Brenda Maria Miranda Contreras
Expediente 619/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 619/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Brenda Maria Miranda Contreras
- Juez de Primera Instancia En Materia Civil de Jiquilpan, Michoacan
Actuaciones
- Principal
I. Como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial, ha transcurrido el término de tres días, concedido a la parte quejosa, en proveído de seis de diciembre del año próximo pasado, a efecto de que designara domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones de carácter personal, sin que lo haya hecho. En consecuencia, hágase efectivo el apercibimiento contenido en el referido proveído; por tanto, las subsecuentes notificaciones que le resulten, aún las de carácter personal, en términos del artículo 26, fracción III, en relación con el numeral 29, ambos de la Ley de Amparo, practíquensele por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto designe domicilio en esta ciudad para tal efecto. Por otra parte, téngase por recibido y agréguese el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; en atención a su contenido, téngasele remitiendo debidamente diligenciado el exhorto 1209/2018 (orden 1866/2018), del índice de este juzgado, enviado con la finalidad de notificar a la quejosa Brenda María Miranda Contreras, el proveído de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, encomienda que se realizó por medio de lista el siete de enero de la presente anualidad, tal como se advierte de las constancias que se adjuntan al comunicado de cuenta. Dése de baja tal comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo, sin que sea necesario acusar el recibo correspondiente, en razón de que el mismo se genera una vez enviada la comunicación por vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, del inciso c) de la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la quejosa Brenda María Miranda Contreras, hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en que se desechó la demanda de garantías. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación.
- Principal
I-Téngase por recibido y agréguese el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; en atención a su contenido, téngasele remitiendo debidamente diligenciado el exhorto 1172/2018 (N.O. 1802), del índice de este juzgado, enviado con la finalidad de notificar a la quejosa Brenda María Miranda Contreras, el proveído de seis de diciembre del año en curso, así como prevenirla para que designara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, encomienda que se realizó por medio de lista el veinte de diciembre actual, tal como se advierte de las constancias que se adjuntan al comunicado de cuenta. Dése de baja tal comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo, sin que sea necesario acusar el recibo correspondiente, en razón de que el mismo se genera una vez enviada la comunicación por vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, toda vez que se encuentra transcurriendo el término de tres días, concedido a la citada quejosa para que designara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales, una vez que concluya el mismo, acuérdese lo que corresponda. NOTIFÍQUESE.
- Principal
IV.- Agréguese el escrito de cuenta, por medio del cual, ..., en cuanto endosatario en procuración de ..., en cumplimiento a la prevención formulada en auto de seis de diciembre actual, manifiesta lo siguiente: Manifiesta bajo protesta de decir verdad la narración de los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, además los realiza de manera clara y cronológica. DESECHAMIENTO Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías y el escrito aclaratorio de mérito, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Así, debe precisarse que los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, han definido como actos procesales dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, a aquellos que, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sustancialmente, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen en forma fáctica con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello acontezca al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al efecto se invoca la tesis: Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 205651 1 de 1 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Pag. 11 Jurisprudencia(Común) EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Además, en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al efectuar nueva reflexión sobre el tema (ejecución irreparable), amplió los alcances de la interpretación que merece la porción normativa en comento, incluso mediante jurisprudencia firme, para sostener que aun cuando en términos generales la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquéllos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, y en el segundo deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; empero, no puede ser el único ni absoluto, pues de manera excepcional debe admitirse la procedencia de la vía indirecta, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales. Esto era así, cuando se afectaba a las partes en