Brenda del Pilar Reyes Ruiz
Expediente 1152/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1152/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 09/11/2018
Partes del expediente
- Brenda del Pilar Reyes Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el once de octubre del año en curso (fojas 111 a 113), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio total cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Por otro lado, mediante proveído de quince de octubre del año en curso (foja 114), se requirió a la promovente del amparo, dentro del plazo de tres días, a efecto de que compareciera ante la autoridad de previa cita, a recoger el cheque emitido a su favor por concepto de la actualización fiscal correspondiente respecto del pago que realizó con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo; lo anterior, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, este juzgado resolvería sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Así pues, con fundamento en el dispositivo 196, de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000, así como la diversa tesis III. 3o.A.52 A de rubro: "**", pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; este Juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, por sentencia terminada de engrosar el veintinueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 65 a 81), se determinó conceder a la quejosa Brenda del Pilar Reyes Ruiz, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "**"POR EL REGISTRO DE PODERES DE CUALQUIER CLASE", toda vez que tal concepto no derivó de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales dentro del presente juicio. [.] Lo anterior es así, ya que la inconstitucionalidad aducida incide en un elemento esencial de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de doscientos ochenta pesos, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. [.] 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto". De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Que no le fuera aplicado a la quejosa el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; esto es, para que la misma vigilara que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolver a la peticionaria de garantías la cantidad de $16,387.93, pesos, que por los conceptos de inscripciones de documento público o privado, así como de préstamo hipotecario (fojas 26 a 27), y además de las diversas percepciones de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pagó el nueve de mayo de dos mil dieciocho, a la cual se le debería descontar la cuota fija mínima de $280.00, pesos, por el inmueble que inscribió; así como el numerario de $595.00, pesos, relativo al registro de poderes de cualquier clase, por no ser objeto de devolución. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho (foja 99 a 100), la autoridad denominada Recaudador de Rentas, por conducto del Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de la transferencia bancaria de veinticuatro de agosto de la anualidad citada, a nombre de la quejosa Brenda del Pilar Reyes Ruiz y del que se advierte que devolvió la cantidad de $10,703.98, pesos, que pagó a la parte promovente del amparo, por concepto de devolución de pago de lo indebido. Luego, mediante diverso proveído de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho (fojas 101 a 103), se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo de mérito y se determinó que ésta no se encontraba cumplida en su totalidad, en razón de que la cantidad devuelta por la autoridad responsable de mérito no se encontraba actualizada, pues únicamente había reintegrado la cantidad de previa cita, cuando lo correcto era haber depositado la suma de $*****, pesos, es decir, resultaba un faltante de $4,926.84, pesos; en consecuencia, se le requirió de nueva cuenta, a efecto de que diera total cumplimento con el fallo protector y remitiera las constancias que así lo acreditaran. En atención de lo anterior, mediante oficio signado por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y recepcionado por este órgano jurisdiccional el once de octubre de dos mil dieciocho (fojas 111 a 113), con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria citada, informó que había emitido el cheque por concepto de actualización, pero que la quejosa no había ido a imponerse de éste. Siendo que por auto de quince de octubre del año en que se actúa, se requirió a la referida quejosa, a fin de que compareciera ante la aludida responsable a recoger el documento mercantil de mérito, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en autos. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $16,387.93, pesos, menos la suma de $280.00 pesos, por el inmueble que inscribió; así como el numerario de $595.00 (quinientos noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), relativo al registro de poderes de cualquier clase, por no ser objeto de devolución, da como resultado un total $15,512.93, pesos, cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $15,512.93, pesos, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el nueve de mayo de dos mil dieciocho y el cuatro de octubre de dicha anualidad, se generó el cheque a favor de la parte quejosa con la cantidad restante a devolver; no obstante, el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil dieciocho a julio del año actual, fecha esta última en que se realizó la transacción de la primera suma que pretendió dar cumplimiento (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil dieciocho fue de 131.987; y para el mes de julio de 132.991. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00760. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $15,512.93, pesos, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $15,630.82 pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $15,630.82, pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $*** pesos. Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, como se advierte de la suma de la transferencia realizada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho y del cheque expedido el cuatro de octubre del mismo año, resulta la suma de la cantidad total de $15,630.82, por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el once de octubre del año en curso (fojas 111 a 113), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio total cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Por otro lado, mediante proveído de quince de octubre del año en curso (foja 114), se requirió a la promovente del amparo, dentro del plazo de tres días, a efecto de que compareciera ante la autoridad de previa cita, a recoger el cheque emitido a su favor por concepto de la actualización fiscal correspondiente respecto del pago que realizó con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo; lo anterior, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, este juzgado resolvería sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Así pues, con fundamento en el dispositivo 196, de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000, así como la diversa tesis III. 3o.A.52 A de rubro: "**", pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; este Juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, por sentencia terminada de engrosar el veintinueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 65 a 81), se determinó conceder a la quejosa Brenda del Pilar Reyes Ruiz, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "**"POR EL REGISTRO DE PODERES DE CUALQUIER CLASE", toda vez que tal concepto no derivó de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales dentro del presente juicio. [.] Lo anterior es así, ya que la inconstitucionalidad aducida incide en un elemento esencial de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de doscientos ochenta pesos, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. [.] 