Brenda Beatriz Ceja Ruiz
Expediente 497/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Brenda Beatriz Ceja Ruiz
Actuaciones
- Principal
I. En veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con lo siguiente: a) La circunstancia de que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintiséis de octubre del año en curso, para que designara domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, sin que lo haya hecho, término que transcurrió, del trece al quince actual, sin que mediaran días inhábiles. b) Asimismo, ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte agraviada interpusiera recurso de queja, en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de tal ordenamiento jurídico, en contra del proveído de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en que se desechó la demanda de garantías promovida por Brenda Beatriz Ceja Ruiz, el cual transcurrió del trece al veintiuno de noviembre del año en curso, mediando los días diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte del citado mes por ser inhábiles, sin que lo haya hecho. c) De igual forma, se hace constar que no se recibió escrito alguno tendente a combatir dicho proveído, lo cual se constató en el libro de correspondencia que se lleva en la Oficialía de Partes de este juzgado. d) En el mismo orden de ideas, el Secretario certifica que existe un cuaderno de pruebas cuya devolución hay que proveer. Conste. Uruapan, Michoacán, a veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el inciso a) de la cuenta secretarial se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de tres días concedido a la quejosa, en acuerdo de veintiséis de octubre pasado, para que designara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales, sin que lo hayan hecho. Consecuentemente, hágase efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que, las subsecuentes notificaciones que le resulten, aún las de carácter personal, practíquense por lista de acuerdos que sea publicada en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 29, de la Ley de Amparo. Por otra parte, del inciso b) de la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja, en contra del proveído de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en que se desechó la demanda de garantías, promovida por Brenda Beatriz Ceja Ruíz. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó de plano la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación.
- Principal
I. Téngase por recibido y agréguese el oficio suscrito por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Jiquilpan, Michoacán; en atención a su contenido, téngasele remitiendo debidamente diligenciado el despacho 302/2018 (N.O. 1645), del índice de este juzgado, enviado con la finalidad de notificar a la quejosa Brenda Beatriz Ceja Ruiz, el proveído de veintiséis de octubre del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ésta; notificación que se realizó personalmente con la citada quejosa, el nueve de noviembre del año en curso, tal como se advierte de las constancias que se adjuntan al comunicado de cuenta. Dése de baja tal comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo. Acúsese recibo.
- Principal
I. En veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con lo siguiente: a) Oficio 638/2018, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Jiquilpan, Michoacán, registrado en el libro de correspondencia con el progresivo 17647. b) La circunstancia de que ha fenecido el término de cinco días, concedido a la promovente del amparo, para que desahogara la prevención de la demanda de garantías, realizada en auto de dos de octubre del año en curso, notificación que se ordenó realizar por medio de despacho; plazo que transcurrió del dieciocho al veinticuatro de octubre del año en curso, sin contar los días veinte y veintiuno del citado mes, por haber sido inhábiles, sin que lo haya hecho. Conste. b) No se recibió escrito alguno tendente a desahogar la prevención formulada, lo cual se constató en el libro de correspondencia que se lleva en la Oficialía de Partes de este Juzgado. Conste. Uruapan, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase por recibido y agréguese el oficio suscrito por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Jiquilpan, Michoacán; en atención a su contenido, téngasele remitiendo debidamente diligenciado el despacho 276/2018 (N.O. 1534), del índice de este juzgado, enviado con la finalidad de notificar a la quejosa Brenda Beatriz Ceja Ruiz, el proveído de dos de octubre del año en curso, relativo a la prevención de la demanda; notificación que se realizó personalmente con ésta, el dieciséis de octubre del año en curso, tal como se advierte de las constancias que se adjuntan al comunicado de cuenta. Dése de baja tal comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo. Acúsese recibo. Ahora, del estado de autos, así como de la certificación de cuenta se advierte que, ha concluido el término de cinco días del que disponía la promovente del amparo, para desahogar la prevención contenida en proveído de dos de octubre del año en curso, sin que lo haya hecho. Por tanto, hágase efectivo el apercibimiento ahí decretado, esto