Brenda Anahí Quiroz Muñoz

Expediente 1193/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1193/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
27/11/2018

Partes del expediente

  • Brenda Anahí Quiroz Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de treinta de octubre de dos mil dieciocho, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó tanto la suspensión provisional como definitiva, lo anterior acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial número 735/2018, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento en cuanto a los alegatos que formula, en virtud de que por auto de treinta de octubre pasado, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Independientemente de lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad la copia solicitada, previo recibo que se otorgue en estos autos. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA POR MEDIO DE LISTA DE CONOFMRIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 D ELA LEY DE AMPARO Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, y anexo que lo acompaña, con el que remite, entre otras, copia certificada de la carpeta de investigación 846/2018, de su índice, documentales a las que se les confiere valor probatorio conforme a lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2° de esta última. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad oficiante que hoy se agregan a los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El supuesto que contempla el numeral se actualiza de dos maneras: (a) Por revocación, y (b) Por sustitución. La primera hipótesis se surte cuando la autoridad responsable deja insubsistente la conducta que se le atribuye, lo cual debe ser incondicionalmente y de inmediato; de modo que restablezca la situación que imperaba antes de la comisión del acto que a juicio del quejoso transgredió sus derechos fundamentales. Lo anterior tiene apoyo en la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." El segundo supuesto se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que extingue la vigencia y ejecutividad del reclamado en el juicio de amparo, lo que implica que este último ya no pueda sujetarse al análisis constitucional, con motivo de haber sido sustituido. En el caso concreto, la parte quejosa reclama la resolución del doce de octubre de dos mil dieciocho, por medio de la cual se determinó imponerle una medida de restricción para que no se acerque a MIRIAM ZIRANI JIMENEZ CASTAÑEDA a una distancia de 200 metros, a su domicilio y en especial a la Unidad de Medicina Familiar 59 del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicada en Calle 55 número 726 del fraccionamiento del Parque en esta ciudad, y en el Hospital Ignacio García Téllez, del Instituto Mexicano del Seguro Social "T-1", ubicado en la calle 41 número 436 C, colonia Industrial en esta ciudad, o en cualquier lugar en que se encuentre, por el término de 40 días naturales. Establecido lo anterior, debe destacarse que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, en atención a la solicitud de la aquí quejosa, la responsable determinó modificar la medida de protección impuesta en fecha doce de octubre del propio año. Sentado lo anterior, el suscrito juzgador estima que en el caso se actualiza la segunda hipótesis a la que se hizo referencia en párrafos que anteceden, ya que el acuerdo de doce de octubre de dos mil dieciocho, dictado por la responsable en la carpeta de investigación 846/2018, en el que se dicó una medida de protección en contra de la aquí quejosa, fue procesalmente sustituido por la determinación de diecisiete de octubre siguiente, en la que el propio Fiscal responsable, a petición de la imputada, aquí quejosa, modificó esa medida de protección. Es así, ya que las situaciones jurídicas y materiales derivadas del acuerdo reclamado y la afectación que pudieron ocasionar a la quejosa, ahora se rigen por la mencionada resolución que modificó la medida originalmente impuesta. Entonces, no es posible analizar, per se, la constitucionalidad del acuerdo reclamado, sino que ello, en todo caso, debe hacerse la luz del diverso proveído de diecisiete de octubre del presente año. Luego, sobre el particular se actualiza el supuesto previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y por ello debe sobreseerse por el acto de que se trata, de conformidad con la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento, lo que impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Incidental

    Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva a ********************, en contra de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el resultando primero de esta interlocutoria, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. Notifíquese y regístrese.

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