Brenda Mayté Campos Aguilar
Expediente 599/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 599/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 23/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Brenda Mayté Campos Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Incidental
IV. De la cuenta secretarial se advierte que, en proveído de esta fecha, dictado en el expediente principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se tuvo por consentido el acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciocho, que declaró por cumplida la sentencia ejecutoriada, ordenándose el archivo del expediente como asunto concluido, como se advierte de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su momento y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, tercer párrafo, del citado capítulo, acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el original del presente incidente es susceptible de depuración, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de este proveído, lo que significa que únicamente se conservarán el acuerdo y la resolución en que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados.
- Principal
IV. Del estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de trece de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 298 a 300), se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio de garantías, sin que las partes quejosa y tercera interesada, hayan hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero de la Ley de Amparo en vigor, téngase por consentida tal determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio de garantías. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación, además, no contiene información reservada.
- Principal
IV. Agréguese el escrito de cuenta, signado por Raúl Calzada Ortega, representante especial de la menor de iniciales K.M.S.C., por medio del cual, en relación a la vista otorgada en proveído de cuatro de diciembre del año en curso, manifiesta su completa conformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ahora, tomando en consideración de que a la fecha ha transcurrido el término de tres días concedido a la quejosa Brenda Mayté Campos Aguilar y al tercero interesado Ángel Tomas Saucedo Justo, para que manifestaran lo que a su derecho convenga, respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte del citado Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, sin que hayan realizado manifestación al respecto, como se advierte del contenido de la cuenta secretarial. Por tanto, este Juzgado de Distrito procede a resolver si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Sobre el particular, resulta ilustrativa la siguiente tesis: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Al respecto, se establece lo siguiente: Por sentencia de treinta de mayo de dos mil dieciocho, dictada por este Juzgado de Distrito, se negó a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 200 a 215). En acuerdo de trece de junio de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte quejosa, interponiendo recurso de revisión contra la citada resolución dictada en el presente juicio de amparo (fojas 230 y 231). Mediante ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, en sesión celebrada el once de octubre del presente año, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a Brenda Mayté Campos Aguilar, por propio derecho y como representante de su menor hija, contra el acto reclamado a la jueza Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el juicio oral familiar 102/2017, por las razones y para los efectos asentados en la presente ejecutoria". Además, en el considerando séptimo de dicha resolución, el Tribunal de Alzada, precisó los efectos de la concesión de amparo, los cuales consisten en que la jueza Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, efectúe lo siguiente: Deje insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, sobre revisión de medida cautelar de convivencia; y, En su lugar dicte otra en la que, de manera fundada y motivada, decrete una convivencia supervisada en los términos y efectos que considere más benéficos para la menor (fojas 248 a 267). Por tanto, en proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se requirió a la referida autoridad responsable, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos previstos por la Superioridad (fojas 269 a 271). Así, la autoridad responsable jueza Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en cumplimiento al fallo protector, remitió los oficios registrados en el libro de correspondencia bajo los números de orden 19104 y 19496 con las constancias respectivas (fojas 280 a 282, 289 y 290), ordenándose en acuerdo de cuatro de diciembre actual, dar vista a las partes, con el último de los referidos comunicados, a efecto de que manifiesten lo que a su interés legal convenga (fojas 292 y 293). Documentales que tienen pleno valor probatorio, de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, párrafo segundo. Ahora, del examen de las constancias de referencia, se desprende que la jueza Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, efectuó lo siguiente: En proveído de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 102/2017, relativo al juicio especial oral sobre convivencia familiar, dejó insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete; y, en su lugar, modificó la medida cautelar adoptada en la audiencia especial desahogada el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, para determinar por las razones ahí expuestas, que a fin de evitar cualquier situación de riesgo, la convivencia de la menor de iniciales K.M.S.C., con su progenitor Ángel Tomas Saucedo Justo, deberá realizarse de manera supervisada por un especialista en trabajo social designado por la Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de esa ciudad, todos los días sábados de las diez a las trece horas (fojas 281 y 282). Asimismo, en acuerdo de veintidós de noviembre pasado, precisó que la institución donde tendrá lugar la citada convivencia familiar, se ubica en Andador Mazatlán, número 56, colonia Segundo Sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán (foja 290). En consecuencia, se estima que lo procedente en el caso, es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin exceso ni defecto. Con lo anterior, dése vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor.