grado predominante o superior, esto es, ante la existencia de un perjuicio exorbitante, el cual debería determinarse de modo objetivo, valorando la institución procesal que estaba en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia otorgan un grado notable de afectación, que obligaba a considerar que deberían ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En ese tenor, a fin de establecer la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos suscitados dentro de juicio, debían valorarse dos criterios: 1. El general, que señala que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el perjuicio provocado no podría subsanarse a través del dictado de una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irremediablemente la violación a la garantía individual de que se trate. 2. El excepcional o complementario, que indica que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no surtirse alguno de esos supuestos, resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto y el quejoso debería esperar hasta que se dicte sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Sin embargo, la nueva Ley de Amparo ya no permite el segundo supuesto, sólo el primero relativo a los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata determinado derecho sustantivo, cuyo perjuicio es irreparable a través del dictado de la sentencia en el juicio correspondiente. Sobre el particular, ilustran las tesis del rubro y texto siguientes: Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006589 1 de 1 Pleno Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Pag. 39 Jurisprudencia(Común) PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011338 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Pag. 1902 Jurisprudencia(Común) ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. En el caso, la promovente del amparo ..., señala en su libelo de garantías y en su escrito aclaratorio, como acto reclamado la resolución interlocutoria de trece de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil con sede en Jiquilpan, Michoacán, en el juicio ejecutivo mercantil 566/2018, promovido por ..., aquí quejosa, por conducto de su endosatario en procuración ..., frente a ... Para mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresó la promovente, así como de las copias certificadas del juicio de origen que se encuentran en el presente expediente. Documentales que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º de este último ordenamiento. Tesis: 189 Apéndice de 1995 Quinta Época 394145 1 de 1 Pleno Tomo VI, Parte SCJN Pag. 129 Jurisprudencia(Común) COPIAS CERTIFICADAS. Las que expidan las autoridades en ejercicio de sus funciones no pueden ser tenidas como documentos privados, y cuando sean expedidas por la autoridad judicial, es indispensable que estén autorizadas por el Secretario del Juzgado respectivo, y si carecen de ese requisito, no tienen valor alguno. 1. Por auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho, el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoácan, admitió a trámite la demanda promovida por ..., aquí quejosa, por conducto de su endosatario en procuración ..., en la vía ejecutiva mercantil, frente a ...; radicándola bajo el número 566/2018 (foja 31). 2. El diez de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo el emplazamiento de la demandada (foja 38 a 40). 3. Así, mediante acuerdo de nueve de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo a la referida ...y/o ..., dando contestación a la demanda entablada en su contra (foja 47). 4. Mediante escrito presentado el catorce de agosto de dos mil dieciocho, el endosatario de la aquí quejosa presentó recurso de revocación, en contra del proveído que tuvo por contestada la demanda, argumentando en esencia, la incongruencia en el nombre de la demandada y quien firma el escrito contestatorio, además de la diferencia en las firmas respectivas, lo que además le causa agravio dijo, porque también se le tuvo por ofreciendo pruebas convenientes a su derecho (fojas 57 y 58); recurso que se admitió en proveído de veintidós de agosto siguiente (fojas 66). 5. Mediante resolución de trece de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia interlocutoria en el recurso de revocación, declarando subsistente en sus términos el auto admisorio de contestación de demanda, bajo el argumento esencial de que, la cuestión del nombre quedó aclarada en el propio escrito de contestación de demanda y, lo relativo a las firmas, a su parecer, no existe la discrepancia alegada (acto reclamado). Antecedentes que la promovente del amparo, los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales se corroboran con las constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil 566/2018, que se encuentran glosadas en autos. Bajo ese contexto, los actos reclamados en la presente instancia constitucional, no pueden considerarse como actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, habida cuenta que no les reviste el carácter de definitivos, en razón de que se trata de actos de naturaleza intraprocesal, que de momento no tienen sobre la persona de la quejosa una ejecución que se considere irreparable, lo que es