Brenda Magallanes Montes de Oca

Expediente 2160/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2160/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
25/09/2019

Partes del expediente

  • Brenda Magallanes Montes de Oca

Actuaciones

  1. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa su imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector, en virtud de que la directa aquí quejosa se encuentra con suspensión temporal del cargo de actuario y únicamente se le cubre el mínimo vital que corresponde al treinta por ciento de su salario, lo cual imposibilita determinar el monto de su pensión; sin embargo, dígase que para que acate dicho cumplimiento deberá realizar lo siguiente: ** De las anotadas consideraciones, se colige que para que dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito, deberá darle respuesta a la petición que formuló, de manera fundada y motivada, en el entendido de que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que dicha resolución no tuvo el alcance de obligarla a resolver en determinado sentido; asimismo, notificar el resultado de la citada petición en el domicilio señalado para tal efecto. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, acate la sentencia de amparo concedida en los términos indicados. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el ordinal 258 de la ley de la materia, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, se le hace del conocimiento a la mencionada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la ley en comento. **

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 79-81), la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintiuno de agosto del año en curso (foja 82), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el veintidós del mes pasado (foja 83); por tanto, el plazo de tres días otorgado a la fecha en que se actúa transcurrió del veintiséis al veintiocho del mes pasado, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ...." Por sentencia dictada el uno de julio de dos mil diecinueve (fojas 43-58), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los artículos 24, fracción XXIII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica de la parte amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa, determinadas en la impresión de determinación de pago exhibida por la quejosa previstas en el artículo 24, fracción XXIII, de la ley declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que dicho recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Luego, en diverso proveído de seis de agosto de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió al recaudador responsable para que dentro del plazo de diez días la acatara (fojas 69-70). En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veinte de agosto de dos mil diecinueve (fojas 79-81), la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación de la autoridad responsable, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de $10,497.24 (diez mil cuatrocientos noventa y siete pesos 24/100 moneda nacional) a la parte quejosa por medio de cheque el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. En ese tenor, el monto total de $10,478.88 (diez mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional), debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, y el dieciséis de agosto de ese mismo año se efectúo la devolución mediante cheque a la peticionaria del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo a julio de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de este año fue 103.476; y para el mes de julio del año en curso 103.687. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0020. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $10,499.83 (diez mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 83/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $20.95 (veinte pesos 95/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $10,499.83 (diez mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 83/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $10,497.24 (diez mil cuatrocientos noventa y siete pesos 24/100 moneda nacional), es decir, se advierte un faltante a favor de la parte quejosa por la cantidad de $2.59 (dos pesos 59/100 moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría devolverla. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibida la misiva suscrita por el Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en autos (fojas 76 a 90); luego, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la actual Ley de Amparo, téngase por interpuesto tal medio de impugnación. Por otra parte, en cuanto a la obligación que impone a los Jueces de Distrito los ordinales 84 y 89, ambos de la Ley de Amparo en comento y de acuerdo a las características del caso concreto, conllevan a sostener que la tramitación y resolución del recurso que se promueve en el presente sumario, en contra de la resolución dictada en este juicio constitucional es competencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad. Por ende, se estima innecesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las relatadas condiciones, con sustento en el arábigo 89 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, la instauración del presente recurso de revisión, distribúyanse entre las mismas copia del escrito de agravios y una vez que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase el mismo dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que haya quedado debidamente integrado, junto con el original del escrito de agravios, al Órgano de Control Constitucional competente y al efecto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que continuarán todas las actuaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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