Camerino Andrade Morales

Expediente 14/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 40 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
14/2022
Año
2022
Actuaciones
40
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Camerino Andrade Morales
  • Director del "Hospital General de Apatzingán Ssm", Perteneciente A la Secretaría de Salud En el Estado de Michoacán, Con Residencia En Apatzingán, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de abril de dos mil veintitrés. INFORMA MEDIDAS TENDENTES. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio CJDG/DACL/0884/2023 firmado por el licenciado Manuel Alexandro Cortés Ramírez, Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería del Despacho del Gobernador del Estado de Michoacán, mediante el cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, téngase a dicha autoridad informando las acciones tendentes a la observancia del fallo protector. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de marzo de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que el término de tres días que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, otorgado a las partes en proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcurrió del diecisiete al veintitrés de marzo de la presente anualidad; lo anterior, sin contar los días dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno del referido mes y año, por ser inhábiles. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se dictó sentencia, en la que, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Resolución que fue declara firme mediante auto de catorce de junio de dos mil veintidós, requiriéndose en esa misma fecha a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos. Seguido el trámite de ejecución, las autoridades responsables Gobernador Constitucional, Secretario de Salud; Titular de la Dirección Administrativa de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud, Director del Hospital General de Apatzingán; y, Titular de la Subdirección de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud, todos ellos del Estado de Michoacán de Ocampo, informaron el cumplimiento a la sentencia de amparo, como se verá a continuación. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por las autoridades responsables, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA ANALISIS DE LA RESPONSABLE "Las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias y en cuanto superiores jerárquicos del Hospital General de Apatzingán "Dr. Ramón Ponce Álvarez", Michoacán de Ocampo", así como a este último, establezcan de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del quejoso ********************, enfocada al tratamiento de insuficiencia renal crónica, diabetes e hipertensión que padece, para lo cual deben hacer su diagnóstico médico de salud, proporcionarle la atención médica y medicamentos que requiere; además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis que tiene prescritas médicamente, en la actualidad, debiendo, para ello, tomar en cuenta: En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia del quejoso, en la localidad de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, a efecto de que sea la más cercana a su domicilio; Se adopten las medidas sanitarias debidas, a efecto de que el tratamiento definitivo al quejoso al padecimiento que presenta, en el lugar donde se le deba suministrar, contrarreste el riesgo a la salud ante los efectos de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. Ordenen que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, al menos dos veces por año, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. Para efecto del inciso anterior, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General de Apatzingán, Michoacán de Ocampo "Dr. Ramón Ponce Álvarez", para que sea valorado medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto, al menos dos veces por año. En caso de que el servicio de hemodiálisis para su enfermedad de insuficiencia renal crónica, se siga prestando en instituciones privadas, como la que actualmente lo presta "********************", bajo el pago de la autoridad responsable, ésta se encontrará obligada a estar reportando mensualmente a la autoridad responsable que le hace el pago, si el quejoso ha recibido, cuántas veces y cuándo, las sesiones de hemodiálisis contratadas. Por lo que, deberán dictar cuanta medida administrativa, económica y de prestación de servicios se requiera, a fin de seguir brindando la atención médica necesaria tanto en cantidad como en calidad, necesarios para preservar la vida y salud del directo quejoso. Respecto a los efectos de la reparación del derecho a la salud, es preciso disponer que la atención médica adecuada obliga a las autoridades responsables de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, al tratamiento médico, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requiera, tomando en consideración sus padecimientos y necesidades. En el caso de que las autoridades responsables carecieran de ellas deberán recurrir a instituciones públicas privadas o de la sociedad civil especializada. Finalmente, las autoridades responsables deberán cubrir los gastos necesarios para el restablecimiento de su salud. En ese sentido, corresponderá -en su momento- a las autoridades responsables acreditar ante este Juzgado la culminación o restablecimiento íntegro del derecho a la salud, para el cese de los efectos del amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, cumplan con la ejecutoria de amparo teniendo en consideración que el acto reclamado es de tracto sucesivo, deberán informar lo que hayan dispuesto sobre el tratamiento correspondiente de forma definitiva a este Juzgado sobre el cumplimiento, a fin de estar en aptitud de archivar el juicio de amparo de que se trata, a partir de tal información (en una sola ocasión)(.) Las autoridades responsables Gobernador Constitucional, Secretario de Salud; Titular de la Dirección Administrativa de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud, Director del Hospital General de Apatzingán; y, Titular de la Subdirección de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud, todos ellos del Estado de Michoacán de Ocampo, para cumplir con la sentencia de amparo, realizaron lo siguiente: a) Mediante promociones registradas bajo los números de control interno 10039, 10584, 12186, 14172, 14908, 15151, 16089, 17435, 18907, 312, y 4068, mismos que fueron recibidos en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional los días veintitrés de junio, uno de julio, cuatro de agosto, ocho, veintitrés y veintisiete de septiembre, diez de octubre, cuatro y veintinueve de noviembre, todos ellos de dos mil veintidós; y, nueve de enero, y diez de marzo de dos mil veintitrés, hicieron del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se encuentran suministrando la atención médica correspondiente a la parte quejosa, así como el número de sesiones de hemodiálisis que requiere para