indispensable para la procedencia del amparo indirecto. Luego entonces, esos actos de molestia se traducen en una violación a las leyes del procedimiento que, en su caso, afectan las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado de la respectiva resolución, que en su momento llegue a dictar en definitiva el juez de origen dentro del juicio ejecutivo mercantil 566/2018, lo que implica que se esté en presencia de actos intraprocesales, respecto de los cuales es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo; de ahí que se determine desechar la demanda de amparo, en los términos anotados. De lo que se obtiene que la sentencia que en su momento se dicte resolviendo el negocio principal, de ser contraria a los intereses de la quejosa, podrá ser revocada, modificada o confirmada, mediante el medio de defensa que en su momento, en su caso, ésta haga valer. De esta forma, es manifiesto que es improcedente el juicio de amparo, toda vez que en el caso, los actos de autoridad que se combaten no son de aquéllos que causen un perjuicio irreparable que afecte a la parte quejosa en sus derechos sustantivos como son la vida, integridad personal, posesiones, etcétera. Tiene aplicación la siguiente tesis: Tesis: P./J. 20/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 205652 1 de 1 Pleno Núm. 55, Julio de 1992 Pag. 11 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA, EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, el auto que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia o laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no implica necesariamente una sentencia o laudo condenatorio, porque las Juntas al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no, sus elementos. En tal virtud, el acuerdo que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, dictado en forma ilegal, constituye una violación procesal reclamable a través del amparo directo, hasta que se dicte sentencia o laudo definitivo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo." Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 172, fracción XII, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado éste último, en contrario sensu, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por ...; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. EXHORTO PARA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA Toda vez que a la fecha no se cuenta con el exhorto 1172/2018 (orden 1802/2018), derivado del proveído de seis de diciembre del año en curso, en el cual se previno a la quejosa para que señalara domicilio en esta ciudad, por tanto, dada la transcendencia del presente autos, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía electrónica, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal, ordene a quien corresponda, notifique el presente auto a la parte quejosa, en el domicilio precisado para tal efecto, ubicado en .... Sin que se estime necesario que la autoridad exhortada acuse el recibo correspondiente, en virtud de que la constancia de envío que expide el sistema se tendrá como tal. Se solicita a la autoridad jurisdiccional federal, que una vez hecho lo encomendado, remita únicamente vía electrónica las constancias con las que acredite la diligenciación de dicho exhorto. De conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la ley de la materia, se delegan facultades al Juez exhortado, a efecto de que habilite días y horas inhábiles para la realización de las diligencias encomendadas. NOTIFÍQUESE; por exhorto a la parte quejosa.
- Principal
I. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA. Téngase por recibido el oficio 7057/2018, suscrito por el Secretario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al que acompaña el expediente relativo al juicio de amparo directo 1003/2018; derivado de la demanda de amparo promovida por Lucio Gómez Loya, en cuanto endosatario en procuración de Brenda María Miranda Contreras, carácter le fue reconocido dentro del juicio ejecutivo mercantil 566/2018, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, de Jiquilpan, Michoacán; por tanto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce dicho carácter; comunicado del que se advierte que el treinta de noviembre del año en curso, dicho tribunal determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver la demanda de garantías que lo originó y ordenó remitirla al Juzgado de Distrito en turno en el Estado, con sede en esta ciudad, de la que corresponde su conocimiento a este órgano jurisdiccional; oficio al que se acompaña: Demanda de garantías promovida por Lucio Gómez Loya, en cuanto endosatario en procuración de Brenda María Miranda Contreras. Emplazamiento de la tercero interesada Karla Ramírez Martínez. Oficio 1184/2018, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Jiquilpan, Michoacán, mediante el cual rinde su informe justificado y adjunta las constancias que lo apoyan, consistentes en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 566/2018. Lo anterior, en razón de que, el tribunal de alzada determinó carecer de competencia legal para conocer de la referida demanda de garantías, toda vez que en términos de los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, 6, 11, 12, 37, 45, 170 de la Ley de Amparo, 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose de acuerdo al penúltimo numeral citado, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido, respecto delas cuales las leyes comunes no concedan algún medio de defensa ordinario, por el cual puedan ser modificadas o revocadas. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, asume el conocimiento de la presente demanda de garantías. Acúsese recibo. Por tanto, se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 619/2018-I, se comisiona al Secretario la revisión de integración de los expedientes. PREVENCIÓN. Ahora, apreciado íntegramente el libelo de garantías, efecto de acordar lo procedente respecto de su admisión o desechamiento, con fundamento en el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente, para que dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de éste proveído y tomando en consideración el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II." Por escrito y con las copias suficientes de éste para correr traslado a las partes, realice bajo protesta de decir verdad, la aclaración de su demanda respecto de lo siguiente: I. Manifieste bajo protesta de decir verdad la narración de los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados o fundamento de los conceptos de violación, pues del contexto de la demanda no se advierte que cumpla con ese requisito formal que toda demanda de amparo indirecto debe contener, como lo establece la fracción V, del artículo 108 de la Ley de Amparo, que literalmente indica: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.]" Resulta aplicable la tesis: Tesis: P./J. 127/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192843 3 de 5 Pleno Tomo X, Noviembre de 1999 Pág. 32 Jurisprudencia(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." II. Precise de manera clara y cronológica, cuáles son los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, pues precisamente éstos son la base para analizar la acción constitucional que intenta; entendiéndose como tal, la relación sucinta y cronológica (ordenada) de las actuaciones previas al acto reclamado, lo anterior, ya que de su demanda no se advierte el apartado correspondiente. Además de que, la parte quejosa al ser parte en el procedimiento natural, tiene acceso irrestricto al expediente judicial de origen y por tanto, está en posibilidad de dar cabal cumplimiento al requisito que prevé el dispositivo jurídico en cita. Resultan aplicables a lo anterior los siguientes criterios: Tesis: I.7o.A.100 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175345 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 990 Tesis Aislada (Común) "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Así como la tesis Tesis: VI.1o.19 K Semanario Judicial de la Federación Octava Época 208347 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV-2, Febrero de 1995 Pag. 301 Tesis Aislada (Común) "DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACION DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, la omisión en el escrito de demanda del requisito señalado en el diverso artículo 116, fracción IV, de la propia ley, esto es, en cuanto a la narración de los hechos y abstenciones que consten al quejoso y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, es motivo para que se prevenga al promovente que le dé cumplimiento, con el apercibimiento de tener por no interpuesta dicha demanda en caso de no hacerlo; por lo cual es evidente que esta irregularidad no constituye una causa de improcedencia o sobreseimiento del juicio." Toda vez que los datos que se le requieren, son requisitos esenciales de la demanda, en términos del artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, deberá exhibir las copias necesarias del escrito en que desahogue la prevención de mérito, con apoyo por identidad jurídica en la tesis aislada identificada con la clave P.VII/2001, visible en la página 325, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2004, Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse en ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada y además proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa." Con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido o de no exhibir las copias de su escrito aclaratorio necesarias para correr traslado a la totalidad de las partes, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, al no cumplir con un requisito que establece el artículo 108 de la ley de la materia. En lo conducente, sirve de orientación, la tesis Tesis: VI.2o. J/127 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196981 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo VII, Enero de 1998 Pag. 963 Jurisprudencia (Común) "COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE DEBEN SER EXIGIDAS. El artículo 146 de la Ley de Amparo, dispone que si existiere una irregularidad en la demanda de garantías, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que dentro del término de tres días llene los requisitos omitidos, o bien, realice las aclaraciones correspondientes. Empero, la disposición legal en cita en forma alguna