es, téngase únicamente a Brenda Beatriz Ceja Ruiz, como quejosa y no como representante de la menor A.F.V.C. Ahora, de la lectura integral de la demanda y sus anexos, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: El acuerdo de tres de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio 622/2017, que sobre pérdida de la patria potestad y otras prestaciones promovió la aquí quejosa, en contra de Martín Salvador Villa Aguilar, que dice: "[.] Dada cuenta con el estado procesal que guarda el presente asunto y una vez que es analizado el procedimiento de manera pormenorizada, advirtiéndose que el presente juicio versa sobre pérdida de patria potestad donde se encuentran involucrados intereses de la menor AILYN FERNANDA VILLA CEJA, y toda vez que se llevó a cabo la audiencia preliminar la cual tuvo verificativo el día 13 de junio de la presente anualidad, en la que en la etapa quinta de dicha audiencia se llevó a cabo todo lo relativo a la admisión y preparación de pruebas para la audiencia de juicio, empero, de las pruebas ofertadas por ambas partes no se allegó ninguna tendiente a demostrar su caudal económico, para que se esté en condiciones de pronunciarse en su caso respecto del pago de pensión alimenticia, en tal virtud, y tomando en consideración que de acuerdo con las amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita, actuando oficiosamente supliendo las deficiencias de los planteamientos de las partes, en tratándose de menores de edad como acontece en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 932 del código Familiar y en atención de que nunca concluye para los jueces el término para recibir las pruebas que juzgue necesarias para la investigación de la verdad, lo que podrá realizar en todo tiempo, tal y como lo dispone el numeral 1006 del citado cuerpo de leyes, y a más para no trastocar los intereses de la citada menor y en aras de proteger los derechos humanos que le protegen consagrados en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 11 del Código Familiar, en tales condiciones, a efecto de acreditar la solvencia económica de las partes en este controvertido, el suscrito juez ordena recabar más medios de prueba, como lo es, informaciones a las siguientes dependencias: . Lo anterior a efecto de que las tres primeras informen si tanto el demandado MARTIN SALVADOR VILLA AGUILAR y BRENDA BEATRIZ CEJA RUIZ, informen si en dichas dependencias se encuentran dados de alta, indicando quien es su patrón, desde cuando cuenta con ese empleo y en su caso las percepciones salariales y el domicilio de su fuente laboral. En tanto que las dos últimas restantes informen si en esas dependencias se encuentra registrado algún bien mueble o inmueble, y en su caso nos indique que tipo de bien es, de ser inmueble su ubicación, número exterior, nombre de la calle y los datos registrales. Así mismo se deja sin efecto la audiencia de escucha de la menor de que se viene hablando, la cual estaba señalada para a las 10:00 diez horas del día 14 catorce de septiembre del presente año, apara ahora señalarla a las 10:00 diez horas del día 5 cinco de septiembre del presente año. NOTÍFIQUESE PERSONALMENTE a las partes." Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción V, estos últimos interpretados en sentido contrario y 172, fracciones III y XII, todos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley, (...) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Así, debe precisarse que los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, han definido como actos procesales dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, a aquellos que, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sustancialmente, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen en forma fáctica con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello acontezca al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al efecto se invoca la tesis: Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 205651 16 de 19 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Pag. 11 Jurisprudencia(Común) "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Además, en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al efectuar nueva reflexión sobre el tema (ejecución irreparable), amplió los alcances de la interpretación que merece la porción normativa en comento, incluso mediante jurisprudencia firme, para sostener que aun cuando en términos generales la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquéllos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, y en el segundo deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; empero, no puede ser el único ni absoluto, pues de manera excepcional debe admitirse la procedencia de la vía indirecta, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales. Esto era así, cuando se afectaba a las partes en grado predominante o superior, esto es, ante la existencia de un perjuicio exorbitante, el cual debería determinarse de modo objetivo, valorando la institución procesal que estaba en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia otorgan un grado notable de afectación, que obligaba a considerar que deberían ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dictara la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En ese tenor, a fin de establecer la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos suscitados dentro de juicio, debían valorarse dos criterios: 1. El general, que señala que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el perjuicio provocado no podría subsanarse a través del dictado de una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irremediablemente la violación a la garantía individual de que se trate. 