Brenda Guadalupe Oliva Sanchez
Expediente 984/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 984/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Brenda Guadalupe Oliva Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el doce de septiembre del año en curso, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su punto resolutivo primero sobreseyó el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 984/2019-III-B, promovido por BRENDA GUADALUPE OLIVA SÁNCHEZ; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el propio día a este órgano jurisdiccional, compareció BRENDA GUADALUPE OLIVA SÁNCHEZ, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Mediante proveído de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía. Asimismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que en esencia la parte quejosa reclamó de la autoridad señalada como responsable: La omisión de dictar el laudo respectivo en el juicio laboral 52/2015, que promovió en contra de Servicio Estatal del Empleo. TERCERO. No es cierto el acto reclamado atribuido al Tribunal responsable, toda vez que así lo manifestó su Presidente al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba alguna en contrario. En efecto, de lo informado por el Magistrado Presidente del citado Tribunal responsable en su informe de ley y de las constancias remitidas como anexo, a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que aún no se encontraba en posibilidad de pronunciar el laudo de cuya omisión se duele. Se afirma lo anterior, dado que en el referido juicio de origen, el cinco de junio de dos mil diecinueve, a solicitud de las partes se suspendió la celebración de la audiencia en la que se llevaría a cabo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada Servicio Nacional del Empleo de Yucatán, en su escrito de contestación de demanda, en virtud de que sostenían pláticas conciliatorias tendientes a la solución del conflicto y se fijó como nueva fecha y hora para su continuación el catorce de octubre de dos mil diecinueve. Posteriormente, por acuerdo de seis de agosto del año en curso, se regularizó el procedimiento laboral y se reprogramó la fecha para el desahogo de la referida prueba testimonial, fijándose el veinte de agosto de dos mil diecinueve para tal efecto; lo cual fue debidamente notificado a las partes, como se desprende de la constancias relativas. Bajo esa tesitura, se actualiza el sobreseimiento en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. Pues resulta que a la fecha en que la quejosa presentó la demanda; es decir, el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, no existía el acto de omisión que ahora reclama como se aprecia de las constancias que integran el presente juicio, ya que el Tribunal responsable se encontraba imposibilitado procesalmente para fallar en definitiva el juicio laboral 52/2015, pues al estar pendiente el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, aquí tercera interesada, es evidente que aún se encuentra el procedimiento en su etapa probatoria, y por ende, menos puede estimarse que se encontraba en posibilidad de dictar el laudo, pues procesalmente primero tiene que existir el cierre correspondiente, así como la formulación del proyecto de resolución en forma de laudo, para estar en aptitud de resolver en definitiva la controversia planteada. Es aplicable, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." (Época: Décima Época, Registro: 2018110, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 99/2018 (10a.) y página: 926). En este punto, igual debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Lo anterior conlleva a que este órgano de control no pueda realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por ser inexistente como ya se vio; de ahí que, con apoyo en lo dispuesto en el invocado numeral 63 fracción V, de la citada ley de la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Toda vez que la parte quejosa, manifestó estar anuente a que se publiquen los datos personales en la sentencia dictada en el presente asunto; lo cual fue acordado favorablemente mediante proveído de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por BRENDA GUADALUPE OLIVA SÁNCHEZ, en contra del acto que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución definitiva, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de la publicación de la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio del informe justificado que se relaciona en el proveído de catorce de agosto del año en curso. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, como nuevas hora y fecha para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Sin que al caso haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de la nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; esto, de conformidad con lo proveído en el auto inicial de dieciocho de julio último (foja 4). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Finalmente, agréguese a estos autos el alegato ministerial número 266/2019, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Segundo de Distrito. Lo anterior sin mayor proveído, tomando en consideración que por auto de veinte de los corrientes (foja 25), se tuvo por recibido el similar al que hace referencia. Notifíquese por lista de estrados. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial número 266/2019, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Segundo de Distrito, mismo que será tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en el presente asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad la copia solicitada, previo recibo que se otorgue en estos autos. Notifíquese y cúmplase.
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