establece que el escrito mediante el cual se cumpla con la prevención debe presentarse con igual número de copias al de la demanda. De lo anterior se concluye que la obligación de presentar tantas copias del escrito aclaratorio como aquellas que se acompañaron a la demanda, sólo procede en los casos en que el dato motivo de la aclaración necesariamente debe influir o trascender a la litis constitucional, por ejemplo, cuando el quejoso en su demanda omite precisar el acto que se reclama de una determinada autoridad o lo indica en forma oscura, y que por ello se le previno para que hiciera las aclaraciones o manifestaciones que estimara pertinentes; sin embargo, en otros, la cuestión materia de la aclaración no trasciende a la litis constitucional, y en esas hipótesis resulta claro que el promovente no tiene obligación de presentar tantas copias del correspondiente escrito aclaratorio o de los documentos que al mismo anexe, en igual número a las que adjuntó a su demanda. AUTORIZACIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS A LAS PARTES. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. EXHORTO PARA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA Toda vez que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, declinó en favor de este Juzgado de Distrito, la competencia para conocer del presente sumario de garantías, y en virtud de que el domicilio proporcionado por la promovente del amparo, no pertenecen a esta ciudad, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía electrónica, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal, ordene a quien corresponda, notifique el presente auto a la parte quejosa, en el domicilio precisado para tal efecto, ubicado en la Calzada Juárez, número 275, interior 22, colonia Ventura Puente, de Morelia, Michoacán. De igual manera, la prevenga para que en ese acto, o bien, dentro de los tres días siguientes a éste, precise domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, donde oír y recibir notificaciones, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes le serán ordenadas, aún las de carácter personal, por medio de lista, tal como lo establece el precepto legal 27, fracciones II y III, inciso a), de la Ley de Amparo. Tesis: III.2o.A.36 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 184351 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XVII, Mayo de 2003 Pág. 1207 Tesis Aislada(Común) "AUTO ADMISORIO. LA RADICACIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO RECIBIDA EN UN JUZGADO DE DISTRITO, EN RAZÓN DE QUE UN TRIBUNAL COLEGIADO DECLINÓ LA COMPETENCIA EN SU FAVOR, REQUIERE DE NOTIFICACIÓN PERSONAL Y SU FALTA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO QUE DA LUGAR A LA REVOCACIÓN DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y A LA REPOSICIÓN DE AQUÉL. Cuando un Tribunal Colegiado declina la competencia para conocer de un amparo directo a favor de un Juzgado de Distrito, para que éste trámite el amparo biinstancial, y no se le notifica personalmente a la parte quejosa la radicación de su demanda en la vía indirecta, debe revocarse la sentencia recurrida y reponerse el procedimiento a efecto de que el juzgado del conocimiento notifique la radicación de la demanda en forma legal y señale nuevo día para la celebración de la audiencia constitucional, en la que, con plena facultad de jurisdicción, se dicte la resolución que en derecho corresponda, puesto que dicha radicación implica un cambio de jurisdicción, además de que deben hacerse llegar con certeza al conocimiento de las partes todas aquellas resoluciones de trascendencia para garantizarles la oportunidad de hacer valer sus defensas en tiempo y forma; y con la omisión de la notificación personal se infringen las normas fundamentales que rigen el procedimiento, previstas en los artículos 146, 147, 148 y demás relativos de la Ley de Amparo, dado que se deja en estado de indefensión a la parte peticionaria de garantías, al desconocer el juzgado en que se radicó y tramitó su demanda de garantías que había propuesto por la vía uniinstancial, lo cual le impidió comparecer a juicio, ofrecer las pruebas pertinentes y rendir sus alegatos." Sin que se estime necesario que la autoridad exhortada acuse el recibo correspondiente, en virtud de que la constancia de envío que expide el sistema se tendrá como tal. Se solicita a la autoridad jurisdiccional federal, que una vez hecho lo encomendado, remita únicamente vía electrónica las constancias con las que acredite la diligenciación de dicho exhorto. De conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la ley de la materia, se delegan facultades al Juez exhortado, a efecto de que habilite días y horas inhábiles para la realización de las diligencias encomendadas. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como autorizado para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, a Ignacio Herrera Vega, únicamente de conformidad con la última parte, del párrafo segundo del mencionado artículo 12, de la ley de la materia, por así solicitarlo la quejosa. NOTIFICACIONES A LAS PARTES Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio.
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