2. El excepcional o complementario, que indica que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no surtirse alguno de esos supuestos, resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto y el quejoso debería esperar hasta que se dicte sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Sin embargo, la nueva Ley de Amparo ya no permite el segundo supuesto, solo el primero relativo a los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata determinado derecho sustantivo, cuyo perjuicio es irreparable a través del dictado de la sentencia en el juicio correspondiente. Sobre el particular, cobran aplicación las tesis del rubro y texto siguiente: Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006589 2 de 2 Pleno Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Pág. 39 Jurisprudencia(Común) "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011338 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Pág. 1902 Jurisprudencia(Común) "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." En el caso, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el acuerdo de tres de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio 622/2017, que sobre pérdida de la patria potestad y otras prestaciones promovió la aquí quejosa, en contra de Martín Salvador Villa Aguilar, y en el cual, el juez responsable, a efecto de acreditar la solvencia económica de las partes en ese juicio, y estar en condiciones en su caso de pronunciarse respecto de la pensión alimenticia, ordenó recabar más medios de prueba, solicitando a diversas dependencias le informaran si la parte actora y demandada, se encuentran dados de alta, desde cuándo cuentan con empleo y en su caso las percepciones salariales y el domicilio de su fuente laboral, así como si tienen registrado algún bien mueble o inmueble y como consecuencia, dejó sin efectos la audiencia de juicio, señalada para la diez horas del catorce de septiembre del año en curso, fijando las diez horas del día cinco de septiembre del presente año, para su celebración, la cual como lo refiere la quejosa no se llevó a cabo, al no haber sido notificada. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio 622/2017, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Para mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión de los actos de autoridad combatidos y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresó la promovente. En fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, ante el Juzgado de Primera Instancia de Jiquilpan, Michoacán, Brenda Beatriz Ceja Ruiz, promovió demanda sobre pérdida de patria potestad y otras prestaciones, en contra de Martín Salvador Villa Aguilar, la cual se registró con el número 622/2017. El trece de junio de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia preliminar y a su vez se señaló fecha para llevar a cabo la audiencia de juicio el cinco de septiembre de ese mismo año. El tres de septiembre del presente año, la responsable dictó acuerdo, en el cual a efecto de acreditar la solvencia económica de las partes en ese juicio y estar en condiciones en su caso de pronunciarse respecto de la pensión alimenticia, ordenó recabar más medios de pruebas, solicitando a diversas dependencias le informaran si la parte actora y demandada, se encuentran dados de alta, desde cuándo cuentan con empleo y en su caso las percepciones salariales y el domicilio de su fuente laboral, así como si tienen registrado algún bien mueble o inmueble; de igual forma, dejó sin efectos la audiencia de juicio, señalada para la diez horas del catorce de septiembre del año en curso, fijando las diez horas del cinco de septiembre del presente año, para su celebración, la cual como lo refiere la quejosa no se llevó a cabo, al no haber sido notificada. Determinación ésta que constituye el acto reclamado. Antecedentes que la promovente del amparo, los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pág. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." Conforme con lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio 622/2017, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable en el juicio 622/2017, del índice de la responsable. Lo anterior, es así en virtud de que el proveído de tres de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio 622/2017, que reclama la quejosa, no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de un acto meramente intraprocesal, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra dicho proveído, pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso a la aquí quejosa, de manera que mientras tal resolución no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la misma le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría a la promovente del amparo. A más de que, la sentencia que en su momento se dicte en el negocio principal, de ser contraria a los intereses de la quejosa, podrá ser revocada, modificada o confirmada, mediante los medios de defensa que en su momento, en su caso, ésta haga valer. De esta forma, es manifiesto que es improcedente el juicio de amparo, toda vez que en el caso, los actos de autoridad que se combaten no son de aquéllos que de manera inmediata cause un perjuicio irreparable que afecte a la parte quejosa en sus derechos sustantivos como son la vida, integridad personal, posesiones, etcétera. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 172, fracciones III y XII, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretados éstos dos últimos, a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Brenda Beatriz Ceja Ruiz, por su propio derecho, respecto de los actos reclamados materia del presente juicio; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora, toda vez que la quejosa Brenda Beatriz Ceja Ruíz, no señaló domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, sin embargo, dada la trascendencia del presente acuerdo, con apoyo en el precepto 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento despacho al Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Jiquilpan, Michoacán, para que en auxilio de la Justicia Federal, comisione a quien corresponda a efecto de que le notifique el presente acuerdo en el domicilio ubicado en calle Ignacio Chávez número 2, colonia Buenos Aires de esa población. Asimismo, la prevenga para que al momento de la diligencia de notificación respectiva, o bien, dentro de los tres días siguientes a ésta, precise domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, donde oír y recibir notificaciones personales, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes le serán ordenadas, aún las de carácter personal, por medio de lista, tal como lo establece el precepto 29, de la Ley de Amparo.
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I. Téngase a Brenda Beatriz Ceja Ruiz, por sí y como representante legal de la menor A.F.V.C. promoviendo demanda de amparo, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Jiquilpan, Michoacán. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 497/2018-I. A efecto de estar en condiciones de proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en el artículo 108, fracción I, en relación con el 114, fracciones I y III ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente del amparo, para que dentro de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de éste proveído y tomando en consideración el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II." Por escrito y con las copias suficientes de éste para correr traslado a las partes, realice bajo protesta de decir verdad, la aclaración de su demanda respecto de lo siguiente: Acredite con el documento idóneo la personalidad con la que promueve en el presente asunto, esto es, como representante legal de la menor A.F.V.C. toda vez que de conformidad con el artículo 6° de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5°, de la ley de la materia; pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona, pero sólo en aquellos casos que establecen los artículos 15 y 109, de la ley de la materia. Lo anterior, toda vez que en el proemio de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa acude a la presente instancia constitucional por su propio derecho y en cuanto representante legal de la menor hija A.F.V.C., sin embargo no anexó alguna constancia de cuyo contenido se desprenda dicha circunstancia. En el entendido que de no exhibir la documental que acredite tal representación legal, en caso de admitirse la demanda, se tendrá únicamente por su propio derecho y no en cuanto representante legal de la menor. Apoya a lo anterior, la tesis VII.2º.A.T.17 K, a contrario sensu interpretada, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la página 517 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, Materia Común, que dispone: "MENORES DE EDAD, AMPARO PEDIDO POR. SU REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. Por regla general, los menores de edad sólo pueden ocurrir al juicio constitucional por conducto de sus representantes legítimos, llámese padres, tutor, curador, albacea, etcétera; sin embargo, de una correcta exégesis del artículo 6o. de la Ley de Amparo, se advierte que prevé los casos en los que, por excepción, el menor puede acudir en forma personal y directa a presentar su demanda de garantías, ya que el primer párrafo se refiere en especial a los menores de catorce años, a quienes otorga el derecho de promover su demanda por sí, cuando su representante o representantes legítimos se encuentren ausentes o impedidos para promover el juicio; en tal caso, el Juez de Distrito está obligado a nombrarles un representante especial que intervenga en el juicio a nombre del menor, sin perjuicio de que dicte las medidas necesarias o tome las providencias urgentes, a efecto de determinar tal ausencia o el impedimento del o los representantes legítimos; el segundo párrafo