- Principal
IV. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN CITATORIO FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE TRECE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese el escrito de cuenta, signado por Raúl Calzada Ortega, representante especial de la menor de iniciales K.M.S.C., por medio del cual, en relación a la vista otorgada en proveído de cuatro de diciembre del año en curso, manifiesta su completa conformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ahora, tomando en consideración de que a la fecha ha transcurrido el término de tres días concedido a la quejosa Brenda Mayté Campos Aguilar y al tercero interesado Ángel Tomas Saucedo Justo, para que manifestaran lo que a su derecho convenga, respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte del citado Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, sin que hayan realizado manifestación al respecto, como se advierte del contenido de la cuenta secretarial. Por tanto, este Juzgado de Distrito procede a resolver si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Sobre el particular, resulta ilustrativa la siguiente tesis: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Al respecto, se establece lo siguiente: Por sentencia de treinta de mayo de dos mil dieciocho, dictada por este Juzgado de Distrito, se negó a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 200 a 215). En acuerdo de trece de junio de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte quejosa, interponiendo recurso de revisión contra la citada resolución dictada en el presente juicio de amparo (fojas 230 y 231). Mediante ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, en sesión celebrada el once de octubre del presente año, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a Brenda Mayté Campos Aguilar, por propio derecho y como representante de su menor hija, contra el acto reclamado a la jueza Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el juicio oral familiar 102/2017, por las razones y para los efectos asentados en la presente ejecutoria". Además, en el considerando séptimo de dicha resolución, el Tribunal de Alzada, precisó los efectos de la concesión de amparo, los cuales consisten en que la jueza Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, efectúe lo siguiente: Deje insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, sobre revisión de medida cautelar de convivencia; y, En su lugar dicte otra en la que, de manera fundada y motivada, decrete una convivencia supervisada en los términos y efectos que considere más benéficos para la menor (fojas 248 a 267). Por tanto, en proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se requirió a la referida autoridad responsable, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos previstos por la Superioridad (fojas 269 a 271). Así, la autoridad responsable jueza Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en cumplimiento al fallo protector, remitió los oficios registrados en el libro de correspondencia bajo los números de orden 19104 y 19496 con las constancias respectivas (fojas 280 a 282, 289 y 290), ordenándose en acuerdo de cuatro de diciembre actual, dar vista a las partes, con el último de los referidos comunicados, a efecto de que manifiesten lo que a su interés legal convenga (fojas 292 y 293). Documentales que tienen pleno valor probatorio, de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, párrafo segundo. Ahora, del examen de las constancias de referencia, se desprende que la jueza Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, efectuó lo siguiente: En proveído de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 102/2017, relativo al juicio especial oral sobre convivencia familiar, dejó insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete; y, en su lugar, modificó la medida cautelar adoptada en la audiencia especial desahogada el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, para determinar por las razones ahí expuestas, que a fin de evitar cualquier situación de riesgo, la convivencia de la menor de iniciales K.M.S.C., con su progenitor Ángel Tomas Saucedo Justo, deberá realizarse de manera supervisada por un especialista en trabajo social designado por la Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de esa ciudad, todos los días sábados de las diez a las trece horas (fojas 281 y 282). Asimismo, en acuerdo de veintidós de noviembre pasado, precisó que la institución donde tendrá lugar la citada convivencia familiar, se ubica en Andador Mazatlán, número 56, colonia Segundo Sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán (foja 290). En consecuencia, se estima que lo procedente en el caso, es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin exceso ni defecto. Con lo anterior, dése vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor.
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