Brenda Peñarán Granados y Otros.
Expediente 905/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 21 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 905/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Brenda Peñarán Granados y Otros.
- Salvador Maldonado Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que no fue recurrido el auto de veinticinco de mayo pasado, en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Se toma nota que en el presente asunto no se aperturó incidente de suspensión. Por lo que, en cumplimiento al artículo 20, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años; contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se sobreseyó el juicio de amparo fuera de audiencia. Finalmente, y toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS A LOS TERCEROS INTERESADOS: Agréguese en autos el oficio signado por el Jefe de Causa y Gestión del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Salvatierra, mediante el cual, en atención al requerimiento que se formuló por este Juzgado el veinte de febrero pasado, remite copia certificada de las constancias solicitadas. En ese sentido, y visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de un análisis efectuado a las copias certificadas que fueron remitidas como complemento de su informe justificado, a las cuales el suscrito les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el suscrito llega al convencimiento de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y " En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, sobre la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador federal tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Ahora bien, con el objeto de comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se cristaliza la causa de improcedencia referida, conviene puntualizar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en: La determinación de doce de septiembre del año dos mil veintidós, emitida dentro de la causa penal número ********************, donde al resolver el recurso de revocación interpuesto, confirmó el auto impugnado de nueve de septiembre del año dos mil veintidós, mediante el cual, en la parte que interesa, señaló las doce horas del veinte de febrero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de juicio oral. A la luz de lo expuesto, debe decirse que el suscrito estima actualizado el motivo de improcedencia invocado, en la medida que, a pesar de que formalmente subsiste la resolución reclamada, la misma no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia; lo anterior se afirma, en función de que de las constancias que remitió la responsable, se aprecia que ya se llevó a cabo la audiencia de juicio oral el día veinte de febrero del año dos mil veintitrés. Ciertamente, la parte quejosa combatió mediante este juicio de amparo la dilación en el señalamiento para la celebración de la audiencia de juicio oral; empero, en la causa penal ********************, de la estadística del ********************lo relevante del caso radica en la circunstancia de que, de las constancias que fueron allegadas por parte de la responsable queda de manifiesto que, ya se celebró la audiencia de juicio oral el veinte de febrero del año dos mil veintitrés. Entonces, es inconcuso, que aun cuando subsiste el acto reclamado, el mismo no puede surtir en contra de la parte agraviada efecto legal o material alguno por haber dejado de existir la materia, en función de que la multicitada audiencia de juicio oral, ya fue llevada a cabo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que se encuentran pendientes las constancias requeridas al Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Juzgado Oralidad Penal de Salvatierra, Guanajuato, mediante providencia de nueve de mayo pasado; en tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para hoy y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.
- Principal
Agréguese en autos el oficio que remite vía correo electrónico el Juez de Tribunal de Juicio Oral que actúa en el Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Salvatierra, mediante el cual informa que el veinte de febrero pasado se dio inicio a la audiencia de juicio oral, dentro de la causa penal ************ de su índice; en tal virtud, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, así como en el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a dicha autoridad para que en el plazo tres días legalmente computado, remita las constancias que así lo acrediten, para estar en condiciones de acordar lo que legalmente corresponda. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización, en atención a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.
Quedan 17 actuaciones en este expediente
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