hace referencia a menores de edad mayores de catorce años, a quienes se autoriza para la promoción de la demanda de amparo en forma directa, facultándolos, además, para designar un representante que intervenga y gestione por ellos en el juicio de amparo; en este segundo supuesto, puede suceder que el mayor de catorce años no designe representante para efectos del juicio, en tal caso, el Juez de Distrito debe nombrarle uno especial, aun cuando sea provisionalmente, pues tratándose de un inimputable, debe estar representado en el juicio. Conforme con lo anterior, tratándose de menores de edad que no hayan cumplido catorce años, o de mayores de tal edad, que no hayan designado representante, si el Juez Federal elude su obligación de hacer el nombramiento del representante especial, o en el caso de los mayores de catorce años que hayan designado tal representante, no provee en relación con tal designación hecha por el menor, tal irregularidad constituye una violación a las normas reguladoras del procedimiento en el juicio de amparo, lo que provoca indefensión al menor quejoso." Así como la jurisprudencia 1ª.XV/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , consultable en la página 616, tomo XXXIII, febrero de dos mil once, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión." De igual forma, la tesis número 1.5º.C.J/13, respaldada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2179, tomo XXXIII, marzo de dos mil once, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "DERECHOS PREFERENTES DEL MENOR. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, en el Código Civil para el Distrito Federal, y en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el interés del menor es calificado como superior. Por ello, son derechos preferentes de éste: a) recibir una atención especial en todas las instancias judiciales, administrativas o de bienestar social; y b) dar su opinión y que sea tomada en cuenta en todos los asuntos que le afecten, con inclusión de los de carácter judicial y administrativo." De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Ahora, respecto a la petición que formula la parte quejosa, en el sentido de que se autorice el uso de instrumentos digitales para producción y captura de las constancias que integran el presente asunto; al respecto, infórmese que la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, refiere únicamente que no existe inconveniente por parte del referido Órgano Colegiado, en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los juzgados de Distrito y tribunales, a través de medios electrónicos, pero no obliga a que se autoricen dichos medios en todos los casos. En relación con lo anterior, ni la Ley de Amparo ni el Código Federal de Procedimientos Civiles contemplan cualquier medio electrónico para obtener la reproducción de constancias que obren en el expediente, siendo lo más cercano a ello las fotocopias, de conformidad con el artículo 3°, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Por ello, se autoriza a la parte quejosa el uso de instrumentos digitales para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente expediente, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada; en el entendido de que las constancias obtenidas por medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de garantías, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. En la inteligencia de que ello lo podrá solicitar de manera verbal al Secretario adscrito a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y sólo por conducto de las personas señaladas como autorizados de la parte quejosa. Por otra parte, toda vez que el promovente precisa como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, los cuales no pueden tenerse como tal, dígasele que hasta en tanto señale uno en esta ciudad, las notificaciones que deban hacérsele, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de la lista, de acuerdo con lo previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Téngase como autorizados para tales efectos, de conformidad con la última parte del párrafo segundo del artículo 12, de la ley de la materia a Jesús Antonio Torres Rojas, Manuel Alejandro Oseguera López y Luis Daniel Mendoza Magallón, toda vez que respecto de los dos primeros, así lo solicitó y en cuanto al último de los citados, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no se encontró registrada su cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho. Cobra aplicación a lo anterior: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. Finalmente, dada la trascendencia del presente asunto y por única ocasión, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, de Jiquilpan, Michoacán, a efecto de que ordene a quien corresponda, notifique a la parte quejosa el presente proveído, en el domicilio ubicado en calle Ignacio Chávez número, colonia Buenos Aires, de esa población. Hágase saber al Juez despachado, que de conformidad con el artículo 300 del mencionado código procesal, ordene la diligencia respectiva en los términos indicados, y una vez desahogada, de inmediato devuelva las constancias que así lo acrediten.
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