Brenda Magallanes Montes de Oca

Expediente 2162/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2162/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Brenda Magallanes Montes de Oca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto lo de cuenta, se aprecia que hasta el día de hoy, fecha en que se encuentra programada la audiencia dentro del presente incidente de suspensión la autoridad responsable Administrador Central de Apoyo Jurídico de Recaudación, con sede en la Ciudad de México, no ha rendido su informe previo ni tampoco existe constancia de que haya recibido el oficio mediante el cual se le solicitó; consecuentemente, como no se tiene la certeza de que dicha responsable se encuentre legalmente notificada, la audiencia incidental programada para este día, se difiere de conformidad con el arábigo 141 de la Ley de Amparo vigente y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Cobra aplicación al respecto, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegido del Sexto Circuito, visible en la página doscientos veinticuatro, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: Notifíquese.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 124 a 125 y 134 a 135), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecinueve (foja 136), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el nueve de enero de dos mil diecinueve (fojas 77 a 95), se determinó por una parte sobreseer en el juicio y por otra conceder a la quejosa María Elena Peña Salazar y/o María Elena Salazar Peña, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el arábigo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la quejosa la cantidad de $12,870.14 pesos, por concepto de inscripción de documento público o privado, préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó, relativos al instrumento público 18,652, emitido por el Notario Público Veintiocho, con sede en Xalisco, Nayarit, que se pagó el veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por cada concepto; es decir por Inscripción de documento público o privado y por Inscripción de Préstamo hipotecario; empero, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a los contribuyentes de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Sentencia que causó ejecutoria el siete de febrero de dos mil diecinueve (foja 109), por lo que se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que la acatara. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consiste en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficios y anexos recibidos en este juzgado federal el cinco de marzo y tres de julio de dos mil diecinueve (fojas 124 a 125 y 134 a 135), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el uno de marzo de dos mil diecinueve, entregó a la aquí quejosa, la cantidad de $12,577.40 (doce mil quinientos setenta y siete pesos con cuarenta centavos 40/100 moneda nacional), lo cual acreditó con la copia de la transferencia bancaria que obra a foja ciento veinticinco. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho y que el uno de marzo del dos mil diecinueve se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil dieciocho al mes de enero del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero del año en curso entre el índice para el mes de septiembre del año próximo pasado (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecinueve fue de 103.108 y para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue de 100.917, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.021710. Ahora, dado que al monto de $12,870.14 (doce mil ochocientos setenta pesos con catorce centavos 14/100, moneda nacional), al cual se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió, que resultan ser dos; por tanto, nos da como resultado la cantidad de $12,310.14 (doce mil trescientos diez pesos con catorce centavos 14/100, moneda nacional), al multiplicar el aludido factor anterior por la cantidad anterior, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $12,577.40 (doce mil quinientos sesenta y siete pesos 40/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $267.26 (doscientos sesenta y siete pesos 26/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la quejosa la cantidad de $12,577.40 (doce mil quinientos sesenta y siete pesos 40/100, moneda nacional); por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados a la quejosa, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos se advierte que el dieciocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 601 a 603, Tomo II), se tuvo por cumplido al fallo protector en el presente juicio de amparo 1642/2014; sin embargo se reservó proveer lo correspondiente a la inejecución de la sentencia protectora planteada el diecinueve de diciembre del año próximo pasado, hasta en tanto se resolviera el medio de impugnación interpuesto por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad. Así, el veinticinco de junio de la presente anualidad (fojas 621 Tomo II), se tuvo por recibida la resolución dictada dentro del recurso de queja laboral 114/2019, interpuesto por el Titular de dicho Tribunal laboral, en contra de la multa impuesta en proveído de diecinueve de diciembre del año próximo pasado (folio 518 y 519), misma que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó improcedente; motivo por el cual, se solicitó a la autoridad responsable informara a este Juzgado, el nombre completo de la persona que al veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, ocupó el cargo de Presidente Árbitro del Tribunal de referencia, así como su domicilio y Registro Federal de Contribuyentes (RFC), para enviar esa información a la autoridad exactora e hiciera efectivo el cobro de la multa impuesta, sin que a la data lo hubiere hecho. En ese tenor, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que del término de tres días informe lo antes expuesto. Apercibida que en caso de no cumplir con lo anterior, con fundamento en el numeral 259 de la Ley de la Materia, se le impondrá una multa por el equivalente a ********************. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados ********************, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Por otro lado, remítase este sumario constitucional, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para que resuelva conforme a sus atribuciones lo que en derecho corresponda respecto a la inejecución de la sentencia protectora de amparo. CÚMPLASE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistas las constancias que obran en los presentes autos, específicamente el informe justificado de la autoridad responsable Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, se observa que a la ********************, le podría resultar el carácter de autoridad responsable en este sumario constitucional. Por tanto, con sustento en los ordinales 17 y 111, ambos de la Ley de Amparo, con el referido informe, dese vista de manera personal a la parte quejosa, a fin de que dentro del término de QUINCE DÍAS, siguientes al en que surta sus efectos la notificación respectiva, manifieste lo que a su interés legal convenga y en su caso, precise si amplía su demanda respecto a la ********************; en el entendido que de ser una respuesta afirmativa deberá exhibir una copia más de su demanda de amparo y formular los conceptos de violación; apercibida que en caso de omisión dentro del término precisado, no se le tendrá como autoridad responsable y se resolverá el presente juicio de amparo como fue planteado inicialmente. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia 2ª.J. 112/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página noventa y tres, Tomo XVIII, Diciembre de dos mil tres, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido versa: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. ....". Además, sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis I.3o.P.15 P (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página dos mil doscientos cuarenta y cuatro, Libro 3, febrero de dos mil catorce, Tomo III, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN MATERIA PENAL. SI SE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME JUSTIFICADO, POR ADVERTIRSE LA EXISTENCIA DE UN ACTO DISTINTO AL RECLAMADO EN LA DEMANDA PERO QUE GUARDA ESTRECHA RELACIÓN CON ÉL, AQUÉLLA DEBE REALIZARSE EN EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS. ...." En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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