Brenda Magallanes Montes de Oca

Expediente 2066/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2066/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
17/09/2019

Partes del expediente

  • Brenda Magallanes Montes de Oca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, presentado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual en atención a lo solicitado en auto de cinco del actual mes y año, indica que las constancias solicitadas aún se encuentran en el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa; en consecuencia, agréguese a sus autos el libelo de mérito, para que surta los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo, a través del cual expone que la parte quejosa no se ha presentado a proporcionar los datos necesarios para realizar la transferencia bancaria a su favor, como lo son el registro federal de contribuyentes, carta de certificación de cuentas, o en su defecto clabe interbancaria, copia de la credencial de elector y su domicilio, por lo que solicita se le tenga por cumplido en fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, junto con su anexo y téngase por hechas las manifestaciones que refiere la autoridad oficiante en vías de cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. No obstante lo anterior, la autoridad responsable se encuentra obligado a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de cumplimiento total al fallo protector de mérito. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, con apoyo en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá a cada autoridad, una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Por otra parte, en aras de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, en cuanto a procurar una justicia pronta y expedita, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, dése vista a la parte quejosa con el líbelo de cuenta, junto con su anexo y requiérasele para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante las oficinas de la dicha autoridad ubicadas en calle Veracruz número 144 Sur, colonia Centro de esta ciudad, a fin de que le proporcione los documentos que requiere para el cumplimiento del fallo protector. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    La**TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficios y anexos signados por la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 83, 84, 89 y 90), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio constitucional, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintinueve de agosto del año en curso (foja 91), se dio vista a la parte quejosa con los referidos comunicados y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a dicha parte procesal el treinta de agosto del año actual (foja 92), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil; por lo que, dicho plazo transcurrió del tres al cinco de septiembre de dos mil diecinueve, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ** Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el diez de junio de dos mil diecinueve (fojas 36 a 52), se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ** De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 24, fracción IX de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley; es decir, para que vigilara que fueran desincorporados de la esfera jurídica de la parte promovente, en el presente y en el futuro, tales numerales legales; y, B) Devolverle a la parte quejosa las contribuciones pagadas con motivo de la aplicación de los arábigos tildados de inconstitucionales; la cual debía ser actualizada. Luego, a través de los oficios y anexos presentados por el ente responsable (fojas 83, 84, 89 y 90), informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, de los cuales se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica el quince de agosto de dos mil diecinueve, por la cantidad de $26,828.97 (veintiséis mil ochocientos veintiocho pesos 97/100, moneda nacional), debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que al monto de $17,618.00 (diecisiete mil seiscientos dieciocho pesos 00/100, moneda nacional), se le suma el monto que resultó por conceptos de impuestos para el fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, respectivamente, proporcionales a la cantidad que pagó únicamente respecto del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, nos da como resultado la cantidad de $26,779.36 (veintiséis mil setecientos setenta y nueve pesos 36/100, moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese contexto, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve y en el mes de agosto de este año, se efectuó la devolución mediante transferencia electrónica al quejoso, por el cual la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada en su totalidad; por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de enero a julio del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio del presente año entre el índice para el mes de enero del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecinueve fue 103.108 y para el mes de julio del presente año 103.299; en ese contexto, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00185. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $26,828.90 (veintiséis mil ochocientos veintiocho pesos 90/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $49.54 (cuarenta y nueve pesos 54/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa la cantidad de $26,828.90 (veintiséis mil ochocientos veintiocho pesos 90/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa cantidad de $26,828.97 (veintiséis mil ochocientos veintiocho pesos 97/100, moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la agraviada por la cantidad de $0.07 (siete centavos), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera a la peticionaria la cantidad que solicitó y si está es mayor a la peticionada es responsabilidad de la responsable; además, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente sumario constitucional, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. **

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el ocurso enviado en línea por ********************en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual, solicita le sea autorizado el acceso al expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo, quien cuenta con nombre de usuario "********************"; en ese tenor, de conformidad con el dispositivo 3°, parte final del párrafo octavo de la Ley de Amparo en vigor, se autoriza la consulta vía electrónica del presente expediente. NOTIFÍQUESE.

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