61 de la citada ley. En el caso concreto, si bien es cierto que la solicitante del amparo en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró los hechos o abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación; también lo es que fue omisa en precisar claramente que fue lo que determinó la autoridad responsable en el auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se llevó a cabo la junta de herederos en el juicio C-0589/2016 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, mismo que dio origen al recurso de revocación del que emana el acto que se tilda de inconstitucional en el presente asunto; lo que genera incertidumbre en el sentido de saber la decisión asumida por la responsable en dicha providencia. En ese sentido, resulta necesario que transcriba el contenido literal del auto de dos de octubre hogaño; o bien exhiba copia fiel de dicha determinación, lo que desde luego se encuentra en aptitud legal de desahogar este requerimiento al ser parte en el controvertido de origen. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracción V, en relación con el 114, fracción II, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computado, por escrito y con seis copias de su escrito aclaratorio: Precise con toda claridad el contenido literal de la determinación asumida el dos de octubre pasado, emitida por el Juez Único Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, mismo que dio origen al recurso de revocación del que emana el acto que se tilda de inconstitucional en el presente asunto; o bien, exhiba copia fiel de dicha determinación. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Asimismo, como lo solicita la promovente, con fundamento en los numerales 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29 de la ley de la materia, la presente determinación, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, practíquenseles mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Eric García Martínez, en virtud de que obra su cédula profesional 5859085, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado precepto a la diversa persona que indica, por no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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