vivir, el cual le es brindado de forma subrogada. b) De igual manera, hicieron del conocimiento que a efecto de garantizar la atención médica requerida por la aquí quejosa celebraron contrato abierto de compraventa y prestación de servicios por licitación pública por medios de identificación electrónica, con la empresa denominada ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que la aquí quejosa continuará recibiendo dicha atención médica en la clínica particular ********************, con domicilio conocido en Apatzingán, Michoacán de Ocampo. c) Asimismo, se tuvo a las autoridades responsables de referencia reiterando su compromiso a efecto de seguir suministrando el número de sesiones que requiere la parte quejosa para vivir, por lo que no sufrirá afectaciones en su tratamiento, informando además que se la aplicara como parte del tratamiento dialítico los medicamentos denominados "Hierro" y "Eritropoyetina". d) Finalmente, informó que en caso de que el quejoso ********************, requiera algún medicamento diverso, deberá comparecer al nosocomio demandado, para que sea valorado y una vez que se genere la receta correspondiente podrá pasar al área de farmacia a recoger el medicamento prescrito y en caso de que no se cuente con el deberá acudir al área de dirección para dejar una copia de la receta, y se realicen las gestiones administrativas pertinentes a fin de adquirir de manera directa el medicamento que requiera. Así, del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte que se ha restituido a la parte quejosa en el derecho fundamental que le fue vulnerado, pues la autoridad responsable ha seguido con su actuar los lineamientos descritos en el fallo protector dictado en este asunto, tal como quedó reseñado; lo que se corrobora con el escrito presentado en oficialía de partes de este juzgado federal el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en el que el licenciado ********************, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, manifestó que su representado le informó que hasta ese momento si se encontraba recibiendo el tratamiento de hemodiálisis que necesita, teniendo programados los días martes y sábado de cada semana, en la clínica privada denominada "********************", con domicilio ubicado en Apatzingán, Michoacán de Ocampo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." Lo anterior, sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional que el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo es de tracto sucesivo; sin embargo, es importante destacar que el fallo protector del cual ahora se declara su cumplimiento, no debe entenderse como una medida sin limitación material o temporal alguna, pues además de la incertidumbre que con ello se generaría tanto a la parte quejosa, como a las autoridades responsables y a la misma población en la que radica la aquí quejosa, implicaría ejercer sobre las autoridades responsables una vigilancia permanente de sus actividades por parte de este órgano jurisdiccional, lo cual no está previsto expresamente en la norma constitucional, convencional o legal alguna, ya que de procederse así se estaría dejando de lado la propia actividad jurisdiccional de este Juzgado Federal y en su caso el cumplimiento de la prestación de atención médica por parte de las citadas autoridades responsables. Reiterándose que el vigilar de manera permanente la actividad propia de las autoridades responsables, no encuentra justificación alguna e implicaría una invasión desmedida a las actividades propias de las autoridades responsables. SE EXHORTA A LAS PARTES. Sin embargo, no obstante el cumplimiento decretado en párrafos precedentes, se exhorta a las autoridades Gobernador Constitucional, Secretario de Salud; Titular de la Dirección Administrativa de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud, Director del Hospital General de Apatzingán; y, Titular de la Subdirección de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud, todos ellos del Estado de Michoacán de Ocampo, para que continúen girando las instrucciones necesarias para que se le sigan proporcionando con la periodicidad requerida las sesiones hemodialíticas o dialíticas a la quejosa relativo al padecimiento de insuficiencia renal crónica, ya por conducto de la institución en cualquiera de sus unidades hospitalarias o de forma subrogada, ya en lo público, ya en lo particular, sin que sea obstáculo el presupuesto; en el entendido que deberá asentarse en el expediente clínico de la parte quejosa que le tratamiento brindado lo es con motivo de la concesión del amparo y protección de la justicia federal, dentro del presente juicio de garantías. SUBSISTEN APERCIBIMIENTOS. Se hace del conocimiento que quedan subsistentes los apercibimientos con los que se les conminó en autos, esto es, para el caso de no realizar las gestiones necesarias con la finalidad de observar el fallo protector, se harán acreedoras a una multa de manera individual equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, toda vez que los actos reclamados dentro del presente juicio de garantías constituyen omisiones por parte de las autoridades responsables relacionadas con el derecho a la salud que, por su naturaleza, CONSTITUYEN UN PELIGRO PARA LA VIDA DE LA QUEJOSA, lo que impone obligar a las autoridades responsables a respetar el referido derecho humano, consagrado en el artículo 4° Constitucional, se exhorta a la PARTE QUEJOSA para que en caso de que exista negativa de la atención médica materia de la Litis dentro del presente expediente, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional a efecto de que se provea lo que en derecho corresponda. ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 18 del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. ESCRITO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el escrito signado por Enrique Villanueva Arreola, autorizado en amplios términos de la parte quejosa, por medio del cual, manifiesta que el quejoso de que se trata está recibiendo de manera oportuna las sesiones de hemodiálisis correspondientes en la clínica Calidad en Hemodiálisis, con sede en Apatzingán, Michoacán; circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de marzo de dos mil veintitrés. AUTORIDAD INFORMA CUMPLIMIENTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el correo electrónico de cuenta, mismo que contiene el oficio signado por el licenciado ********************, en su carácter de apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Servicios de Salud Michoacán, por si y en cuanto a superior jerárquico del Director del Hospital General de Apatzingán, a través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, anexando para tal efecto las constancias respectivas. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente en que surta efectos su legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./j. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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