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto". De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Que no le fuera aplicado a la quejosa el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; esto es, para que la misma vigilara que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolver a la peticionaria de garantías la cantidad de $16,387.93, pesos, que por los conceptos de inscripciones de documento público o privado, así como de préstamo hipotecario (fojas 26 a 27), y además de las diversas percepciones de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pagó el nueve de mayo de dos mil dieciocho, a la cual se le debería descontar la cuota fija mínima de $280.00, pesos, por el inmueble que inscribió; así como el numerario de $595.00, pesos, relativo al registro de poderes de cualquier clase, por no ser objeto de devolución. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho (foja 99 a 100), la autoridad denominada Recaudador de Rentas, por conducto del Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de la transferencia bancaria de veinticuatro de agosto de la anualidad citada, a nombre de la quejosa Brenda del Pilar Reyes Ruiz y del que se advierte que devolvió la cantidad de $10,703.98, pesos, que pagó a la parte promovente del amparo, por concepto de devolución de pago de lo indebido. Luego, mediante diverso proveído de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho (fojas 101 a 103), se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo de mérito y se determinó que ésta no se encontraba cumplida en su totalidad, en razón de que la cantidad devuelta por la autoridad responsable de mérito no se encontraba actualizada, pues únicamente había reintegrado la cantidad de previa cita, cuando lo correcto era haber depositado la suma de $*****, pesos, es decir, resultaba un faltante de $4,926.84, pesos; en consecuencia, se le requirió de nueva cuenta, a efecto de que diera total cumplimento con el fallo protector y remitiera las constancias que así lo acreditaran. En atención de lo anterior, mediante oficio signado por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y recepcionado por este órgano jurisdiccional el once de octubre de dos mil dieciocho (fojas 111 a 113), con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria citada, informó que había emitido el cheque por concepto de actualización, pero que la quejosa no había ido a imponerse de éste. Siendo que por auto de quince de octubre del año en que se actúa, se requirió a la referida quejosa, a fin de que compareciera ante la aludida responsable a recoger el documento mercantil de mérito, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en autos. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $16,387.93, pesos, menos la suma de $280.00 pesos, por el inmueble que inscribió; así como el numerario de $595.00 (quinientos noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), relativo al registro de poderes de cualquier clase, por no ser objeto de devolución, da como resultado un total $15,512.93, pesos, cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $15,512.93, pesos, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el nueve de mayo de dos mil dieciocho y el cuatro de octubre de dicha anualidad, se generó el cheque a favor de la parte quejosa con la cantidad restante a devolver; no obstante, el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil dieciocho a julio del año actual, fecha esta última en que se realizó la transacción de la primera suma que pretendió dar cumplimiento (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil dieciocho fue de 131.987; y para el mes de julio de 132.991. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00760. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $15,512.93, pesos, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $15,630.82 pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $15,630.82, pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $*** pesos. Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, como se advierte de la suma de la transferencia realizada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho y del cheque expedido el cuatro de octubre del mismo año, resulta la suma de la cantidad total de $15,630.82, por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
**TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, comunica que hizo entrega a la parte quejosa del cheque número 0000926, valioso por la cantidad inserta en el mismo, correspondiente a la actualización ordenada en la sentencia amparadora que declaró la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales; consecuentemente, agréguense a sus autos para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que por acuerdo de quince de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento que al fallo realizó la responsable en cita, por lo que una vez que transcurra el término de tres días concedidos, se acordará lo conducente respecto a la calificativa de la sentencia concesoria del amparo. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por la delegada de la autoridad denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que la quejosa Brenda del Pilar Reyes Ruiz, no se ha presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización ordenada en la sentencia amparadora que declaró la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, no obstante de las gestiones realizadas para lograr la notificación de ésta, como lo acredita con el anexo que acompaña. En ese tenor, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, dése vista a la parte quejosa con el líbelo de cuenta y anexo, así como requiérasele, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante las oficinas de la Dirección antedicha a fin de que le hagan entrega del cheque emitido en cumplimiento a la sentencia de amparo de veintinueve de junio del presente año, dentro de los autos del juicio biinstancial en que se actúa; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "***
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